STC8741-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8741-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 41001-22-14-000-2021-00099-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 2 de junio de 2021 por la Sala Segunda de Decisi\u00f3n Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, que neg\u00f3 la salvaguarda promovida por Omar P\u00e9rez contra el Juzgado Quinto de Familia de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite fueron vinculados Alba Luc\u00eda, Luis Ignacio, Elio Efra\u00edn, Diana Victoria y Juan Pablo Camacho Cuenca, Rub\u00e9n P\u00e9rez Camacho y Matilde Cuenca de Camacho. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El gestor procura el respeto de sus derechos fundamentales de petici\u00f3n y debido proceso, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
2.1.- El tutelante instaur\u00f3 una demanda de sucesi\u00f3n en calidad de \u00abhijo natural reconocido\u00bb del causante, que le correspondi\u00f3 al Juzgado acusado bajo el radicado 410013110005-2018-00270-00. <\/p>\n
2.2.- Sostuvo que, en dicho tr\u00e1mite, \u00abal haber descubierto de mi parte la existencia de graves anomal\u00edas que pueden configurar v\u00edas de hecho que afectan el debido proceso, el d\u00eda 20 de marzo del 2021 le hice un derecho de petici\u00f3n y lo formule ante la accionada, solicit\u00e1ndole que realizara un control de legalidad en ese tr\u00e1mite procesal, para que descubriera y superara las falencias existentes en el proceso, ocurridas el d\u00eda 28 de junio del 2019, a lo cual el Juzgado me respondi\u00f3 mediante auto del 10 de marzo del 2021 que no es procedente atender mis peticiones, por no haberlo hecho por medio de un abogado\u00bb. <\/p>\n
2.3.- En relaci\u00f3n con lo anterior, seg\u00fan su criterio, \u00ab(\u2026) la se\u00f1ora Juez accionada, cometi\u00f3 una grave falencia que vulnera presuntamente mi derecho al debido proceso, ya que yo en mis peticiones del 20 de marzo del 2021 y del 31 de enero del 2021; le hab\u00eda puesto de presente a la se\u00f1ora Juez; que el control de legalidad el cual yo le solicitaba pod\u00eda realizarse aun de manera oficiosa, porque el Articulo 132 del C\u00f3digo General del Proceso, ordena a los se\u00f1ores Jueces de la Republica que deber\u00e1n hacerlo para corregir o sanear los vicios que configuren irregularidades del proceso\u00bb y que \u00ab(\u2026) un control de legalidad debe realizarse por el Juez de conocimiento tan pronto como pueda percibir la existencia de la irregularidad procesal que pueda generar vicios de nulidad o que pueda afectar el debido proceso pero para que el se\u00f1or Juez pueda avizorar esa falencia, no necesita que el peticionario le presente un t\u00edtulo de ser profesional, si no que le ponga en su conocimiento el suceso irregular, para que el Juzgado proceda a sanearlo mediante la realizaci\u00f3n del respectivo control de legalidad\u00bb. <\/p>\n
2.4.- Sin embargo, \u00abhan pasado varios meses sin que se me haya brindado una respuesta de fondo sobre el asunto, ya que despu\u00e9s del auto que me fue notificado manifest\u00e1ndome que no se me es cuchaba por no haber actuado con abogado, pues de ah\u00ed en adelante yo volv\u00ed a peticionar de nuevo expres\u00e1ndole a la se\u00f1ora Juez que lo hiciera de manera oficiosa y nada se me (ha) respondido\u00bb. <\/p>\n
2.5.- De otro lado, adujo que recibi\u00f3 \u00abuna comunicaci\u00f3n de la parte accionada manifest\u00e1ndome que pod\u00eda acceder al Palacio de Justicia para poder tener acceso al expediente pero me (fij\u00f3) fecha para que yo lo pudiera hacer tal como consta en documento que estoy anexando, all\u00ed dice que debo hacerlo 05 de mayo del 2021 y yo acud\u00ed ese d\u00eda, y me encontr\u00e9 con la sorpresa de que los celadores del Palacio no permitieron mi ingreso, manifestando que estaban en paro\u00bb. <\/p>\n
