STC8720-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8720-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2021-00393-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Arturo Agust\u00edn L\u00f3pez Santana frente al fallo proferido el 20 de mayo de 2021 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela instaurada por \u00e9l contra el Juzgado Noveno de Familia de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, honra y buen nombre, presuntamente conculcadas por la sede judicial acusada al dictar sentencia en el juicio de aumento de cuota alimentaria instaurado en su contra. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abordenar al\u2026 Juez Noveno de Familia\u2026 [que] proceda a proferir sentencia, con la observancia del Debido Proceso\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso, los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el juicio de aumento de cuota alimentaria que Diana Katherine Hern\u00e1ndez Rojas, en representaci\u00f3n de su hija menor de edad, inco\u00f3 contra el accionante, padre de \u00e9sta, el 23 de abril de 2021 el Juzgado acusado dict\u00f3 sentencia en la cual accedi\u00f3 a la pretensi\u00f3n, acrecentando aquella de $150.000 a $300.000. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela el reclamante critic\u00f3 esa decisi\u00f3n porque, en su sentir, en el juicio se incurri\u00f3 en defectos procedimental y f\u00e1ctico que conllevaron a que all\u00ed no se tuviera en cuenta su oposici\u00f3n a la demanda, las pruebas que reclam\u00f3, su actual estado de desempleado y el reciente nacimiento de su \u00faltima hija, a quien tambi\u00e9n debe alimentos, respecto de lo cual el juzgador acusado omiti\u00f3 decretar las pruebas de oficio necesarias para clarificar el acierto de sus alegaciones, aunado a que no se le dio traslado de algunos \u00abrecibos\u00bb que su antagonista alleg\u00f3 al juicio. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que las versiones de los testigos no fueron coherentes con lo expuesto en la demanda en punto a los gastos de la menor de edad y el fallador las valor\u00f3 a pesar de desconocer que seg\u00fan el canon 392 del C\u00f3digo General del Proceso \u00abNo podr\u00e1n decretarse m\u00e1s de dos testimonios por cada hecho, ni las partes podr\u00e1n formular m\u00e1s de diez (10) preguntas a su contraparte en los interrogatorios\u00bb; que tampoco se acredit\u00f3 una supuesta variaci\u00f3n de su situaci\u00f3n econ\u00f3mica; que aunque \u00abde manera ininterrumpida y permanente ha cumplido con la cuota de alimentos pactada en comisar\u00eda, con los respectivos aumentos\u00bb, el fallador acusado i) pas\u00f3 por alto que la carga de la prueba era de la demandante, quien omiti\u00f3 satisfacerla, y ii) efectu\u00f3 manifestaciones denigrantes en su contra de cara a que era un padre irresponsable, evidenci\u00e1ndose su parcialidad frente al caso concreto. <\/p>\n
3. El Juzgado Noveno de Familia de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n porque \u00abno\u2026 ha vulnerado derecho fundamental alguno del accionante\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que \u00abanaliz\u00f3 todo el material probatorio adosado al expediente de manera INDIVIDUAL Y EN CONJUNTO para definir de fondo el proceso de aumento de cuota alimentaria\u00bb; que, \u00aben lo que respecta a las indicaciones de que el despacho no tuvo en cuenta el material probatorio, m\u00e1s concretamente en lo que tiene que ver con el hecho de haberse desconocido que el demandando ten\u00eda otra hija a la que igualmente deb\u00eda alimentos\u00bb, lo cierto era que \u00aba quien le corresponde tal comportamiento, como es de acreditar la existencia de m\u00e1s obligaciones de esta misma \u00edndole es a las partes, en el presente caso al se\u00f1or\u2026 L\u00f3pez Santana, debi\u00f3 en su oportunidad allegar el registro civil de nacimiento y no pretender que el juzgado lo obtuviera por \u00e9l; El Despacho en la parte motiva de la providencia que se cuestiona, si tuvo en cuenta esa situaci\u00f3n para proceder al aumento de la cuota alimentaria, por lo cual no son ciertas las afirmaciones [d]el accionante\u00bb; y que \u00aben la sentencia se indicaron las razones que daban lugar a la fijaci\u00f3n de la cuota alimentaria y por el hecho de haber se\u00f1alado en favor de la menor demandante la suma de $300.000.oo, no desborda la capacidad del accionante para