STC8728-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8728-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00785-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 4 de mayo de 2021, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, dentro de la salvaguarda promovida por Mar\u00eda Ascensi\u00f3n Romero D\u00edaz a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad y los Juzgados Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad y Veintisiete Penal del Circuito, ambos de Bogot\u00e1, con ocasi\u00f3n del juicio de la se\u00f1alada estirpe, con radicado n\u00b02017-00905-00, adelantado contra la gestora por los delitos de \u201cusurpaci\u00f3n de derechos de propiedad industrial, ejercicio il\u00edcito de actividad monopol\u00edstica de arbitrio rent\u00edstico, corrupci\u00f3n de alimentos, productos m\u00e9dicos o material profil\u00e1ctico y, concierto para delinquir agravado\u201d. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y de la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
Mediante sentencia de 20 de junio de 2018, el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito de Bogot\u00e1 conden\u00f3 a la impulsora a setenta y siete (77) meses y quince (15) d\u00edas de c\u00e1rcel, por su responsabilidad en las aludidas conductas punibles, prove\u00eddo ratificado el 29 de marzo de 2019, por el tribunal confutado. <\/p>\n
La promotora, aduciendo su calidad de madre cabeza de familia, solicit\u00f3 en tres (3) ocasiones al Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta metr\u00f3poli, concederle la \u201cprisi\u00f3n domiciliaria\u201d. <\/p>\n
Los rese\u00f1ados pedimentos fueron desestimados en autos de 3 de febrero, 14 de agosto y 17 de noviembre de 2020, respectivamente. <\/p>\n
Frente a esos pronunciamientos, la inicialista formul\u00f3 un amparo similar al aqu\u00ed estudiado ante la corporaci\u00f3n enjuiciada, quien, el 11 de diciembre postrero, deneg\u00f3 sus reclamos. <\/p>\n
La petente impugn\u00f3 esa decisi\u00f3n y la Sala de Casaci\u00f3n Penal la mantuvo en firme en sentencia STP019-2021 de 19 de enero de 2021. <\/p>\n
De manera paralela a esos tr\u00e1mites, la censora deprec\u00f3 al referido despacho la concesi\u00f3n del \u201cpermiso administrativo\u201d de setenta y dos (72) horas, ruego denegado en determinaci\u00f3n de 11 de febrero de 2020. <\/p>\n
Por tal motivo, la precursora impetr\u00f3 apelaci\u00f3n, cuya definici\u00f3n correspondi\u00f3 al colegiado fustigado, quien el 14 de agosto postrero, ratific\u00f3 el auto protestado. <\/p>\n
Asimismo, la actora, de forma concomitante, implor\u00f3 al Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, otorgarle la \u201clibertad condicional\u201d, s\u00faplica no acogida el 14 de septiembre de 2020. <\/p>\n
Frente a ese prove\u00eddo, la tutelante inco\u00f3 alzada, medio defensivo desatado por el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito de Bogot\u00e1 el 10 de marzo de 2021, estrado que mantuvo enhiesta la determinaci\u00f3n recurrida. <\/p>\n
Para la censora, se lesionaron sus garant\u00edas, pues, en su sentir, las reclamaciones que elev\u00f3 fueron frustradas por los despachos atacados en virtud de una indebida ponderaci\u00f3n de la normatividad aplicable en la materia. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, dejar sin efecto el auto de 21 de marzo pasado, mediante el cual el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito de esta ciudad, no accedi\u00f3 a darle la libertad condicional y, en su lugar, fallar a su favor. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
1. Los despachos encartados defendieron, por separado, la legalidad de sus actuaciones. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda Veintis\u00e9is Judicial I de Apoyo a V\u00edctimas de Bogot\u00e1, destac\u00f3 que a la precursora no se le ha conculcado prerrogativa alguna. <\/p>\n
3. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo, pues, en torno (i) a la \u201cprisi\u00f3n domiciliaria\u201d, se configuraba temeridad; (ii) al \u201cpermiso administrativo\u201d de setenta y dos (72) horas, las decisiones atacadas eran razonables; y (iii) a la \u201clibertad condicional\u201d no exist\u00eda vulneraci\u00f3n frente a la negativa a otorgarle esa prerrogativa a la promotora. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 la querellante, reiterando los argumentos esbozados en la demanda de amparo. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Delanteramente, se advierte el naufragio de la queja formulada frente a la no concesi\u00f3n del \u201cpermiso administrativo\u201d de setenta y dos (72) horas, al desatenderse el presupuesto de inmediatez. <\/p>\n
