STC8726-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8726-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-02014-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 16 de diciembre de 2020, dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Joaqu\u00edn Emilio Garc\u00eda Reyes frente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, con ocasi\u00f3n del juicio ordinario laboral adelantado por el aqu\u00ed actor contra la Direcci\u00f3n Distrital de Liquidaciones y otra. <\/p>\n
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1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderada judicial, el gestor implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas a la seguridad social, debido proceso e igualdad, presuntamente transgredidos por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
En el a\u00f1o 2005, Joaqu\u00edn Emilio Garc\u00eda Reyes promovi\u00f3 juicio ordinario laboral contra la Direcci\u00f3n Distrital de Liquidaciones y la Alcald\u00eda Distrital de Barranquilla, para lograr el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n proporcional de jubilaci\u00f3n, contemplada en el literal b) del art\u00edculo 42 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo 1995-19971. <\/p>\n
El 30 de mayo de 2008, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esa ciudad dict\u00f3 sentencia mediante la cual neg\u00f3 la prestaci\u00f3n deprecada por el actor, al no haber acreditado el requisito de edad, en su lugar, declar\u00f3 la prosperidad de la excepci\u00f3n de \u201cpetici\u00f3n antes de tiempo\u201d, formulada por las demandadas. <\/p>\n
La anterior determinaci\u00f3n fue confirmada el 31 de agosto de 2010, por la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma urbe. <\/p>\n
Habiendo cumplido los cincuenta (50) a\u00f1os, el impulsor present\u00f3 nuevamente demanda laboral, la cual fue tramitada, en primera instancia, en el Juzgado Sexto Laboral de Barranquilla, quien, en providencia de 24 de enero de 2014, accedi\u00f3 a las pretensiones elevadas por el actor. <\/p>\n
El 4 de mayo de 2015, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa capital, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo y declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u201ccosa juzgada\u201d, al concluir que el litigio finaliz\u00f3 con el pronunciamiento emitido el 31 de agosto de 2010, debido a que ambas acciones judiciales conten\u00edan identidad en las partes, causa y objeto. <\/p>\n
Incoado el recurso de casaci\u00f3n por el aqu\u00ed actor, el 13 de julio de 2020, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n especializada, mediante sentencia SL2626-2020 dispuso no casar el fallo de segundo grado. <\/p>\n
En sentir del precursor, el ad quem no valor\u00f3 las condiciones del primer proceso judicial y obvi\u00f3 que la excepci\u00f3n que prosper\u00f3 no imped\u00eda el inicio de un juicio posterior, vulnerando as\u00ed sus prerrogativas fundamentales. <\/p>\n
Aduce que dentro de los decursos rese\u00f1ados no se configur\u00f3 \u201cuna cosa juzgada\u201d, por las siguientes razones: <\/p>\n
\u201c(\u2026) (i) Los hechos no eran id\u00e9nticos, en la primera demanda judicial, no ten\u00eda cincuenta (50) a\u00f1os, y en la \u00faltima si hab\u00eda cumplido la edad. <\/p>\n
\u201c(ii) Lo debatido en este evento es un derecho fundamental, derecho a la pensi\u00f3n, seguridad social, m\u00ednimo vital, y sobre este aspecto la Corte Constitucional, de forma reiterada, ha se\u00f1alado que no se puede entender de car\u00e1cter absolutorio la norma y la instituci\u00f3n de la cosa juzgada\u201d. <\/p>\n
\u201c(iii) En el a\u00f1o 2015 la Corte Constitucional, profiri\u00f3 sentencia de unificaci\u00f3n SU-241 de 2015, mediante la cual se\u00f1al\u00f3 que la interpretaci\u00f3n que se deb\u00eda realizar en estos eventos deb\u00eda hacerse de forma favorable al exempleado, que estaba solicitando el reconocimiento pensional (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Esgrime que, por un exceso de formalismo jur\u00eddico, la sala de casaci\u00f3n fustigada no estudi\u00f3 el yerro aducido, respecto a la valoraci\u00f3n de la \u201ccosa juzgada\u201d, porque no se indic\u00f3 en la proposici\u00f3n jur\u00eddica, la norma vulnerada – \u201cart\u00edculo 332 del CPC, hoy 303 del CGP\u201d-. <\/p>\n
Agrega que el m\u00e1ximo \u00f3rgano en materia Constitucional, en su jurisprudencia, ha establecido que, en sede de casaci\u00f3n, se configura una v\u00eda de hecho, cuando a pesar de encontrase probada la violaci\u00f3n de un derecho fundamental y as\u00ed declararse, no se protege por la prevalencia de la t\u00e9cnica de casaci\u00f3n. \u201cLa t\u00e9cnica del recurso extraordinario debe ceder ante la evidencia de violaci\u00f3n de tales derechos\u201d. <\/p>\n