el cumplimiento de su obligaci\u00f3n alimentaria para con su hija, pues para el despacho no fue posible acreditar la capacidad econ\u00f3mica, ni el monto de los ingresos percibidos por el se\u00f1or\u2026 L\u00f3pez Santana, ya que manifest\u00f3 no tener empleo, lo que no es \u00f3bice para que no se pueda cuantificar el monto de la obligaci\u00f3n alimentaria a su cargo y a favor de su menor hija, cuyo soporte no es por capricho, sino en virtud de lo establecido en el art\u00edculo 129 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia. Y de igual forma tener en cuenta como se manifiesta en la sentencia, que no se puede tener en cuenta el salario m\u00ednimo legal establecido por el Gobierno nacional, para el se\u00f1alamiento de una cuota de alimentos para un menor, sino que se debe observar la profesi\u00f3n del se\u00f1or L\u00f3pez Santana, que en la actualidad es INGENIERO CIVIL\u00bb. <\/p>\n
El Tribunal a-quo neg\u00f3 el amparo al concluir que la decisi\u00f3n fustigada se muestra contentiva de un criterio razonable porque, en esencia, i) el juzgador acusado anunci\u00f3 no sopesar el escrito de contestaci\u00f3n a la demanda que directamente aport\u00f3 el quejoso al advertir que aunque, en su momento, lo requiri\u00f3 para que en el t\u00e9rmino de 3 d\u00edas lo hiciera a trav\u00e9s de apoderado judicial, aqu\u00e9l no atendi\u00f3 tal llamado sino, tard\u00edamente, fenecido dicho lapso; y que, \u00abrespecto a la capacidad econ\u00f3mica del demandado anot\u00f3 que, como lo hab\u00eda afirmado [\u00e9]l\u2026 en su interrogatorio, no se encuentra laborando, las pruebas de oficio decretadas para establecer su capacidad econ\u00f3mica no arrojaron resultado positivo y la actora no prob\u00f3 sus ingresos, por lo que parti\u00f3 de la presunci\u00f3n que trata el art\u00edculo 129 del C.I.A., considerando que tendr\u00eda en cuenta que se trata de un profesional cuyo salario es mayor al que percibe una persona que no ha cursado estudios t\u00e9cnicos o superiores, sin dejar de lado que en su interrogatorio, inform\u00f3 sobre la existencia de otra menor de edad a su cargo, as\u00ed le impuso una cuota mensual de alimentos por valor de $300.000\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el actor insistiendo en los planteamientos esbozados en la demanda de amparo. <\/p>\n
Sostuvo que aunque la no contestaci\u00f3n del libelo implica que \u00abse tengan por ciertos los hechos de la demanda, la norma en ninguno de sus apartes advierte que no se tengan en cuenta las pruebas allegadas con [ella]\u00bb; que le fue imposible aportar como medio suasorio, en la oportunidad debida, el registro civil de nacimiento de su otra hija, pues su natalicio, acaecido el 17 de septiembre de 2020, fue un hecho sobreviviente al proceso, siendo de cargo del juzgador acusado decretarla de oficio, acorde con los numerales 7\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso; y que nada se dijo frente a la restricci\u00f3n probatoria contemplada en el inciso 2\u00ba del precepto 392 ib\u00eddem. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Atendiendo lo resaltado en el escrito de impugnaci\u00f3n, delanteramente debe se\u00f1alar la Sala que ninguna objeci\u00f3n efectu\u00f3 el quejoso ante el juzgador natural, en la oportunidad debida, frente al prove\u00eddo de 10 de diciembre de 2019, en el cual, adem\u00e1s de se\u00f1alar fecha para adelantar la audiencia de que trata el canon 392 del C\u00f3digo General del Proceso, se produjo el decreto probatorio, exclusivamente respecto de las pruebas pedidas por la demandante, incluidas las cuatro (4) testimoniales que ella rog\u00f3, a la vez que se dej\u00f3 expresa constancia de que el accionante \u00abcontest\u00f3 demanda en forma extempor\u00e1nea\u00bb; por lo cual todas las alegaciones tra\u00eddas a esta instancia respecto a lo all\u00ed dispuesto, espec\u00edficamente frente a las probanzas decretadas por solicitud de su antagonista y el silencio ante las enunciadas por \u00e9l, no satisfacen el presupuesto de la subsidiariedad, motivo suficiente para el despacho adverso del resguardo en cuanto a tales t\u00f3picos, pues, como reiteradamente se ha indicado, esta herramienta supralegal no fue concebida para subsanar la incuria de los distintos actores procesales. <\/p>\n