Lo anterior, porque, entre la presentaci\u00f3n del ruego tuitivo, acaecida el 26 de marzo de 2021, y el mencionado pronunciamiento de 14 de agosto de 2020, proferido por el tribunal confutado -donde ratific\u00f3 la desestimatoria al ruego de la gestora en ese sentido-, han trascurrido m\u00e1s de siete (7) meses, tiempo que supera el plazo de seis (6) meses establecidos por la Sala como suficiente para concurrir tempestivamente a este auxilio. <\/p>\n
Sobre a la enunciada exigencia, la Corte reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Por tanto, si la petente se demor\u00f3 en incoar el resguardo, su descuido per se descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a las entidades confutadas y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
2. Tocante a la negativa del Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 a concederle a la demandante la \u201cprisi\u00f3n domiciliaria\u201d, se advierte que ella, en pret\u00e9rita oportunidad, en virtud de los mismos reparos aqu\u00ed enarbolados, acudi\u00f3 a esta jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, mediante sentencia STP019-2021 de 19 de enero de 2021, la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en segunda instancia, auscult\u00f3 esa queja, ratificando la providencia del a quo respecto a la salvaguarda impetrada por la censora. <\/p>\n
En la aludida providencia, se destac\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Si se admitiera que el juez de tutela verifique la juridicidad de los tr\u00e1mites, o de los supuestos desaciertos en la interpretaci\u00f3n de las normas jur\u00eddicas por el juez ejecutor, no s\u00f3lo se desconocer\u00edan los principios que disciplinan la actividad de los jueces ordinarios de independencia y sujeci\u00f3n exclusiva a la ley, previstos en los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, sino adem\u00e1s los del juez natural, y las formas propias del juicio laboral contenidos en el art\u00edculo 29 Superior\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c[A]unque la accionante haga alusi\u00f3n a un \u00abevidente perjuicio irremediable\u00bb por ser madre de 4 menores, lo cierto es que no se acredita una amenaza de la cual se deduzca que pueda producirse un da\u00f1o de car\u00e1cter irreparable (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Queda claro, los supuestos f\u00e1cticos ahora cuestionados fueron estudiados por la enunciada corporaci\u00f3n en el fallo antes citado. <\/p>\n
Esta Sala ha negado la protecci\u00f3n impetrada en eventos como el presente, si <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a demanda versa sobre los mismos hechos y derechos que fueron materia de debate en [una] anterior tutela, (\u2026) [esto es, cuando se establece] (\u2026) que no ha habido sucesos distintos que justifiquen la proposici\u00f3n de [una] reciente demanda de amparo constitucional, ya que, ins\u00edstese, si bien los textos no son iguales, los hechos y derechos de esta acci\u00f3n son tambi\u00e9n id\u00e9nticos de la anterior (\u2026). Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019 (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Aunado a lo discurrido, si la reclamante tiene reparos frente a la actuaci\u00f3n constitucional rese\u00f1ada, cuenta con la revisi\u00f3n del rese\u00f1ado pronunciamiento e, incluso, con el mecanismo de insistencia, escenarios id\u00f3neos para controvertir los argumentos aducidos por las sedes judiciales, teniendo en cuenta que el expediente no ha sido excluido por la Corte Constitucional del primer tr\u00e1mite referido, estando a\u00fan pendiente de surtirse el grado jurisdiccional asignado a esa corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Al punto, la Sala ha adoctrinado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [H]a de reiterarse la posici\u00f3n de la Sala acerca de la improcedencia de la tutela para cuestionar las actuaciones y decisiones originadas en el marco de otro