STC8738-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8738-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2021-00155-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 11 de junio de 2021, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por La Previsora S.A. Compa\u00f1\u00eda de Seguros, contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la citada ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo adelantado por Javier Paja Yande a la aqu\u00ed actora. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora suplica la protecci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n, presuntamente quebrantado por la autoridad jurisdiccional fustigada. <\/p>\n
2. En sustento de su queja, manifiesta que, en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali, se tramita el litigio materia de resguardo, asunto en el cual se decret\u00f3, en su contra, el embargo de los dineros depositados a su favor en diferentes establecimientos bancarios, \u201climit\u00e1ndose esa medida a la suma de setecientos millones de pesos ($700.000.000)\u201d <\/p>\n
Aduce que, a ra\u00edz de dicha cautela, varias entidades financieras procedieron a realizar la retenci\u00f3n dineraria por valor de dos mil ochocientos millones de pesos ($2\u2019800.000.000). <\/p>\n
Afirma que el 7 de abril de 2021, solicit\u00f3 al despacho convocado la \u201cdevoluci\u00f3n de los dineros embargados en exceso\u201d; no obstante, a la fecha de presentaci\u00f3n de este ruego el tutelado no ha resuelto tal pedimento, generando con ello \u201cuna grave afecci\u00f3n al patrimonio de la Naci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
3. Implora, en concreto, ordenar al estrado fustigado resolver su requerimiento y levantar las \u201cmedidas cautelares\u201d decretadas en el caso bajo estudio. <\/p>\n
1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n
Indic\u00f3 que, en auto de 3 de junio de 2021, \u201cse orden\u00f3 el cumplimiento inmediato del auto de 8 de octubre de 2020, mediante el cual se decret\u00f3 la terminaci\u00f3n\u201d del compulsivo sublite, con el fin de emitir \u201clos oficios de levantamiento respectivos\u201d. <\/p>\n
Adujo que, igualmente, dispuso \u201cla devoluci\u00f3n de los t\u00edtulos judiciales consignados a \u00f3rdenes del juzgado de origen\u201d para proceder a la entrega de esos dineros a favor de la tutelante. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Desestim\u00f3 la s\u00faplica tras inferir: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La autoridad judicial llamada a juicio por conducto de providencia del 03 de junio de 2021, orden\u00f3 a la Oficina de Apoyo a su disposici\u00f3n que diera \u201ccumplimiento inmediato\u201d al levantamiento de las medidas cautelares decretadas a lo largo del tr\u00e1mite compulsivo, cual se hab\u00eda dispuesto en auto del 08 de octubre de 2020, orden que ven\u00eda siendo desacatada, seg\u00fan se afirma, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de un empleado judicial de dicha dependencia secretarial; asimismo, se observa la elaboraci\u00f3n de los oficios Nos. 1109 y 1110, ambos del 04 de junio hoga\u00f1o, mediante los cuales se comunica el levantamiento del embargo sobre las sumas de dinero depositadas en establecimientos bancarios y similares, y el establecimiento de comercio denominado \u201cLa Previsora de Seguros S.A.\u201d, respectivamente, adem\u00e1s, tales documentos fueron enviados a las direcciones electr\u00f3nicas respectivas, de igual manera, se enter\u00f3 debidamente al apoderado judicial de la sociedad gestora, acerca de la anterior diligencia\u201d. <\/p>\n
\u201cComo si fuera poco, el mismo juzgado convocado, en prove\u00eddo del 04 de junio de 2021, accedi\u00f3 a la entrega de los t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial (\u2026) a favor del demandado (\u2026) como excedente del embargo\u201d, igualmente, ofici\u00f3 al juzgado de conocimiento para que trasladara todos los t\u00edtulos judiciales existentes, para luego realizar la respectiva entrega de los dep\u00f3sitos judiciales a trav\u00e9s de la Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali. Incluso, el ente administrativo ya ejecut\u00f3 ese mandato, pues confeccion\u00f3 y remiti\u00f3 el oficio 1113 del mismo d\u00eda, mes y a\u00f1o, en el que se le inform\u00f3 del contenido del auto al juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Cali, tambi\u00e9n, el pasado 10 de junio, diligenci\u00f3 orden de fraccionamiento o conversi\u00f3n de un dep\u00f3sito judicial, en orden a perfeccionar la entrega antedicha. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 la promotora, aduciendo que, \u201cla entrega parcial de dineros embargados en exceso y el mero requerimiento de conversi\u00f3n de t\u00edtulo no da lugar para que el juez de primera instancia haya decidido\u201d negar la tutela \u201cpor superado el hecho\u201d, pues <\/p>\n
