STC8723-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8723-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-10-000-2021-00131-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 28 de mayo de 2021, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Paula Andrea P\u00e9rez Pati\u00f1o frente al Juzgado Noveno de Familia de Oralidad de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio verbal de \u201cnulidad de testamento, rescisi\u00f3n de la sucesi\u00f3n y petici\u00f3n de herencia\u201d, radicado bajo el n\u00ba 2016-00891, adelantado por Olimpo de Jes\u00fas Monsalve y otros contra la aqu\u00ed actora y otros. <\/p>\n
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1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora implora la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, presuntamente transgredidos por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
Olimpo de Jes\u00fas Monsalve y otros, promovieron juicio verbal de nulidad de testamento, rescisi\u00f3n de la sucesi\u00f3n y petici\u00f3n de herencia contra Paula Andrea P\u00e9rez Pati\u00f1o y otros, el cual fue admitido el 9 de septiembre de 2016, por el Juzgado Noveno de Familia de Oralidad de Medell\u00edn. <\/p>\n
P\u00e9rez Pati\u00f1o fue notificada personalmente del referido asunto el 20 de abril de 2017 y, mediante auto de 12 de septiembre de la misma anualidad, le fue reconocida personer\u00eda a su apoderada. <\/p>\n
Afirma que el 6 de febrero de 2018, ante la insistencia de algunos de los demandados, el estrado accionado requiri\u00f3 a la activa extrema para que procurara el enteramiento del escrito inaugural a los faltantes, so pena de decretar el desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
El 4 de abril de 2019, la autoridad encartada fij\u00f3 para el 21 de mayo postrero, la celebraci\u00f3n de la audiencia contemplada en el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso; no obstante, llegado el d\u00eda, el despacho acusado suspendi\u00f3 la diligencia y, en su lugar, emiti\u00f3 auto de requerimiento a los demandantes. <\/p>\n
Sostiene la impulsora que, mediante auto de 22 de octubre de 2019, se estableci\u00f3 el 5 de febrero de 2020, como nueva fecha para adelantar la aludida diligencia, sin embargo, \u201cllegada la fecha y hora, estando todas las partes vinculadas, el juez determina no realizar la audiencia y nuevamente requiere\u201d. <\/p>\n
Aduce que el decurso cuestionado se encuentra inactivo desde el 19 de febrero de 2020, a pesar de haber sido levantada la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos decretada por el Consejo Superior de la Judicatura, a causa de la Covid-19, desde hace ocho (8) meses. <\/p>\n
Agrega que, otro de los demandados, solicit\u00f3 a la judicatura encausada la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de competencia; empero, a la fecha, \u201cen la p\u00e1gina judicial-consulta de procesos\u201d, no figura resuelto tal pedimento. <\/p>\n
En sentir de la querellante, el incumplimiento en los plazos legales para adelantar la actuaci\u00f3n judicial y la falta de diligencia, vulneran sus prerrogativas fundamentales, pues, arguye, han transcurrido aproximadamente cinco (5) a\u00f1os sin que se haya proferido sentencia de primera instancia; adem\u00e1s, las medidas cautelares decretadas sobre los inmuebles heredados le han impedido \u201csubsanar en algo, la dif\u00edcil situaci\u00f3n econ\u00f3mica que pose[e]\u201d. <\/p>\n
3. Pide, por tanto, ordenar a la autoridad fustigada que, dentro de un t\u00e9rmino prudencial, cese la vulneraci\u00f3n de sus derechos y \u201ctrasgresiones que se manifiestan ante el incumplimiento de los plazos judiciales se\u00f1alados en la ley y as\u00ed obtener una sentencia\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado y vinculados <\/p>\n
1. El titular del juzgado confutado realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en el juicio reprochado, informando que estuvo fuera del despacho entre el 23 de enero y el 10 de julio de 2019 y, del 7 al 17 de agosto del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, mediante \u201cauto de mayo de 2019\u201d, se impuso a la parte demandante una obligaci\u00f3n para sanear el proceso, consistente en tener como litisconsortes necesarios a tres hermanos de la causante, prove\u00eddo frente al cual no se interpuso recurso de reposici\u00f3n. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, para el 5 de febrero de 2020, fecha en la cual se hab\u00eda dispuesto continuar la audiencia, la extrema activa no hab\u00eda cumplido con sus obligaciones procesales; encontr\u00e1ndose a\u00fan pendiente, por aportar, el registro civil de nacimiento de Hugo P\u00e9rez Pati\u00f1o. <\/p>\n
