STC8733-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8733-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-01095-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 2 de junio de 2021, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jos\u00e9 Gerardo Ortiz Rojas frente a la Superintendencia Financiera, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201cprotecci\u00f3n al consumidor\u201d, promovido por el aqu\u00ed actor contra el banco BBVA S.A. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante exige la protecci\u00f3n de la prerrogativa fundamental al debido proceso, presuntamente transgredida por la convocada. <\/p>\n
2. En sustento de su queja, manifiesta que, \u201c(\u2026) el 5 de julio de 2020, [le] sustrajeron de su cuenta de ahorros (\u2026) del Banco BBVA-Colombia un valor de $2.370.000 (\u2026)\u201d <\/p>\n
Expone que, por lo anterior, impuls\u00f3 ante la Superintendencia Financiera el asunto materia de resguardo, escenario donde \u201c(\u2026) la funcionaria que presidi\u00f3 la audiencia [inicial] neg\u00f3 en la etapa de pruebas, las solicitadas inicialmente en la demanda y las [requeridas] al descorrer las excepciones\u201d propuestas por el ente financiero accionado, decisi\u00f3n frente a la cual interpuso recurso de reposici\u00f3n, remedio desestimado en ese mismo acto procesal. <\/p>\n
Con posterioridad, la convocada procedi\u00f3 a emitir sentencia declarando probados los medios de defensa presentados por el extremo pasivo. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, \u201c(\u2026) se deje sin efecto la providencia de 25 de enero de 2021, (\u2026) y se ordene [a la tutelada] que, en las 48 horas siguientes a la comunicaci\u00f3n del fallo, proceda a practicar las pruebas solicitadas y negadas\u201d dentro del caso bajo estudio. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado <\/p>\n
Realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones desplegadas dentro del comentado decurso e indici\u00f3 no haber vulnerado ning\u00fan derecho fundamental del actor, por cuanto su proceder se encuentra \u201cacorde a las normas sustanciales y procesales aplicables para [esa] clase de asunto\u201d. <\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda tras considerar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]o planteado ac\u00e1 por el accionante, no va m\u00e1s all\u00e1 de la exposici\u00f3n de su propio criterio sobre la pertinencia y utilidad de la prueba testimonial (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cA lo anterior se adiciona que, con motivo del principio de subsidiariedad inherente a la tutela, al Tribunal no les factible declarar sin efectos la sentencia que la Superintendencia dict\u00f3 el 25 de enero del a\u00f1o 2021\u201d. <\/p>\n
\u201cLa foliatura no refleja que el interesado hubiera formulado alguna solicitud, en tal sentido, ante quien funge como juez natural\u201d. <\/p>\n
\u201cPor \u00faltimo, ha de observarse que, en rigor, la demanda de tutela no contiene una discrepancia concreta y directa, frente a lo resuelto mediante la sentencia de 25 de enero de 2021, lo que redunda en razones para denegar el amparo\u201d. <\/p>\n
La promovi\u00f3 el gestor manifestando que la argumentaci\u00f3n del tribunal a quo, para negar el ruego, \u201cno se ajusta a los hechos y antecedentes que motivaron\u201d la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La alzada corresponde zanjarla a esta Sala, por cuanto la Superintendencia Financiera, cuando ejerce funciones jurisdiccionales, asume, por disposici\u00f3n de los art\u00edculos 20.91 y 24.22 del C\u00f3digo General del Proceso, la categor\u00eda de juez civil del circuito, por tanto, en consecuencia, al Tribunal Superior del respectivo Distrito Judicial desatar, en primera instancia, las tutelas formuladas contra ella, y en segunda, a esta Corte, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 5\u00ba del canon 1\u00ba del Decreto 1983 de 20173. <\/p>\n
Conforme lo ha indicado esta Sala en pret\u00e9ritas oportunidades4, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional, trat\u00e1ndose de las atribuciones judiciales conferidas a las entidades administrativas, entre \u00e9stas, las superintendencias, ha de revisarse la autoridad judicial despojada de sus facultades y desplazada por tales \u00f3rganos de control, en el marco de la competencia funcional. <\/p>\n
Ello, para establecer qui\u00e9n funge como su superior funcional, pues a \u00e9ste le ser\u00e1 impuesto el conocimiento de las acciones constitucionales impetradas respecto de ellas. <\/p>\n
