STC8732-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8732-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-01018-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 27 de mayo de 2021, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mauricio Su\u00e1rez Ram\u00edrez contra la Superintendencia de Sociedades, con ocasi\u00f3n de la \u201cacci\u00f3n social de responsabilidad\u201d iniciada por la sociedad Carb\u00f3n de Santa Marta Ltda. \u2013 Carbosan Ltda. contra el aqu\u00ed actor, con radicado n\u00famero 2019-800-407. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante suplica la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulneradas por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. De lo narrado por la tutelante y de la informaci\u00f3n aqu\u00ed allegada, se coligen, en s\u00edntesis, los siguientes supuestos f\u00e1cticos: <\/p>\n
El 1\u00ba de noviembre de 2019, Carb\u00f3n de Santa Marta Ltda. \u2013 Carbosan Ltda., impetr\u00f3 \u201cacci\u00f3n social de responsabilidad\u201d contra el aqu\u00ed actor, en la cual solicit\u00f3 el pago de los perjuicios que estim\u00f3 bajo juramento, en \u201cm\u00e1s de doce mil millones de pesos\u201d. <\/p>\n
En audiencia de 12 de mayo siguiente, el funcionario cognoscente decidi\u00f3, como medida de saneamiento, no tener en cuenta la experticia tra\u00edda por el extremo activo, por cuanto el perito no se encontraba inscrito en el registro abierto de avaluadores. <\/p>\n
En consecuencia, decret\u00f3 como prueba de oficio la pr\u00e1ctica de un nuevo peritazgo y prorrog\u00f3 su competencia m\u00e1s all\u00e1 del 3 de junio de posterior. <\/p>\n
El peticionario inco\u00f3 reposici\u00f3n frente a la determinaci\u00f3n de practicar un nuevo dictamen pericial; no obstante, la entidad accionada confirm\u00f3 esa decisi\u00f3n y concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n impulsado de la parte all\u00ed actora, en el efecto devolutivo. <\/p>\n
En criterio del aqu\u00ed actor, la delegatura debi\u00f3 dictar sentencia una vez escuchados los alegatos de conclusi\u00f3n, conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 373 del C\u00f3digo General del Proceso. Adem\u00e1s, extendi\u00f3 su competencia, en contrav\u00eda del art\u00edculo 121 ib\u00eddem. <\/p>\n
3. Pide, en concreto: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Dejar sin efecto las decisiones adoptadas por la Delegatura luego de haber concluido el receso para dictar sentencia el 12 de mayo de 2021, consecuentemente, ordenar que esa autoridad jurisdiccional profiera la sentencia o indique el sentido de la misma (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.1. Respuesta del accionado y vinculados <\/p>\n
1. El delegado de procedimientos mercantiles de la Superintendencia de Sociedades, defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y se\u00f1al\u00f3 que la decisi\u00f3n de decretar oficiosamente una nueva experticia se fundament\u00f3 en la necesidad de encontrar certeza respecto a la cuant\u00eda de los perjuicios supuestamente irrogados. <\/p>\n
En cuanto a la ampliaci\u00f3n de su competencia, indic\u00f3 que la queja no cumple con el requisito de subsidiariedad porque dicha determinaci\u00f3n no fue objeto de reproche por parte del accionante. <\/p>\n
2. Carb\u00f3n de Santa Marta Ltda. \u2013 Carbosan Ltda. Se opuso a la prosperidad del ruego, manifestando que la entidad accionada obr\u00f3 conforme a derecho. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo por inobservancia del requisito de subsidiariedad, tras aducir: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [R]esulta pertinente precisar que dentro de la diligencia en que se tomaron las decisiones el inconforme \u00fanicamente recurri\u00f3 la disposici\u00f3n referente al decreto de oficio del dictamen pericial, alegando ser una medida de saneamiento a la negligencia de su contendor, oposici\u00f3n que fue denegada por la encartada atendiendo su improcedencia conforme el art\u00edculo 169 de la norma procesal pluricitada. No obstante, no ventil\u00f3 sus reproches respecto de la anulaci\u00f3n de las actuaciones que tienen que ver con la pericia aportada por Carbosan Ltda, as\u00ed como, tampoco contra el hecho de haberse ampliado la competencia del funcionario <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cAunado, t\u00e9ngase en cuenta que de resultar adversa la decisi\u00f3n que resuelva el m\u00e9rito del asunto, el accionante cuenta con los medios ordinarios de defensa, donde puede ventilar ampliamente su inconformismo, por lo que, para el efecto, la solicitud de protecci\u00f3n constitucional tambi\u00e9n incumple con el presupuesto de subsidiariedad (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Con todo, descart\u00f3 la arbitrariedad de la entidad accionada, se\u00f1alando: <\/p>\n
\u201c(\u2026) no concierta la Sala con el reclamo constitucional del se\u00f1or Mauricio Su\u00e1rez Ram\u00edrez pues, contrario sensu, se vislumbra que la autoridad jurisdiccional esboz\u00f3 sendos argumentos apoyados en la normatividad aplicable al caso y en la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, por los cuales consider\u00f3 que previo a decidir deb\u00eda aportarse y practicarse en debida forma un dictamen pericial con el fin de tasar el da\u00f1o irrogado con las actuaciones del citado dentro de la acci\u00f3n social de responsabilidad, considerando como necesaria esa prueba. Ello de contera le impon\u00eda el deber de prorrogar el t\u00e9rmino de la instancia, que ya est\u00e1 por cumplirse (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 el censor, aduciendo que el a quo constitucional no motiv\u00f3 de manera suficiente su decisi\u00f3n, pues no se pronunci\u00f3 frente a los defectos procedimentales que constituyen una clara vulneraci\u00f3n al debido proceso del demandante. <\/p>\n