Por \u00faltimo, indic\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) No creo haber violado derecho constitucional alguno, en tanto que, quien me reemplazo en el ejercicio del cargo saneo el proceso y ordeno la vinculaci\u00f3n de las personas que crey\u00f3 deb\u00edan ser notificadas con el auto admisorio de la demanda, el auto de saneamiento no se recurri\u00f3 y en firme las partes a\u00fan no cumplen la totalidad de lo ordenado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. Alicia Mar\u00eda Gonz\u00e1lez de P\u00e9rez, Gloria Patricia P\u00e9rez D\u00edaz, Jorge Iv\u00e1n P\u00e9rez y Aracelly D\u00edaz de P\u00e9rez en calidad de vinculados, adujeron que sus prerrogativas tambi\u00e9n se han visto afectadas por la mora judicial del fallador confutado en la definici\u00f3n del asunto, por lo cual, declararon adherirse a las pretensiones de la tutelante. <\/p>\n
3. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo tras considerar que la mora presentada en el decurso cuestionado ha sido justificada, no obstante, dispuso exhortar al estrado accionado. Al respecto se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien es cierto no se han expedido las decisiones dentro de los estrictos t\u00e9rminos judiciales, el auxilio no est\u00e1 llamado a prosperar, pues la demora en la continuidad del proceso y, por ende, en la expedici\u00f3n del fallo que dirima el conflicto, ha sido justificada por el convocado en la ausencia de notificaci\u00f3n oportuna de quien debe ser llamado a la lid y en la falta de acreditaci\u00f3n de su calidad, circunstancia que no ha sido rebatida debidamente en el proceso, a trav\u00e9s de los recursos que el legislador ha otorgado y que no puede cuestionar este Tribunal como juez constitucional, atendiendo el car\u00e1cter subsidiario de la acci\u00f3n de tutela\u201d. <\/p>\n
\u201cM\u00e1s todav\u00eda, no se puede pasar por alto la emergencia sanitaria causada por el Covid- 19, la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos que se dio a trav\u00e9s de diferentes actos administrativos y la necesidad de digitalizaci\u00f3n de los expedientes, circunstancias que en esta oportunidad justifican la demora, pero que tambi\u00e9n hacen necesario que, dadas las afectaciones alegadas tanto por la demandante como por algunos de los vinculados, se deba exhortar al Juez Noveno de Familia de Oralidad de Medell\u00edn. para que, en un t\u00e9rmino razonable, como director del proceso y en cumplimiento del deber consagrado en el art\u00edculo 42-1 del C\u00f3digo General del Proceso, adopte las medidas necesarias para impedir su paralizaci\u00f3n y dilaci\u00f3n, procurando la mayor econom\u00eda procesal (\u2026)\u201d. (negrillas de esta Sala). <\/p>\n
<\/p>\n
2. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovi\u00f3 la gestora, insistiendo en los argumentos de disenso esbozados en el escrito genitor. <\/p>\n
En adici\u00f3n, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Por considerar que no es suficiente la exhortaci\u00f3n que se hace al accionado para que dirima el conflicto de su conocimiento en un t\u00e9rmino razonable, y ante el desconocimiento del principio b\u00e1sico de la inmediatez, es que considero que el objeto de la tutela no se ha extinguido y la vulneraci\u00f3n de mis derechos fundamentales sigue activa, y no se restablecen con la simple observaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La aqu\u00ed inicialista censura la actuaci\u00f3n de la autoridad querellada, por cuanto, afirma, ha menoscabado sus garant\u00edas superiores al incurrir en una tardanza injustificada en la resoluci\u00f3n del asunto, pues, han transcurrido aproximadamente cinco (5) a\u00f1os sin que se haya proferido sentencia de primera instancia; adem\u00e1s, se ha visto afectada por las medidas cautelares decretadas sobre los inmuebles heredados. <\/p>\n
