STC8722-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8722-2021 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Gerardo Alonso Herrera Hoyos frente al fallo proferido el 25 de junio de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada en la acci\u00f3n popular que \u00e9l inco\u00f3 contra Mundo Desechables (rad. 2021-00108)1, porque \u00abdespu\u00e9s de pasado el tiempo que ORDENA la ley 472 de 1998\u2026 no [h]a proferido auto alguno, admitiendo o inadmiti[\u00e9]ndo[la]\u2026, lo que desconoce abierta y tajantemente los principios constitucionales que [la] rigen\u2026, tales como\u2026 econom[\u00ed]a, celeridad, publicidad, eficacia, derecho sustancial (sic)\u00bb.2 <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar a la sede judicial accionada \u00abcumpl[ir] los t[\u00e9]rminos\u2026 que le impone y ordena la ley 472 de 1998, no solo para proferir autos de admisi[\u00f3]n o inadmisi[\u00f3]n, sino en todo lo que regula dicha ley referente a t[\u00e9]rminos de tiem[p]o perentorios (sic)\u00bb. <\/p>\n
2. La demanda de amparo fue formulada el 10 de junio de 2021 y admitida a tr\u00e1mite por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira al d\u00eda siguiente. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado acusado limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir copia del expediente contentivo del asunto fustigado. <\/p>\n
2. La Alcald\u00eda Municipal de Pereira se\u00f1al\u00f3 atenerse \u00aba lo probado\u2026 y para los fines destinados dentro de la presente acci\u00f3n (sic)\u00bb. <\/p>\n
3. La Personer\u00eda de Pereira rog\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite porque \u00abla situaci\u00f3n planteada por Gerardo Herrera [le] es ajena…, toda vez que su actuaci\u00f3n como ente de control est\u00e1 orientada a verificar la defensa de los derechos e intereses colectivos y teniendo en cuenta que la acci\u00f3n constitucional no fue promovida por [esa] entidad\u00bb. <\/p>\n
4. La Defensor\u00eda del Pueblo – Regional Risaralda tambi\u00e9n pidi\u00f3 su exclusi\u00f3n de esta actuaci\u00f3n porque \u00abno ha vulnerado o lesionado derecho fundamental alguno\u2026 y desconoce\u2026 los motivos que ha tenido el Juzgado de origen para no dar celeridad o respuesta a las solicitudes del accionante\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional declar\u00f3 \u00abla carencia actual de objeto por presentarse un hecho superado\u00bb, comoquiera que \u00abel juzgado accionado, por auto del 16 de junio \u00faltimo, \u2026inadmiti\u00f3 la acci\u00f3n popular interpuesta por el actor, el 3 de junio anterior\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el quejoso aduciendo que \u00abes lamentable que la tutelada ni se digne a responder\u2026 y aun as[\u00ed]\u2026 [su] acci[\u00f3]n no se ampare\u00bb; y exigi\u00f3 ordenar a \u00e9sta \u00abcumplir siempre los t[\u00e9]rminos\u2026 que le ordena la ley 472 de 1998 y as\u00ed no tutelarle m[\u00e1]s\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, muy a pesar de las alegaciones del accionante, esta solicitud de protecci\u00f3n resultaba inviable, por cuanto al margen de la falta de respuesta expresa del Juzgado acusado frente a la petici\u00f3n de amparo, lo cierto es que de los documentos obrantes en el expediente se desprende que el 16 de junio de 2021 esa sede judicial inadmiti\u00f3 la acci\u00f3n popular referida por el quejoso y el d\u00eda 30 siguiente la rechaz\u00f3 por \u00abcarecer de competencia para conocer[la]\u00bb; de ah\u00ed que ya existan los pronunciamientos echados de menos por el reclamante. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, actualmente no existe vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del actor que amerite la intervenci\u00f3n del juez de tutela, toda vez que la situaci\u00f3n denunciada fue superada en el tr\u00e1mite de este ruego supralegal, cumpli\u00e9ndose su pretensi\u00f3n constitucional, por lo que carece de objeto impartir una orden con miras a que se admita o inadmita la demanda popular, pues ello ya ocurri\u00f3, sin que, por dem\u00e1s, resulte viable que el fallo de tutela abarque, como al parecer lo pretende el impugnante, supuestos hipot\u00e9ticos y futuros de tardanza judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u2026si la actuaci\u00f3n de hecho por la cual la persona se queja ya ha sido superada, en el sentido de que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la acci\u00f3n de tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez constitucional carecer\u00eda de sentido (CSJ STC, 3 jul. 2009, rad. 00080-01; reiterada en CSJ STC, 2 feb. 2012, rad. 2011-00541-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01). <\/p>\n
3. Basta lo consignado para respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Establecimiento de comercio ubicado en la carrera 7\u00aa Nro. 13 – 10 de Pereira. <\/p>\n
2\u0002 En el curso de esta acci\u00f3n constitucional, el 16 de junio de 2021 la sede judicial acusada inadmiti\u00f3 la referida acci\u00f3n popular y el d\u00eda 30 siguiente orden\u00f3 remitirla por competencia a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, comoquiera que el actor pidi\u00f3 vincular a la Alcald\u00eda de Pereira, \u00abentidad p\u00fablica administrativa de segundo nivel del orden municipal\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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