STC8734-2021<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8734-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-01111-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 9 de junio de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, dentro de la salvaguarda promovida por VD el Mundo a sus Pies S.A.S., en reorganizaci\u00f3n1, al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogot\u00e1, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo con radicado n\u00b0 2020-00281-00, incoado por International Footwear Corporation S.A. contra la gestora. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
International Footwear Corporation S.A. demand\u00f3 compulsivamente a la actora en el estrado del circuito confutado, para exigirle la cancelaci\u00f3n de unas obligaciones de dar dinero respaldadas en facturas de ventas y un t\u00edtulo valor. <\/p>\n
El 24 de febrero de 2021, se libr\u00f3 apremio ejecutivo y se decret\u00f3, entre otras medidas, el embargo de los montos en las cuentas bancarias de la tutelante. <\/p>\n
Enterada de tales decisiones, la censora (i) impetr\u00f3 reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n frente al mandamiento de pago y las cautelas; (ii) pidi\u00f3 la reducci\u00f3n de los embargos; y (iii) solicit\u00f3 requerir a la demandante prestar cauci\u00f3n por el 10% del valor materia de cobro por los perjuicios que, eventualmente, generen las medidas. <\/p>\n
La suplicante asegura que en varias oportunidades ha deprecado celeridad en el ritual refutado, sin obtener respuesta alguna, siendo necesaria la oportuna definici\u00f3n de sus peticiones porque, en su decir, la retenci\u00f3n de dineros suscitada en virtud de las medidas le ha generado problemas econ\u00f3micos, especialmente, en relaci\u00f3n con el acuerdo de reorganizaci\u00f3n que suscribi\u00f3 e, incluso, con el pago de la n\u00f3mina a sus empleados. <\/p>\n
Asimismo, critica que en p\u00e1gina web de actuaciones, no se hubiese registrado, siquiera el recibido de las solicitudes y recursos que inco\u00f3. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, ordenar realizar las anotaciones respectivas en la plataforma digital y resolver, tempestivamente, los tr\u00e1mites que impuls\u00f3. <\/p>\n
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1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
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1. El estrado cuestionado manifest\u00f3 adolecer de una excesiva carga laboral, as\u00ed como de inconvenientes de ingreso \u201cremoto\u201d a los procesos; con todo, indic\u00f3, el 1\u00b0 ingres\u00f3 el expediente al despacho para dirimir lo pertinente. <\/p>\n
2. Footwear Corporation S.A. adujo que no se ha conculcado prerrogativa alguna al interior del decurso censurado. <\/p>\n
3. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio, al advertir una tardanza justificada y la existencia de un hecho superado, dada la entrada al despacho, de las diligencias para la resoluci\u00f3n de los pedimentos del precursor. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 la querellante, insistiendo en la dilaci\u00f3n endilgada al estrado acusado. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La mora judicial, grosso modo, tiene ocurrencia cuando el juzgador desconoce los plazos legales careciendo de motivos plausibles, probados y razonables para ello. <\/p>\n
El fen\u00f3meno en menci\u00f3n halla como presupuestos, seg\u00fan constante doctrina probable de esta Corporaci\u00f3n2 y de la Corte Constitucional3, (i) la inobservancia de los t\u00e9rminos se\u00f1alados en la ley para adelantar alguna actuaci\u00f3n judicial; (ii) la inexistencia un m\u00f3vil razonable capaz de justificar dicha demora; y (iii) la tardanza imputable al juez por incumplimiento de sus funciones. <\/p>\n
Esta colegiatura comparte y hace suyas las opiniones de la Corte Interamericana4 y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos5, en el sentido de que, a fin de determinar la razonabilidad de los plazos en los cuales debe desenvolverse el proceso, han de tenerse en cuenta los siguientes aspectos: a) la complejidad del caso concreto; b) la actividad de la parte interesada; y c) el comportamiento de las autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Fallar los negocios dentro de un plazo razonable6 no es una obligaci\u00f3n impuesta, exclusivamente, por el legislador nacional; obligaciones internacionales adquiridas por Colombia radican en los jueces, cualquiera sea su grado, el deber de solucionar oportunamente las controversias sometidas a su conocimiento. <\/p>\n
2. En el caso, revisados los tr\u00e1mites refutados a trav\u00e9s de los estados electr\u00f3nicos establecidos por la Rama Judicial, se observa que, en autos emitidos el 17 de junio pasado, el estrado del circuito confutado se pronunci\u00f3 frente a las solicitudes de la accionante (i) desestimando la reposici\u00f3n formulada contra el mandamiento de pago y, declarando improcedente la alzada impetrada subsidiariamente7; (ii) denegando el mecanismo de defensa horizontal entablado frente a las medidas decretadas y, concediendo el recurso vertical, promovido, supletoriamente, en caso de naufragar el primero8; (iii) no acogiendo la solicitud de reducci\u00f3n de embargos9; y (iv) declarando improcedente el pedimento encaminado a exigir cauci\u00f3n del extremo ejecutante ante los posibles perjuicios que causen las cautelas10. <\/p>\n
