STC8724-2021<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8724-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02137-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se procede a decidir la tutela impetrada por Mar\u00eda Cecilia Mart\u00ednez de Franky frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada por los magistrados Carlos Augusto Zuluaga Ram\u00edrez, Ricardo Acosta Buitrago y Marco Antonio \u00c1lvarez G\u00f3mez, extensiva al Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de esta ciudad, con ocasi\u00f3n del asunto de responsabilidad civil extracontractual, iniciado por Annggie Carolina Monta\u00f1o Becerra contra Taxiperla S.A., Berlamino Ruiz Mu\u00f1oz y la aqu\u00ed accionante, tr\u00e1mite donde fue llamado en garant\u00eda Seguros del Estado S.A. <\/p>\n
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1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderada judicial, la accionante exige la protecci\u00f3n de la prerrogativa al debido proceso, presuntamente conculcada por las autoridades jurisdiccionales convocadas. <\/p>\n
2. En sustento de su queja sostiene que, dentro del juicio censurado, la demandante pretendi\u00f3 se declarara, a quienes integraron la pasiva, responsables, solidariamente, de los perjuicios causados en raz\u00f3n del accidente de tr\u00e1nsito padecido por aqu\u00e9lla, el 8 de noviembre de 2008, en la calle 59 sur, carrera 79C de esta capital. <\/p>\n
Acota que, en dicho libelo, se deprec\u00f3 una indemnizaci\u00f3n de $200.000.000 por da\u00f1os materiales y $50.000.000, correspondientes a los morales, aleg\u00e1ndose la p\u00e9rdida de la capacidad laboral de la v\u00edctima en un 57%, el hecho de necesitar \u00e9sta m\u00faltiples cirug\u00edas y la imposibilidad, para su progenitora, de continuar laborando, por cuanto es quien se encarga de su cuidado. <\/p>\n
La aqu\u00ed petente, propietaria del taxi involucrado en el insuceso, se pronunci\u00f3 frente al escrito introductor y su reforma, oponi\u00e9ndose a lo exigido e invocando las excepciones de \u201cinexistencia de responsabilidad\u201d, \u201cculpa de la v\u00edctima\u201d y \u201cprescripci\u00f3n\u201d, esta \u00faltima porque, argument\u00f3, siendo ella un \u201ctercero\u201d, deb\u00eda aplic\u00e1rsele el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 2358 del C\u00f3digo Civil1. <\/p>\n
Apelado ese pronunciamiento por Taxiperla S.A. y la tutelante, el tribunal querellado, en fallo de 7 de mayo de 2021, lo confirm\u00f3. <\/p>\n
Advierte, si bien contra la anterior decisi\u00f3n interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el mismo fue denegado el 23 de junio siguiente, al no alcanzar el inter\u00e9s pecuniario necesario para el efecto. <\/p>\n
Expresa que el colegiado denunciado incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, pues valor\u00f3 de manera insuficiente las pruebas y, por ello, no hall\u00f3 demostrada la \u201cculpa exclusiva de la v\u00edctima\u201d, aun cuando \u00e9sta desconoci\u00f3 las normas de \u201ctr\u00e1nsito de peatones\u201d al invadir \u201clas zonas destinadas al tr\u00e1nsito de los veh\u00edculos\u201d, cruzando la calle sin \u201ccerciorarse de que no exist\u00eda peligro\u201d, asumiendo con ello \u201csu propio riesgo\u201d. A\u00f1ade que el ad quem desconoci\u00f3 las probanzas relativas a la \u201csemaforizaci\u00f3n\u201d del sector, pues, en concreto, arguye, la Secretar\u00eda de Movilidad de Bogot\u00e1 inform\u00f3 \u201c(\u2026) que la intersecci\u00f3n semaforizada se encuentra ubicada a unos 150mts aproximadamente (\u2026)\u201d del lugar del siniestro. <\/p>\n
A\u00f1ade, el tribunal se equivoc\u00f3 respecto de su alegato sobre la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, pues, de un lado, aludi\u00f3 a lo dispuesto en el art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil, cuando esa norma no fue invocada por las partes y, de otro, soslay\u00f3 su calidad de \u201ctercera\u201d en el hecho da\u00f1oso, cuesti\u00f3n reforzada, adem\u00e1s, en la reforma de la demanda, pues all\u00ed se indic\u00f3 que tanto a ella como a Taxiperla S.A., se les convocaba como \u201cterceros civilmente responsables\u201d. <\/p>\n