A ello debe agregarse que a la misma conclusi\u00f3n se arriba en torno a la ausencia del registro civil de nacimiento de la otra hija del censor, pues lo planteado en este tr\u00e1mite, en punto a que al fallador acusado le correspond\u00eda obtenerlo de oficio, por la presencia de un hecho sobreviniente, se muestra como un supuesto tra\u00eddo tard\u00eda y novedosamente a este actuaci\u00f3n excepcional, pues aunque el asunto fustigado se aludi\u00f3 al nacimiento de aqu\u00e9lla, lo cierto es que en ning\u00fan momento se pidi\u00f3 a la judicatura cognoscente el decreto oficioso de esa prueba; y en lo tocante con la omisi\u00f3n de dar traslado al extremo demandado de algunas piezas documentales en las que se soport\u00f3 el fallo, dej\u00f3 de proponer la pertinente petici\u00f3n de anulaci\u00f3n con apoyo en la causal de que trata el numeral 5\u00ba del precepto 133 del C\u00f3digo General del Proceso, en concordancia con el inciso 1\u00ba del canon 134 ib\u00eddem. <\/p>\n
Tales circunstancias, entonces, evidencian el descuido notorio del reclamante en el uso de los instrumentos legales para la defensa de sus derechos, configur\u00e1ndose la causal de improcedencia contemplada en el inciso 3\u00ba del canon 86 de la Carta Pol\u00edtica, en concordancia con el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, quedando, por su propia desatenci\u00f3n, atado a lo all\u00ed definido. <\/p>\n
Al respecto, frente a la inviabilidad de la salvaguarda por incumplir con el presupuesto de la subsidiariedad, esta Sala ha dicho que: <\/p>\n
\u2026el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones… que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u2026 (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; criterio reiterado en STC3512-2015, 26 mar. 2015). <\/p>\n
3. Zanjado lo anterior, en lo restante, del libelo introductor se desprende que su proponente critica la sentencia dictada en su contra el 23 de abril de 2021 por el Juzgado acusado, en el juicio de aumento de cuota alimentaria que le inco\u00f3 Diana Katherine Hern\u00e1ndez Rojas en representaci\u00f3n de su hija com\u00fan, menor de edad; porque all\u00ed, en su sentir, no fueron debidamente valorados los medios suasorios recolectados, dando por demostrados, sin estarlo, el monto de los gastos de la ni\u00f1a y la supuesta variaci\u00f3n de su situaci\u00f3n econ\u00f3mica. <\/p>\n
Puestas as\u00ed las cosas, es claro que la petici\u00f3n de protecci\u00f3n estaba llamada al fracaso, por lo cual se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
Lo dicho porque frente al supuesto defecto f\u00e1ctico, la sentencia reprochada, contrario a lo aducido por el reclamante, para esta Sala no luce arbitraria, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho. <\/p>\n
3.1. En efecto, para adoptar su decisi\u00f3n, el juzgador acusado previamente expuso algunas generalidades en torno a la figura de la obligaci\u00f3n alimentaria, con apoyo en los c\u00e1nones 411 y 422 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Seguidamente y conforme qued\u00f3 dicho, anot\u00f3 que deb\u00eda tenerse \u00aben cuenta que el demandado, dentro de la oportunidad legal correspondiente, no contest\u00f3 la demanda\u00bb, lo que impon\u00eda aplicar \u00ablas previsiones del art\u00edculo 97 del C\u00f3digo General del Proceso que indica: \u201cLa falta de contestaci\u00f3n de la demanda o de pronunciamiento expreso sobre los hechos y pretensiones de ella, o las afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad, har\u00e1n presumir ciertos los hechos susceptibles de confesi\u00f3n contenidos en la demanda, salvo que la ley le atribuya otro efecto\u00bb; as\u00ed mismo, dijo que aunque \u00abla demandante no aport\u00f3 copia de los recibos de servicios p\u00fablicos, de arriendo, s\u00ed existen pruebas testimoniales que coinciden con las afirmaciones por la demandante\u2026, estos testimonios son de Juan Daniel\u2026 y Doris Ligia\u2026, quienes conocen de cerca las obligaciones de la demandante porque residen en la misma vivienda y comparten algunas obligaciones como servicios p\u00fablicos y arriendo, donde se se\u00f1alan los gastos aproximados de la menor\u2026\u00bb, m\u00e1xime cuando dichos testimonios \u00abno fueron tachados de falsos ni sospechosos\u00bb. <\/p>\n