Destaca que la pensi\u00f3n reclamada ha sido objeto de innumerables pronunciamientos, tanto de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en \u201csentencia 44597 del 11 de marzo de 2015\u201d, como de la Corte Constitucional en la SU 241 de 2015, \u201cen la cual se ha dejado claramente establecida la obligaci\u00f3n de reconocerla cuando se acredite el tiempo de servicio (como requisito de causaci\u00f3n) y el cumplimiento de la edad (para su exigibilidad)\u201d. <\/p>\n
Asegura que cuenta con 63 a\u00f1os, con antecedentes negativos de salud \u201coperado por un quiste meniscal de su rodilla derecha\u201d, actualmente sin empleo y subsistiendo de las ayudas econ\u00f3micas que sus hijos le brindan ocasionalmente, aseveraci\u00f3n, ratificada mediante declaraci\u00f3n juramentada del 26 de noviembre de 2020 allegada a este tr\u00e1mite. <\/p>\n
Resalta que la prestaci\u00f3n reclamada se encuentra completamente causada a su favor, de conformidad con el art\u00edculo 42 de la mencionada convenci\u00f3n colectiva. <\/p>\n
Por \u00faltimo, sostiene que \u201cnegar el reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n a un adulto mayor bajo el argumento de que no se cit\u00f3 un art\u00edculo del C\u00f3digo General del Proceso es un contundente exceso ritual manifiesto\u201d. <\/p>\n
3. Implora, en concreto, dejar sin efectos las determinaciones censuradas y conceder la pensi\u00f3n convencional deprecada o, en su lugar, ordenar a la Sala de Casaci\u00f3n convocada: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [Q]ue se pronuncie respecto de si la decisi\u00f3n del ad quem fue errada, al valorar como cosa juzgada material una situaci\u00f3n, que conforme los art\u00edculos 303 y 304 del C\u00f3digo General del Proceso, solamente configuraban un impedimento temporal para reconocimiento del derecho pensional, y por tanto se revoquen estos fundamentos y en su lugar ordene el reconocimiento pensional\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de las accionadas y vinculados <\/p>\n
1. El \u00f3rgano de cierre acusado solicit\u00f3 declarar la improsperidad del resguardo, tras afirmar que la determinaci\u00f3n adoptada, obedeci\u00f3 a la ley y la jurisprudencia de esa Corporaci\u00f3n, as\u00ed como a las \u201cgraves deficiencias\u201d que presentaban los cargos. <\/p>\n
Asimismo, indic\u00f3, aunque no fue expresado en la sentencia debido a las falencias t\u00e9cnicas, el censor pretende por esta senda constitucional revivir una discusi\u00f3n que fue zanjada en el proceso que culmin\u00f3 en segunda instancia por el Tribunal de Barraquilla el 31 de agosto de 2010 \u201cel cual neg\u00f3 la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n proporcional pretendida porque determin\u00f3 que la edad y el tiempo de servicios que exig\u00eda la convenci\u00f3n colectiva, en la cl\u00e1usula 42, deb\u00edan acreditarse de forma concomitante\u201d, argumentando un cambio de criterio jurisprudencial, el cual no puede ser motivo, para que, nuevamente \u201cse exija un derecho que tom\u00f3 firmeza antes revaluar su postura\u201d. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del tribunal confutado inform\u00f3 que el 26 de noviembre de 2020, remiti\u00f3 el expediente al juzgado de primera instancia, circunstancia que le imped\u00eda allegar copias de las actuaciones solicitadas. <\/p>\n
3. La Direcci\u00f3n Distrital de Liquidaciones pidi\u00f3 desestimar el amparo, al considerar que el mismo no cumple con los requisitos establecidos para su procedencia, entre ellos la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Agreg\u00f3, ateniendo a la propia manifestaci\u00f3n del actor, \u00e9ste ya ostenta la edad para acceder a la pensi\u00f3n legal de vejez, pues cuenta con 63 a\u00f1os, sin que se evidencie que haya iniciado tr\u00e1mites ante Colpensiones para acceder a dicha prestaci\u00f3n, de manera tal que \u201cla concesi\u00f3n de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n EXTRALEGAL pretendida no necesariamente es el \u00fanico mecanismo al cual tiene acceso para solventar sus necesidades\u201d. <\/p>\n
4. La Alcald\u00eda Distrital de Barranquilla deprec\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva; adem\u00e1s, adujo, no ser responsable del tr\u00e1mite correspondiente a lo solicitado por el accionante. <\/p>\n
5. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento, por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional desestim\u00f3 el auxilio, tras advertir que no se agotaron materialmente todos los mecanismos defensivos, pues las deficiencias t\u00e9cnicas del recurso de casaci\u00f3n impidieron una decisi\u00f3n de fondo. Al respecto expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En el presente asunto, si bien el demandante, en principio, utiliz\u00f3 los mecanismos de defensa judicial ordinarios y extraordinarios al interior del proceso laboral fundamento de este tr\u00e1mite preferente, pues contra la sentencia de segunda instancia promovi\u00f3 el extraordinario de casaci\u00f3n, lo cierto es que, el ejercicio de \u00e9ste \u00faltimo fue meramente formal, pues, las insuperables fallas en la presentaci\u00f3n de los cargos, impidieron la emisi\u00f3n de una decisi\u00f3n en sede de casaci\u00f3n que permitiera abordar el estudio del fondo del asunto\u201d. <\/p>\n
\u201cDe manera que, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2, no cas\u00f3 la sentencia de la Sala Laboral del Tribunal de Barranquilla, porque los errores advertidos en la demanda de casaci\u00f3n le impidieron abordar el estudio de fondo del asunto\u201d. <\/p>\n
\u201cLuego, no es posible se\u00f1alar que, se agotaron materialmente todos los mecanismos de defensa judicial, pues finalmente, por una situaci\u00f3n netamente atribuible al interesado, el asunto no fue analizado en esa sede extraordinaria (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovi\u00f3 el querellante, reiterando los argumentos del libelo introductorio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el marco de las atribuciones asignadas a las Salas de Descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, el par\u00e1grafo del art\u00edculo segundo de la Ley 1781 de 2016, precisa que, aunque \u00e9stas actuar\u00e1n en forma independiente, en el evento en que la mayor\u00eda de sus integrantes considere procedente cambiar la jurisprudencia sobre un determinado asunto o crear una nueva, deber\u00e1n devolver el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral para que \u00e9sta decida. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, dado que aut\u00f3nomamente ninguna sala de descongesti\u00f3n puede variar la doctrina de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, si se presentara una circunstancia de tal naturaleza que implicara la modificaci\u00f3n del precedente o la necesidad de crear una nueva postura jur\u00eddica frente a una casu\u00edstica en particular, se impone la obligaci\u00f3n para aquellas, de remitir el asunto a \u00e9sta, para lo pertinente. <\/p>\n
2. En el caso bajo estudio, el precursor cuestiona la sentencia SL2626 de 13 de julio de 2020 proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y la providencia emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla el 4 de mayo de 2015, revocatoria de la de primer grado, mediante la cual se le hab\u00eda otorgado el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n proporcional prevista en el literal b) del art\u00edculo 42 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo 1995-1997 suscrita entre la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla y SINTRATEL, norma extra legal, en virtud de la cual se dispuso: <\/p>\n
<\/p>\n
I. \u201c(\u2026) LA EMPRESA reconocer\u00e1 a todo su personal un r\u00e9gimen especial de jubilaci\u00f3n as\u00ed:<\/p>\n
II. <\/p>\n
III. \u201ca) Los empleados que presten veinte (20) a\u00f1os o m\u00e1s de servicio a la empresa, continuos o discontinuos, tendr\u00e1n derecho a la jubilaci\u00f3n plena equivalente al ciento por ciento (100%) del salario, con base en el sueldo del \u00faltimo mes, m\u00e1s un promedio anual de las prestaciones que constituyen factor de salario y que hayan recibido en el \u00faltimo a\u00f1o de servicio, cuando cumplan cincuenta (50) a\u00f1os de edad si son hombres y cuarenta y siete (47) a\u00f1os de edad si son mujeres. La liquidaci\u00f3n de la jubilaci\u00f3n no tendr\u00e1 ning\u00fan otro tope o l\u00edmite de lo que se desprenda de la aplicaci\u00f3n de \u00e9ste convenio.<\/p>\n
IV. <\/p>\n
V. \u201cb) Los empleados que presten o hayan prestado diez (10) a\u00f1os o m\u00e1s de servicio a la Empresa y menos de veinte tendr\u00e1n derecho a la jubilaci\u00f3n proporcional seg\u00fan el tiempo de servicio, cuando cumplan las edades establecidas de cincuenta (50) a\u00f1os para los hombres y cuarenta y siete (47) a\u00f1os para las mujeres; en estos casos para establecer el salario de liquidaci\u00f3n se tomar\u00e1n en cuenta los mismos factores del \u00faltimo sueldo y el promedio de las prestaciones en la forma establecida en el ordinal a). Para la jubilaci\u00f3n proporcional no se tendr\u00e1n en cuenta los a\u00f1os de servicio prestados en otras entidades oficiales. <\/p>\n
