STC8731-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8731-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-00970-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia proferida el 21 de mayo de 2021 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la tutela promovida por Dent Holding S.A.S., contra el Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201crestituci\u00f3n de inmueble arrendado\u201d adelantado por Salazar Ingenier\u00eda S.A.S., a la aqu\u00ed actora. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES. <\/p>\n
1. La promotora suplica la protecci\u00f3n de la prerrogativa al debido proceso, presuntamente vulnerada por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del ruego tuitivo se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n
Ante el Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, la sociedad Salazar Ingenier\u00eda S.A.S., inici\u00f3 frente a la aqu\u00ed tutelante, el juicio materia de resguardo. <\/p>\n
Aduce la gestora que la empresa demandante remiti\u00f3 \u201cla citaci\u00f3n para notificaci\u00f3n personal\u201d y el aviso consagrado en el art\u00edculo 292 del C.G.P., a la calle 82 No. 10-39, piso 2 de esta ciudad, aun cuando \u201c(\u2026) conoc\u00eda de primera mano que (\u2026) no contaba con el servicio de correspondencia en esa direcci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Manifiesta que el referido despacho emiti\u00f3 fallo el 4 de febrero de 2021, concediendo las pretensiones invocadas; sin embargo, solo tuvo conocimiento de esa decisi\u00f3n hasta el 9 de abril pasado. <\/p>\n
Arguye que esa sentencia se encuentra \u201crevestida de vicios procesales y sustanciales\u201d, por tanto, en su sentir, se encuentra configurada \u201cuna causal para impetrar una demanda de revisi\u00f3n respecto de la cual se est\u00e1n realizando los tr\u00e1mites necesarios para su presentaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, \u201cse suspenda la ejecuci\u00f3n de la sentencia emitida\u201d en el caso bajo estudio, \u201c(\u2026) hasta que se resuelva (\u2026) la demanda de revisi\u00f3n que habr\u00e1 de ser presentada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
Remiti\u00f3 el link digital del expediente contentivo del litigio subex\u00e1mine. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 la protecci\u00f3n tras advertir: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [N]o aparece acreditado que, a la fecha, los reclamos planteados por v\u00eda de tutela hayan sido puestos en conocimiento del Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, despacho que conoce del proceso de restituci\u00f3n de bien inmueble arrendado objeto de debate constitucional, por lo que no se satisface la exigencia relativa al planteamiento previo a la acci\u00f3n de tutela, ante el Juez natural del tema o asunto que motiva el amparo ahora invocado\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La impetr\u00f3 la convocante sin argumentar su inconformidad. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Dent Holding S.A.S. critica la decisi\u00f3n del Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, mediante la cual concedi\u00f3 las pretensiones invocadas en el juicio de restituci\u00f3n de inmueble arrendado sublite, pues, en su sentir, no fue enterada de la demanda incoada en ese asunto. <\/p>\n
2. Sin dificultad, se advierte el fracaso del auxilio por carecer del presupuesto de subsidiariedad, pues si la tutelante estima que existen irregularidades procesales con entidad suficiente para generar la nulidad del decurso reprochado por indebida notificaci\u00f3n del escrito introductor, debe ponerlas en conocimiento del despacho convocado, quien deber\u00e1 definir si le asiste o no raz\u00f3n en sus aseveraciones; empero, ninguna prueba aducida a esta sede demuestra que as\u00ed haya actuado. <\/p>\n
3. Por lo expresado, la salvaguarda desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia prevista en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, pues la petente pretende un pronunciamiento de esta especial jurisdicci\u00f3n, sobre aspectos que deben ser puestos en conocimiento y solucionados por el funcionario competente; los cuales no hallan asidero en esta v\u00eda residual y extraordinaria. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
4. Adicionalmente, el amparo resulta inviable como mecanismo transitorio, al no alegarse ni probarse los presupuestos de inminencia, gravedad, urgencia e impostergabilidad, propios del perjuicio irremediable; m\u00e1xime que los promotores no realizaron ninguna gesti\u00f3n para demostrar la necesidad de una resoluci\u00f3n inmediata de su caso, aun cuando, en su sentir, las irregularidades aqu\u00ed enrostradas pueden ser debatidas mediante el recurso de revisi\u00f3n. <\/p>\n
En cuanto a las caracter\u00edsticas del perjuicio irremediable, la Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]sta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia; veamos: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u201d (\u2026)\u201d2 (negrillas originales). <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. Por lo discurrido, se ratificar\u00e1 la providencia examinada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, por las razones expresadas en esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
2\u0002 CSJ STC13730-2019 de 10 de octubre de 2019, exp. 11001-02-03-000-2019-03021-00. <\/p>\n
3\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
4\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
5\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 308. <\/p>\n
5 <\/p>\n
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