STC8745-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8745-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-01755-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Jos\u00e9 Manuel Manrique \u00c1lvarez contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n. Al tr\u00e1mite fueron vinculados la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, los Juzgados 2 y 5 Penales del Circuito de Pereira y Sexto Penal Municipal de Garant\u00edas de ese municipio, la Fiscal\u00eda Quinta Seccional de la misma ciudad, el Fiscal 3\u00ba Delegado y el Procurador 2\u00ba Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, as\u00ed como el se\u00f1or Jos\u00e9 Noe Gallego Mu\u00f1oz. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales a la igualdad, el debido proceso y a la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad. <\/p>\n
2.- En sustento de su queja se\u00f1al\u00f3 que fue privado de su libertad el 28 de marzo de 2012 por hechos ocurridos en el a\u00f1o 2005 y que en su contra se adelant\u00f3 el juicio de radicado 660016000035200502015, siendo \u00abcondenado por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira Risaralda el d\u00eda 13-12-2012 en primera instancia a 408 meces (sic) de pricion (sic)\u00bb. <\/p>\n
El 14 de mayo de 2014, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira \u00abconfirm\u00f3 la sentencia condenatoria en segunda instancia es decir dej\u00e1ndola en los mismos 408 meses de prisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que \u00abrealmente no conozco mucho de leyes pero veo mucha irregularidad ah\u00ed dentro de la investigaci\u00f3n de los hechos y unos contradichos por parte de las personas que presenciaron los hechos\u00bb y, a\u00f1adi\u00f3, que estima tener derecho a que se le aplique la sentencia SU-146 de 2020, de la Corte Constitucional \u00abque se le aplic\u00f3 al exfuncionario Andres Felipe Arias Leiva ya que se le impugn\u00f3 su sentencia condenatoria y le dio paso a una revisi\u00f3n procesal. Yo solicito un derecho de igualdad. Al debido proceso y se realiza la revisi\u00f3n al proceso o radicado que esta a mi contra\u00bb. <\/p>\n
3.- Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se tutelen sus garant\u00edas fundamentales y se conceda \u00abuna revicion (sic) procesal impugnando la sentencia en primera y segunda instancia para que se realice una justicia justa dentro de los par\u00e1metros de ley como se le consedio (sic) al exfuncionario Andres Felipe Arias Leiva. Por tanto invoco el derecho a la igualdad, al debido proceso\u00bb. En consecuencia, solicit\u00f3 que \u00abla Corte Suprema de Justicia sea quien decida y aplique lo aqu\u00ed invocado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1.- El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira pidi\u00f3 \u00abdesvincular a este despacho, por cuanto no ha existido ninguna vulneraci\u00f3n o transgresi\u00f3n de los derechos fundamentales invocados por parte de este juzgado\u00bb. <\/p>\n
2.- El Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Manizales -Caldas manifest\u00f3 que \u00aba la fecha no se ha radicado proceso vigente para vigilancia de la pena al se\u00f1or MANRIQUE \u00c1LVAREZ\u00bb. <\/p>\n
3.- La Sala Unitaria de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira se\u00f1al\u00f3 que lo pretendido \u00abpara que se d\u00e9 aplicaci\u00f3n a la sentencia SU-146\/20 en atenci\u00f3n al principio de favorabilidad, con miras a que el proceso por el cual fue condenado sea revisado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal (\u2026) no cumple con las reglas que para tal efecto se\u00f1al\u00f3 esa alta Corporaci\u00f3n en CSJ AP, 3 sept. 2020. Rad. 34017, en tanto como all\u00ed se expres\u00f3: \u201cEs procedente la impugnaci\u00f3n, a la par, contra las primeras condenas expedidas entre las mismas fechas [enero 30 de 2014 y enero 17 de 2018], en segunda instancia y en casaci\u00f3n, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y contra las primeras condenas dictadas en segunda instancia por los Tribunales Superiores de Distrito y el Tribunal Superior Militar en los casos expresamente previstos en las motivaciones, respecto de las cuales la persona condenada no haya contado con la oportunidad de ejercer el derecho a la doble conformidad judicial\u201d. Lo anterior, por cuanto como se aprecia, el se\u00f1or MANRIQUE \u00c1LVAREZ no solo fue hallado responsable de los hechos en ambas instancias, sino que incluso acudi\u00f3 al recurso extraordinario de casaci\u00f3n con resultados adversos para sus pretensiones\u00bb. <\/p>\n
