STC8727-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8727-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00649-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 20 de abril de 2021, dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Germ\u00e1n \u00c1vila Munar frente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n N\u00b0 2 y la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, con ocasi\u00f3n del juicio ordinario laboral adelantado por el aqu\u00ed actor contra Pavimentos El Dorado S.A.S. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden los hechos que a continuaci\u00f3n se describen: <\/p>\n
En el aludido proceso laboral iniciado por el aqu\u00ed petente contra Pavimentos El Dorado S.A.S. el juez de primera instancia emiti\u00f3 sentencia declarando la ineficacia del despido y ordenando el reintegro y pago de indemnizaci\u00f3n, salarios y prestaciones dejadas de percibir, a favor de aqu\u00e9l; determinaci\u00f3n revocada, en sede de apelaci\u00f3n, por el tribunal accionado. <\/p>\n
Aun cuando el tutelante present\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, la Sala convocada no cas\u00f3 la decisi\u00f3n de segundo grado. <\/p>\n
Se\u00f1ala que con las determinaciones precedentes se incurri\u00f3 en defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto <\/p>\n
\u201c(\u2026) al exigir la demostraci\u00f3n de un estado de discapacidad en los grados de severo, moderado o profundo, desconociendo los alcances de la corte constitucional y la protecci\u00f3n a las personas que se encuentran en estado de debilidad manifiesta como acreedores de la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, estabilidad laboral consagrada en el art\u00edculo 62 numeral 15 del c\u00f3digo sustantivo del trabajo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y, en defecto sustantivo por darse aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 62 numeral 15 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, cuando, en su entender, estaba cobijado por la estabilidad laboral reforzada, conforme al art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997. Adem\u00e1s, se desconocieron los argumentos desarrollados en la sentencia C-200 de 2019. <\/p>\n
3. Exige, por tanto, dejar sin efectos la providencia de 14 de septiembre de 2020, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n N\u00b0 2 para que, en su lugar, se emita una sentencia de reemplazo. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de las accionadas y vinculados <\/p>\n
1. El \u00f3rgano de cierre acusado defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, precisando: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l recurrente en casaci\u00f3n no present\u00f3 argumento alguno en contra de los ejes centrales del fallo, los cuales se recordaron, que eran: i) \u00abno se aport\u00f3 prueba que acreditara debidamente el estado de discapacidad como lo exige la ley\u00bb y ii) \u00absi consideraba que las incapacidades lo demostraban [el estado], no se enfoc\u00f3 a evidenciarlo, al menos, en los grados requeridos de moderado, severo o profundo\u00bb\u201d, dado que la competencia de esa Sala es analizar si la sentencia de segunda instancia est\u00e1 ajustada a los par\u00e1metros de legalidad, no determinar cu\u00e1l de las partes detenta el derecho, pues ello ya fue debatido en las instancias. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cNo se presenta ninguna de las circunstancias que configura el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto porque no se exigieron requisitos formales de manera rigurosa, por el contrario, la Sala fue laxa para comprender la intenci\u00f3n del recurrente (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. Pavimentos El Dorado S.A.S. se opuso a la prosperidad del ruego, se\u00f1alando que el peticionario no puede acudir a la acci\u00f3n de tutela para subsanar las deficiencias argumentativas del recurso extraordinario, como si se tratara de una instancia adicional. <\/p>\n
3. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento, por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional desestim\u00f3 el auxilio, tras advertir <\/p>\n
\u201c(\u2026) que no se configuran ninguno de los defectos atribuidos en la demanda de tutela en raz\u00f3n a que ning\u00fan an\u00e1lisis se hizo en la sentencia SL361-2020 de 14 de septiembre pasado sobre la interpretaci\u00f3n y alcance de los art\u00edculos 5 y 26 de la Ley 361 de 1997, y 62, numeral 15 del C.S.T., dado que la decisi\u00f3n de no casar el fallo del tribunal accionado se sustent\u00f3 en la ausencia de una acusaci\u00f3n completa en su formulaci\u00f3n y suficiente en su desarrollo que permitiera abordar de fondo el estudio de la sentencia demandada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovi\u00f3 el querellante, insistiendo en la vulneraci\u00f3n alegada. