STC8736-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8736-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2021-00223-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 3 de junio de 2021, proferida por la Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la salvaguarda promovida por Sebasti\u00e1n Colorado al Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas la Alcald\u00eda y la Personer\u00eda de esa ciudad, la Procuradur\u00eda y la Defensor\u00eda del Pueblo de la Regional Risaralda y el Banco Davivienda S.A., con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular con radicado n\u00b0 2020-00097, incoada por el actor contra la referida entidad financiera. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor implora la protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, presuntamente violentada por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden, como hechos soporte del presente amparo, los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
El impulsor promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra el Banco Davivienda S.A. ante el estrado del circuito confutado, para exigir la protecci\u00f3n colectiva de las personas sordas, ciegas y sordociegas, por cuanto, en su sentir, la sucursal de esa entidad financiera ubicada en la calle 4 n\u00ba 5-00 Edificio del Caf\u00e9 en Argelia -Valle-, no cuenta con instalaciones adecuadas para prestar servicios a quienes se encuentran en esa condici\u00f3n. <\/p>\n
El 18 de noviembre de 2020 se admiti\u00f3 el libelo y, en auto de 13 de abril pasado, el estrado confutado declar\u00f3 la nulidad de lo actuado, al estimar su falta de competencia territorial para rituar la controversia, pues, en su decir, los tr\u00e1mites deb\u00edan ser gestionados por los juzgados civiles del circuito de la mencionada ciudad. <\/p>\n
Inconforme con lo prove\u00eddo, el actor impetr\u00f3 reposici\u00f3n, defensa desestimada el 29 de abril de 2021, oportunidad donde se dispuso remitir el dossier a los estrados civiles del circuito de Argelia \u2013Valle- -reparto-, proponiendo, adem\u00e1s, conflicto negativo de competencia, si, eventualmente, el despacho correspondiente no asum\u00eda su conocimiento. <\/p>\n
Para el censor, se lesionaron sus garant\u00edas porque el despacho fustigado ten\u00eda vedado invalidar el procedimiento para deshacerse del debate y, de contera, desconoci\u00f3 el precedente de esta Sala sobre la materia, especialmente los conflictos de competencia donde se ha dispuesto conocer resguardos colectivos contra el Banco Davivienda en otras ciudades. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, ordenar (i) al despacho encausado continuar con el proceso cuestionado; (ii) vincular a la Corte Constitucional y la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura para que \u201cconsignen en derecho si la tutelada puede a mutuo propio rechazar [la] acci\u00f3n popular despu\u00e9s de estar admitida (\u2026) y, si [ello] viola la jurisdicci\u00f3n perpetua [e, igualmente] se pronuncien a fin de hacer menos gravosa la situaci\u00f3n (\u2026) y, as\u00ed, evitar un exceso ritual manifiesto; y (iii) poner a su disposici\u00f3n el link del expediente. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado y vinculados <\/p>\n
<\/p>\n
1. La c\u00e9lula judicial fustigada defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n e indic\u00f3 que, de manera alguna se limita el acceso a la justicia, ya que la acci\u00f3n fue remitida al juzgado que consider\u00f3 es el competente para conocer de la misma y, \u201cdadas las facilidades que otorga el sistema de virtualidad, el accionante puede acceder a todas las plataformas de los Despachos dentro de todo el territorio Nacional\u201d. <\/p>\n
Frente a las pretensiones del libelista, manifest\u00f3 que las mismas resultan inanes, pues, el 24 de mayo de 2021, el decurso fue remitido a los Juzgados Civiles del Circuito de Cartago, por lo cual, carece de competencia para resolver el asunto. Adem\u00e1s, agreg\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l accionante omite de manera continua el requisito de subsidiariedad de la acci\u00f3n de tutela, creando congesti\u00f3n en la administraci\u00f3n judicial proponiendo acciones sin agotar los mecanismos con los que cuenta en primera instancia, dado que tiene la posibilidad de elevar aquellas peticiones ante el Juzgado al que corresponda el asunto, como medio principal de defensa (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. El Banco Davivienda S.A. precis\u00f3 que, a la fecha no ha sido notificado de la acci\u00f3n popular cuestionada, en consecuencia, solicit\u00f3 declarar la improsperidad del resguardo y ordenar su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite. <\/p>\n
3. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo, por desconocimiento del presupuesto de subsidiariedad, as\u00ed lo rese\u00f1\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) 1. De lo informado por la Juez Promiscuo del Circuito de La Virginia y de las copias arrimadas al proceso, que obran en el link del expediente digital de la acci\u00f3n popular radicada 2020-00097 (archivo denominado \u201c10RespuestaJuzgado\u201d), se tiene que, mediante auto de fecha 13 de abril de 2021, se declar\u00f3 la nulidad del auto que admiti\u00f3 la demanda, y en su lugar, se rechaz\u00f3 por falta de competencia, ordenando la remisi\u00f3n de la acci\u00f3n popular a los Juzgados Civiles del Circuito de Argelia, Valle, prove\u00eddo confirmado en providencia del 29 de abril pasado\u201d. <\/p>\n