4.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia afirm\u00f3 que \u00abEl se\u00f1or Jos\u00e9 Manuel Manrique \u00c1lvarez fue condenado el 13 de diciembre de 2012 por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, como autor del delito de homicidio agravado, en decisi\u00f3n que el Tribunal Superior de la misma sede confirm\u00f3 el 14 de mayo de 2014. La Sala de Casaci\u00f3n Penal, por su parte, y por mayor\u00eda, en sentencia del 30 de agosto de 2017, no cas\u00f3 el fallo\u00bb. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que \u00abel accionante pretende que, con base en la sentencia SU 146 de 2020, se revise las decisiones proferidas en su contra, y se preserve as\u00ed sus derechos a la igualdad y favorabilidad. Desde la perspectiva propuesta, la acci\u00f3n constitucional es improcedente, pues la sentencia SU 146 de 2020 fue dise\u00f1ada para cubrir vac\u00edos procesales, frente a la imposibilidad de que una persona condenada por Tribunales Superiores o por la misma Corte, pudiera impugnar la primera sentencia condenatoria, lo cual por supuesto no es ahora del caso\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, indic\u00f3 que \u00ablas insinuaciones sobre su inocencia y la cr\u00edtica personal al tema probatorio, aparte de que no guardan relaci\u00f3n con la sentencia que aduce y con el principio de inmediatez, son temas inadecuados a tratar mediante una acci\u00f3n reservada para remediar vulneraciones a derechos fundamentales, no para realizar nuevos juicios que son propios de los jueces competentes\u00bb. <\/p>\n
5.- El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira adujo que \u00abel escrito presentado como demanda de protecci\u00f3n constitucional fundamental no satisface con la argumentaci\u00f3n necesaria, la carga de determinar la existencia de error procedimental o sustancial\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abla figura de la doble conformidad aplica para aquellas personas que siendo declarados inocentes en primera instancia son condenados por primera vez en segunda instancia o incluso, en casaci\u00f3n, situaci\u00f3n que aqu\u00ed\u0301 no se presenta habida consideraci\u00f3n de que el ciudadano MANRIQUE VE\u0301LEZ no fue de manera alguna absuelto en las instancias\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine, el promotor persigue la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso e igualdad y la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad, que considera vulnerados en el proceso penal adelantado en su contra, por lo cual pide que la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia realice una revisi\u00f3n del juicio, en los t\u00e9rminos de la sentencia SU-146 de 2020. <\/p>\n
2.- Pronto advierte esta Sala que la petici\u00f3n de la parte accionante habr\u00e1 de ser denegada, por cuanto la acci\u00f3n constitucional no cumple con el presupuesto general de subsidiariedad. <\/p>\n
3.- En efecto, en el sub judice, el accionante no ha agotado los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico tiene a su disposici\u00f3n para reclamar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales. <\/p>\n