proceso de id\u00e9ntico linaje constitucional, ya que de lo contrario se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Se agrega que, tras revisarse la p\u00e1gina web de la Corte Constitucional, se encontr\u00f3 que (\u2026) el expediente fue enviado a la Sala de Selecci\u00f3n de la Corte Constitucional, estando pendiente de que se decida si va a ser revisado o no. (\u2026) De modo que como el tr\u00e1mite censurado se encuentra a la espera de la eventual revisi\u00f3n, el hoy accionante puede manifestar all\u00e1 su inconformidad o acudir ante dicha Corporaci\u00f3n \u201ce insistir en su selecci\u00f3n, para que de ser el caso, en ese escenario se analicen cada uno de los aspectos en los que funda la presente queja\u201d (sentencia de 6 de marzo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2008-00489-01) (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
3. Atinente al ataque dirigido contra el auto de 10 de marzo pasado, proferido por el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito de Bogot\u00e1, mediante el cual se confirm\u00f3 la denegaci\u00f3n de la \u201clibertad condicional\u201d rogada por la tutelante, la Sala advierte la ausencia de desafuero. <\/p>\n
Lo antelado, por cuanto la censora fue condenada por conductas punibles de gran entidad y, en esa medida, la ponderaci\u00f3n para otorgar el mencionado subrogado penal, no indicaba su progreso. <\/p>\n
Al punto, as\u00ed discurri\u00f3 el estrado del circuito confutado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Sobre esta evaluaci\u00f3n que corresponde al Despacho en segunda instancia, no cabe duda que, tal como lo analiz\u00f3 el ejecutor, el pron\u00f3stico es positivo frente a lo necesario que resulta aqu\u00ed que [la gestora] cumpla la totalidad de la pena, pues no puede perderse de vista que en caso de acceder al beneficio deprecado el mensaje que se env\u00eda a las empresas v\u00edctimas y la sociedad no es el adecuado. <\/p>\n
\u201cRevisada la sentencia del 20 de junio de 20185, este [d]espacho advirti\u00f3 que [la suplicante] no cumpl\u00eda las exigencias objetivas previstas en los art\u00edculos 63 y 38 B del C.P., para otorgar los beneficios de la condena de ejecuci\u00f3n condicional y de la prisi\u00f3n domiciliaria, por expresa prohibici\u00f3n contenida en el art\u00edculo 68 A del CP, as\u00ed como tampoco para la prisi\u00f3n domiciliaria por madre cabeza de familia\u201d. <\/p>\n
\u201cAunado a ello y en punto a dosificar la pena concursal de los delitos de usurpaci\u00f3n de derechos de propiedad industrial, ejercicio il\u00edcito de actividad monopol\u00edstica de arbitrio rent\u00edstico, corrupci\u00f3n de alimentos, productos m\u00e9dicos o material profil\u00e1ctico y concierto para delinquir, se hizo \u00e9nfasis en la gravedad de la multiplicidad de hechos cometidos al liderar las finanzas de una organizaci\u00f3n criminal dedicada a la fabricaci\u00f3n, alteraci\u00f3n, comercializaci\u00f3n, distribuci\u00f3n y venta de bebidas alcoh\u00f3licas nacionales y extranjeras en diferentes puntos de Bogot\u00e1, encarg\u00e1ndose de conseguir por intermedias personas inmuebles donde pudieran funcionar los centros de fabricaci\u00f3n artesanal de licores, y teniendo a su cargo la administraci\u00f3n de un ambalique (sic) y locales comerciales donde se distribu\u00eda las bebidas alcoh\u00f3licas adulteradas, lesionando sin justa causa los bienes jur\u00eddicamente de la salud y seguridad p\u00fablica, y, por ende, se concluy\u00f3 la necesidad de garantizar la prevenci\u00f3n especial de la pena\u201d. <\/p>\n
\u201cEn consecuencia, si bien la penada ha mostrado una buena conducta al interior del penal, redimiendo pena por estudio y trabajo, no se puede pasar por alto que los hechos por los cuales acept\u00f3 cargos desde fase primigenia y fue condenada revisten especial gravedad, por cuanto durante por lo menos tres (3) a\u00f1os constituyeron una empresa criminal en la que contaron inclusive con participaci\u00f3n de miembros de la Polic\u00eda Nacional, distribuy\u00e9ndose diferentes roles que iban desde la fabricaci\u00f3n hasta la venta final de productos falsos nocivos para la vida y salud de los coasociados en establecimientos de comercio abiertos al p\u00fablico, sin ning\u00fan miramiento, generando un alto impacto en el sector financiero y