\u201cc) Los trabajadores que el 1\u00ba de septiembre de 1993 tuviesen cumplidos por lo menos cinco (5) a\u00f1os de servicios continuos o discontinuos en la empresa tendr\u00e1n derecho a que se les acumulen edad y tiempo de servicio para disfrutar de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n en las condiciones previstas por el literal a) de este art\u00edculo. En consecuencia de este plan se beneficiar\u00e1n los hombres que tuviesen 21 a\u00f1os de servicio y 49 de edad; o 21 a\u00f1os, 5 meses y 15 d\u00edas de servicio y 48 a\u00f1os, 6 meses y 15 d\u00edas de edad y as\u00ed sucesivamente. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. \u201cPara las mujeres se tendr\u00e1n en cuenta los mismos factores y proporciones fraccionadas de edad (47 a\u00f1os) y tiempo de servicio (20 a\u00f1os) (\u2026)\u201d.<\/p>\n
VII. <\/p>\n
En sentir del querellante, la Sala de Casaci\u00f3n convocada incurri\u00f3 en un \u201cexceso ritual manifiesto\u201d, al no estudiar de fondo el yerro aducido respecto a la valoraci\u00f3n de la \u201ccosa juzgada\u201d porque no se se\u00f1al\u00f3, en la proposici\u00f3n jur\u00eddica, la norma vulnerada. <\/p>\n
3. En efecto, auscultada la sentencia de casaci\u00f3n objeto de censura, se advierte que el colegiado accionado consider\u00f3 improcedente casar la decisi\u00f3n de segundo grado, tras considerar que el recurrente no indic\u00f3 el precepto sustantivo que estimaba violado, incumpliendo con la obligaci\u00f3n estipulada en el numeral 5\u00ba literal a) del art\u00edculo 90 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. <\/p>\n
Al respecto expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Cuestiona la censura, en resumen, que el sentenciador pluripersonal hubiera revocado la decisi\u00f3n de primer grado y declarado probada la excepci\u00f3n de cosa juzgada, pues a su juicio no concurri\u00f3 el medio exceptivo, en la medida que la interpretaci\u00f3n de la cl\u00e1usula 42 que contiene la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n proporcional solicitada, en sentencia CSJ SL, 11 mar. 2015, rad. 44597 esta Corporaci\u00f3n le dio un alcance distinto al otorgado en el primer proceso por el Juzgador de segundo grado, pues la Sala, en esa oportunidad, adujo que la edad de 50 a\u00f1os era un requisito de exigibilidad y no de causaci\u00f3n, mientras que el segundo lo defini\u00f3 como de causaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201cAduce, que los hechos contenidos en las decisiones de los procesos que adelant\u00f3 no son iguales, pues mientras que en el primero el actor no acredit\u00f3 los 50 a\u00f1os a la presentaci\u00f3n de la demanda, en el segundo ya hab\u00eda satisfechos dicho requisito\u201d. <\/p>\n
\u201cSin embargo, el censor se abstiene de denunciar, en la proposici\u00f3n jur\u00eddica, el art\u00edculo 332 del CPC, hoy 303 del CGP, que se refiere a la cosa juzgada, aplicable al proceso laboral en virtud de lo reglado en el art\u00edculo 145 del CPTSS, pues por su contenido es norma sustancial inserta en las normas adjetivas\u201d. (subrayas de esta Sala). <\/p>\n
\u201cPor ello, no cumple el censor con su obligaci\u00f3n, establecida en el numeral 5\u00b0, literal a) del art\u00edculo 90 del CPTSS, que instituye como requisito de la demanda de casaci\u00f3n, el indicar el precepto sustantivo, de orden nacional, que se estime violado y que haya sido base de la sentencia impugnada, exigencia que se mantiene en vigencia y que requiere que la acusaci\u00f3n se\u00f1ale cualquiera de las normas de derecho sustancial que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido quebrantada, sin que sea necesario integrar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa, carga procesal que se echa de menos\u201d. <\/p>\n
Asimismo, dicha judicatura precis\u00f3, cuando se acusa la sentencia por v\u00eda indirecta, el quejoso tiene la carga de probar, de manera razonada, la equivocaci\u00f3n en que incurri\u00f3 el ad quem en el an\u00e1lisis y valoraci\u00f3n de las pruebas y su incidencia en la decisi\u00f3n reprochada, sin embargo, la acusaci\u00f3n no cumpli\u00f3 con ello, pues, <\/p>\n
\u201c(\u2026) pese a que se\u00f1ala errores de hecho y denuncia como mal valoradas las pruebas que relaciona, no hace una cr\u00edtica de la decisi\u00f3n de segunda instancia, respecto a la valoraci\u00f3n de las documentales, sino que limita su argumentaci\u00f3n a lo que se dispuso en decisi\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n, la CSJ SL2733-2015 (11 de marzo), cuando interpret\u00f3, en un caso an\u00e1logo, la cl\u00e1usula 42 de la CCT 1995-1997, que contiene el derecho pretendido en el presente caso y omite, como era su deber, demostrar en que consisti\u00f3 la err\u00f3nea estimaci\u00f3n de los elementos probatorios denunciados y de ah\u00ed exponer los errores de hecho a los que hace referencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Por lo anterior, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en Descongesti\u00f3n se abstuvo de hacer un pronunciamiento de fondo frente al cargo \u00fanico formulado por el censor, en relaci\u00f3n a la decisi\u00f3n de segunda instancia en la cual se declar\u00f3 la existencia de \u201ccosa juzgada\u201d. <\/p>\n