2. La mora judicial, grosso modo, tiene ocurrencia cuando el juzgador desconoce los plazos legales careciendo de motivos plausibles, probados y razonables para ello. <\/p>\n
Ha dicho la Sala, en su jurisprudencia, que la protecci\u00f3n al debido proceso (art. 29 C.N.) y acceso a la administraci\u00f3n de justicia (art. 229 \u00edb.), en estos casos: <\/p>\n
\u201c(\u2026) se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
El fen\u00f3meno en menci\u00f3n halla como presupuestos, seg\u00fan constante doctrina probable de esta Corporaci\u00f3n2 y de la Corte Constitucional3, (i) la inobservancia de los t\u00e9rminos se\u00f1alados en la ley para adelantar alguna actuaci\u00f3n judicial; (ii) la inexistencia de un m\u00f3vil razonable capaz de justificar dicha demora; y (iii) la tardanza imputable al juez por incumplimiento de sus funciones. <\/p>\n
Esta colegiatura hace suyas las opiniones de la Corte Interamericana4 y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos5, en el sentido de que, a fin de determinar la razonabilidad de los plazos en los cuales debe desenvolverse el proceso, han de tenerse en cuenta los siguientes aspectos: a) la complejidad del caso concreto; b) la actividad de la parte interesada; y c) el comportamiento de las autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Fallar los conflictos sometidos a la jurisdicci\u00f3n dentro de un plazo razonable6 no es una obligaci\u00f3n impuesta, exclusivamente, por el legislador nacional. Compromisos internacionales adquiridos por Colombia radican en los jueces, cualquiera sea su grado, el deber de solucionar oportunamente las controversias sometidas a su conocimiento. <\/p>\n
En esta l\u00ednea, el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 8 de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos de 1969, aprobada mediante Ley 16 de 1972, establece: <\/p>\n
\u201c1. Toda persona tiene derecho a ser o\u00edda, con las debidas garant\u00edas y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciaci\u00f3n de cualquier acusaci\u00f3n penal formulada contra ella, o para la determinaci\u00f3n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car\u00e1cter (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El canon 25 del mismo instrumento, en lo pertinente, dispone: <\/p>\n
\u201c1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y r\u00e1pido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constituci\u00f3n, la ley o la presente Convenci\u00f3n, aun cuando tal violaci\u00f3n sea cometida por personas que act\u00faen en ejercicio de sus funciones oficiales\u201d. <\/p>\n
3. Auscultadas las pruebas adosadas a esta tramitaci\u00f3n, se constata la procedencia de la protecci\u00f3n exigida, pues en el decurso criticado se aprecia una falta de diligencia, la cual ha ocasionado una dilaci\u00f3n inaceptable en el tr\u00e1mite y definici\u00f3n del asunto objeto de esta salvaguarda. <\/p>\n
En efecto, se memora, en la actuaci\u00f3n denunciada, en prove\u00eddo de 9 de septiembre de 2016, el juez accionado admiti\u00f3 la demanda de nulidad de testamento, recisi\u00f3n de la sucesi\u00f3n y petici\u00f3n de herencia promovida por Olimpo de Jes\u00fas P\u00e9rez Monsalve contra la aqu\u00ed actora y otros, adem\u00e1s, decret\u00f3 medidas cautelares sobre los inmuebles all\u00ed relacionados. <\/p>\n
Mediante auto de abril de 2017, se dispuso adicionar el auto admisorio para ordenar el emplazamiento de los herederos indeterminados referidos en dicha providencia, as\u00ed como de aquellos herederos determinados a que hubiere lugar. <\/p>\n
El 20 de abril de 2017 se notific\u00f3 personalmente a la accionante, quien, el 19 de mayo de 2017, por conducto de apoderada judicial contest\u00f3 la demanda y propuso excepciones de m\u00e9rito. <\/p>\n
El 12 de septiembre postrero, se reconoci\u00f3 personer\u00eda a los representantes judiciales de Paula Andrea P\u00e9rez Pati\u00f1o, Sociedad Alodio P\u00e9rez Pati\u00f1o S.A.S., Gloria Patricia P\u00e9rez D\u00edaz, Jorge Iv\u00e1n P\u00e9rez, Aracelly D\u00edaz de P\u00e9rez y Alicia Mar\u00eda Gonz\u00e1lez de P\u00e9rez. <\/p>\n