fiscal del Estado Colombiano, la buena fe y confianza de los consumidores, por lo que necesariamente debe continuar cumpliendo la pena intramuros, ya que es all\u00ed donde se har\u00e1n efectivos en \u00e9l los fines de la pena, especialmente los de retribuci\u00f3n justa, prevenci\u00f3n especial y reinserci\u00f3n social (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Para la Sala, no se incurri\u00f3 en la vulneraci\u00f3n denunciada, por cuanto el despacho enjuiciado defini\u00f3 la controversia atendiendo al factor objetivo del qu\u00e1ntum de la pena previsto en el numeral 1\u00b0, art\u00edculo 63 de la Ley 599 de 20004, pues la quejosa fue condenada a setenta y siete (77) meses y quince (15) d\u00edas de c\u00e1rcel. <\/p>\n
Adicionalmente, no se satisfizo el aspecto subjetivo se\u00f1alado en el inciso 1\u00b0, canon 64 \u00eddem5, dada la gravedad de las conductas desplegadas por la censora, cuya resocializaci\u00f3n exige un tratamiento carcelario que no desatienda la teleolog\u00eda especial y general de la pena, la cual devendr\u00eda frustr\u00e1nea de brindarse la libertad condicional deprecada. <\/p>\n
Ahora, la discrepancia de la actora con lo resuelto no es suficiente para concederle del aludido subrogado penal y, menos a\u00fan, amerita la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
En esa medida, la Corte encuentra que la determinaci\u00f3n del juzgado del circuito demandado no constituye quebranto a prerrogativa alguna, pues se adopt\u00f3 en observancia de las particularidades de la contienda y de acuerdo a la normatividad aplicable en la materia. <\/p>\n
Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte: \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos7 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19698, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d9, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio10. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados incluido Colombia11, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales12; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas13. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. De acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. STC de 13 de febrero de 2013, exp. 00168-00; reiterada el 20 de marzo de 2013, 680122130002012-00517-01. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. STC de 25 de junio de 2012, exp. 5400122130002012-00069-01; reiterada el 16 de agosto de 2013, exp. 11001-02-03-000-2013-01773-00; <\/p>\n
4\u0002 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 63. Suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la pena. la ejecuci\u00f3n de la pena privativa de la libertad impuesta en sentencia de primera, segunda o \u00fanica instancia, se suspender\u00e1 por un per\u00edodo de dos (2) a cinco (5) a\u00f1os, de oficio o a petici\u00f3n del interesado, siempre que concurran los siguientes requisitos: (\u2026). 1. Que la pena impuesta sea de prisi\u00f3n que no exceda de cuatro (4) a\u00f1os (\u2026)\u201d. <\/p>\n
5\u0002 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 64. Libertad condicional. El juez, previa valoraci\u00f3n de la conducta punible, conceder\u00e1 la libertad condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad cuando haya cumplido con los siguientes requisitos: (\u2026)\u201d (se destaca). <\/p>\n
6\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
7\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
8\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
9\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
12\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
13\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC8728-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC8728-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00785-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 4 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55616","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55616","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55616"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55616\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55616"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55616"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55616"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}