Reitera, esa \u00faltima situaci\u00f3n impon\u00eda la aplicaci\u00f3n del inciso 2\u00b0 del canon 2358 \u00eddem y, en consecuencia, debi\u00f3 declararse \u201cque la acci\u00f3n se encontraba prescrita\u201d, por cuanto el libelo se inco\u00f3 el 10 de agosto de 2016, esto es, seis (6) a\u00f1os despu\u00e9s de acaecido el accidente -8 de noviembre de 2008-. <\/p>\n
3. Exige, por tanto, imponerle al colegiado enjuiciado dictar otra sentencia, con observancia de los elementos probatorios. <\/p>\n
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1. Respuesta del accionado y vinculados <\/p>\n
1. El juzgado convocado remiti\u00f3 copia digital de las actuaciones por \u00e9l adelantadas en el caso criticado. <\/p>\n
2. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La tutelante reprocha, concretamente, la sentencia de 7 de mayo de 2021, mediante la cual el tribunal enjuiciado, en sede de apelaci\u00f3n, confirm\u00f3 el fallo de primer grado, donde se accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda de responsabilidad civil extracontractual, propuesta por Annggie Carolina Monta\u00f1o Becerra frente a la aqu\u00ed censora y otros. <\/p>\n
2. Auscultada dicha determinaci\u00f3n, no se encuentra irregularidad lesiva de garant\u00edas sustanciales, pues el colegiado denunciado adopt\u00f3 su determinaci\u00f3n, con apoyo en el material demostrativo adosado, la normatividad y la jurisprudencia aplicable al caso. <\/p>\n
As\u00ed, expuso los antecedentes del asunto y los argumentos de los apelantes, refiriendo que la aqu\u00ed promotora hab\u00eda aducido (i) la procedencia de decretar la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, dada su condici\u00f3n de \u201ctercera\u201d; (ii) la indebida valoraci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n, por parte del a quo, en torno a la culpa exclusiva de la v\u00edctima, pues \u00e9sta no respet\u00f3 las normas de tr\u00e1nsito y, aunque acept\u00f3 \u201cque ca\u00eda un fuerte aguacero\u201d, en lugar de resguardarse y esperar, \u201cemprendi\u00f3 carrera hacia su hogar, lo que la llev\u00f3 a actuar con total imprudencia (\u2026) ocasionando (\u2026) el accidente (\u2026)\u201d; (iii) la incorrecta apreciaci\u00f3n del \u201clucro cesante\u201d; y (iv) la inviabilidad de reconocer los perjuicios generados por \u201cda\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n\u201d, cuando ello no se hab\u00eda solicitado. <\/p>\n
Para resolver, tales reproches, particularmente los dos primeros -objeto de la queja constitucional-, aludi\u00f3 a los elementos de la responsabilidad por actividades peligrosas conforme a la jurisprudencia y normatividad imperante y, enseguida, sostuvo que en el caso no hab\u00eda discusi\u00f3n sobre la ocurrencia del siniestro, el cual le gener\u00f3 a Annggie Carolina Monta\u00f1o Becerra, entonces menor de edad, <\/p>\n
\u201c(\u2026) secuelas de tce-hemiparesia izquierda esp\u00e1stica 8 de noviembre de 2008\u201d, \u201cpostoperatorio retiro de material de osteos\u00edntesis cadera izquierda 18\/12\/2013\u201d, \u201cdeformidad en flexi\u00f3n de mu\u00f1eca izquierda\u201d, \u201cpostoperatorio 14 julio 2012 de transferencia FCU a ECRB EPL a primer compartimento extensor alargamiento musculares de flexores de dedos y pulgar\u201d y \u201cpostoperatorio 17 de junio\/2011 de osteotom\u00eda femoral desrotadora izquierda. Strayer izquierdo, transferencia tibial posterior izquierdo, aplicaci\u00f3n de toxina botul\u00ednica en isquiotibiales izquierdos,\u201d y, que le fue emitida incapacidad laboral por la Cl\u00ednica Palermo el 10 de mayo de 2014, por 30 d\u00edas, con el diagn\u00f3stico de \u201cotras deformidades cong\u00e9nitas del cr\u00e1neo, de la cara y de la mand\u00edbula (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Adem\u00e1s, indic\u00f3, en el Informe T\u00e9cnico M\u00e9dico Legal de Lesiones no Fatales No. 2009C-01010301322 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, <\/p>\n
