STC8742-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8742-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2021-02026-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Magdalena Z\u00fa\u00f1iga Rayo contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado Doce de Familia del Circuito de Cali. Al tr\u00e1mite fueron vinculados Luis Alberto Neira Fl\u00f3rez y Alejandro Rada Rodr\u00edguez. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, a trav\u00e9s de apoderado judicial, procura la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas en la referida causa. <\/p>\n
2. La promotora relat\u00f3 los siguientes hechos en apoyo de su petici\u00f3n: <\/p>\n
2.1. Fue vinculada el 5 de julio de 2017 al proceso de sucesi\u00f3n con radicado No. 76-001-31-10-012-2017-00194-02, que se tramita ante el Juzgado convocado. <\/p>\n
2.2. Present\u00f3 solicitud de nulidad, el 9 de febrero de 2020, aludiendo la consumaci\u00f3n de la p\u00e9rdida de competencia en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. Indic\u00f3 que transcurri\u00f3 m\u00e1s de un a\u00f1o entre la fecha en que fue notificada de la demanda -5 de julio de 2017- sin que se hubiera dictado sentencia de primera instancia. No obstante, tal petici\u00f3n fue denegada por el Juzgado al evidenciar el saneamiento del vicio en los t\u00e9rminos de la sentencia C-443 de 2019 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
2.3. Inconforme con tal determinaci\u00f3n, la ahora tutelante interpuso recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n. El proveido recurrido se mantuvo inc\u00f3lume. Se concedi\u00f3 la alzada ante el Tribunal convocado, quien resolvi\u00f3 confirmar \u00abla decisi\u00f3n de primera instancia mediante Providencia del 25 de enero de 2021 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
La promotora sostuvo, dado que los hechos que dieron origen a la nulidad se consumaron \u00ab(\u2026) con anterioridad a la emisi\u00f3n de la Sentencia C-443 de 2019 de la Corte Constitucional, se debi\u00f3 analizar por el Tribunal si dicha nulidad era subsanable o no lo era, por cuanto el Juzgado tuvo como uno de sus fundamentos para negar la nulidad, el hecho de que el suscrito haya actuado en el proceso sin proponerla, saneando, seg\u00fan el Juzgado, la misma, al tenor del art\u00edculo 136 del C\u00f3digo General del Proceso. Desconoci\u00f3 el Juzgado los efectos de una Nulidad de Pleno Derecho y le dio el tratamiento de una nulidad com\u00fan\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, cit\u00f3 in extenso la sentencia STC15215 de <\/p>\n
7 de noviembre de 2019, de esta Sala, y manifest\u00f3 que all\u00ed se \u00abestablece de manera clara y expresa que la decisi\u00f3n de la Corte Constitucional contenida en la Sentencia C-443 de 2019 no tiene vigencia sobre hechos del pasado anteriores a su pronunciamiento, y as\u00ed solicito que sea ratificado por esa Honorable Corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1.- El Juzgado Doce de Familia de Oralidad de Cali manifest\u00f3 que en su providencia, hoy cuestionada, \u00abse hace un recuento de las actuaciones surtidas, en las que se destacaron la presentaci\u00f3n de la contestaci\u00f3n de la demanda, excepciones propuestas, autos recurridos y apelados, cambio de titular del despacho y el cierre extraordinario de los Juzgados en raz\u00f3n al accidente del desplome del ascensor en el Palacio de Justicia; solicitud y declaratoria de nulidad de lo actuado lo que conllev\u00f3 a fijar una nueva fecha para repetir la diligencia de inventarios y aval\u00faos en la que se present\u00f3 objeci\u00f3n a los mismos, dando lugar al decreto de pruebas y a fijar fecha de audiencia para resolverla, entre otros, aunado a la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos y el cierre de los despachos judiciales desde el 16 de marzo 2020 hasta el 01 de julio de 2020 por la emergencia sanitaria por la Pandemia Covid 19\u00bb. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que \u00absi bien el t\u00e9rmino al que se refiere el Art.121 del CGP para proferir decisi\u00f3n de fondo fue superado, no ha sido por causas atribuibles al Despacho, sino al devenir propio del proceso, la actuaci\u00f3n de las partes y circunstancias ajenas a los intervinientes, llamando la atenci\u00f3n que el apoderado recurrente solo solicit\u00f3 la nulidad de lo actuado por escrito presentado el 9 de marzo de 2020, pese a que el Art.121 del CGP., se encuentra vigente desde el a\u00f1o 2016 y desde el 5 de julio de 2018 se venci\u00f3 el t\u00e9rmino para proferir sentencia, empero, el apoderado continu\u00f3 interviniendo en el proceso, por lo que a voces del art\u00edculo 136 del C.G.P., la posible nulidad que pudo presentarse se encuentra saneada, raz\u00f3n por la cual el despacho dispuso NO DECRETAR la nulidad promovida por el apoderado de la coheredera MAGDALENA ZU\u00d1IGA RAYO\u00bb. <\/p>\n
2.- Henry Vallejo Espitia, quien dijo actuar como apoderado judicial de Luis Ernesto Neira, se\u00f1al\u00f3 que la ahora tutelante, a trav\u00e9s de apoderado en el proceso de marras, ha presentado varias solicitudes de nulidad de actuaciones procesales. Sin embargo, s\u00f3lo hasta despu\u00e9s de la audiencia de inventarios y aval\u00faos que le result\u00f3 adversa a sus intereses invoc\u00f3 la prevista en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Destac\u00f3 que \u00abEvidentemente la solicitud tiene como base la inconformidad del apoderado que representa a la coheredera por la aprobaci\u00f3n de los inventarios y aval\u00faos presentados por LUIS ERNESTO NEIRA FLOREZ, m\u00e1s no porque se le haya vulnerado alg\u00fan derecho a su representada. Claro es, que la decisi\u00f3n jur\u00eddica tomada por la judicatura apegada a las regulaciones que dirigen el proceso de sucesi\u00f3n, es contraria a la conveniencia de la se\u00f1ora MAGDALENA ZU\u00d1IGA quien pretende usar la justicia como instrumento para desconocer el derecho que le corresponde al padre del causante en la herencia de su hijo, m\u00e1s aun al ser confirmada la decisi\u00f3n de negar la nulidad por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Cali, mediante de fecha 25 de enero de 2021\u00bb. <\/p>\n
Pidi\u00f3 rechazar la acci\u00f3n por improcedente. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales de la accionante con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 25 de enero de 2021. Ello pues, a su juicio, el Tribunal debi\u00f3 haber declarado la nulidad de pleno derecho del proceso de marras a partir del 5 de julio de 2018 en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso y no lo hizo. <\/p>\n
2. Pronto advierte esta Sala que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad y, por tanto, la salvaguarda impetrada habr\u00e1 de ser denegada. En efecto, se considera que la resoluci\u00f3n rebatida no alberga anomal\u00eda que imponga la perentoria salvaguardia, independientemente de que sea o no compartida. <\/p>\n
3. Sobre el particular, la Corporaci\u00f3n accionada, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n, expres\u00f3 los motivos por los cuales consider\u00f3 que se deb\u00eda confirmar la providencia del a quo. <\/p>\n
Para ello, advirti\u00f3 que \u00abEn el caso objeto de este pronunciamiento, se debe determinar si dentro del proceso en curso se configura la nulidad de pleno derecho por falta de competencia, prevista en el inciso 6 del art\u00edculo 121 del C.P.G, alegada por la heredera reconocida MAGDALENA Z\u00da\u00d1IGA RAYO, conforme a los t\u00e9rminos expuestos en el recurso\u00bb. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que \u00abse debe advertir que la Corte Constitucional, mediante sentencia C-433 del 2019, declar\u00f3 inexequible el apartado \u201cde pleno derecho\u201d del inciso 6 del art\u00edculo 121 del C.P.C, as\u00ed mismo declaro la exequibilidad condicionada de los incisos 2\u00b0 y 8\u00b0 de dicho art\u00edculo\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, cit\u00f3 las sentencias C-619 de 2001, T-860 de 2011 y SU-309 de 2019 sobre los efectos en el tiempo de los juicios de constitucionalidad de la Corte Constitucional y destac\u00f3 que \u00abRespecto a la aplicabilidad de lo decidido en sentencia C-443 del 2019, en esta controversia, es evidente que las normas procesales se aplican en la etapa procesal en que se encuentre y al momento que se interpuso el incidente de nulidad ya se encontraba en firme