4. Al respecto, se advierte la prosperidad del resguardo, al considerar este Colegiado que, con la sentencia SL 2626-2020 emitida el 13 de julio de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n en Descongesti\u00f3n n\u00ba 2, se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, por exceso ritual manifiesto. <\/p>\n
Lo anterior, teniendo en cuenta que dicha autoridad se sustrajo de realizar un estudio de fondo al caso por falta de t\u00e9cnica en el recurso, d\u00e1ndole relevancia al derecho procesal sobre el sustancial, aun cuando el actor precis\u00f3 claramente que su reproche se fundaba en la declaraci\u00f3n de \u201ccosa juzgada\u201d por el ad quem, adem\u00e1s que el derecho reclamado se encontraba causado, pues, tal y como lo ha expuesto la Sala Laboral permanente en distintas ocasiones, la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 42 de la convenci\u00f3n colectiva 1995-1997, se causa con la acreditaci\u00f3n del tiempo de la prestaci\u00f3n de servicios, mientras que el cumplimiento de la edad es una mera condici\u00f3n para su exigibilidad. <\/p>\n
Sobre lo discurrido, ha se\u00f1alado la jurisprudencia de esta Sala, siguiendo la de la Corte Constitucional, que el anotado yerro <\/p>\n
\u201c(\u2026) puede estructurarse (\u2026) cuando \u2018(\u2026) un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial y por esta v\u00eda, sus actuaciones devienen en una denegaci\u00f3n de justicia\u201d; es decir: \u201cel funcionario judicial incurre en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando (i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realizaci\u00f3n efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) por la aplicaci\u00f3n en exceso rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuaci\u00f3n devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales (CC T-352\/12) (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Corresponde a las autoridades jurisdiccionales, incluidos los particulares habilitados para el ejercicio de la funci\u00f3n judicial, atender al debido proceso como un medio para garantizar los derechos sustanciales y no a manera de un obst\u00e1culo para su realizaci\u00f3n, pues <\/p>\n
\u201c(\u2026) [d]e lo contrario, se estar\u00eda incurriendo en una v\u00eda de hecho por exceso ritual manifiesto que es aquel que se deriva de un fallo en el cual haya una renuncia consciente de la verdad jur\u00eddica (\u2026), por extremo rigor en la aplicaci\u00f3n de las normas procesales convirti\u00e9ndose as\u00ed en una inaplicaci\u00f3n de la justicia material (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
N\u00f3tese, sobre el referido vicio y la falta de t\u00e9cnica en los recursos de casaci\u00f3n, la Corte Constitucional ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Si en el desarrollo de su labor como Tribunal de Casaci\u00f3n, la Corte Suprema evidencia, de los cargos formulados por el recurrente \u2013as\u00ed estos carezcan de la t\u00e9cnica respectiva- o derivado del an\u00e1lisis de los mismos, una vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, es su deber, en virtud de la reconocida eficacia de la casaci\u00f3n para la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, hacer efectivo el amparo de tales derechos en la sentencia de casaci\u00f3n. Al actuar, la Corte Suprema as\u00ed no contrar\u00eda la naturaleza dispositiva de la casaci\u00f3n en virtud de que se ci\u00f1e a lo pedido por el casacionista, a pesar de los eventuales errores de t\u00e9cnica. Se garantiza igualmente el derecho de defensa de las partes en cuanto el pronunciamiento sigue ligado a los cargos formulados en la demanda de casaci\u00f3n, frente a los cuales existe una oportunidad procesal de pronunciamiento por parte de la contraparte\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cNo obstante, si observa una vulneraci\u00f3n del n\u00facleo esencial de los derechos fundamentales o se encuentra frente a un derecho que por mandato constitucional sea irrenunciable, deber\u00e1 proveer la protecci\u00f3n a los mismos as\u00ed no haya existido un cargo del cual se derive tal vulneraci\u00f3n. La naturaleza irrenunciable de tales derechos prima sobre el car\u00e1cter dispositivo que en t\u00e9rminos generales tiene la casaci\u00f3n (\u2026)\u201d4. (subrayas y negrillas de esta Sala). <\/p>\n