Con auto de 6 de febrero de 2018, el fallador cognoscente, de conformidad a lo estipulado en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, requiri\u00f3 a la parte demandante para que procurara la notificaci\u00f3n a las dem\u00e1s personas que a\u00fan no se encontraban enteradas del decurso. <\/p>\n
El 2 de mayo de la misma anualidad, transcurrido el t\u00e9rmino sin que se hubiese hecho presente Ana del Socorro P\u00e9rez Rojas, se dispuso designar un curador ad-litem. <\/p>\n
El 8 de noviembre ulterior, acorde con lo estipulado en el canon 108 ib\u00eddem, se orden\u00f3 el emplazamiento de \u201cHerederos indeterminados de Jes\u00fas Dalmiro P\u00e9rez Pati\u00f1o, Flor Alba P\u00e9rez Pati\u00f1o y Luz Asela P\u00e9rez Pati\u00f1o\u201d; seguidamente el 7 de diciembre, ante la no comparecencia de los mismos, tambi\u00e9n les fue designado curador ad-litem. <\/p>\n
El 4 de abril de 2019, vencidos el plazo de notificaci\u00f3n a todos los demandados relacionados en el escrito inicial y, agotado el t\u00e9rmino de traslado de las excepciones de m\u00e9rito, el juzgado accionado convoc\u00f3 a los contendientes para el 21 de mayo siguiente, con el fin de llevar a cabo la audiencia prevista en el art\u00edculo 372 del estatuto ritual; no obstante, llegada la referida data, el estrado querellado, resolvi\u00f3 suspender la diligencia y, en su lugar, emiti\u00f3 un auto en el cual dispuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En atenci\u00f3n a lo dispuesto en el [art\u00edculo 87 C\u00f3digo General del Proceso], en aras de no violentar el debido proceso, garantizar el derecho de defensa y contradicci\u00f3n, se adoptan las siguientes medidas de saneamiento: <\/p>\n
\u201ci) Requerir a la parte demandante PARA QUE VINCULE COMO LITIS CONSORCIO NECESARIO, los se\u00f1ores ARGEMIRO, HUGO Y VIRGILIO P\u00c9REZ PATI\u00d1O, a quienes puede afectar las decisiones que se tomen en este proceso, para lo cual se allegar\u00e1 el folio de registro civil de nacimiento de cada uno de ellos a efectos de acreditar la calidad de hermanos de las causantes FLOR ALBA Y LUZ ASELA P\u00c9REZ PATI\u00d1O, asimismo se les notificar\u00e1 el auto admisorio de la demanda en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 291 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso\u201d. <\/p>\n
\u201cii) se ORDENA el EMPLAZAMIENTO DE los herederos indeterminados de los se\u00f1ores JAVIER P\u00c9REZ PATI\u00d1O Y JES\u00daS NAZARIO P\u00c9REZ PATI\u00d1O, de conformidad con el art\u00edculo 293, en armon\u00eda con el art\u00edculo 108 ib\u00eddem (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El 22 de julio de 2019, sin que se hubiese presentado alguno de los herederos indeterminados de Javier P\u00e9rez Pati\u00f1o, Jes\u00fas Nazario P\u00e9rez Pati\u00f1o, Hugo, Argemiro y Virgilio P\u00e9rez Pati\u00f1o, dentro del t\u00e9rmino establecido, el estrado acusado procedi\u00f3 a nombrar otro curador ad-litem para que los representara. <\/p>\n
El 17 de octubre de 2019, vencidos los t\u00e9rminos de notificaci\u00f3n de los demandados y los anunciados en prove\u00eddo de 21 de mayo anterior, la judicatura fustigada program\u00f3 la audiencia inicial para el 5 de febrero de 2020; sin embargo, la diligencia no fue llevada a cabo. <\/p>\n
El 10 de febrero de 2020, el estrado acusado, emiti\u00f3 auto, indicando: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El d\u00eda cinco de febrero pasado, debi\u00f3 celebrase audiencia dentro de este tr\u00e1mite verbal de nulidad de testamento promovido por Olimpo de Jes\u00fas P\u00e9rez Monsalve\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026) Atendiendo entonces el auto proferido por el Despacho el 21 de mayo de 2019, folio 582, donde se requiri\u00f3 a la parte actora a fin de que cumpliera unos requisitos formales, tales como aportar el Registro Civil de Nacimiento de las personas de Argemiro, Hugo y Virgilio P\u00e9rez Pati\u00f1o, sin que hasta el momento obre en el cuaderno el Registro Civil de Nacimiento de Hugo y Virgilio P\u00e9rez Pati\u00f1o, los cuales deber\u00e1n ser aportados o en su defecto y cumpliendo lo indicado en el art 85 del C\u00f3digo General del proceso, indicar en donde se encuentran asentados\u201d. <\/p>\n