1.1. Con la expedici\u00f3n del Estatuto del Consumidor, la Superintendencia Financiera subsumi\u00f3 la competencia de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en materia de \u201cacciones de protecci\u00f3n al consumidor financiero\u201d en todos los sectores de la econom\u00eda5, tr\u00e1mite que debe adelantarse bajo el procedimiento verbal sumario (art\u00edculo 3906 ej\u00fasdem). <\/p>\n
La atribuci\u00f3n de esa potestad implica que una vez dicho \u00f3rgano de control avoca conocimiento de una \u201cacci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor financiero\u201d, lo hace en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, no administrativas; de manera que todos los actos se rigen, \u00fanicamente, por la citada norma especial, por ser la que regula estas acciones, y por el ordenamiento procedimental (Ley 1564 de 2012). <\/p>\n
2. El promotor del auxilio critica a la Superintendencia Financiera por negar las pruebas requeridas por aqu\u00e9l dentro del litigio bajo estudio. <\/p>\n
3. Revisados los elementos de convicci\u00f3n adosados al ruego, de entrada, se advierte que, la entidad fustigada en la audiencia inicial celebrada el 25 de enero de 2021, \u00fanicamente deneg\u00f3 la pr\u00e1ctica de la prueba requerida por Jos\u00e9 Gerardo Ortiz Rojas, concerniente al testimonio de Geraldine Castro, funcionaria del banco BBVA que atendi\u00f3, en primera medida, la queja presentada por el prenombrado ante esa entidad financiera, dada la p\u00e9rdida de su dinero. <\/p>\n
Al respecto, la convocada sostuvo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) no hay ninguna discusi\u00f3n sobre la atenci\u00f3n de la reclamaci\u00f3n presentada por el aqu\u00ed demandante (\u2026) pues frente a esa circunstancia no hay ninguna discusi\u00f3n y por tanto resultar\u00eda in\u00fatil la pr\u00e1ctica de este testimonio a la luz del art\u00edculo 167 del C.G.P., en la medida en que ser\u00eda superfluo, redundar\u00eda en el acervo probatorio frente a la queja presentada por el demandante; es m\u00e1s, reposan dentro del expediente digital todas las llamadas efectuadas por el aqu\u00ed demandante en el derivado 21 durante todo el tr\u00e1mite de reclamaci\u00f3n ante la entidad vigilada\u201d. <\/p>\n
4. Desde esa perspectiva, la decisi\u00f3n de la convocada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d7. <\/p>\n
Lo pretendido por el promotor es obtener un pronunciamiento diferente al emitido por la accionada en relaci\u00f3n con el decreto de una prueba testimonial, la cual fue desestimada, por cuanto la misma versaba sobre un hecho que no se encontraba en discusi\u00f3n, dados los dem\u00e1s medios de convicci\u00f3n militantes en el expediente, por tanto, la pr\u00e1ctica de la probanza requerida por el quejoso no se tornaba id\u00f3nea para el proceso. <\/p>\n
Como lo expres\u00f3 esta Sala en pasada ocasi\u00f3n8, el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 219 del C\u00f3digo General del Proceso9, tal como lo dispone el precepto 21210 \u00eddem, en su primer inciso, en el punto debatido, exige a la parte expresar el nombre, el domicilio y la residencia de los testigos junto con la enunciaci\u00f3n sucinta del objeto de la prueba. De manera que le corresponde al juez en esta fase introductoria controlar legal y constitucionalmente la prueba ab initio y, ante todo, en relaci\u00f3n con sus prop\u00f3sitos o fines. <\/p>\n
Al momento de solicitarse, la parte debe enunciar los \u201chechos\u201d o el \u201cobjeto\u201d sobre el que versa la prueba testimonial, caso en el cual el juez puede constatar su conducencia o idoneidad legal, la pertinencia y eficacia para su admisibilidad. Ese an\u00e1lisis puede ejecutarse al momento del decreto, aspecto que difiere de lo se\u00f1alado en el inciso segundo, tocante con la limitaci\u00f3n de la \u201crecepci\u00f3n\u201d de otros testigos. <\/p>\n
Impedir que el juez pueda analizar o comparar: petitum y causa petendi con el objeto del pedido testimonial, en relaci\u00f3n con la conducencia (legalidad y constitucionalidad) pertinencia y utilidad de esos elementos de convicci\u00f3n, cercenar\u00eda la funci\u00f3n del juez como director del proceso. En este sentido, las partes deben precisar el objeto de la prueba testimonial \u201c(\u2026) cuando se pidan testimonios (\u2026)\u201d a fin de que el instructor razone la plausibilidad de su decreto o no, teniendo en cuenta la enunciaci\u00f3n concreta de los hechos objeto de prueba y dem\u00e1s circunstancias jur\u00eddicas. <\/p>\n