\u201c(\u2026) consta su incapacidad m\u00e9dico legal \u201cDEFINITIVA CINCUENTA (50) D\u00cdAS\u201d y como secuelas \u201cDeformidad f\u00edsica que afecta el cuerpo de car\u00e1cter permanente, Perturbaci\u00f3n funcional de \u00f3rgano de car\u00e1cter permanente, Perturbaci\u00f3n funcional de miembro de car\u00e1cter permanente\u201d. <\/p>\n
\u201cY, en el Informe rendido por la Secretar\u00eda de Movilidad de Bogot\u00e1, se advierte que, \u201cteniendo en cuenta que la intersecci\u00f3n semaforizada se encuentra ubicada a unos 150 m aproximadamente,\u201d los veh\u00edculos automotores que transitaran por la v\u00eda deb\u00edan reducir su velocidad seg\u00fan el art\u00edculo 74 de la Ley 769 de 2002 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
De los anotados medios de convicci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 el tribunal, no pod\u00eda colegirse, como lo sostuvo all\u00ed la tutelante, que el accidente se hubiese presentado por el incumplimiento de las normas de tr\u00e1nsito o impericia de la demandante, pues, de una parte, <\/p>\n
En torno a la aducida culpa exclusiva de la v\u00edctima, la corporaci\u00f3n enjuiciada, asever\u00f3 el fracaso de tal alegaci\u00f3n, <\/p>\n
\u201c(\u2026) porque al plenario no se ados\u00f3 ninguna prueba a partir de la cual se pudiera inferir que la conducta de la se\u00f1ora Monta\u00f1o Becerra fue determinante o que contribuy\u00f3 eficientemente en la causaci\u00f3n del accidente ocurrido el 8 de noviembre de 2008, pues por la naturaleza de la responsabilidad aqu\u00ed debatida la carga de la prueba se invierte, y era a la demandada a quien le correspond\u00eda acreditar una causal que le exonerara de responsabilidad, lo que no aconteci\u00f3, incumpliendo as\u00ed con la carga de probar el supuesto f\u00e1ctico alegado (Art.167 C.G.P). <\/p>\n
\u201cDe lo hasta aqu\u00ed discurrido y distinto de lo se\u00f1alado por los recurrentes, se infiere que la colisi\u00f3n entre el autom\u00f3vil en menci\u00f3n y Annggie Carolina Monta\u00f1o Becerra le produjo a \u00e9sta las lesiones y secuelas relacionadas en precedencia, sin que puedan ser desconocidas en esta instancia. <\/p>\n
\u201cY no se diga que no se encuentra acreditado que las heridas se produjeron como consecuencia del accidente de tr\u00e1nsito, en la medida en que no obra constancia del \u201cestado de salud anterior al accidente\u201d, pues de la historia cl\u00ednica de la actora se desprende que sus padecimientos se derivaron del accidente de tr\u00e1nsito del 8 de noviembre de 2008 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed, de la historia cl\u00ednica de la se\u00f1ora Annggie Carolina Monta\u00f1o Becerra se deprende que cuenta con \u201cTCE severo en el 2008 en accidente de tr\u00e1nsito. Realizaron craniectom\u00eda descompresiva y luego DCP m\u00faltiples por cirug\u00edas por v\u00e1lvula y hematomas. \u00daltima cirug\u00eda en junio del 2010.\u201d Y, dentro de sus antecedentes se rese\u00f1\u00f3 \u201cTCE severo a los 16 a\u00f1os. Requiri\u00f3 10 cirug\u00edas, DVP, cambio de v\u00e1lvula, craneoplastia, no compromiso de otros \u00f3rganos, secuelas de espasticidad, convulsiones\u201d. <\/p>\n
\u201cAunado a lo anterior, resulta irrelevante lo alegado por los demandados en torno a que \u201cno se cont\u00f3 con la versi\u00f3n del conductor, no existe punto de impacto en el croquis, no existe causa o hip\u00f3tesis probable atribuible al conductor\u201d, pues era su deber probar el eximente de responsabilidad alegado, esto es, que fue el actuar de la v\u00edctima el que causo de manera exclusiva el da\u00f1o o que el mismo tuvo incidencia en aquel (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En punto a la negligencia de la v\u00edctima por no \u201cresguardarse del aguacero\u201d y salir a exponerse, acot\u00f3 el tribunal: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [D]icha circunstancia, en s\u00ed misma considerada, no determin\u00f3 la ocurrencia del atropellamiento que trajo como consecuencia los padecimientos de Anggie Carolina Monta\u00f1o; adem\u00e1s, tales afirmaciones son meras conjeturas de la parte demandada sin ninguna demostraci\u00f3n, pues no existe ninguna prueba que permita constatar lo que