\u201cTambi\u00e9n se hace necesario aportar la sentencia donde se declare la incapacidad mental de las se\u00f1oras Ana del Socorro P\u00e9rez Rojas y Juliana P\u00e9rez Garc\u00eda, as\u00ed como el acta de posesi\u00f3n de su curador y el registro civil de nacimiento con la nota marginal de dicho acto judicial\u201d. <\/p>\n
\u201cUna vez se aporten los documentos que hacen falta, se programar\u00e1 la fecha y hora para realizar la audiencia pendiente (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El 19 de febrero de 2020, la apoderada de los demandados requeridos, de conformidad al auto transcrito, alleg\u00f3 los siguientes documentos: <\/p>\n
\u201c(\u2026) <\/p>\n
* Certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la Sociedad Alodio P\u00e9rez Pati\u00f1o S.A.S.<\/p>\n
* Copia de la partida de Bautismo del se\u00f1or Francisco Virgilio P\u00e9rez Pati\u00f1o.<\/p>\n
* Copia simple de la sentencia proferida en la cual se tiene como interdicto a Juliana P\u00e9rez.<\/p>\n
* Registro Civil de Nacimiento de Juliana P\u00e9rez, con nota marginal de interdicci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El 28 de abril de 2021, el representante judicial de Alicia Mar\u00eda Gonz\u00e1lez Uribe, demandada en el litigio objeto de esta salvaguarda, remiti\u00f3, mediante correo electr\u00f3nico la solicitud de p\u00e9rdida autom\u00e1tica de competencia ante el juzgado accionado, quien, mediante prove\u00eddo de 14 de mayo de 2021, atendi\u00f3 el pedimento en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Aportada no toda la documentaci\u00f3n requerida en auto de fecha 21 de mayo del 2019, notificado por estados del d\u00eda 24 de mayo del 2019, por la operadora judicial encargada del despacho y enunciada nuevamente por el titular de la agencia judicial, por auto del 10 de febrero del 2020, la misma que no se present\u00f3 para el d\u00eda de la audiencia el 5 de febrero del 2020, dado, que de manera informal se anexaron documentos que si se aportaron autenticados para el d\u00eda posterior al 20 de noviembre del 2020 , puede verse lo siguiente: <\/p>\n
\u201c1. Que no pod\u00eda contarse el t\u00e9rmino de un a\u00f1o por cuanto a\u00fan hoy no aparece entregado a la demanda para que obre en el expediente el registro civil de nacimiento del se\u00f1or: HUGO PEREZ PATI\u00d1O\u201d. <\/p>\n
\u201c2. Que bien pudo la parte accionante cuando se dict\u00f3 el auto de saneamiento del 21 de mayo del 2019, en el que se establece litis consortes necesarios, recurrir el mismo, pero guard\u00f3 silencio\u201d. <\/p>\n
\u201c3. Que para el d\u00eda 05 de febrero del 2020, la audiencia no se suspendi\u00f3 por voluntad del operador sino porque las partes no hab\u00edan cumplido con el auto de saneamiento. A folio 200 con fecha 20 febrero aportaron parte de los documentos requeridos en el auto de saneamiento. Luego f\u00e1cil resulta colegir que el d\u00eda 5 de febrero del 2020 a\u00fan no se hab\u00edan dado cumplimiento a lo mandado para vincular los litisconsortes\u201d. <\/p>\n
\u201c4. Para hoy 18 de mayo del 2020, no encuentra el operador judicial aportado legalmente el registro civil de nacimiento del se\u00f1or Hugo P\u00e9rez Pati\u00f1o, raz\u00f3n por la que no se puede entender legalmente vinculado a la causa y notificado el citado Se\u00f1or\u201d. <\/p>\n
\u201cEs m\u00e1s, el envi\u00f3 de documentos con fecha de autenticaci\u00f3n 20 de noviembre del 2020, determina que apenas despu\u00e9s de esa fecha se presentaron los documentos en debida forma para el proceso\u201d. <\/p>\n
\u201cLuego hacer uso del t\u00e9rmino de pr\u00f3rroga que establece el art\u00edculo 121 del C.G.P. para la competencia y poder seguir conociendo una causa en la que no se han aportado todos los requisitos exigidos por el auto de saneamiento, ser\u00eda ineficaz, en tanto que, no se sabe cu\u00e1ndo la parte entregara al despacho toda la documentaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Por \u00faltimo, precis\u00f3: <\/p>\n
\u201cLuego pregonar, entonces que el proceso lleva cuatro a\u00f1os en el despacho judicial es cierto, pero no resulta cierto imputar tal t\u00e9rmino como inatenci\u00f3n del proceso, dado que, desde mayo del 2019 el despacho judicial, por medio de operadora judicial encargada, impuso a la parte accionante una obligaci\u00f3n, para sanear el proceso y tener como vinculados al mismo a tres personas que son: ARGEMIRO, HUGO Y VIRGILIO P\u00c9REZ PATI\u00d1O, en calidad de litis consortes necesarios y del se\u00f1or HUGO P\u00c9REZ PATI\u00d1O, no se ha aportado el documento que lo permita entender vinculado a la causa como legalmente debe ser\u201d. <\/p>\n
