STC8730-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8730-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2021-00853-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de virtual catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se procede a decidir la tutela impetrada por Clarideth Gissel Bowie Bent frente al Consejo Superior de la Judicatura -Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia-. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora exige el amparo de las prerrogativas de petici\u00f3n, debido proceso y trabajo, entre otros, presuntamente conculcadas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo, sostiene que el 31 de mayo de 2021 present\u00f3 una solicitud de \u201creconocimiento de pr\u00e1ctica jur\u00eddica\u201d ante la entidad denunciada, respecto de la cual le fue remitido \u201cacuse de recibido\u201d dos semanas despu\u00e9s. <\/p>\n
Lo anterior, aduce, quebranta sus garant\u00edas porque, mientras no obtenga tal certificaci\u00f3n, no puede optar al t\u00edtulo de abogada en la Universidad de Cartagena, impidi\u00e9ndose \u201cas\u00ed [su] desempe\u00f1o laboral y acad\u00e9mico\u201d. <\/p>\n
3. Exige, en concreto, se conteste de manera \u201cde fondo\u201d su reclamo. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado <\/p>\n
La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia se opuso a la prosperidad del resguardo porque, \u201c(\u2026) [d]ebido al aumento desmesurado de solicitudes de reconocimiento de pr\u00e1cticas jur\u00eddicas (\u2026)\u201d, su capacidad \u201coperativa\u201d ha sido sobrepasada; no obstante, indica, ha atendido tales demandas \u201c(\u2026) en el orden de llegada al correo institucional designado para el efecto (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Sobre el caso de la tutelante, expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La Unidad (\u2026) con todos los documentos e informaci\u00f3n solicitada procedi\u00f3 a expedir la Resoluci\u00f3n No. 3872 de [9 de julio de] 2021, por medio de la cual se le reconoci\u00f3 el cumplimiento de la Pr\u00e1ctica Jur\u00eddica a la Egresada CLARIDETH GISSEL BOWIE BENY, cuya copia se adjunta. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed mismo, de conformidad con el Decreto Legislativo No 491 del 28 de marzo de 2020, se remiti\u00f3 el oficio No. 3872 de 2021 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Reclam\u00f3 denegar la protecci\u00f3n incoada por acaecer un hecho superado; y, adem\u00e1s, inform\u00f3 que, recientemente, contest\u00f3 otro resguardo de id\u00e9nticos perfiles, impetrado por la aqu\u00ed tutelante y asignado a la Secci\u00f3n Quinta del Consejo de Estado. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Examinada la queja y las pruebas adosadas, se establece el fracaso del auxilio demandado, por configurarse un hecho superado, pues, como lo indic\u00f3 la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, en el tr\u00e1mite de esta salvaguarda, atendi\u00f3 lo exigido por la peticionaria. <\/p>\n
En efecto, se constata, mediante Resoluci\u00f3n No. 3872 de 9 de julio de 2021, se le reconoci\u00f3 a la querellante \u201c(\u2026) la pr\u00e1ctica jur\u00eddica establecida como requisito alternativo para optar al t\u00edtulo de Abogada (\u2026)\u201d, notific\u00e1ndosele de ello en la misma fecha, a trav\u00e9s de su correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como la reclamaci\u00f3n de la promotora ya fue definida por la autoridad denunciada, de acuerdo con lo antes acotado, la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n, en tal aspecto, se torna inane. <\/p>\n
Sobre la figura rese\u00f1ada, esta Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a decisi\u00f3n del Juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situaci\u00f3n expuesta en la demanda, que hab\u00eda dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acci\u00f3n, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o da\u00f1o a los derechos fundamentales. Siendo la defensa de \u00e9stos la justificaci\u00f3n y el prop\u00f3sito de esta forma expedita de administrar justicia constitucional en el caso concreto, ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que pudieran configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existe o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas totalmente diferentes a las iniciales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) El hecho superado o la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
2. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos2 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19693, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d4, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
2.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio5. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
2.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-6, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales7; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas8. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
3. El auxilio impetrado ser\u00e1 desestimado y se remitir\u00e1n copias de esta decisi\u00f3n a la Secci\u00f3n Quinta del Consejo de Estado, para que obren dentro del radicado 11001-03-15-000-2021-04216-00, atendiendo a lo informado por la autoridad denunciada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Clarideth Gissel Bowie Bent frente al Consejo Superior de la Judicatura -Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia-. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Rem\u00edtase copia de esta decisi\u00f3n a la Secci\u00f3n Quinta del Consejo de Estado, conforme a lo indicado en el numeral 3\u00b0 de este pronunciamiento. <\/p>\n
CUARTO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre muchos otros en fallo de 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01. <\/p>\n
2\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
3\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
4\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
5\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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