STC8719-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8719-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-10-000-2021-00317-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 29 de abril de 2021 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderado judicial, por Janeth Grismaldo contra el Juzgado Veintis\u00e9is de Familia de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados el Cementerio Central, la Universidad Nacional, el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Funeraria Capillas de la Fe, la Secretar\u00eda de Salud de Bogot\u00e1 y los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que el estrado acusado \u00abdecrete y practique la prueba gen\u00e9tica recomendada por la Universidad Nacional sobre Tulia Elvira Beltr\u00e1n \u00fanica hermana sobreviviente del se\u00f1or Tom\u00e1s Beltr\u00e1n (q.e.p.d)\u00bb; y se vincule \u00abal Cementerio Central de Bogot\u00e1 y a la Funeraria Capillas de la Fe, para que den respuesta inmediata a los derechos de petici\u00f3n radicados en estas entidades, y relacionados en el hecho\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Janeth Grismaldo promovi\u00f3 proceso de filiaci\u00f3n extramatrimonial con petici\u00f3n de herencia y reivindicatorio contra Tulia Elvira Beltr\u00e1n de Ortega, Jairo Fuquene Beltr\u00e1n y los herederos indeterminados del causante Tomas Beltr\u00e1n S\u00e1nchez, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Veintis\u00e9is de Familia de Bogot\u00e1, el que admiti\u00f3 la demanda, solicit\u00f3 se le indicara la ubicaci\u00f3n del cuerpo y ofici\u00f3 al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que le informara si ten\u00eda mancha de sangre o muestra biol\u00f3gica del difunto. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, la demandante present\u00f3 solicitud con miras a que se realizara la exhumaci\u00f3n del cad\u00e1ver y se practicara la prueba gen\u00e9tica, empero, en auto de 31 de octubre de 2017 se dispuso que previo a resolver lo que correspondiera, aquella deb\u00eda efectuar las diligencias tendientes a obtener la vinculaci\u00f3n del extremo demandado; y en auto de 24 de octubre de 2018 se design\u00f3 curador ad-litem y se dispuso que la actora estuviera a lo resuelto sobre la exhumaci\u00f3n deprecada. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 la accionante que pese a m\u00faltiples solicitudes que radic\u00f3 para exhumar y realizar la respectiva prueba gen\u00e9tica, el cementerio Central del Norte no fue informado del proceso que se adelantaba y el cuerpo fue exhumado y cremado en marzo de 2020. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que si bien el ADN no garantizaba el 100% de certeza de paternidad, era una prueba crucial para determinarla, acompa\u00f1ada de otros medios probatorios, tal como lo hab\u00eda sostenido en reiteradas sentencias la Corte Constitucional. <\/p>\n
2.5. Adujo que indag\u00f3 como se determinaba la paternidad de una persona cuando su cuerpo hab\u00eda sido incinerado, obteniendo respuesta del Instituto de Gen\u00e9tica de la Universidad Nacional; que la prueba gen\u00e9tica recaer\u00eda sobre la hermana del difunto, pues el causante no reconoci\u00f3 otro hijo; que Tulia Elvira Beltr\u00e1n ten\u00eda aproximadamente 92 a\u00f1os y ante la emergencia por Covid-19 contaba con altas probabilidades de fallecer, lo que le ocasionar\u00eda un perjuicio irremediable, por lo que requer\u00eda con urgencia que se practicara dicha probanza. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que de conformidad con la sentencia T-207 de 2007 la impugnaci\u00f3n de la paternidad era un proceso reglado, siendo deber de los jueces actuar con diligencia y proactividad en la investigaci\u00f3n, as\u00ed como que las \u00abpruebas antropoheredobiol\u00f3gicas\u00bb eran determinantes para emitir una decisi\u00f3n de fondo. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Universidad Nacional inform\u00f3 el procedimiento para la toma de las muestras gen\u00e9ticas; que realizaba las pruebas de filiaci\u00f3n con 18 marcadores gen\u00e9ticos y otros adicionales, con los que alcanza una probabilidad del 99.99%; que para llevar a cabo las mismas se deb\u00edan tener en cuenta las personas requeridas, no menos, entre las que se encontraban, la prueba de relaci\u00f3n biol\u00f3gica de hermanos (m\u00ednimo tres), de t\u00edos, de abuelos y de hijos leg\u00edtimos (m\u00ednimo tres) con su respectiva madre. <\/p>\n