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el marco de las atribuciones asignadas a las Salas de Descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, el par\u00e1grafo del art\u00edculo segundo de la Ley 1781 de 2016, precisa que, aunque \u00e9stas actuar\u00e1n en forma independiente, en el evento en que la mayor\u00eda de sus integrantes considere procedente cambiar la jurisprudencia sobre un determinado asunto o crear una nueva, deber\u00e1n devolver el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral para que \u00e9sta decida. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, dado que aut\u00f3nomamente ninguna sala de descongesti\u00f3n puede variar la doctrina de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, si se presentara una circunstancia de tal naturaleza que implicara la modificaci\u00f3n del precedente o la necesidad de crear una nueva postura jur\u00eddica frente a una casu\u00edstica en particular, se impone la obligaci\u00f3n para aquellas, de remitir el asunto a \u00e9sta, para lo pertinente. <\/p>\n
2. El gestor pretende que, a trav\u00e9s de este instrumento de protecci\u00f3n excepcional, se deje sin efectos la sentencia de 14 de septiembre de 2020, por la cual la Sala accionada de esta Corte, no cas\u00f3 la providencia de 17 de mayo de 2017, emitida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar que revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado, por la cual se hab\u00eda accedido a las pretensiones del actor en el proceso ordinario laboral por \u00e9l iniciado contra Pavimentos El Dorado S.A.S. <\/p>\n
3. Al respecto, se advierte la improcedencia del amparo por inobservancia del requisito de subsidiariedad, pues el actor no formul\u00f3 adecuadamente su acusaci\u00f3n frente al fallo de segundo grado, descuido que llev\u00f3 al m\u00e1ximo \u00f3rgano de cierre a abstenerse de estudiar de fondo lo aqu\u00ed ventilado. <\/p>\n
N\u00f3tese, el actor inco\u00f3 como cargo \u00fanico: <\/p>\n
\u201c(\u2026) el precepto legal sustantivo de orden nacional que se estime violado y el concepto de la infracci\u00f3n, si [sic] directamente, por aplicaci\u00f3n indebida o por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea. Y de igual manera se va a plantear la casaci\u00f3n por error de hecho y por infracci\u00f3n de preceptos procesales, por considerar que todos (\u2026) lastimaron no solo el derecho sustancial, sino tambi\u00e9n el procesal y probatorio (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La colegiatura encargada, al dirimir el recurso extraordinario, estim\u00f3 que el precursor no formul\u00f3 de manera apropiada el referido cargo, pues no precis\u00f3 la v\u00eda y mezcl\u00f3 argumentos f\u00e1cticos con jur\u00eddicos: <\/p>\n
<\/p>\n
I. \u201c(\u2026) No obstante, en el examine se observa que el recurrente incurre en la impropiedad de plantear la discusi\u00f3n por la v\u00eda de puro derecho pero, adem\u00e1s de denunciar la infracci\u00f3n directa e interpretaci\u00f3n de algunas normas, formula un error de hecho \u00abpor apreciaci\u00f3n err\u00f3nea de los documentos que acreditan las incapacidades puesta en conocimiento del empleador, para acreditar el estado de debilidad manifiesta\u00bb, lo que es propio del sendero indirecto (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En cuanto a las normas acusadas bajo la modalidad de aplicaci\u00f3n indebida, la Sala accionada, sostuvo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En el examine, la censura acusa que el ad quem incurri\u00f3 en la aplicaci\u00f3n indebida del literal a), numeral 15 del art\u00edculo 62 del CST. Sin embargo, no pudo cometer dicha vulneraci\u00f3n, como quiera que solo se remiti\u00f3 a ella para sostener que tendr\u00eda como hecho no discutido, es decir, ajeno a su estudio, que la causa por la que finaliz\u00f3 la relaci\u00f3n laboral fueron las incapacidades m\u00e9dicas que sumaron m\u00e1s de 180, supuesto que se enmarca en el art\u00edculo mencionado del CST (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En lo referente a la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de los preceptos invocados, la Sala recalc\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En este caso, con una argumentaci\u00f3n confusa y extensa, no se\u00f1al\u00f3 en concreto cu\u00e1l fue el desv\u00edo interpretativo que supuestamente le imprimi\u00f3 el ad quem a la citada disposici\u00f3n, que vaya en contrav\u00eda de la verdadera inteligencia de la norma y no mencion\u00f3 el que ser\u00eda la correcta intelecci\u00f3n o alcance que debi\u00f3 haber dado a la misma, que conduzca a su vulneraci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Frente al supuesto quebrantamiento de las normas procesales invocadas, refiri\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De lo anterior, se observa que la vulneraci\u00f3n alegada de reglas procesales, no la dirige en debida forma, pues omite, siendo su obligaci\u00f3n, invocar la violaci\u00f3n medio, es decir, indicar y explicar por qu\u00e9 la infracci\u00f3n de dichos mandatos adjetivos lleva a la transgresi\u00f3n de los sustantivos. Recu\u00e9rdese que es viable acusar una disposici\u00f3n procesal pero s\u00f3lo como instrumento de quebranto de aquellas sustanciales, pues es inadmisible proponer el quebranto