Ahora, en el sistema de consulta de las actuaciones del decurso criticado, se aprecia el registro del historial de las determinaciones rese\u00f1adas, as\u00ed como la recepci\u00f3n del memorial de contestaci\u00f3n al mandamiento de pago, efectuado por la tutelante el 6 de julio de 2021. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, se observa que en el caso se disipan los supuestos f\u00e1cticos frente a los cuales la accionante endilg\u00f3 la presunta vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas superlativas, pues su queja se fund\u00f3 en la falta de definici\u00f3n oportuna de las peticiones que fueron desatadas en las determinaciones ya referidas, as\u00ed como en la ausencia de anotaciones en el sistema virtual de seguimiento a los procedimientos, las cuales, seg\u00fan se advirti\u00f3, se encuentran actualizadas; por tanto, administrar justicia constitucional en tales aspectos, se torna inane. <\/p>\n
Advi\u00e9rtase, la situaci\u00f3n descrita dista de la se\u00f1alada por el a quo constitucional, para quien el mero hecho del ingreso al despacho configura una carencia actual de objeto, lo cual no se ajusta a la realidad y torna necesaria una correcci\u00f3n en tal sentido. <\/p>\n
Sobre la figura del hecho superado, esta Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a decisi\u00f3n del Juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situaci\u00f3n expuesta en la demanda, que hab\u00eda dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acci\u00f3n, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o da\u00f1o a los derechos fundamentales. Siendo la defensa de \u00e9stos la justificaci\u00f3n y el prop\u00f3sito de esta forma expedita de administrar justicia constitucional en el caso concreto, ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que pudieran configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existe o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas totalmente diferentes a las iniciales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) El hecho superado o la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d11. <\/p>\n
3. Con todo, la Sala destaca que en casos de congesti\u00f3n por excesiva carga laboral o, frente problemas de conexi\u00f3n con las plataformas virtuales para reportar el devenir procesal de los expedientes digitales, los despachos deben poner en conocimiento de las partes y, especialmente, de los entes administrativos seccionales y centrales de la Rama Judicial, tales circunstancias, para que adopten las medidas del caso, pues esas situaciones no deben ser descargadas en los usuarios de la justicia. <\/p>\n
4. La Corte enfatiza que el cumplimiento oportuno de los t\u00e9rminos procesales no es una mera aspiraci\u00f3n ni tampoco una facultad; pues \u00e9stos constituyen una obligaci\u00f3n que dota eficacia a la Constituci\u00f3n, los tratados internacionales y, a la Ley misma. <\/p>\n
Cuando un funcionario se aparta de sus responsabilidades resquebraja con su conducta omisiva todo el ordenamiento, contribuye al caos, a las injusticias y siembra incertidumbre en los destinatarios de las normas. <\/p>\n
Si deja a un lado los poderes que se la han concedido y adopta una postura complaciente respecto a los sucesos, erosiona los principios y valores que inspiran el Estado Social de Derecho12 y torna fustaneo el anhelo de los asociados a obtener la tutela efectiva de sus prerrogativas <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos13 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 196914, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d15, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio16. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-17, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales18; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas19. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
4. De acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, pero por las razones aqu\u00ed se\u00f1aladas. <\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 De acuerdo con el certificado de existencia y representaci\u00f3n, la sociedad actora se acogi\u00f3 a los tr\u00e1mites de reorganizaci\u00f3n empresarial previstos en la Ley 1116 de 2006 ante la Superintendencia de Sociedades, en donde en el 17 de mayo de 2018, se confirm\u00f3 el acuerdo de reorganizaci\u00f3n. En ese ritual se design\u00f3 como promotor a Ferrer Mateus Camacho, quien acude a esta salvaguarda en nombre de referida empresa. <\/p>\n
2\u0002 Vide: STC16690 de 2018, exp. 2018-00485-01; STC16346-2018, exp. 2018-03593-00; STC15912-2018, exp. 2018-001934-01. Y varias m\u00e1s. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. et al: Sentencias T-292 de 1999; T-220 de 2007; T-230 de 2013; T-186 de 2017; y T-052 de 2018. <\/p>\n
4\u0002 Caso Genie Lacayo, de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, p\u00e1rr 77; y Su\u00e1rez Rosero c. Ecuador, de 12 de nov. de 1997. <\/p>\n
5\u0002 Asuntos Adolf c. Austria, de 26 de marzo de 1982; Zimmermann y Steiner c. Suiza, de 13 de julio de 1983; Erckner y Hofauer c. Austria, de 23 de abril de 1987 y Kizil\u02c6z c. Turqu\u00eda, de 25 de septiembre de 2001, entre otros. <\/p>\n
7\u0002https:\/\/www.ramajudicial.gov.co\/documents\/35090415\/75731773\/2020-281ReposicionSubsidioApelacion.pdf\/aea6100b-a112-4d2f-9b70-8f9c105a7a11 <\/p>\n