3.- Inst\u00f3, conforme a lo relatado, \u00ab1) Tutelar mis derechos fundamentales constitucionales, como el derecho de petici\u00f3n y el derecho al debido proceso conforme a lo narrado en los anteriores hechos. 2) Que al tutelar mis derechos se ordene a la accionada, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de la sentencia de tutela que se dicte, deber\u00e1 proceder a resolver de fondo las peticiones que le hice sobre la realizaci\u00f3n del control de legalidad en ese tr\u00e1mite procesal objeto de la tutela ya que es obligaci\u00f3n de la Juez hacerlo, as\u00ed sea de manera oficiosa y sin necesidad de petici\u00f3n de mi apoderado judicial, porque yo soy la persona afectada con cualquier falencia incurrida. 3) Ordenar a la accionada que deber\u00e1 informar al Juez de tutela sobre el cumplimiento efectivo de lo dispuesto en la sentencia de tutela\u00bb. <\/p>\n
4.- En escrito posterior, manifest\u00f3 que \u00ab(\u2026) he recibido respuesta de la Accionada (\u2026)\u00bb, pero que en \u00e9sta \u00ab(\u2026) simplemente tratan de superar lo referente a mis derechos de petici\u00f3n que hab\u00eda formulado a la se\u00f1ora JUEZ QUINTA DE FAMILIA DE NEIVA, y (aqu\u00ed) se evidencia que (s\u00ed) tengo derecho a peticionar\u00bb y \u00abrespecto a mi decisi\u00f3n para que de manera oficiosa realizara control de legalidad para sanear vicios procedimentales que afectan el debido proceso; esa grave falencia no ha sido superada (porque) en su escrito manifiesta la se\u00f1ora Juez, que ya (pas\u00f3) la etapa en donde yo hubiera podido alegar esa irregularidad que pueden generar nulidad procesal y que precisamente ya existe cosa Juzgada en las decisiones adoptadas\u00bb, lo cual no es cierto y no puede ser aceptado, en tanto no se analizaron las irregularidades evidenciadas; por consiguiente, en raz\u00f3n a que la \u00ab(\u2026) acci\u00f3n de tutela puede fallarse o resolverse en forma extra petita; pido ahora que se resuelva incluyendo las nuevas falencias incurridas por la accionada despu\u00e9s de haberse admitido la acci\u00f3n de tutela, para evitar de tener que acudir de nuevo a formular una nueva acci\u00f3n Constitucional\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1.- El apoderado judicial de Elio Efra\u00edn Camacho Cuenca se pronunci\u00f3 respecto de los hechos de la acci\u00f3n tutela y pidi\u00f3 denegar el amparo, en la medida en que \u00abel juzgado accionado ha actuado conforme a derecho al no permitir que el se\u00f1or OMAR PEREZ litigue en causa propia por no ser abogado, adem\u00e1s, porque la cuant\u00eda de la sucesi\u00f3n supera los 150 S.M.L.M.V.\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Quinto de Familia de Neiva manifest\u00f3 que, \u00abAl revisar los hechos de la tutela y lo pretendido con la misma, advierte el juzgado que no ha incurrido en transgresi\u00f3n a los fundamentales al Debido Proceso y Petici\u00f3n, invocados por el accionante, en el caso del primero por cuanto a trav\u00e9s de auto proferido el 10 de marzo anterior, se le indic\u00f3 que la solicitud deb\u00eda ser presentada a trav\u00e9s de apoderado judicial, lo cual se reiter\u00f3 en auto proferido el d\u00eda de hoy (\u2026), en el cual se resuelven las solicitudes enviadas al juzgado el s\u00e1bado 20 de marzo y 19 de abril del a\u00f1o en curso, entendiendo que la primera se recibe por el despacho judicial el d\u00eda h\u00e1bil siguiente a su env\u00edo, esto es, el 23 de marzo\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, \u00aben el tr\u00e1mite surtido en la sucesi\u00f3n con radicado 41001311000520180027000, en la cual es demandante el accionante, no se observa vulneraci\u00f3n alguna al mismo, pues el litigio fue desarrollado respetando las garant\u00edas procesales a las partes, a tal punto que contaron con los t\u00e9rminos para interponer los recursos de ley, inclusive acudiendo al de apelaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n adoptada por el juzgado el 28 de junio de 2019 en la que se orden\u00f3 excluir todas las partidas inventariadas y se conden\u00f3 en costas a la parte demandante, decisi\u00f3n confirmada por el superior\u00bb. <\/p>\n
