STC8715-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8715-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2021-00654-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 2 de junio de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderado judicial, por Carlos Jos\u00e9 Ru\u00edz Mart\u00ednez contra el Juzgado Quince Civil del Circuito de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se tenga \u00abpor ocurrida la p\u00e9rdida de competencia del juez\u2026 para seguir conociendo del proceso\u2026\u00bb; que se ordene al estrado acusado que \u00abdeclare la nulidad de todo lo actuado despu\u00e9s de ocurrida la p\u00e9rdida de competencia dentro del proceso\u2026\u00bb, \u00abremita el expediente al Juez que le sigue en turno\u00bb y le \u00abinforme de este hecho a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura al tenor de lo establecido en el art\u00edculo 121 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Carlos Jos\u00e9 Ru\u00edz Mart\u00ednez promovi\u00f3 juicio de restituci\u00f3n de inmueble arrendado contra Antonio Pietro Petroni, Rafael Alfredo Giovannetti Lacouture, Carlos Julio, Mar\u00eda Carolina, Isabel Marina y Marcela Maribeth Giovannetti Gamez, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 el accionante que el 24 de enero de 2020 present\u00f3 solicitud de p\u00e9rdida de competencia por la configuraci\u00f3n de los presupuestos establecidos en los art\u00edculos 90 y 121 del C\u00f3digo General del Proceso, atendiendo el alcance dado por la sentencia T-341 de 2018; que el t\u00e9rmino para dictar sentencia hab\u00eda vencido desde el 15 de noviembre de 2019, sin que a esa data se hubiere emitido providencia que pusiera fin a la instancia o prorrogado la competencia. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que el 13 de febrero de 2020 fue desestimada la referida petici\u00f3n, por lo que interpuso nulidad con fundamento en el art\u00edculo 121 en concordancia con el inciso 6 del art\u00edculo 90 y el numeral 1 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, pero el estrado acusado dispuso estarse a lo resuelto en la primera decisi\u00f3n; y que la alzada que impetr\u00f3 fue inicialmente concedida, pero ante la reposici\u00f3n formulada por el extremo actor, fue desestimada. <\/p>\n
2.4. Adujo que elev\u00f3 nueva solicitud, pero fue despachada desfavorablemente; que posteriormente la reiter\u00f3 en diferentes ocasiones, empero, fue denegada; que contrario a lo establecido en el art\u00edculo 324 del C\u00f3digo General del Proceso se hab\u00eda escuchado al demandado en distintas oportunidades; que la tutela no ten\u00eda un t\u00e9rmino de caducidad; y que agot\u00f3 todos los mecanismos de defensa con los que contaba. <\/p>\n
2.5. Sostuvo que la decisi\u00f3n del 13 de febrero de 2020 obedec\u00eda a la voluntad subjetiva y caprichosa del fallador, configur\u00e1ndose una v\u00eda de hecho; que aunque se tuviera en cuenta la pr\u00f3rroga ordenada, lo cierto era que el fallador volvi\u00f3 a perder competencia desde noviembre de 2020 y sus actuaciones \u00abadolecen de legalidad\u00bb. <\/p>\n
2.6. Refiri\u00f3 que si la demanda se present\u00f3 el 14 de noviembre de 2018, el t\u00e9rmino fenec\u00eda el 15 de noviembre de 2019 y la pr\u00f3rroga el 31 de agosto de 2020, empero, en virtud de la pandemia mundial y la consecuente suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos, era el 13 de noviembre siguiente; que a partir del d\u00eda siguiente el fallador querellado volvi\u00f3 a perder competencia, por lo que no era viable que siguiera remitiendo las solicitudes que se presentaran al auto de 13 de febrero de 2020, bajo el argumento de que \u00abla nulidad solo se genera al cabo de un a\u00f1o, no durante su pr\u00f3rroga\u00bb, pues todo lo que suceda posteriormente carec\u00eda de validez jur\u00eddica. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogot\u00e1 realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que el accionante no recurri\u00f3 el prove\u00eddo de 13 de febrero de 2020; que se encontraba en tr\u00e1mite una alzada que interpuso; que la negativa en declarar la p\u00e9rdida de competencia autom\u00e1tica de competencia se fund\u00f3 en lo se\u00f1alado por la Corte Constitucional en sentencia T-341 de 2018, en donde se fij\u00f3 el alcance del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, adem\u00e1s que invoc\u00f3 la C-443\/2019 con la que se declar\u00f3 la inexequibilidad de la expresi\u00f3n nulidad de \u00abde pleno derecho\u00bb de la citada norma; que las partes actuaron en el proceso sin alegar la aludida invalidez, por lo que la convalidaron; que la demora hab\u00eda sido ocasionado por el actuar del extremo actor, pues ha retardado la notificaci\u00f3n de la totalidad de los demandados, lo que impidi\u00f3 adelantar las actuaciones correspondientes y dictar sentencia; que las decisiones emitidas est\u00e1n soportadas en normas aplicables al caso concreto; y que no se encontraba demostrada la causaci\u00f3n de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
2. Gabriel Augusto Cediel Franco, quien act\u00faa en su condici\u00f3n de apoderado de la parte demandada, alleg\u00f3 memorial, el cual no es tenido en cuenta por la Sala por no aportar el poder especial que lo habilite para representar a dichos vinculados. <\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que no se cumpl\u00eda el requisito de la subsidiariedad, pues el gestor no recurri\u00f3 los autos de 13 de febrero de 2020 y 26 de febrero de 2021 (numeral 3), con miras a exponer sus reparos sobre la negativa a declarar la p\u00e9rdida de competencia por haber transcurrido un a\u00f1o sin dictar sentencia; que tampoco se observaba el presupuesto de la inmediatez, pues entre la fecha de radicaci\u00f3n de la tutela y el anotado prove\u00eddo de 13 de febrero de 2020 hab\u00eda transcurrido m\u00e1s de un a\u00f1o, sin que hubiese justificado la tardanza en acudir a este mecanismo excepcional; y que no advert\u00eda arbitrariedad en la providencia de 2 de julio de 2020, con la que se pronunci\u00f3 frente a la nulidad impetrada, pues ah\u00ed se le indic\u00f3 que deb\u00eda estarse a lo resuelto en el pasado 13 de febrero, en donde se hab\u00eda resuelto la misma petici\u00f3n e indicado que la nulidad no era un medio v\u00e1lido para atacar una providencia ejecutoriada. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que lo que saneaba la nulidad era la falta de alegaci\u00f3n de la p\u00e9rdida de competencia, lo que hab\u00eda hecho en dos oportunidades -al transcurrir el a\u00f1o y la pr\u00f3rroga-; que el fallador hab\u00eda perdido la referida competencia por ministerio de la ley; que no contaba con otro medio de defensa; y que se le pod\u00edan causar graves e irreparables perjuicios. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que carece de actualidad, pues entre el prove\u00eddo criticado de 13 de febrero de 2020; y la interposici\u00f3n de la tutela el 5 de abril de 2021, transcurrieron m\u00e1s de seis meses, lapso fijado por la jurisprudencia de la Sala, como razonado y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que fuera demostrado ning\u00fan motivo que justifique esa tardanza. <\/p>\n
Respecto a dicho presupuesto: <\/p>\n
\u2026 si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido, (algo m\u00e1s de dos a\u00f1os), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ, STC 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 01316-00). <\/p>\n
3. Ahora bien, se advierte que el promotor desaprovech\u00f3 el mecanismo ordinario de defensa judicial que tuvo a su alcance para exponer las inconformidades que ahora plantea, pues no formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n frente a los prove\u00eddos de 13 de febrero de 2020, 26 de febrero (numeral 3) y 12 de marzo de 2021, en donde fueron desestimadas sus peticiones de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el promotor del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados\u2026, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (STC, 6 jul. 2010, rad. 00241 01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015 01, STC, 8 mar. 2012, rad. 2012-00101-01). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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