Por tanto, como ocurre en el caso, si el hecho que busc\u00f3 probarse ya se hallaba suficientemente acreditado al estar aceptado, nada justificaba el decreto del rese\u00f1ado testimonio; por tanto, resulta vano insistir en aquello que no despierta duda. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos11 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 196912, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u00ab(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u00bb13, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed la protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio14. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha instado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-15, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales16; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas17. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus intereses. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. Por las razones mencionadas, se impone revalidar la providencia impugnada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Comun\u00edquese, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, lo resuelto en esta providencia a todos los interesados y, oportunamente, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 \u201c(\u2026) Los jueces civiles del circuito conocen en primera instancia de los siguientes asuntos: (\u2026) De los procesos relacionados con el ejercicio de los derechos del consumidor (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2\u0002 \u201c(\u2026) Las autoridades administrativas a que se refiere este art\u00edculo ejercer\u00e1n funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas: 2. La Superintendencia Financiera de Colombia conocer\u00e1 de las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecuci\u00f3n y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasi\u00f3n de la actividad financiera, burs\u00e1til, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversi\u00f3n de los recursos captados del p\u00fablico. <\/p>\n
3\u0002 \u201c(\u2026) 5. Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4\u0002 Cfr., et al: ATC3195-2014, exp. 2014-00141-01. <\/p>\n
6\u0002 \u201c(\u2026) Se tramitar\u00e1n por el procedimiento verbal sumario los asuntos contenciosos de m\u00ednima cuant\u00eda, y los siguientes asuntos en consideraci\u00f3n a su naturaleza: (\u2026) PAR\u00c1GRAFO 3o. Los procesos que versen sobre violaci\u00f3n a los derechos de los consumidores establecidos en normas generales o especiales, con excepci\u00f3n de las acciones populares y de grupo, se tramitar\u00e1n por el proceso verbal o por el verbal sumario, seg\u00fan la cuant\u00eda, cualquiera que sea la autoridad jurisdiccional que conozca de ellos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
7\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
8\u0002 CSJ SCT15971 de 26 de noviembre de 2019, exp. 76001-22-03-000-2019-00267-01 <\/p>\n
9\u0002 \u201cEl juez podr\u00e1 limitar la recepci\u00f3n de los testimonios cuando considere suficientemente esclarecidos los hechos materia de esa prueba. El auto del juez no tendr\u00e1 recurso alguno, pero el superior podr\u00e1 citar de oficio a los dem\u00e1s testigos, conforme a lo previsto en los art\u00edculos 180 y 361\u201d. <\/p>\n
10\u0002 ART\u00cdCULO 212. PETICI\u00d3N DE LA PRUEBA Y LIMITACI\u00d3N DE TESTIMONIOS. Cuando se pidan testimonios deber\u00e1 expresarse el nombre, domicilio, residencia o lugar donde pueden ser citados los testigos, y enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba. <\/p>\n
El juez podr\u00e1 limitar la recepci\u00f3n de los testimonios cuando considere suficientemente esclarecidos los hechos materia de esa prueba, mediante auto que no admite recurso. <\/p>\n
11\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado en San Jos\u00e9, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
12\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
13\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
14\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
15\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
16\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
17\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares c. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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