Despu\u00e9s indic\u00f3 que \u00abpor el s\u00f3lo hecho de ser la alimentaria menor de edad requiere la asistencia de sus progenitores y\u2026 que no se encuentra probad[o] que la demandante reciba ingresos por concepto de salarios y dem\u00e1s, por lo que debe recibir colaboraci\u00f3n\u2026 por parte del padre de su hija para el sustento, atendiendo a que el mismo es profesional y, de otro lado, que la suma acordada el\u2026 20 de febrero del\u2026 2019, por valor de $150.000, no se compadece con los gastos que requiere una infante de esta naturaleza, atendiendo las precisiones se\u00f1aladas en el art\u00edculo 24 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia que establece qu\u00e9 son los alimentos: \u201cSe entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitaci\u00f3n, vestido, asistencia m\u00e9dica, recreaci\u00f3n, educaci\u00f3n o instrucci\u00f3n y, en general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes\u2026\u201d\u2026, es decir, los padres deben proveer todo lo necesario para la menor\u00bb. <\/p>\n
Continuando con el an\u00e1lisis conjunto del material suasorio recaudado, a\u00f1adi\u00f3 que la demandante al absolver el interrogatorio manifest\u00f3 que los gastos de la ni\u00f1a ascend\u00edan aproximadamente a $800.000 mensuales, sin contar con el cuidado de la menor de edad, lo que valid\u00f3 con algunas pruebas documentales arrimadas al proceso, \u00abvistas a folios 93 a 124\u00bb; a su vez, el demandado, al rendir su interrogatorio se\u00f1al\u00f3 honrar su obligaci\u00f3n alimentaria para con la ni\u00f1a, que \u00aben la actualidad tiene obligaciones con una hija m\u00e1s\u2026, pero no arrim\u00f3 al proceso ninguna prueba documental que acredite la existencia de la misma; que es profesional como ingeniero civil y que ha estado trabajando en se\u00f1alizaci\u00f3n vial con un salario aproximado de $1.370.000, pero que, en la actualidad, no se encuentra con dicho trabajo\u00bb. <\/p>\n
Luego, en punto a la capacidad econ\u00f3mica del alimentante, resalt\u00f3 que como \u00e9l lo indic\u00f3, \u00abno se encuentra laborando y, de otro lado, [el] despacho, en su oportunidad, decret\u00f3 pruebas de oficio para poder establecer [tal] capacidad\u2026, sin que se tuvieran resultados positivos con las mismas y, por \u00faltimo, la parte actora de igual forma no prob\u00f3 ingresos para tener en cuenta en la audiencia\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, seguidamente, record\u00f3 que el precepto 129 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia ense\u00f1a que \u00abSi no tiene la prueba sobre la solvencia econ\u00f3mica del alimentante, el juez podr\u00e1 establecerlo tomando en cuenta su patrimonio, posici\u00f3n social, costumbres y en general todos los antecedentes y circunstancias que sirvan para evaluar su capacidad econ\u00f3mica. En todo caso se presumir\u00e1 que devenga al menos el salario m\u00ednimo legal\u00bb; por lo cual, en el caso concreto, no pod\u00eda \u00abtener en cuenta un salario m\u00ednimo legal establecido por el Gobierno Nacional para el se\u00f1alamiento de alimentos cuando el padre, el demandado, es profesional, es decir, el salario m\u00ednimo de un profesional es superior al indicado para una persona que no ha cursado estudios t\u00e9cnicos o superiores\u00bb. <\/p>\n
Por ese sendero, agreg\u00f3 que a pesar del demandado \u00abno acreditar documentalmente la existencia de otra obligaci\u00f3n de esta misma naturaleza\u00bb, sopesar\u00eda, \u00aben gracia de discusi\u00f3n, la manifestaci\u00f3n elevada en el interrogatorio\u2026, en el que menciona que es padre de una menor m\u00e1s\u2026, pero tambi\u00e9n se tendr\u00e1 en cuenta\u2026 que no se acreditan circunstancias dom\u00e9sticas que afecten al demandado a efectos de ser analizad[a]s al momento de la tasaci\u00f3n de la cuota\u00bb. <\/p>\n
En suma, por todas esas razones, \u00abteniendo en cuenta la tierna edad de la menor\u2026, pronta a cumplir 2 a\u00f1os y 5 meses\u00bb, encontr\u00f3 viable acceder a la pretensi\u00f3n de aumento de cuota alimentaria y conden\u00f3 al demandado a pagar por tal concepto \u00abla suma de $3[0]0.000\u2026[,] que deber\u00e1n ser consignados en la forma determinada en la Comisar\u00eda de Familia de Engativ\u00e1 el 20 de enero (sic) del a\u00f1o 2019\u00bb, precisando que en tal monto \u00abno se encuentran incluidos los gastos escolares porque los mismos fueron regulados ante la Comisar\u00eda\u2026 al igual que la salud, vestidos, los cuales quedar\u00e1n inc\u00f3lumes\u00bb. <\/p>\n