Bajo esa misma l\u00ednea argumentativa la hom\u00f3loga Constitucional en sentencia SU143 de 2020, al recopilar la jurisprudencia desarrollada sobre \u201cel defecto procedimental por exceso ritual manifiesto en sentencias de casaci\u00f3n laboral\u201d, indic\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a Sala Plena concluye que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se configura en estos casos cuando la Sala de Casaci\u00f3n Laboral desconoce la prevalencia del derecho sustancial al aplicar los requisitos de t\u00e9cnica de la casaci\u00f3n de manera \u201cirreflexiva\u201d, \u201cdesproporcionada\u201d o \u201cexagerada\u201d. Esta evaluaci\u00f3n debe hacerse en cada caso concreto por el juez de tutela teniendo en cuenta, entre otros: (i) la naturaleza de los errores de t\u00e9cnica en el recurso de casaci\u00f3n (salvables o insalvables); (ii) la importancia constitucional de los derechos y principios sustanciales que subyacen a la controversia ordinaria; y (iii) la evidencia que existe de que estos derechos y principios fueron vulnerados o desconocidos en las sentencias de instancia. Sin embargo, en t\u00e9rminos generales, la aplicaci\u00f3n de los requisitos de t\u00e9cnica es desproporcionada cuando la Sala de Casaci\u00f3n de Laboral desconoce la dimensi\u00f3n constitucional del recurso de casaci\u00f3n y no aplica un criterio de valoraci\u00f3n flexible en la evaluaci\u00f3n formal de los cargos. Es decir, cuando, por la existencia de errores de t\u00e9cnica en la formulaci\u00f3n del recurso, se abstiene de analizar el fondo de las alegaciones presentadas y\/o casar la sentencia, a pesar de que existe evidencia de que la sentencia recurrida podr\u00eda vulnerar derechos fundamentales del recurrente o desconocer principios constitucionales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
4.1 As\u00ed las cosas, se evidencia que la Sala de casaci\u00f3n accionada, apoyada en un error de t\u00e9cnica en el recurso extraordinario, se sustrajo de estudiar de fondo el asunto y realizar una revisi\u00f3n al precedente jurisprudencial de la Sala Permanente, en lo ata\u00f1edero a la pensi\u00f3n convencional reclamada, vulnerando, adem\u00e1s, el derecho a la igualdad del recurrente. <\/p>\n
En efecto, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, en sentencia CSJ SL5334-2015, reiterada en SL8178-2016, SL8186-2016, SL19440-2017, SL2802-2018, SL4013-2019 y SL3498-2020, al estudiar un caso de similar tesitura al aqu\u00ed expuesto, tras analizar el contenido de la cl\u00e1usula convencional 42, antes citada, coligi\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De acuerdo con el anterior sentido de la norma convencional, no controvertido en casaci\u00f3n (se itera), no se requiere que, al momento de la presentaci\u00f3n de la demanda, se tenga cumplida la edad requerida para el disfrute de la pensi\u00f3n, pues, en los t\u00e9rminos como qued\u00f3 redactado el art\u00edculo 42 convencional, bien se puede inferir que la pensi\u00f3n proporcional all\u00ed pactada se causa con el cumplimiento del tiempo de servicio prestado a la entidad y el retiro del cargo por cualquier raz\u00f3n distinta al despido sin justa causa. Aqu\u00ed se tiene en cuenta que el literal d) de la mentada disposici\u00f3n convencional estableci\u00f3 que \u201c\u2026los derechos especiales de jubilaci\u00f3n consagrados en este convenio se pierden cuando el empleado es despedido por justa causa.\u201d (subrayas de esta Sala). <\/p>\n
\u201cEn la referida decisi\u00f3n tambi\u00e9n se trajo a colaci\u00f3n la jurisprudencia trazada por esta Sala de la Corte en torno a las pensiones legales restringidas de jubilaci\u00f3n, que ense\u00f1a que dichas prestaciones se causan con el cumplimiento del tiempo de servicios y el retiro, a la vez que la edad es una mera condici\u00f3n para su exigibilidad, que consider\u00f3 aplicables en iguales condiciones a esta clase de pensiones restringidas convencionales. Dijo la Sala para tal efecto: <\/p>\n
\u201cAs\u00ed las cosas, la ex\u00e9gesis adoptada por la jurisprudencia respecto a la norma legal, seg\u00fan la cual la pensi\u00f3n sanci\u00f3n o restringida de jubilaci\u00f3n se causa por completar determinado tiempo de servicio ante una misma empresa y el retiro del servicio por los motivos all\u00ed previstos, y que la edad es un requisito de exigibilidad, tiene perfecta cabida frente a la norma convencional en comento, dado que presentan supuestos de hecho similares\u201d. <\/p>\n