\u201cEs m\u00e1s, desde el 16 de marzo hasta finales de julio del 2020 los t\u00e9rminos estuvieron legalmente suspendidos, luego en tal virtud no se comportar\u00eda el t\u00e9rmino de un a\u00f1o que pregona la norma\u201d. <\/p>\n
4. Analizado el anterior panorama, resulta evidente que el decurso criticado, dadas las diferentes circunstancias que lo han rodeado, se ha extendido en el tiempo de manera desmesurada, afectando las garant\u00edas superlativas invocadas. <\/p>\n
La actora no est\u00e1 obligada a seguir soportando la tardanza en la definici\u00f3n del asunto, la cual deriv\u00f3 de la negligencia de otros demandados y de su contraparte en vincular y cumplir las imposiciones del juez accionado quien, a su vez, ha cohonestado dicha situaci\u00f3n al no adoptar las determinaciones correspondientes ni utilizar los poderes coercitivos que le ata\u00f1en para encausar el asunto y resolver de fondo. <\/p>\n
Lo antelado, se evidencia tambi\u00e9n en la falta de pronunciamiento, por parte del fallador accionado, respecto al memorial radicado hace m\u00e1s de un (1) a\u00f1o -el 19 de febrero de 2020-, por la apoderada de los demandados Gloria Patricia, Jorge Iv\u00e1n P\u00e9rez D\u00edaz, Aracelly D\u00edaz de P\u00e9rez, quien, en esa data, alleg\u00f3 los documentos requeridos. <\/p>\n
N\u00f3tese desde la referida data el proceso se encontraba suspendido y, s\u00f3lo hasta el 14 de mayo de 2021, emiti\u00f3 una providencia negando la solicitud de p\u00e9rdida de competencia elevada por una de las demandantes el 28 de abril de anterior, quien, de igual manera se duele por la falta de impulso en el litigio cuestionado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es evidente la mora en la cual ha incurrido el juez cognoscente, pues, como encargado de la direcci\u00f3n del proceso judicial, le asiste el deber de velar por su r\u00e1pida soluci\u00f3n con celeridad y diligencia, adoptando las medidas conducentes para impedir la paralizaci\u00f3n y dilaci\u00f3n del decurso, por lo tanto, ser\u00e1 responsable por las demoras que ocurran por el incumplimiento a ese mandato, tal como lo precept\u00faa el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 42 del C\u00f3digo General del Proceso7. <\/p>\n
Los t\u00e9rminos previstos en el estatuto procesal civil no constituyen una formalidad. Se trata de una b\u00fasqueda de la justicia material para los administrados y justiciables en el Estado Constitucional de Derecho, de modo que los juicios no se deben someter a plazos interminables, de nunca acabar. El remedio no puede ser peor que la enfermedad. <\/p>\n
S\u00f3lo hay justicia si las controversias se resuelven r\u00e1pida y cumplidamente, en lapsos razonables, de manera que la ciudadan\u00eda, crea en sus jueces y en el Estado, porque sus litigios se decidir\u00e1n prontamente y sin dilaciones. El juez del Estado contempor\u00e1neo comprende las necesidades de la ciudadan\u00eda y acata responsablemente sus deberes cuando dispensa justicia a tiempo y en forma transparente. El verdadero juzgador es adalid de la confianza leg\u00edtima, de la seguridad jur\u00eddica y de la inclusi\u00f3n y reconocimiento de derechos. Esta tarea la verifica al sentenciar con celeridad, comprometido con pol\u00edticas p\u00fablicas de soluci\u00f3n \u00e1gil de las controversias a su cargo. <\/p>\n
5. Por lo antelado, se revocar\u00e1 la sentencia impugnada y, en su lugar, se acceder\u00e1 al amparo reclamado por Paula Andrea P\u00e9rez Pati\u00f1o. <\/p>\n
En consecuencia, se ordenar\u00e1 al Juzgado Noveno de Familia de Oralidad de Medell\u00edn que, en un plazo no superior a diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de este prove\u00eddo, proceda a efectuar las gestiones necesarias para celebrar, en el mismo t\u00e9rmino, la audiencia varias veces aplazada. No obstante, en caso de ser inviable la realizaci\u00f3n de ese acto por gestiones a cargo de los sujetos procesales involucrados, el juzgador deber\u00e1, en igual lapso, realizar los requerimientos respectivos, sin soslayar sus poderes de direcci\u00f3n y la eventual aplicaci\u00f3n de lo contenido en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General. <\/p>\n