3.2. Bajo ese contexto es evidente la improcedencia del amparo en el asunto espec\u00edfico, comoquiera que las consideraciones y fundamentos de la decisi\u00f3n censurada, al margen de que se compartan, no resultan arbitrarios o caprichosos, tanto m\u00e1s cuando, contrario a lo aducido por el gestor, el sentenciador acusado, con una interpretaci\u00f3n plausible del ordenamiento legal vigente y bajo el an\u00e1lisis conjunto de todo el material suasorio recolectado, concluy\u00f3 que la suma fijada por alimentos para el a\u00f1o 2019 actualmente era irrisoria, por lo que deb\u00eda acrecentarla, y que el accionante no demostr\u00f3 la presencia de cargas de la misma naturaleza o dom\u00e9sticas adicionales que frustraran el aumento rogado o que permitieran concluir que \u00e9ste fuera descomunal; por lo cual tales disquisiciones no pueden ser desaprobadas de plano, \u00abm\u00e1xime si… no resulta[n] contrari[as] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juez constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al [fallador ordinario]… para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Por ese sendero tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, muy a pesar de las alegaciones del impugnante, la Corte observa que los razonamientos cuestionados se realizaron en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades propias del Juez ordinario que hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial y que, en consecuencia, inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en ellas, sustituyendo a aqu\u00e9l como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual; es decir, aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por el juzgador natural, esa sola disonancia no es motivo suficiente para calificar como absurda la referida determinaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Por otro lado, si el reclamante considera que en alguna irregularidad incurri\u00f3 la autoridad judicial accionada \u2013pues se\u00f1ala que estuvo parcializada a favor de la demandante-, otras son las v\u00edas que debe agotar, ya sean de orden penal o disciplinario, exponiendo la situaci\u00f3n concreta ante las entidades competentes, asumiendo la responsabilidad que ello implica. <\/p>\n
En ese sentido la Sala tiene por sentado que: <\/p>\n
\u2026es necesario precisar que si\u2026 [el accionante] considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular atribuible al Juez\u2026, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026 es preciso indicar que si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016) (CSJ STC011-2018, 17 en., rad. 2017-03402-00). <\/p>\n
5. Finalmente, es preciso indicar que el fallo rebatido no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada material, por lo cual, de cambiar las circunstancias, condiciones econ\u00f3micas y necesidades de la alimentaria o el alimentante, acredit\u00e1ndolo debidamente, puede acudirse nuevamente a la justicia ordinaria para que se revise la cuota correspondiente, as\u00ed lo ha expuesto esta Corte: <\/p>\n
…no resulta impertinente ni redundante a\u00f1adir que, trat\u00e1ndose la decisi\u00f3n atacada de una providencia que no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada en sentido material, toda vez que es susceptible de modificaci\u00f3n cuando var\u00eden las condiciones que dieron lugar a ella, [el] accionante tiene la posibilidad real de iniciar un nuevo proceso con la misma pretensi\u00f3n para que el juez natural la dirima con base en las pruebas regularmente allegadas (CSJ STC, 27 may. 2011, rad. 00095-01; citada el 25 may. 2012, rad. 00139-01; y el 26 abr. 2013, rad. 00032-01). <\/p>\n
6. Lo considerado impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a trav\u00e9s del medio m\u00e1s expedito a todos los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC8720-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC8720-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2021-00393-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Arturo Agust\u00edn L\u00f3pez Santana […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55608","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55608","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55608"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55608\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55608"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55608"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55608"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}