la sentencia, lo que supone que a partir del momento de su firmeza dicha providencia empez\u00f3 a surtir los efectos de la inexequibilidad del apartado \u201cde pleno derecho\u201d en todo el ordenamiento jur\u00eddico sin excepci\u00f3n; por ende, mal har\u00eda esta instancia en reconocer la existencia de la nulidad de pleno derecho, cuando despu\u00e9s de una revisi\u00f3n constitucional se encontr\u00f3 que ese apartado era contrario a la Carta Pol\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que \u00ab(\u2026) se puede colegir que la nulidad referida en el art\u00edculo 121 del C.G.P qued\u00f3 sujeta al r\u00e9gimen general de nulidades contemplado en la legislaci\u00f3n colombiana, por lo tanto le son aplicables lo dispuesto en los art\u00edculos 132 del C.G.P, el cual refiere que el juez deber\u00e1 corregir o sanear los vicios que configuren nulidades, agotada cada etapa procesal, los cuales no podr\u00e1n ser alegados en las siguientes etapas a menos que traten de hechos nuevos, de igual manera el art\u00edculo 135 se\u00f1ala que no podr\u00e1 invocar la nulidad quien despu\u00e9s de ocurrida la causal para interponerla haya actuado dentro del proceso sin proponerla, por otro lado el numeral primero del articulo 136 manifiesta que la nulidad se entiende saneada cuando la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente o actu\u00f3 sin proponerla\u00bb. <\/p>\n
Con base en las anteriores consideraciones, se\u00f1al\u00f3 que \u00abDe lo anterior se puede inferir que la nulidad que se presente dentro de un proceso debe ser alegada al momento en que acaece el hecho generador del vicio, lo que quiere decir, es que para que en el caso objeto de estudio se pudiese decretar la nulidad de lo actuado por falta de competencia, la heredera reconocida debi\u00f3 haber invocado la nulidad el 6 de junio de 2018, d\u00eda en que se configuraba la falta de competencia del a quo de acuerdo al art\u00edculo 121C.G.P, situaci\u00f3n que aqu\u00ed no se present\u00f3. Por el contrario, tal y como se evidenci\u00f3 dentro del expediente la apelante sigui\u00f3 adelante con todas las etapas procesales inclusive hasta la finalizaci\u00f3n de la diligencia de inventarios y aval\u00faos realizada el 26 de febrero del 2020, en donde posteriormente, mediante escrito presento el incidente de nulidad ante el a quo\u00bb. <\/p>\n
4. De lo transcrito se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico. Lo anterior am\u00e9n que aquella fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de la conducta de las partes en el tr\u00e1mite procesal, la normatividad que gobierna el asunto y de un an\u00e1lisis jurisprudencial en torno al tema debatido. <\/p>\n
4.1. En efecto, en la sentencia C-443 de 2019, la Corte Constitucional declar\u00f3 la inexequibilidad de la expresi\u00f3n \u00abde pleno derecho\u00bb contenida en el inciso 6 del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso y la exequibilidad condicionada del resto del inciso \u00aben el entendido de que la nulidad all\u00ed prevista debe ser alegada antes de proferirse la sentencia, y de que es saneable en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 132 y subsiguientes del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
4.2. En este caso, el Tribunal convocado consider\u00f3 que, a partir de la ejecutoria de la sentencia de constitucionalidad, la norma procesal contenida en el inciso 6\u00ba del art\u00edculo 121 del Esatuto Procesal Civil no pod\u00eda ser aplicada porque hab\u00eda sido expulsada del ordenamiento jur\u00eddico y, en consecuencia, para cuando el ahora tutelante solicit\u00f3 la nulidad con base en esa norma, \u00e9sta ya no operaba de pleno derecho y, adicionalmente, se hab\u00eda saneado porque ninguna de las partes propuso la nulidad en la fecha en que se configur\u00f3. <\/p>\n
4.3. No escapa a esta Sala que el accionante esgrime en su defensa la sentencia STC15215 del 7 de noviembre de 2019, en la cual se concedi\u00f3 el amparo deprecado y se\u00f1al\u00f3 que la sentencia C-443 de 25 de septiembre de 2019 \u00abno cobija las situaciones consolidadas con anterioridad a dicha data, pues tal postura tiene efectos irretroactivos salvo que esa corporaci\u00f3n expresamente indique lo contrario\u00bb. <\/p>\n