\u201c2. Vistas as\u00ed las cosas, no hay duda que el presente amparo constitucional se torna improcedente, por ausencia del requisito de subsidiariedad, toda vez que, la solicitud de amparo se torna prematura, pues el juzgado accionado, el 13 de abril de pasado, profiri\u00f3 auto rechazando la acci\u00f3n popular, remiti\u00e9ndola por competencia a los Juzgados Civiles del Circuito de Argelia, Valle, en consecuencia, se desconoce qu\u00e9 posici\u00f3n pueda adoptar el juzgado al que le sea asignada la demanda popular, que podr\u00eda incluso ocasionar conflicto de competencia, que en \u00faltimas habr\u00eda de ser decidido por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y, en ese orden de ideas, solo hasta ese momento se tendr\u00eda certeza de qui\u00e9n debe asumir el conocimiento del asunto (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 la querellante, reiterando los argumentos esbozados en la demanda de amparo. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Sin esfuerzo se concluye el fracaso de la protecci\u00f3n, por cuanto a\u00fan est\u00e1 por dilucidarse lo relativo a la competencia del estrado a quien se le enviaron las diligencias -aspecto aqu\u00ed no acreditado-, pues el despacho respectivo puede asumirla o, rehusarla, suscit\u00e1ndose as\u00ed un conflicto negativo en tal sentido, el cual ser\u00e1 definido por la Sala, si a ello hay lugar. <\/p>\n
En un asunto con similares contornos al aqu\u00ed debatido, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Lo discurrido por cuanto se halla pendiente de definir, por parte de los estrados a quienes se remitieron las diligencias (\u2026) si asumen o no el conocimiento de dicho juicio, debiendo esperarse tal pronunciamiento a efectos de descartar un posible conflicto de competencia (\u2026)1\u201d. <\/p>\n
Con ese entendimiento, el auxilio deviene prematuro porque a\u00fan no se ha resuelto cu\u00e1l es el despacho competente para rituar la acci\u00f3n popular reprochada, pudiendo el suplicante ver satisfechos o no sus anhelos tutelares, quedando as\u00ed en el juez natural, la potestad exclusiva de zanjar la controversia. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto esta jurisdicci\u00f3n tiene vedado anticiparse en la adopci\u00f3n de decisiones sobre aspectos asignados al fallador de la causa, por cuanto no puede arrogarse facultades ajenas. Al respecto, esta Corte manifest\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]s palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
2. En cuanto al reclamo dirigido a disponer el env\u00edo del link del proceso cuestionado al actor, se precisa la improcedencia de la solicitud, pues, tal como lo advirti\u00f3 el a quo constitucional, el censor no ha formulado petici\u00f3n similar ante el estrado querellado. <\/p>\n
No obstante, se pone de presente al tutelante que, dicha autoridad adjunt\u00f3 el enlace del expediente digital a la contestaci\u00f3n allegada a este tr\u00e1mite, escrito que obra en la carpeta contentiva de estas diligencias, la cual fue compartida al correo del tutelante. <\/p>\n
3. Tocante a la pretensi\u00f3n encaminada a ordenar vincular a la Corte Constitucional y la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura para que \u201cconsignen en derecho si la tutelada puede a mutuo propio rechazar [la] acci\u00f3n popular despu\u00e9s de estar admitida (\u2026) y, si [ello] viola la jurisdicci\u00f3n perpetua [e, igualmente] se pronuncien a fin de hacer menos gravosa la situaci\u00f3n (\u2026) y, as\u00ed, evitar un exceso ritual manifiesto\u201d, el auxilio tampoco prospera porque ese pedimento no enmarca un hecho o aspecto jur\u00eddico relacionado con un perjuicio irremediable que amerite ser conjurado o, siquiera estudiado; adem\u00e1s, desborda el objeto de la acci\u00f3n de tutela, cual es, la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
Al punto, la Sala ha adoctrinado: <\/p>\n
[E]sta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia; veamos: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u201d (\u2026)\u201d3 (negrillas originales). <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19695, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. De acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, pero por las razones aqu\u00ed esbozadas. <\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. STC5370 de 3 de mayo de 2019, exp. 66001-22-13-000-2019-00222-01 <\/p>\n
2\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
3\u0002 CSJ STC13730-2019 de 10 de octubre de 2019, exp. 11001-02-03-000-2019-03021-00 <\/p>\n
4\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
5\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
6\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC8736-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC8736-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2021-00223-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 3 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55624","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55624","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55624"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55624\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55624"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55624"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55624"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}