2. El Juzgado Veintis\u00e9is de Familia de esta ciudad realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que el 3 de febrero de 2017 decret\u00f3 la pr\u00e1ctica de la prueba gen\u00e9tica de ADN a la demandante y la muestra biol\u00f3gica del fallecido presunto padre, con autorizaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda; que el 31 de agosto de 2017 el Instituto Nacional de Medicina Legal le inform\u00f3 sobre la imposibilidad de obtener un perfil gen\u00e9tico de la muestra de sangre, por lo que en prove\u00eddo de 31 de octubre siguiente se dispuso que la demandante adelantara las diligencias tendientes a obtener la notificaci\u00f3n del extremo pasivo, antes de decidir sobre la exhumaci\u00f3n solicitada; que en autos de 19 de febrero, 9 de mayo, 24 de octubre de 2018, 3 de mayo de 2019 y 16 de enero de 2020 se la requiri\u00f3 nuevamente para que procurara la integraci\u00f3n del contradictorio; que el 19 de febrero de 2021 se tuvo al demandado Jairo Fuquene Beltr\u00e1n notificado por conducta concluyente y en auto de 26 de abril siguiente se deneg\u00f3 la prueba gen\u00e9tica conforme con las recomendaciones del Instituto de Gen\u00e9tica de la Universidad Nacional, pues era necesario contar con la informaci\u00f3n de por lo menos tres hermanos del presunto padre, y solo conoc\u00eda de la existencia de una, a la que requiri\u00f3 con miras a que brindara informaci\u00f3n sobre la ubicaci\u00f3n de los restos \u00f3seos de sus progenitores o indicara si estos fueron cremados; que hab\u00eda cumplido con el deber legal de impulsar la actuaci\u00f3n procesal de conformidad con las normas aplicables al asunto en cuesti\u00f3n y de acuerdo con los protocolos que sugieren las entidades especializadas; y que lo que pretend\u00eda la gestora ya hab\u00eda sido objeto de pronunciamiento en prove\u00eddo del 26 de abril de 2021. <\/p>\n
3. Edilia Salamanca Callejas, curadora ad-litem de los herederos indeterminados adujo que se aten\u00eda a lo que se probara en el proceso. <\/p>\n
4. La Secretar\u00eda Distrital de Salud sostuvo que el derecho de petici\u00f3n presentado por la gestora no hab\u00eda sido radicado en esa entidad, sino en la Funeraria Capillas de la Fe; que consultadas sus bases de datos frente a Mar\u00eda del Carmen S\u00e1nchez (q.e.p.d.) y Jos\u00e9 Heraclito Beltr\u00e1n Monsalve (q.e.p.d.) no hall\u00f3 informaci\u00f3n relacionada con la licencia de cremaci\u00f3n o inhumaci\u00f3n que haya tramitado, por lo que no conoc\u00eda en donde se encontraban los restos; que no se encontraba legitimada en la causa por pasiva para garantizar que se practique la prueba gen\u00e9tica sobre Tulia Elvira Beltr\u00e1n; que no hab\u00eda conculcado derecho fundamental alguno; y que solicitaba su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite excepcional. <\/p>\n
5. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que el 26 de abril de 2021 la juez resolvi\u00f3 la solicitud de la accionante, en la que no accedi\u00f3 a la prueba de ADN de la hermana del difunto y la requiri\u00f3 para que informara en donde se encontraban los restos \u00f3seos de sus padres; que el despacho acusado demostr\u00f3 haber dado tr\u00e1mite a la solicitud de la gestora, por lo que exist\u00eda un hecho superado; y que era improcedente la tutela frente a la Secretaria de Salud porque la petici\u00f3n de la ubicaci\u00f3n del cad\u00e1ver de los progenitores del causante no la elev\u00f3 frente a la misma ni tampoco la accion\u00f3 en este tr\u00e1mite excepcional. <\/p>\n
La accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y aduciendo que si bien los conceptos proferidos por el Instituto de Gen\u00e9tica de la Universidad Nacional y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses indicaban que era necesario contar con la informaci\u00f3n de por lo menos tres hermanos del presunto padre, no era menos cierto que la prueba de ADN solicitada sobre Tulia Elvira Beltr\u00e1n pretend\u00eda recabar la informaci\u00f3n gen\u00e9tica disponible; que el a-quo constitucional omiti\u00f3 sus capacidades oficiosas para garantizar la tutela efectiva; y que se encontraba ante la configuraci\u00f3n de un riesgo inminente y un perjuicio irremediable. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, examinados los fundamentos de la queja constitucional, se verifica que el reproche de la actora se circunscribe a que el estrado acusado no ha actuado con diligencia y proactividad en el impulso del proceso, comoquiera que no ha adelantado las diligencias que se requieren para recaudar las pruebas necesarias con miras a resolver el asunto sometido a su conocimiento, pues a pesar de las m\u00faltiples solicitudes que elev\u00f3 para exhumar el cad\u00e1ver del causante (presunto padre), no accedi\u00f3 a las mismas, lo que facilit\u00f3 que el cuerpo fuese cremado; as\u00ed como tampoco ha dispuesto la prueba gen\u00e9tica de la hermana de aquel. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, pertinente es recordar que con respecto a problem\u00e1ticas de esta especie, donde se critican situaciones de demora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n supralegal, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir: <\/p>\n