se est\u00e1 indicando, en el sentido que Anggie Carolina Monta\u00f1o Becerra hubiese optado por tal comportamiento y\/o conducta, agregado a que le correspond\u00eda la carga de la prueba a la parte demandada, conforme a los art\u00edculos 164 y 167 inciso 1\u00b0 del C\u00f3digo General del Proceso. Lo que se desprende de las probanzas arrimadas al plenario es que el conductor del autom\u00f3vil fue quien ocasion\u00f3 el da\u00f1o que realmente se present\u00f3 en la fisonom\u00eda, anatom\u00eda y funcionalidad de Anggie Carolina Monta\u00f1o Becerra, aunado al ejercicio de una actividad peligrosa, como la conducci\u00f3n de un veh\u00edculo automotor (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Adicionalmente, memor\u00f3 que la all\u00ed demandante, al ser interrogada sobre los hechos del accidente, declar\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) la verdad yo no me acuerdo de nada, yo en ese momento perd\u00ed la memoria, s\u00e9 que fue por los lados de mi casa donde transcurr\u00eda todos los d\u00edas yo pasaba para irme a estudiar y para regresar, hasta ah\u00ed me acuerdo, no supe m\u00e1s, fue cuando ya estuve en el hospital que ya m\u00e1s o menos despu\u00e9s de un tiempo empec\u00e9 como a volver y fue cuando me contaron m\u00e1s o menos porque yo la verdad no me acuerdo de nada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Finalmente, en cuanto al reproche de la tutelante, sobre su car\u00e1cter de \u201ctercera\u201d en el accidente motivo del proceso censurado, el tribunal se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l legislador consagr\u00f3 la posibilidad de responder civilmente por el hecho de las cosas y, en lo que al ejercicio de actividades peligrosas se refiere, en particular la conducci\u00f3n de veh\u00edculos, se\u00f1al\u00f3 que la responsabilidad no s\u00f3lo recae en cabeza de quien conduce, sino tambi\u00e9n en el propietario del automotor, como guardi\u00e1n del objeto generador del da\u00f1o, am\u00e9n de la empresa transportadora a quien, por raz\u00f3n de la afiliaci\u00f3n, de manera general, tambi\u00e9n se le extiende (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed mismo, reprocha la recurrente que la jueza no interpret\u00f3 en debida forma el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 2358 del C\u00f3digo Civil, toda vez que en el inciso 1\u00b0 de la norma en cuesti\u00f3n se hace referencia al responsable penalmente, es decir al conductor del rodante y el inciso 2\u00b0 se hace alusi\u00f3n al tercero civilmente responsable, es decir, a la se\u00f1ora Mart\u00ednez de Franky; sin embargo, es necesario puntualizar que, en efecto, dicha calidad la ostenta pero s\u00f3lo frente a la acci\u00f3n penal, porque en relaci\u00f3n con este proceso civil fue convocada como responsable directa del hecho il\u00edcito, en su condici\u00f3n de propietaria del veh\u00edculo causante del da\u00f1o, y como tal su guardi\u00e1n. En esa medida, el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n aplicable es el previsto en el cap\u00edtulo III del T\u00edtulo XLI del Libro Cuarto del C\u00f3digo Civil, es decir la prescripci\u00f3n decenal de las acciones ordinarias contemplada en el art\u00edculo 2[536] del C\u00f3digo Civil, seg\u00fan el cual \u201cLa acci\u00f3n ejecutiva se prescribe por cinco (5) a\u00f1os. Y la ordinaria por diez (10).\u201d <\/p>\n
3. Las anteriores consideraciones no revelan desafuero en cuanto a los reproches aqu\u00ed aducidos por la solicitante. <\/p>\n
En efecto, sobre la supuesta indebida valoraci\u00f3n probatoria, se constata que el tribunal enjuiciado, con los elementos adosados al plenario, evidenci\u00f3 la imposibilidad de predicar la culpa exclusiva de la v\u00edctima en el hecho da\u00f1oso, pues al tratarse de una responsabilidad por \u201cactividades peligrosas\u201d, correspond\u00eda a la censora, all\u00ed demandada, demostrar, de manera fehaciente, la enarbolada imprudencia o negligencia de la v\u00edctima; no obstante, ni siquiera se alleg\u00f3 un informe de \u201creconstrucci\u00f3n del accidente\u201d, seg\u00fan adujo Medicina Legal, por cuando no se contaba \u201ccon evidencias que permitan determinar una velocidad, un lugar de impacto, una zona de percepci\u00f3n y conceptuar sobre evitabilidad\u201d. <\/p>\n