6. Deviene f\u00e9rtil abrir paso a la protecci\u00f3n incoada, dado el control legal y constitucional que ata\u00f1e en esta sede al juez, compatible con el necesario ejercicio de control convencional, siguiendo el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969 (art. 8\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos), a fin de garantizar el debido proceso. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19698, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d9, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio10. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados incluido Colombia11, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales12; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas13. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
7. De acuerdo con lo discurrido, se revocar\u00e1 la providencia impugnada para conceder el amparo. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia recurrida y, en su lugar, CONCEDER la protecci\u00f3n deprecada por Paula Andrea P\u00e9rez Pati\u00f1o. <\/p>\n
SEGUNDO: En consecuencia, se ordenar\u00e1 al Juzgado Noveno de Familia de Oralidad de Medell\u00edn que, en un plazo no superior a diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de este prove\u00eddo, proceda a efectuar las gestiones necesarias para celebrar, en el mismo t\u00e9rmino, la audiencia varias veces aplazada. No obstante, en caso de ser inviable la realizaci\u00f3n de ese acto por gestiones a cargo de los sujetos procesales involucrados, el juzgador deber\u00e1, en igual lapso, realizar los requerimientos respectivos, sin soslayar sus poderes de direcci\u00f3n y la eventual aplicaci\u00f3n de lo contenido en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso. Rem\u00edtasele copia de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
TERCERO: Notif\u00edquese lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002CSJ. Sala de Casaci\u00f3n Civil. Fallo de 19 de septiembre de 2008, exp. 01138-00, reiterado el 25 de febrero de 2013, exp. 00003-01 y el 21 de octubre de 2013, exp. 11001-02-03-000-2013-02374-00, entre otros. <\/p>\n
2\u0002 Vide: STC16690 de 2018, exp. 2018-00485-01; STC16346-2018, exp. 2018-03593-00; STC15912-2018, exp. 2018-001934-01. Y varias m\u00e1s. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. et al: Sentencias T-292 de 1999; T-220 de 2007; T-230 de 2013; T-186 de 2017; y T-052 de 2018. <\/p>\n
4\u0002 Caso Genie Lacayo, de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, p\u00e1rr 77; y Su\u00e1rez Rosero c. Ecuador, de 12 de nov. de 1997. <\/p>\n
5\u0002 Asuntos Adolf c. Austria, de 26 de marzo de 1982; Zimmermann y Steiner c. Suiza, de 13 de julio de 1983; Erckner y Hofauer c. Austria, de 23 de abril de 1987 y Kizil\u02c6z c. Turqu\u00eda, de 25 de septiembre de 2001, entre otros. <\/p>\n
6\u0002 Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, art\u00edculo 8, garant\u00eda judicial 1. <\/p>\n
7\u0002 ART\u00cdCULO 42. DEBERES DEL JUEZ. Son deberes del juez: <\/p>\n
1. Dirigir el proceso, velar por su r\u00e1pida soluci\u00f3n, presidir las audiencias, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralizaci\u00f3n y dilaci\u00f3n del proceso y procurar la mayor econom\u00eda procesal. <\/p>\n
8\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
9\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
12\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
13\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC8723-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC8723-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-10-000-2021-00131-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 28 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55611","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55611","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55611"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55611\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55611"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55611"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55611"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}