\u201c(\u2026) no se asegura con esto la entrega efectiva de los dineros ni mucho menos que el Despacho pueda tardar otros tantos meses en dar tr\u00e1mite a la reiterada solicitud, en cuyo caso la suscrita perder\u00eda cualquier oportunidad de acudir al amparo constitucional por tratarse del mismo hecho de la presente acci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Previsora S.A. Compa\u00f1\u00eda de Seguros, censura la tardanza del Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali en atender su requerimiento de \u201cdevoluci\u00f3n de los dineros embargados en exceso\u201d dentro del litigio sublite. <\/p>\n
2. Se advierte el fracaso de este mecanismo, por cuanto, estando en tr\u00e1mite el mismo, el convocado, en prove\u00eddo de 4 de junio de 2021, orden\u00f3, a favor del ente societario convocante, \u201cla elaboraci\u00f3n de la orden de entrega de los t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial, por valor de (\u2026) $724.758.614,03\u201d, como excedente del embargo decretado en el comentado compulsivo. Igualmente, en esa misma providencia dispuso: <\/p>\n
\u201cOficiar al Juzgado 17 Civil del Circuito de Cali, a fin de que se sirva trasladar todos los t\u00edtulos judiciales existentes para el presente proceso, a trav\u00e9s de la Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali\u201d. <\/p>\n
Por tanto, se disipan los supuestos f\u00e1cticos frente a los cuales el petente encauz\u00f3 la presunta vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas superlativas, pues la mora endilgada por aqu\u00e9l ya fue atendida, configur\u00e1ndose as\u00ed un hecho superado frente a ese punto. <\/p>\n
Sobre ese t\u00f3pico, esta Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a decisi\u00f3n del Juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situaci\u00f3n expuesta en la demanda, que hab\u00eda dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acci\u00f3n, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o da\u00f1o a los derechos fundamentales. Siendo la defensa de \u00e9stos la justificaci\u00f3n y el prop\u00f3sito de esta forma expedita de administrar justicia constitucional en el caso concreto, ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que pudieran configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existe o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas totalmente diferentes a las iniciales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) El hecho superado o la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
3. Ahora, la censura elevada en el escrito impugnatorio, relacionada con la tardanza en la que puede incurrir el juzgado convocado en realizar \u201cla entrega efectiva de los dineros\u201d ordenados en devoluci\u00f3n, adem\u00e1s de ser ese argumento una mera eventualidad, tambi\u00e9n constituye un suceso nuevo y, por ende, no ser\u00e1 objeto de pronunciamiento en esta instancia, pues ello implicar\u00eda preterir la garant\u00eda de defensa de quienes no tuvieron la oportunidad de controvertir ese espec\u00edfico punto. <\/p>\n
Frente a ese t\u00f3pico, esta Corporaci\u00f3n ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]s cierto que, en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026). Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
4. No obstante lo expuesto en precedencia, se exhortar\u00e1 al juzgador accionado a adoptar las medidas necesarias para materializar, en el menor tiempo posible, la entrega de los t\u00edtulos judiciales ordenada en el caso bajo estudio; m\u00e1xime, cuando el litigio se encuentra culminado desde el 8 de octubre de 2020, oportunidad donde se orden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares practicadas en ese asunto. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En sentido an\u00e1logo, la regla 93 ej\u00fasdem, indica: <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. Conforme a los argumentos expuestos, se ratificar\u00e1 la providencia impugnada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, sin perjuicio de la exhortaci\u00f3n efectuada al juzgado atacado. Rem\u00edtasele copia de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante telegrama o por mensaje de datos a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre muchos otros en fallo de 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. STC de 10 de mayo de 2011, exp. 00416-01. <\/p>\n
3\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
4\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
5\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
6 <\/p>\n
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