En consecuencia, si la alegada imprudencia de la demandante, por ocupar el espacio de los veh\u00edculos y no cruzar por la zona de \u201csemaforizaci\u00f3n\u201d no fue acreditada y, menos a\u00fan, que el no resguardarse del \u201caguacero\u201d la hubiese llevado a \u201ccausar el accidente\u201d, de ning\u00fan modo pod\u00eda el ad quem denunciado acoger la defensa invocada por la querellante. <\/p>\n
Se destaca, la apreciaci\u00f3n de las probanzas se caracteriza por ser un acto aut\u00f3nomo del juez natural, en el marco de la sana cr\u00edtica, por lo cual <\/p>\n
\u201c(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia (\u2026)\u2019, condiciones que no se vislumbran en el caso concreto (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Ahora, en cuanto a la prescripci\u00f3n que, seg\u00fan la solicitante, debi\u00f3 decretar el tribunal por ostentar ella el car\u00e1cter de tercera frente al accidente, es del caso resaltar que, incluso antes de la reforma de la demanda y en esta \u00faltima, se adujo su condici\u00f3n de \u201cpropietaria del veh\u00edculo\u201d, lo cual, de suyo, llevaba a efectuar el an\u00e1lisis realizado por el tribunal sobre su responsabilidad como \u201cguardiana\u201d del mismo, aspecto no rebatido. Adem\u00e1s, la declaraci\u00f3n de su responsabilidad en el siniestro bien pod\u00eda demandarse-como ocurri\u00f3- dentro del plazo de los diez (10) a\u00f1os, indicados en el art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
En casos an\u00e1logos, esta Sala, sobre la responsabilidad de quienes detentan las cosas con las cuales se despliegan actividades de riesgo, ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]iendo en s\u00ed misma la actividad peligrosa la base que justifica en derecho la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 2356 del C\u00f3digo Civil, preciso es establecer en cada caso a qui\u00e9n le son atribuibles las consecuencias de su ejercicio, lesivas para la persona, el alma o los bienes de terceros, cuesti\u00f3n \u00e9sta para cuya respuesta es com\u00fan acudir a la noci\u00f3n de \u00abguardi\u00e1n de la actividad\u00bb, refiri\u00e9ndose con tal expresi\u00f3n a quienes en ese \u00e1mbito tengan un poder efectivo de uso, control o aprovechamiento respecto del artefacto mediante el cual se realiza dicha actividad (cfr. Casaci\u00f3n Civil de 26 de mayo de 1989, a\u00fan no publicada), debiendo por consiguiente hacerse de lado dos ideas que, quiz\u00e1s a diferencia de lo que pudiera sostenerse sobre el tema en otras latitudes, en nuestro ordenamiento y a la luz del precepto legal reci\u00e9n citado, resultan desprovistas de suficiente sustento legal, a saber: la primera es que el responsable por el perjuicio causado sea necesaria y exclusivamente el mero detentador f\u00edsico de la cosa empleada para desplegar la actividad riesgosa -toda vez que la simple circunstancia de que esa cosa se halle al momento del accidente en manos de un subordinado y no del principal, no es obst\u00e1culo para que apoyo en el art\u00edculo 2356 del C\u00f3digo Civil la obligaci\u00f3n resarcitoria pueda imput\u00e1rsele al segundo directamente-, mientras que la segunda, por cierto acogida a la ligera con inusitada frecuencia, es que la responsabilidad en estudio tenga que estar ligada, de alguna forma, a la titularidad de un derecho sobre la cosa. En s\u00edntesis, en concepto de \u00abguardi\u00e1n\u00bb de la actividad ser\u00e1 entonces responsable la persona f\u00edsica o moral que, al momento del percance, tuviere sobre el instrumento generador del da\u00f1o un poder efectivo e independiente de direcci\u00f3n, gobierno o control, sea o no due\u00f1o, y siempre que en virtud de alguna circunstancia de hecho no se encontrare imposibilitado para ejercitar ese poder, de donde se desprende que, en t\u00e9rminos de principio y para llevar a la pr\u00e1ctica el r\u00e9gimen de responsabilidad del que se viene hablando, tienen esa condici\u00f3n: (\u2026) (i) el