\u2026aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019 (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026 uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior. <\/p>\n
Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019 (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00; criterio reiterado, entre muchas otras, en STC5559-2019, 8 may., rad. 2019-01082-00). <\/p>\n
3. Teniendo en cuenta lo anterior, el amparo deprecado habr\u00e1 de concederse, toda vez que el despacho censurado ha desatendido los deberes que le son exigibles en procura de resolver la controversia sometida a su conocimiento, teniendo en cuenta que, desde el 2016, la accionante ha procurado descubrir su verdadera filiaci\u00f3n, sin que a la fecha lo haya logrado, situaci\u00f3n que, en parte, resulta atribuible al estrado acusado. <\/p>\n
Al respecto, es de observarse que las m\u00faltiples solicitudes elevadas por la promotora, con miras a que se exhumara el cad\u00e1ver de su presunto padre, para obtener la prueba gen\u00e9tica, fueron desestimadas, lo que facilit\u00f3 la exhumaci\u00f3n del cad\u00e1ver y su posterior cremaci\u00f3n, circunstancia que, sin duda, constituye un obst\u00e1culo para dilucidar la verdadera filiaci\u00f3n de la demandante. <\/p>\n
De otro lado, en el curso de la tutela, con auto de 26 de abril de 2021, se neg\u00f3 la pr\u00e1ctica de prueba gen\u00e9tica con la hermana del difunto, decisi\u00f3n en la que, adem\u00e1s, requiri\u00f3 a esta \u00faltima para que indicara la ubicaci\u00f3n de los restos de sus progenitores, frente a lo que el abogado de aquella respondi\u00f3 que no contaban con dicha informaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, denota que la falladora no ha impartido el impulso requerido al asunto lo que ha dilatado indefinidamente su resoluci\u00f3n, pues a\u00fan en el evento de ser imposible la obtenci\u00f3n de la prueba gen\u00e9tica, cuenta con otros mecanismos para lograr la verdad procesal pretendida, tal como lo consigna el art\u00edculo 3\u00ba de la Ley 721 de 20011, destac\u00e1ndose que la exhumaci\u00f3n y posterior cremaci\u00f3n del cad\u00e1ver en marzo de 2020, merec\u00eda especial atenci\u00f3n, sin que las razones expuestas por dicha funcionaria para justificar sus actuaciones, compensen la demora que ha sufrido el proceso objeto de reclamo. <\/p>\n
En otras palabras, el hecho de que no hubiese sido posible evacuar la prueba gen\u00e9tica, por causas incluso atribuibles al juzgado convocado, al no tomar las medidas necesarias para custodiar el cuerpo del presunto padre, no justifica que no se hayan adoptado las determinaciones tendientes a recaudar otro tipo de elementos de juicio, que le permitan decidir sobre el litigio planteado, puesto que lo que aqu\u00ed se verifica es que el tr\u00e1mite se encuentra pr\u00e1cticamente paralizado, sin lograr una definici\u00f3n de fondo. <\/p>\n
Por ese rumbo, en lo tocante a las situaciones excepcionales que permiten excusar esa demora, en pret\u00e9ritas ocasiones esta Sala ha precisado que: <\/p>\n
4. Bajo esa perspectiva, no cabe duda de que el estrado acusado ha trasgredido las garant\u00edas de la accionante, habida cuenta que no ha impartido el impulso procesal debido, superando sin justificaci\u00f3n razonable los t\u00e9rminos para su resoluci\u00f3n. <\/p>\n
5. Conforme a lo consignado, se revocar\u00e1 la sentencia impugnada y se le ordenar\u00e1 al estrado criticado que proceda a emitir la decisi\u00f3n que corresponda con miras a impartirle impulso procesal al juicio objeto de reclamo, conforme con las consideraciones consignadas en esta providencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca el fallo impugnado y, en su lugar, concede el resguardo invocado. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero: Ordenar al Juzgado Veintis\u00e9is de Familia de Bogot\u00e1, que en el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, emita la decisi\u00f3n que en derecho corresponda con miras a impartirle impulso procesal al tr\u00e1mite, en el proceso de filiaci\u00f3n extramatrimonial promovido por la accionante (radicado 11001-31-10-026-2016-00221). Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Segundo: La autoridad accionada deber\u00e1 enterar a esta Corporaci\u00f3n sobre el acatamiento de lo aqu\u00ed dispuesto, a m\u00e1s tardar dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, en oportunidad, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 \u00abS\u00f3lo en aquellos casos en que es absolutamente imposible disponer de la informaci\u00f3n de la prueba de ADN, se recurrir\u00e1 a las pruebas testimoniales, documentales y dem\u00e1s medios probatorios para emitir el fallo correspondiente\u00bb <\/p>\n
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