STC8735-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8735-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2021-00209-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 3 de junio de 2021, proferida por la Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la salvaguarda promovida por Uner Augusto Becerra Largo frente al Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados, entre otros, Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, Bancolombia S.A., la Defensor\u00eda del Pueblo, seccionales del Valle y Risaralda, la Personer\u00eda de Palmira y de Santa Rosa de Cabal, la Procuradur\u00eda de Risaralda y Cristian V\u00e1squez Arias con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo con radicado n\u00b0 2016-00785, iniciado por este \u00faltimo contra Seguros Generales Suramericana S.A. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden, como hechos soporte del presente amparo, los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
En primera instancia, el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, deneg\u00f3 las pretensiones del libelo, motivo por el cual V\u00e1squez Arias impetr\u00f3 apelaci\u00f3n, cuya definici\u00f3n correspondi\u00f3 a la Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. <\/p>\n
El rese\u00f1ado ritual fue acumulado junto a otros casos similares, para un total de veintid\u00f3s (22), los cuales fueron fallados de manera uniforme por ese colegiado en sentencia de 28 de mayo de 2018, donde dispuso revocar las providencias de primera instancia y acoger los pedimentos de Cristian V\u00e1squez Arias. <\/p>\n
En consecuencia, dicha corporaci\u00f3n orden\u00f3 a Bancolombia S.A. que, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes, constituyera cauci\u00f3n bancar\u00eda o p\u00f3liza en cuant\u00eda de $5.000.000, por cada una de las acciones, a fin de garantizar el cumplimiento del fallo en favor de personas sordas, ciegas y sordociegas. <\/p>\n
Cristian V\u00e1squez Arias confiri\u00f3 poder especial al aqu\u00ed actor para impetrar el compulsivo ahora reprochado, con el fin de exigir a Seguros Generales Suramericana S.A. el pago de $5.000.000 en su favor, respecto al expediente con radicado n\u00b02016-00785. <\/p>\n
El proceso ejecutivo fue impulsado ante el despacho del circuito encausado, quien, en auto de 21 de noviembre de 2019, neg\u00f3 las pretensiones del demandante, tras considerar que, si bien Bancolombia S.A. tom\u00f3 una p\u00f3liza con Seguros Generales Suramericana S.A., \u00e9sta se adquiri\u00f3 para respaldar el cumplimiento del veredicto del ad quem, en beneficio de la comunidad amparada con la acci\u00f3n popular en comento, m\u00e1s no para el promotor Cristian V\u00e1squez Arias. <\/p>\n
Contra esa determinaci\u00f3n, este \u00faltimo entabl\u00f3 reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, siendo desestimada la primera defensa y no otorgada la segunda, al estar el monto deprecado en el marco de la m\u00ednima cuant\u00eda, seg\u00fan auto de 3 de diciembre postrero. <\/p>\n
El 12 de marzo de 2021, Cristian V\u00e1squez Arias, en su propio nombre, pidi\u00f3, nuevamente, librar orden de pago contra Seguros Generales Suramericana S.A., por los $5.000.000 reconocidos en el pronunciamiento del tribunal de 28 de mayo de 2018. <\/p>\n
El 23 de marzo siguiente, el despacho enjuiciado se estuvo a lo dispuesto en prove\u00eddo de 21 de noviembre de 2019. <\/p>\n
Posteriormente, el 19 de abril, V\u00e1squez Arias present\u00f3 nuevamente un escrito para el \u201ccobro de cauci\u00f3n\u201d, el cual fue resuelto mediante auto de 23 de abril y en el que se reiter\u00f3 que tal pedimento ya hab\u00eda sido decidido en providencia de 21 de noviembre de 2019. <\/p>\n
Cristian V\u00e1squez Arias entabl\u00f3 el recurso horizontal y, en defecto de \u00e9ste, el vertical; frente a los cuales la sede judicial se remiti\u00f3 a lo ya prove\u00eddo el 3 de diciembre de 2019. <\/p>\n
Para el tutelante, se lesionaron sus garant\u00edas, porque, en su sentir, Seguros Generales Suramericana S.A. constituy\u00f3 una p\u00f3liza en favor de Cristian V\u00e1squez Arias, sin serle dable al juzgado fustigado oponerse a lo all\u00ed indicado. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
<\/p>\n