3.- Rub\u00e9n P\u00e9rez, tambi\u00e9n demandante en el proceso de origen, coadyuv\u00f3 la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La Sala Segunda de Decisi\u00f3n Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva deneg\u00f3 el amparo invocado, al considerar que \u00ablas peticiones elevadas en nombre propio por OMAR P\u00c9REZ demandante dentro del proceso de sucesi\u00f3n No. 41001- 31-10-005-2018-00270-00, est\u00e1n orientadas a que la juez de conocimiento realice control oficioso de legalidad sobre la providencia de 18 de diciembre de 2019 del Tribunal Superior de este Distrito Judicial que confirm\u00f3 la diligencias de inventarios y aval\u00faos de 28 de junio de igual a\u00f1o, al considerar que se cometieron sendos errores de interpretaci\u00f3n normativa y probatoria, al excluirse un derecho de posesi\u00f3n ejercido por el causante sobre parte de los bienes en litigio; solicitud que sin duda hace parte del tr\u00e1mite jurisdiccional y debe obedecer a las normas dispuestas para este tipo de procesos, sin remitirse a los lineamientos de petici\u00f3n referidos para la actuaciones administrativa (SC 2079 de 2020)\u00bb. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que \u00abno aflora mora judicial ni vulneraci\u00f3n al debido proceso que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, pues las solicitudes por las que se invoc\u00f3 esta acci\u00f3n fueron atendidas, aunque de manera desfavorable al hoy accionante; en efecto mediante los autos de 10 de marzo y 20 de mayo de 2021, la funcionaria accionada se\u00f1al\u00f3 la imposibilidad de darles tr\u00e1mite por carecer del derecho de postulaci\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 73 del C.G.P., debiendo ser adelantadas por intermedio de apoderado judicial, mismo que inici\u00f3 la acci\u00f3n judicial, y el asunto no se encuentra dentro de las excepciones para litigar en causa propia conforme los art\u00edculos 28 y 29 del Decreto 196 de 1971. Consideraciones que comparte plenamente la Sala\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular, se\u00f1al\u00f3 que \u00abel derecho de postulaci\u00f3n es el que se tiene para actuar en los procesos, como profesional del derecho, bien sea personalmente en causa propia o como apoderado de otra persona, cuando por ley as\u00ed sea exigido, como en el asunto en cuesti\u00f3n; m\u00e1xime si el accionante est\u00e1 representado por mandatario judicial desde la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n judicial de sucesi\u00f3n, como lo reconoce en el escrito de tutela y cuando el pretendido control de legalidad est\u00e1 dirigido contra una providencia judicial que se encuentra ejecutoriada desde el 16 de enero de 2020, conforme la constancia secretarial de la Sala Civil Familia Laboral de esta Corporaci\u00f3n, como se verific\u00f3 al examinar el expediente digital del proceso\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, destac\u00f3 que \u00abla juzgadora accionada en auto de 21 de mayo del presente a\u00f1o, le comunic\u00f3 al accionante que tendr\u00eda acceso f\u00edsico al expediente el 15 de junio de 2021 a las 8:00 de la ma\u00f1ana; decisi\u00f3n que fue notificada al correo electr\u00f3nico bibiperez24@hotmail.com direcci\u00f3n aportada en las peticiones y el escrito de tutela\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la accionante, quien adujo que \u00abNo pueden quedarse en el aire los sucesos violatorios al debido proceso y (as\u00ed) al no encontrarse una situaci\u00f3n de cosa juzgada por no haberse dictado sentencia si no simplemente autos interlocutorios se requiere que se haga un verdadero control de legalidad y esto debe ser ordenado de manera oficiosa por que yo no puedo obligar a mi apoderado Judicial a que lo haga por que lo colocar\u00eda en un riesgo de que se presente un enfrentamiento con la Juez accionada por reclamar mis derechos\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que no era cierto que estuviera atacando la providencia del 18 de diciembre de 2019, proferida por el magistrado Edgar Robles Ram\u00edrez, como lo asegura el fallo constitucional de primera instancia, pues \u00abmi solicitud se refiere es a que se realice un control de legalidad para que queden saneadas las falencias ocurridas en la diligencia del inventario de aval\u00fao realizada por la Juez Quinta de Familia de Neiva, el dia 28 de junio de 2019\u00bb, dado que \u00aben ning\u00fan momento ha realizado valoraci\u00f3n alguna sobre las pruebas aportadas para demostrar la posesi\u00f3n de los bienes sociales en cabeza del causante EFRAIN CAMACHO ROJAS (q.e.p.d)\u00bb. <\/p>\n