de una preceptiva adjetiva como un fin en s\u00ed misma (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Finalmente, la Sala acusada reliev\u00f3 que el recurrente no atac\u00f3 los pilares fundamentales de la decisi\u00f3n del tribunal, sino m\u00e1s bien, present\u00f3 una argumentaci\u00f3n propia de un alegato de instancia: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [N]o se observa fundamento alguno sobre los ejes centrales del fallo de segundo grado, en especial que no se aport\u00f3 prueba que acreditara debidamente el estado de discapacidad como lo exige la ley. Incluso, si consideraba que las incapacidades lo demostraban, su argumentaci\u00f3n no se enfoc\u00f3 a evidenciarlo, al menos en los grados requeridos de moderado, severo o profundo\u201d. <\/p>\n
\u201cDe lo previo, resulta que la ratio decidendi de la decisi\u00f3n impugnada en sede extraordinaria permanece inmodificable, luego mantiene su vigencia y la presunci\u00f3n de acierto y legalidad que lo cobija\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cComo si lo anterior fuera poco, la censura presenta una argumentaci\u00f3n, que -adem\u00e1s de no ser una sustentaci\u00f3n s\u00f3lida y organizada, rest\u00e1ndole coherencia- se traduce en un alegato de instancia, m\u00e1s que la sustentaci\u00f3n de un recurso de casaci\u00f3n, sin observar, como lo ense\u00f1a la jurisprudencia, que para su estudio de fondo debe la acusaci\u00f3n ser completa en su formulaci\u00f3n y suficiente en su desarrollo, lo cual en el asunto bajo escrutinio no se acat\u00f3 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4. El car\u00e1cter extraordinario del recurso de casaci\u00f3n impone al demandante cumplir los requisitos de fondo y de forma previstos por el legislador para el \u00e9xito de la censura; la ausencia de rigor t\u00e9cnico o de los requerimientos legales al formular el cargo para demostrar los errores de la sentencia recurrida, no es tarea que pueda ser superada por medio de la tutela, porque \u00e9sta no es instrumento para suplir la ineptitud formal de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo instrumental es garant\u00eda para materializar la igualdad ante la ley y para frenar la arbitrariedad, por tanto, no se trata de exceso ritual manifiesto, sino de derechos irrenunciables, cuyo respeto es finalidad del proceso para la realizaci\u00f3n del derecho sustancial. <\/p>\n
No es dable acudir a esta acci\u00f3n excepcional para subsanar falencias en el ejercicio de los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa previstos por el legislador al interior del proceso. Cuando se verifican desidias como la comentada, esta Corporaci\u00f3n ha sido enf\u00e1tica al sostener: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [ante la negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u201d1. <\/p>\n
La conducta ap\u00e1tica del interesado impide reabrir un debate por v\u00eda constitucional frente a aspectos que debieron ser tramitados dentro del litigio y respetando las reglas propias del juicio, por cuanto ello atenta contra el car\u00e1cter residual del resguardo. Ha sido criterio de la Sala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala\u201d2. <\/p>\n
5. Con todo, se descarta la existencia de un perjuicio irremediable, al no estar probados los presupuestos de impostergabilidad, inminencia, gravedad y urgencia, propios del mismo. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]sta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia; veamos: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u201d (\u2026)\u201d3 (negrillas originales). <\/p>\n
6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19695, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos <\/p>\n
7. Con base en lo discurrido, el fallo impugnado ser\u00e1 ratificado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Comun\u00edquese, mediante mensaje de datos o correo electr\u00f3nico, lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. STC de 26 de enero de 2011, exp. 00027-00; reiterada el 11 de abril de 2012, exp.: 00616-00. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. STC de 23 de febrero de 2007, exp. 02068-01. <\/p>\n
3\u0002 CSJ STC13730-2019 de 10 de octubre de 2019, exp. 11001-02-03-000-2019-03021-00 <\/p>\n
4\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
5\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
6\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC8727-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC8727-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00649-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021) Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55615","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55615","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55615"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55615\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55615"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55615"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55615"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}