\u201cHacer una interpretaci\u00f3n diferente frente a supuestos de hecho similares, ser\u00eda discriminatorio, a menos que, de la redacci\u00f3n de la propia cl\u00e1usula convencional, se desprendiera, inequ\u00edvocamente, que tanto el tiempo de servicio como la edad del trabajador establecidos son requisitos para causar la pensi\u00f3n reconocida, circunstancia esta que no se presenta en la cl\u00e1usula 42 en cuesti\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201cConforme a lo que qued\u00f3 establecido en la sentencia del a quo y no controvertido por las partes, el contrato de trabajo del actor termin\u00f3 el 24 de mayo de 2004 (fl.284), cuando ten\u00eda acumulado un tiempo de servicios a la misma entidad distrital en liquidaci\u00f3n de 17 a\u00f1os, 5 meses y 22 d\u00edas, tiempo m\u00e1s que suficiente para tener derecho a la pensi\u00f3n proporcional de jubilaci\u00f3n de car\u00e1cter convencional objeto de reclamaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201cSiguiendo la interpretaci\u00f3n de la cl\u00e1usula convencional que se acaba de fijar, la pensi\u00f3n del actor se caus\u00f3 el 24 de mayo de 2004, fecha del retiro del trabajador por liquidaci\u00f3n de la empresa; por tanto, para la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda, 14 de marzo de 2005, ya la pensi\u00f3n se hab\u00eda causado. Conclusi\u00f3n que conduce, necesariamente, a negar la excepci\u00f3n de petici\u00f3n antes de tiempo, materia de la apelaci\u00f3n de la demandada\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed las cosas, la Sala debe precisar su jurisprudencia en el entendido que el literal b) del art\u00edculo 42 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo posee una estructura clara, que admite una lectura un\u00edvoca, en cuanto consagra una especie de pensi\u00f3n restringida de jubilaci\u00f3n, que se causa con el tiempo de servicios y el retiro diferente al despido por justa causa, y en la que el cumplimiento de la edad constituye un simple requisito de exigibilidad\u201d. <\/p>\n
\u201cCon arreglo al anterior criterio jurisprudencial, que en esta oportunidad se reitera, estima la Sala que la cl\u00e1usula 42 Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo suscrita entre la EDT y su sindicato de trabajadores, vigente entre el 1 de septiembre de 1997 y el 31 de agosto de 1999, resulta un\u00edvoca, esto es, s\u00f3lo admite una interpretaci\u00f3n razonable, cual es que la pensi\u00f3n proporcional de jubilaci\u00f3n all\u00ed consagrada se causa con el tiempo de servicios y el retiro diferente al despido por justa causa, y en la que el cumplimiento de la edad constituye un simple requisito de exigibilidad (\u2026)\u201d. (subrayas de esta Sala). <\/p>\n
Conforme a la jurisprudencia citada, se pone en evidencia el desatino de la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral n\u00ba. 2 de esta Corporaci\u00f3n, al desconocer el precedente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y la prevalencia del derecho pensional del recurrente. <\/p>\n
En virtud de lo adoctrinado por la Sala Permanente, en el caso de la Convenci\u00f3n Colectiva aqu\u00ed estudiada, en todos los casos debe optarse por aquella postura m\u00e1s favorable al trabajador, en aras de no transgredir el principio in dubio pro operario, preservado jurisprudencialmente como un derrotero que debe guiar la resoluci\u00f3n de los problemas jur\u00eddicos en materia laboral, cuando exista duda sobre el alcance de las normas aplicables. <\/p>\n
Sobre el principio de favorabilidad en el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la precitada Convenci\u00f3n Colectiva, esta Sala, precis\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Bajo este entendido, si la Corporaci\u00f3n acusada acept\u00f3 en la sentencia criticada, que el literal b del art\u00edculo 42 de la Convenci\u00f3n colectiva antes individualizada ofrec\u00eda varias interpretaciones plausibles, y observ\u00f3 que de ellas la Sala Laboral del Tribunal de Barranquilla opt\u00f3 en la decisi\u00f3n objeto del recurso extraordinario, por la que resultaba contraria a los intereses del aqu\u00ed accionante, por cuanto conllevaba la negativa a reconocer el derecho pensional pretendido, en tanto el otro razonamiento daba lugar al mismo, la situaci\u00f3n impon\u00eda dar aplicaci\u00f3n a la garant\u00eda superior de favorabilidad (\u2026)\u201d.5 <\/p>\n
4.2 Aunado a lo anterior, se relieva la condici\u00f3n de vulnerabilidad del actor, quien, de lo manifestado en declaraci\u00f3n juramentada, cuenta con 63 a\u00f1os y subsiste de las ayudas econ\u00f3micas que sus hijos le brindan ocasionalmente, pues, en la actualidad no se encuentra laborando, adem\u00e1s de sus padecimientos de salud, circunstancias que, en virtud del art\u00edculo 31 de la \u201cConvenci\u00f3n Interamericana sobre la Protecci\u00f3n de los Derechos Humanos de las Personas Mayores\u201d, ratificada por Colombia el pasado 6 de agosto de 2020, deben ser atendidas por los falladores y <\/p>\n
\u201c(\u2026) asegurar que la persona mayor tenga acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las dem\u00e1s, incluso mediante la adopci\u00f3n de ajustes de procedimiento en todos los procesos judiciales y administrativos en cualquiera de sus etapas (\u2026)\u201d, para lo cual, han de \u201c(\u2026) garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial a la persona mayor para la tramitaci\u00f3n, resoluci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de las decisiones en procesos administrativos y judiciales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