No obstante, por una parte, los hechos con base en los cuales se concedi\u00f3 el ruego en esa oportunidad son diametralmente distintos a los que ocupan al Despacho en este caso. Ciertamente, en aqu\u00e9l tr\u00e1mite, el entonces tutelante present\u00f3 su solicitud de nulidad de pleno derecho al amparo del el art\u00edculo 121 antes de que la expresi\u00f3n \u00abde pleno derecho\u00bb hubiese sido declarada inexequible y, en consecuencia, no cab\u00eda duda de que la norma aplicable era la vigente al momento de su interposci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, la Corte Constitucional sostuvo que, <\/p>\n
\u00abDado que el proceso es una situaci\u00f3n jur\u00eddica en curso, las leyes sobre ritualidad de los procedimientos son de aplicaci\u00f3n general inmediata. Todo proceso debe ser considerado como una serie de actos procesales concatenados cuyo objetivo final es la definici\u00f3n de una situaci\u00f3n jur\u00eddica a trav\u00e9s de una sentencia. Por ello, en s\u00ed mismo no se erige como una situaci\u00f3n consolidada sino como una situaci\u00f3n en curso. Por lo tanto, las nuevas disposiciones instrumentales se aplican a los procesos en tr\u00e1mite tan pronto entran en vigencia, sin perjuicio de que aquellos actos procesales que ya se han cumplido de conformidad con la ley antigua, sean respetados y queden en firme. (Sentencia C-619\/01) <\/p>\n
Por otra parte, esta Corte, en un caso de an\u00e1loga identidad al que ocupa nuestra atenci\u00f3n, se pronunci\u00f3 as\u00ed: <\/p>\n
\u00abcomo nulidades insaneables, el estatuto procesal s\u00f3lo contempla proceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir un proceso legalmente concluido o pretermitir \u00edntegramente la respectiva instancia\u00bb (art\u00edculo 136, Par\u00e1grafo). Todos los dem\u00e1s vicios procesales se convalidan o sanean de la manera prevista en el art\u00edculo 136 del C\u00f3digo General del Proceso. Luego, al no estar la nulidad del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General de Proceso taxativamente prevista como insaneable y al no ser una \u00abnulidad especial\u00bb, no es posible afirmar que es una anomal\u00eda procesal de tan grande magnitud que no es susceptible de convalidaci\u00f3n o saneamiento. (destacado propio) (STC14449-2019) <\/p>\n
4.4. En consecuencia, en el sub examine, el Tribunal convocado se gui\u00f3 por la siguiente hermen\u00e9utica: (i) las normas procesales se aplican a partir de su promulgaci\u00f3n; en este caso, la declaratoria de inexequibilidad parcial del art 121; (ii) oper\u00f3 la convalidaci\u00f3n en tanto el actor actu\u00f3 en proceso luego de consumada la nulidad, \u00abtal y como se evidenci\u00f3 dentro del expediente la apelante sigui\u00f3 adelante con todas las etapas procesales\u00bb; y, (iii) el gestor dej\u00f3 precluir la oportunidad para proponerla \u00ablo que quiere decir, es que para que en el caso objeto de estudio se pudiese decretar la nulidad de lo actuado por falta de competencia, la heredera reconocida debi\u00f3 haber invocado la nulidad el 6 de junio de 2018\u00bb. <\/p>\n
5. As\u00ed pues, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por el colegiado accionado- en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. Y, de otro, que la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en STC3968-2021. 16 abr, rad. 2021-00239-02). <\/p>\n
6. Por lo razonado en precedencia, se negar\u00e1 el amparo exigido. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC8742-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC8742-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2021-02026-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Magdalena Z\u00fa\u00f1iga Rayo contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55630","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55630","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55630"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55630\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55630"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55630"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55630"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}