propietario, si no se ha desprendido voluntariamente de la tenencia o si, contra su voluntad y sin mediar culpa alguna de su parte, la perdi\u00f3, raz\u00f3n por la cual ense\u00f1a la doctrina jurisprudencial que \u201c(\u2026) la responsabilidad del due\u00f1o por el hecho de las cosas inanimadas proviene de la calidad que de guardi\u00e1n de ellas pres\u00famese tener (\u2026)\u201d, agreg\u00e1ndose a rengl\u00f3n seguido que esa presunci\u00f3n, la inherente a la \u00abguarda de actividad\u00bb, puede desvanecerla el propietario si demuestra que transfiri\u00f3 a otra persona la tenencia de la cosa en virtud de un t\u00edtulo jur\u00eddico, (\u2026) o que fue despojado inculpablemente de la misma, como en el caso de haberle sido robada o hurtada (\u2026)\u201d (G.l. T CXLIl, p\u00e1g. 188) (\u2026)\u201d (subraya fuera de texto). <\/p>\n
\u201c(ii) Por ende, son tambi\u00e9n responsables los poseedores materiales y los tenedores leg\u00edtimos de la cosa con facultad de uso, goce y dem\u00e1s, cual ocurre con los arrendatarios, comodatarios, administradores, acreedores con tenencia anticr\u00e9tica, acreedores pignoraticios en el supuesto de prenda manual, usufructuarios y los llamados tenedores desinteresados (mandatarios y depositarios); <\/p>\n
\u201c(iii) y, en fin, se predica que son \u00abguardianes\u00bb los detentadores ileg\u00edtimos y viciosos, usurpadores en general que sin consideraci\u00f3n a la ilicitud de los antecedentes que a eso llevaron, asumen de hecho un poder aut\u00f3nomo de control, direcci\u00f3n y gobierno que, inhibiendo obviamente el ejercicio del que pertenece a los leg\u00edtimos titulares, a la vez constituye factor de imputaci\u00f3n que resultar\u00eda chocante e injusto hacer de lado (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar este amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19695, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. El auxilio impetrado ser\u00e1 desestimado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Mar\u00eda Cecilia Mart\u00ednez de Franky frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada por los magistrados Carlos Augusto Zuluaga Ram\u00edrez, Ricardo Acosta Buitrago y Marco Antonio \u00c1lvarez G\u00f3mez, extensiva al Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de esta ciudad, con ocasi\u00f3n del asunto de responsabilidad civil extracontractual, iniciado por Annggie Carolina Monta\u00f1o Becerra contra Taxi Perla S.A., Berlamino Ruiz Mu\u00f1oz y la aqu\u00ed accionante, tr\u00e1mite donde fue llamado en garant\u00eda Seguros del Estado S.A. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 \u201cLas acciones para la reparaci\u00f3n del da\u00f1o que puedan ejercitarse contra terceros responsables, conforme a las disposiciones de este cap\u00edtulo, prescriben en tres a\u00f1os contados desde la perpetraci\u00f3n del acto\u201d. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
3\u0002 C.S.J. SC 196-1992 de 4 de junio de 1992, rad. n\u00b0. 3382, G.J. CCXVI, n\u00b0. 2455, p\u00e1gs. 505 y 506. En el mismo sentido, SC del 17 de mayo de 2011, rad. n\u00b0. 2005-00345-0; SC de abril 4 de 2013, rad. n\u00b0. 2002-09414-01; SC4428-2014 de 8 ab 2014, rad. n\u00b0. 11001-31-03-026-2009-00743-01, entre otras. <\/p>\n
4\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
5\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
6\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC8724-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC8724-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02137-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021) Se procede a decidir la tutela impetrada por Mar\u00eda Cecilia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55612","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55612","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55612"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55612\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55612"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55612"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55612"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}