No obstante, el impugnante se\u00f1al\u00f3 que el referido magistrado revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia, pero \u00abcometi\u00f3 una nueva falencia ya que no se refiri\u00f3 a los fundamentos expuestos en la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n si no que procedi\u00f3 a dictar sentencia d\u00e1ndole el valor probatorio equivocado y contrario a lo acostumbrado seg\u00fan las reglas de la sana (cr\u00edtica) y con ese an\u00e1lisis probatorio resolvi\u00f3 declarar que las posesiones de EFRAIN CAMACHO no exist\u00edan sobre tales bienes y (orden\u00f3) que quedaran excluidos de los inventarios y (aval\u00faos)\u00bb. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 la actuaci\u00f3n de los magistrados que profirieron el fallo constitucional de primera instancia, supuestamente porque pasaron \u00abpor alto las fallas cometidas por el Magistrado ROBLES RAMIREZ y no le dieron importancia al hecho de que se hubieran entrometido a realizar el valor probatorio sobre algo que no hab\u00eda sido debatido en la primera instancia\u00bb y agreg\u00f3 que los \u00abse\u00f1ores Magistrados conocieron de esta acci\u00f3n de Tutela cuando en los hechos vulneradores al debido proceso se encuentra adem\u00e1s involucrado el Magistrado ROBLES RAMIREZ y ustedes no lo vincularon al (tr\u00e1mite), y a pesar de esto tampoco se declararon impedidos para conocer de este tr\u00e1mite y era l\u00f3gico que le debi\u00f3 ser asignada la tutela a la Sala Penal y no a la que ustedes integran (porque) su impedimento se observa que debi\u00f3 ser necesario para que puede darse la claridad y una situaci\u00f3n de (imparcialidad)\u00bb. <\/p>\n
El coadyuvante tambi\u00e9n impugn\u00f3 la decisi\u00f3n. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine, el promotor reclam\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados en raz\u00f3n a que el Juzgado convocado no accedi\u00f3 a realizar un control de legalidad sobre una actuaci\u00f3n en el proceso objeto de debate, dado que la solicitud no la formul\u00f3 a trav\u00e9s de apoderado, as\u00ed como, porque no se pronunci\u00f3 frente al requerimiento posterior. <\/p>\n
2.- Pronto advierte esta Sala que la decisi\u00f3n impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, pues la acci\u00f3n constitucional no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, como entrar\u00e1 a analizarse. <\/p>\n
3.- En relaci\u00f3n con el amparo invocado, es pertinente se\u00f1alar, en primer lugar, que en trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales, esta Corte ha precisado que las solicitudes que se presentan no corresponden a derechos de petici\u00f3n, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ablas peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC1622-2020). <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, cuando por v\u00eda de tutela se alega la violaci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n por parte de una autoridad judicial, concierne dilucidar si la solicitud comporta o no un asunto propio del litigio. <\/p>\n
3.1.- En el presente asunto, el accionante requiri\u00f3 al Juzgado censurado realizar un control de legalidad sobre una actuaci\u00f3n surtida en el juicio, en la cual advirti\u00f3 algunas irregularidades, por tanto, no hay duda que se trata de un requerimiento propio del litigio y no un derecho de petici\u00f3n, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Siendo ello as\u00ed, lo procedente es evidenciar si la autoridad judicial se pronunci\u00f3 sobre lo requerido, puesto que \u00ab\u2018quien presenta una demanda, interpone un recurso, formula una impugnaci\u00f3n o adelanta cualquier otra actuaci\u00f3n dentro de los t\u00e9rminos legales y estando habilitado por ley para hacerlo, tiene derecho a que se le resuelva del mismo modo, dentro de los t\u00e9rminos legales dispuestos para ello. De lo contrario, se le estar\u00eda desconociendo su derecho fundamental al debido proceso, as\u00ed como el acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u2019\u00bb (T-747-2009). <\/p>\n