1. La c\u00e9lula judicial demandada, luego de rese\u00f1ar las actuaciones adelantadas en el decurso objeto de esta salvaguarda, defendi\u00f3 la legalidad de su gesti\u00f3n y alleg\u00f3 el link para acceder al dossier. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Bancolombia S.A. solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda inform\u00f3 sobre la designaci\u00f3n de las diferentes personer\u00edas municipales para que intervengan, ante los juzgados de su jurisdicci\u00f3n y competencia, en las acciones populares presentadas por el censor; adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que no ha conculcado derecho alguno del demandante. <\/p>\n
4. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 la salvaguarda, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa del petente y se\u00f1al\u00f3 haber desestimado, en el auto admisorio, el pedimento de integraci\u00f3n al contradictorio de la Corte Constitucional. Al respecto, expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Acude en esta oportunidad el accionante, en procura de la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, principalmente, para que se le ordene a la autoridad acusada, propiciar el pago de la cauci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 441 del CGP, en favor del se\u00f1or Cristian V\u00e1squez\u201d. <\/p>\n
\u201cEs importante lo que acaba de subrayarse porque define la improcedencia de esta acci\u00f3n de tutela, si bien, el aqu\u00ed accionante, se\u00f1or Augusto Becerra, carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, para reclamar en nombre del se\u00f1or V\u00e1squez Arias los favores que para \u00e9l ruega\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026) Eso ser\u00eda suficiente desechar las pretensiones, pero, adem\u00e1s, debe ponerse de presente que el se\u00f1or Augusto Becerra, seg\u00fan se ve en el expediente remitido por la autoridad acusada, no es parte ni interviniente de ninguna \u00edndole en la ejecuci\u00f3n de cuyo tr\u00e1mite se duele; en el cartulario solo aparecen dos a\u00f1ejos memoriales suyos en los que, sin presentarse como abogado ni acreditarlo, manifiesta actuar como apoderado del se\u00f1or Cristian V\u00e1squez, lo que deriv\u00f3 en que nunca fuera reconocido como tal (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 el querellante, indicando que el poder para actuar en representaci\u00f3n de Cristian V\u00e1squez Arias se encuentra en el diligenciamiento reprochado. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Esta acci\u00f3n es un instrumento de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales y garant\u00edas de todas las personas; empero, se encuentra supeditada a la legitimaci\u00f3n constitucional e inter\u00e9s concreto para obrar. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El art\u00edculo 10\u00ba del Decreto 2591 de 1991, estipula: <\/p>\n
\u201cLa acci\u00f3n de tutela podr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. <\/p>\n
\u201cTambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud. <\/p>\n
\u201cTambi\u00e9n podr\u00e1n ejercerla el Defensor del Pueblo y los Personeros Municipales\u201d. <\/p>\n
El mencionado canon es desarrollo de la regla 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, de la cual se colige que a dicho auxilio solo puede acudir el \u201cvulnerad[o] o amenazad[o]\u201d en sus derechos fundamentales. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, en el gestor del resguardo debe existir un inter\u00e9s que habilite su formulaci\u00f3n, el cual, trat\u00e1ndose de violaciones derivadas de procedimientos judiciales, radica en cabeza de los integrantes de alguno de los extremos del asunto o de los intervinientes en el decurso como terceros interesados. <\/p>\n
3. En el sublite, sin dificultad se advierte la improcedencia del amparo por ausencia de legitimaci\u00f3n del peticionario, toda vez que no es el titular del derecho alegado como quebrantado por el despacho acusado. <\/p>\n
Lo antelado, por cuanto en el escrito inicial el accionante no indic\u00f3 ni prob\u00f3 que interven\u00eda, en esta salvaguarda, en nombre de Cristian V\u00e1squez Arias y, si bien \u00e9ste le confiri\u00f3 poder para que lo representara en el tr\u00e1mite ejecutivo promovido en 2019, de ese documento no es posible inferir que V\u00e1squez Arias facult\u00f3 al aqu\u00ed tutelante para impetrar resguardos como el ahora estudiado. <\/p>\n