5. Corolario de lo expuesto, se revocar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada para, en su lugar, acceder a la protecci\u00f3n rogada; en consecuencia, se le ordenar\u00e1 a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en Descongesti\u00f3n n\u00ba2 dejar sin efecto la sentencia proferida en el litigio materia de este amparo y emitir una nueva, a trav\u00e9s de la cual resuelva el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, con observancia de lo previsto en esta determinaci\u00f3n y en los precedentes ampliamente rese\u00f1ados. <\/p>\n
En el evento de reconocerse el derecho pensional reclamado, se deber\u00e1 observar la prescripci\u00f3n trienal que rige para esta clase de prestaciones econ\u00f3micas, afectando las mesadas causadas; ello, teniendo en cuenta la ejecutoria de esta providencia, por cuanto es desde la misma como la prestaci\u00f3n exigida puede adquirir alcances constitutivos. <\/p>\n
6. Deviene f\u00e9rtil abrir paso a la protecci\u00f3n incoada por virtud del control legal y constitucional que ata\u00f1e en esta sede al juez, compatible con el necesario ejercicio de control convencional, siguiendo el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969 (art. 8\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos), a fin de garantizar el debido proceso. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19696, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-9, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales10; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas11. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
7. De acuerdo con lo discurrido, se revocar\u00e1 la providencia impugnada; y en su lugar, se conceder\u00e1 el amparo. <\/p>\n
<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha, contenido y procedencia anotadas, para en su lugar CONCEDER la salvaguarda incoada por Joaqu\u00edn Emilio Garc\u00eda Reyes. <\/p>\n
SEGUNDO: En consecuencia, se ordena a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en Descongesti\u00f3n n\u00ba 2, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, dejar sin efectos la sentencia por ella proferida en el asunto reprochado y, en igual t\u00e9rmino, emitir una nueva a trav\u00e9s de la cual resuelva el recurso extraordinario, con observancia de lo previsto en esta determinaci\u00f3n y en los precedentes ampliamente rese\u00f1ados. Rem\u00edtasele copia de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
En el evento de reconocerse el derecho respectivo, se deber\u00e1 observar la prescripci\u00f3n trienal que rige para esta clase de prestaciones econ\u00f3micas, afectando las mesadas causadas y teniendo en cuenta la ejecutoria de este pronunciamiento, pues es desde esta decisi\u00f3n como la prestaci\u00f3n puede adquirir alcances constitutivos. <\/p>\n
TERCERO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 \u201cArt\u00edculo 42: JUBILACI\u00d3N: La empresa reconocer\u00e1 a todo su personal un r\u00e9gimen especial de jubilaci\u00f3n as\u00ed: <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cb) Los empleados que presten o hayan prestado diez (10) a\u00f1os o m\u00e1s de servicio a la Empresa y menos de veinte (20), tendr\u00e1n derecho a la jubilaci\u00f3n proporcional seg\u00fan el tiempo de servicio, cuando cumplan las edades establecidas de cincuenta (50) a\u00f1os para los hombres y cuarenta y siete (47) para las mujeres; en estos casos para establecer el salario de liquidaci\u00f3n se tomar\u00e1n en cuenta los mismos factores del \u00faltimo sueldo y el promedio de las prestaciones en la forma establecida en el ordinal a)\u201d. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. STC9028 de 12 de julio 2018, exp. 11001-02-03-000-2018-01822-00. <\/p>\n
3\u0002 Corte Constitucional. Sentencia T-1306 de 2001. <\/p>\n
4\u0002 Corte Constitucional. Sentencia T-1306\/01 <\/p>\n
5\u0002 CSJ, STC 4527-2019. <\/p>\n
6\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
7\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC8726-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC8726-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-02014-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 16 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55614","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55614","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55614"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55614\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55614"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55614"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55614"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}