Al respecto adujo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l Tribunal no examin\u00f3 con detalle que la decisi\u00f3n de la Delegatura no tiene sustento legal y tampoco repar\u00f3 en el precedente de la Corte Suprema de Justicia conforme al cual no era viable \u201csanear\u201d el proceso excluyendo una prueba pericial antes de proferir la sentencia por cuestionamientos a la idoneidad o experiencia de un perito\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c[L]a sentencia proferida por el Tribunal es contraria a los m\u00faltiples precedentes proferidos por la Honorable Corte Suprema de Justicia en materia de pruebas de oficio cuando hay negligencia de una de las partes\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c[L]a prolongaci\u00f3n indefinida de la competencia de la Delegatura, por el af\u00e1n de recaudar una prueba que no ha tenido porqu\u00e9 decretar, es una afrenta al debido proceso y una infracci\u00f3n directa del art\u00edculo 121 del CGP, que no permite ni autoriza la perpetuaci\u00f3n de la competencia de un juez, mucho menos cuando se basan en decisiones abiertamente ilegales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que s\u00ed se encuentra reunido el requisito de subsidiariedad, pues no se cuenta con medios ordinarios de defensa id\u00f3neos diferentes a esta acci\u00f3n de tutela para remediar la afectaci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
Por \u00faltimo, insisti\u00f3 la vulneraci\u00f3n alegada, pues <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]anear un proceso a las puertas de dictar sentencia y decretar en favor de una parte negligente una prueba que \u00e9sta no aport\u00f3 en debida forma cuando ten\u00eda la carga probatoria de hacerlo, son decisiones que muestran una evidente ruptura de [sendos] principios [procesales]. Actuaciones como esa de ninguna manera pueden ser toleradas por el juez de tutela y reclaman de protecci\u00f3n constitucional (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El accionante cuestiona el prove\u00eddo de 12 de mayo de 2021, a trav\u00e9s del cual el delegado de procedimientos mercantiles de la Superintendencia de Sociedades decidi\u00f3, como medida de saneamiento, no tener en cuenta el peritaje aportado por el extremo activo, decret\u00f3 como prueba de oficio la pr\u00e1ctica de un nuevo informe a instancia del all\u00ed demandante y prorrog\u00f3 su competencia para conocer del asunto bajo estudio. <\/p>\n
2. En cuanto a la determinaci\u00f3n del funcionario cognoscente de anular la prueba pericial presentada por Carbos\u00e1n Ltda., la queja se advierte prematura, por cuanto a\u00fan est\u00e1 pendiente de definirse la \u201calzada\u201d frente a dicha determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo propio ocurre con la decisi\u00f3n del despacho accionado de decretar de oficio un nuevo dictamen, en aras de tasar los perjuicios supuestamente irrogados a la parte demandante, por cuanto el debate a\u00fan se encuentra en curso, teniendo a su alcance el tutelante, la posibilidad de emplear mecanismos defensivos para oponerse a dicha probanza y ejercer su derecho de contradicci\u00f3n en el evento de serle adversa a sus intereses. <\/p>\n
Ha de recordarse, le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n excepcional anticiparse a la resoluci\u00f3n de cuestiones que deben ser estudiadas directamente por el juez natural. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corte manifest\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]s palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
3. Con todo, la decisi\u00f3n censurada no se observa arbitraria, al punto de justificar la injerencia de esta especial jurisdicci\u00f3n. Por el contrario, se encuentra motivada en el deber que tienen las autoridades judiciales de obtener un mayor grado de convencimiento sobre los hechos materia de controversia, evitando la emisi\u00f3n de un fallo inhibitorio. <\/p>\n
De esta manera, la providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
4. En lo atinente a la queja frente a la decisi\u00f3n de la entidad accionada de prorrogar su competencia, se observa la inviabilidad del amparo por inobservancia del requisito de subsidiariedad, pues el actor no interpuso recurso de reposici\u00f3n frente a la misma, remedio que ten\u00eda a su disposici\u00f3n, de conformidad con el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Esta acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, pues de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
En cuanto a la eficacia del recurso de reposici\u00f3n para cuestionar decisiones adversas a los intereses de las partes, esta Corporaci\u00f3n ha sido enf\u00e1tica al precisar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En sentido an\u00e1logo, la regla 93 ej\u00fasdem, indica: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19695, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. Conforme a los argumentos expuestos, se ratificar\u00e1 la providencia impugnada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante telegrama o por mensaje de datos a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
4\u0002 CSJ STC, de 28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada el 15 de mayo y el 17 de octubre del mismo a\u00f1o, exps. 2012-00017-01 y 2012-02127-00. <\/p>\n
5\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
6\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
9 <\/p>\n
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