Adicionalmente, Cristian V\u00e1squez Arias actu\u00f3 en causa propia en el compulsivo incoado ante el juzgado del circuito atacado el 26 de abril de 2021, siendo \u00e9l y no el quejoso, quien formul\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, frente a la negativa de ese despacho a librar mandamiento ejecutivo. <\/p>\n
En esa medida, no es dable concluir que el poder referido por Becerra Largo ahora cobr\u00f3 vigor, para representar a Cristian V\u00e1squez Arias en esta salvaguarda. <\/p>\n
En un caso de similares contornos al aqu\u00ed debatido, esta Colegiatura adoctrin\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [C]iertamente, aunque el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, establece que \u201ccualquier persona\u201d puede acudir a la referida acci\u00f3n, no debe desconocerse, que a rengl\u00f3n seguido condiciona su legitimaci\u00f3n a que ella sea la \u201cvulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u201d, no el de terceros, como as\u00ed tambi\u00e9n se menciona en el [precepto] 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al decir que a tal mecanismo s\u00f3lo puede acudir quien le hayan sido \u201cvulnerados o amenazados\u201d aqu\u00e9llos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n punto del tema, la jurisprudencia, en reiteradas decisiones ha sostenido que la precitada norma \u201cdispuso cuatro v\u00edas procesales para que el titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados interponga acci\u00f3n de tutela: (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) (i) Por s\u00ed mismo, pues no se requiere abogado; (ii) A trav\u00e9s de representante legal en el caso de menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas; (iii) Por intermedio de un abogado titulado con poder expreso, si as\u00ed se desea; y (iv) Mediante agente oficioso, es decir, por un tercero indeterminado sin necesidad de poder, \u201ccuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa\u201d. Agrega que en este caso se debe manifestar tal situaci\u00f3n en la solicitud de tutela, esto es, se debe poner de presente que se act\u00faa en calidad de agente oficioso y cu\u00e1les son las circunstancias que hacen que el titular de los derechos est\u00e9 imposibilitado para interponer la acci\u00f3n (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
4. Finalmente, no fue alegado ni demostrado que Cristian V\u00e1squez Arias se encuentre impedido como para necesitar la intervenci\u00f3n de un tercero en calidad agente oficioso para la defensa de sus intereses y, as\u00ed, ejercer su representaci\u00f3n de manera inconsulta. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En lo atinente a la \u2018agencia oficiosa\u2019, bueno es recordar que el canon pertinente, art\u00edculo 10, Decreto 2591 de 1991, exige la demostraci\u00f3n de la imposibilidad de los agenciados de promover su propia defensa y la afirmaci\u00f3n de la raz\u00f3n de tal circunstancia en el escrito en que se pide la protecci\u00f3n, tal como con insistencia lo ha interpretado la Sala (CSJ SC, 26 nov. 2010, exp. 00372-01, reiterada el 26 nov. 2015, exp. STC16407-2015) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEn casos similares, la Corte Constitucional estableci\u00f3 los elementos necesarios para que opere la figura. Se destacan (i) La manifestaci\u00f3n del agente oficioso en el sentido de actuar como tal (ii) La circunstancia real, que se desprenda del escrito de tutela ya por figurar expresamente o porque del contenido se pueda inferir, consistente en que el titular del derecho fundamental no est\u00e1 en condiciones f\u00edsicas o mentales para promover su propia defensa (iii) La existencia de la agencia no implica una relaci\u00f3n formal entre el agente y los agenciados titulares de los derechos (\u2026)\u201d2 (subraya fuera del texto). <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. De acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002CSJ STC 13 dic. 2011, Rad. 13001 22 13 000 2011 00284 02. <\/p>\n
2\u0002CSJ. STC de 25 de febrero de 2016, exp. 11001-02-04-000-2015-02437-01 <\/p>\n
3\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
4\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
5\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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