3.2.- En ese aspecto, advierte la Sala que el convocado se pronunci\u00f3 sobre las solicitudes que el actor formul\u00f3 el 31 de enero y el 20 de marzo de 2021, mediante los autos del 10 de marzo y del 20 de mayo del a\u00f1o en curso, respectivamente. <\/p>\n
En el prove\u00eddo del 10 de marzo de 20211, el Juzgado se\u00f1al\u00f3 que, \u00aben atenci\u00f3n a las peticiones enviadas por el se\u00f1or OMAR P\u00c9REZ a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica del juzgado, advierte el despacho que no es procedente atender las mismas, toda vez que para actuar en el proceso debe hacerlo a trav\u00e9s de apoderado judicial, ya que el asunto no se encuentra dentro las excepciones para litigar en causa propia, enlistadas en los art\u00edculos 28 y 29 del Decreto 196 de 1971\u00bb. Asimismo, por auto del 20 de mayo siguiente2, la autoridad judicial reiter\u00f3 que deb\u00eda actuar a trav\u00e9s de apoderado judicial y puso \u00abde presente al actor, que al haber corrido tr\u00e1nsito a cosa juzgada la decisi\u00f3n adoptada, mal puede hoy el juzgado retroatraer las actuaciones surtidas en el proceso para realizar un nuevo control de legalidad, el que se realiza agotada cada una de las etapas del mismo, como lo ordena el art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
En suma, se evidencia que el Despacho convocado, mediante los prove\u00eddos referidos, decidi\u00f3 sobre los requerimientos del actor. <\/p>\n
3.3.- Por lo dem\u00e1s, considera la Sala que no err\u00f3 el Juzgado acusado, al advertirle al ahora tutelante que deb\u00eda actuar en el proceso a trav\u00e9s de apoderado judicial, conforme a lo indicado en los art\u00edculos 28 y 29 del Decreto 196 de 1971, que regula el ejercicio de la abogac\u00eda. <\/p>\n
Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia T-018 de 2017, sostuvo que \u00abEl derecho de postulaci\u00f3n es el \u2018que se tiene para actuar en los procesos, como profesional del derecho, bien sea personalmente en causa propia o como apoderado de otra persona\u2019. Ahora bien, \u2018no se trata de disminuir la capacidad para comparecer en proceso, sino de reglamentar su ejercicio en defensa de los mismos interesados y de la profesi\u00f3n de abogado que, por su contenido social merece protecci\u00f3n\u2019\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, el Despacho precis\u00f3 que el control de legalidad, a la luz del art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso, se realizaba agotada cada etapa del proceso, salvo que se tratara de hechos nuevos y que las irregularidades no podr\u00e1n ser alegadas con posterioridad, por lo que, con base en esa normativa aclar\u00f3 que \u00abmal puede hoy el juzgado retroatraer las actuaciones surtidas en el proceso\u00bb. <\/p>\n
De lo anterior, se concluye que la autoridad judicial accionada se pronunci\u00f3 sobre los requerimientos del actor, sin que se vislumbre la vulneraci\u00f3n de los derechos invocados. <\/p>\n
4. Finalmente, si bien en la impugnaci\u00f3n del fallo de tutela de primera instancia el actor cuestion\u00f3 que los magistrados que lo profirieron pasaron \u00abpor alto las fallas cometidas por el Magistrado ROBLES RAMIREZ (\u2026) y no lo vincularon al tramite, y a pesar de esto tampoco se declararon impedidos para conocer de este tr\u00e1mite\u00bb, lo cierto es que el Tribunal constitucional no se pronunci\u00f3 de fondo sobre la providencia del 18 de diciembre de 2019 aludida, sino sobre las que el Juzgado Quinto de Familia de Neiva profiri\u00f3 el 10 de marzo y el 21 de mayo de 2021, a trav\u00e9s de las cuales se neg\u00f3 a practicar un control de legalidad, como respuesta a las solicitudes que el actor elev\u00f3 el 31 de enero y el 20 de marzo de 2021, pues ese era el objeto de la tutela. <\/p>\n
5.- De conformidad con lo discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo objeto de reproche, que neg\u00f3 el amparo. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Notificado en estado electr\u00f3nico 37 del 11 de marzo de 2021: https:\/\/www.ramajudicial.gov.co\/documents\/36542853\/62069337\/ESTADOS+11+MARZO+2021-.pdf\/4e1c45b4-0877-448d-9308-1165679b558b <\/A><\/p>\n