3.1.- En primer lugar, n\u00f3tese que el gestor pretende que se aplique la revisi\u00f3n de su condena, de conformidad con lo previsto en la sentencia SU-146 de 2020. En dicho fallo, la Corte Constitucional se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) (i) el derecho a impugnar la sentencia condenatoria es un bien fundamental de aplicaci\u00f3n inmediata, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 85 de la Constituci\u00f3n; (ii) la Corte Constitucional ha efectuado varios exhortos al Congreso de la Rep\u00fablica para que regule integralmente esta materia, sin que lo haya hecho en tales condiciones; y (iii) el Acto Legislativo 01 de 2018 constituye un margen general de configuraci\u00f3n del mecanismo, por lo cual, el remedio de la Corte Constitucional encuentra un sustento inicial en dicha reforma constitucional\u2026\u00bb. <\/p>\n
Frente a la impugnaci\u00f3n especial de que trata dicha sentencia y a la que alude el tutelante, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el fallo de tutela No. 108743 del 13 de mayo de 2020, estableci\u00f3 que \u00abEl derecho a la impugnaci\u00f3n otorga la facultad a las personas que han sido condenadas en un juicio penal controvertir el fallo incriminatorio ante una instancia judicial distinta de quien dict\u00f3 la providencia, es decir, para atacar las bases y el contenido de la sentencia que determina su responsabilidad penal y que le atribuye la correspondiente sanci\u00f3n\u00bb y agreg\u00f3 que \u00abdesde el nivel constitucional, se deline\u00f3 que la impugnaci\u00f3n no es un recurso oficioso sino rogado y de all\u00ed la expresi\u00f3n \u201csolicitud\u201d empleada en el texto, que hace \u00e9nfasis en la necesidad de que la revisi\u00f3n de la sentencia condenatoria sea la consecuencia de un acto de parte y no un examen oficioso a manera de una consulta abiertamente improcedente desde esta perspectiva\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo de naturaleza subsidiaria, no obstante, de lo allegado a este tr\u00e1mite, esta Sala no advierte que el gestor haya promovido la solicitud de an\u00e1lisis de doble conformidad ante la Sala Penal de la Corte, autoridad de la cual reclama, en esta instancia constitucional, la aplicaci\u00f3n de la sentencia SU-146-2020, del principio de favorabilidad y la revisi\u00f3n de su caso. <\/p>\n
3.2.- Por tanto, ser\u00e1 el operador judicial cognoscente quien deber\u00e1 resolver sobre los reparos expuestos mediante este mecanismo excepcional, pues admitir la intervenci\u00f3n del juzgador constitucional implicar\u00eda reemplazar los instrumentos ordinarios, a trav\u00e9s de los cuales se puede buscar la protecci\u00f3n de las prerrogativas invocadas en la respectiva causa. <\/p>\n
Sobre el particular, ha manifestado la Corte que <\/p>\n
\u00abeste medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb. (CSJ STC, 28 oct. 2011, Rad. 00312-01. Reiterado en STC3807-2018, 20 mar. 2018, Rad. 2018-00327-01; CSJ STC, 2 jun. 2020, Rad. 2020-00195-01). <\/p>\n
De no ser as\u00ed, la tutela se convertir\u00eda en un instrumento de protecci\u00f3n alternativo, con el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y de permitir la concentraci\u00f3n en la jurisdicci\u00f3n constitucional de todas ellas, lo cual es improcedente. <\/p>\n
4.- Adicionalmente, esta Sala resalta que, frente a las presuntas irregularidades de las decisiones de instancia que se profirieron en su contra en el juicio respectivo, no se cumple con el requisito de inmediatez. En ese sentido, se advierte que el ahora accionante hab\u00eda presentado con anterioridad una acci\u00f3n de tutela contra la sentencia de casaci\u00f3n que mantuvo el fallo del Tribunal, alegando v\u00edas de hecho, la cual le fue negada, en su momento, precisamente, por carecer del requisito de inmediatez. <\/p>\n
En esa ocasi\u00f3n, esta Sala manifest\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abAnalizado lo rese\u00f1ado en precedencia, advierte la Sala que la protecci\u00f3n invocada no puede encontrar resguardo en esta excepcional v\u00eda, toda vez que se desconoce el presupuesto general de inmediatez exigido para la prosperidad de la protecci\u00f3n invocada, ello a causa del lapso transcurrido entre el 30 de agosto de 2017, fecha de la decisi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, el 19 de febrero de 2019; es decir, m\u00e1s de seis (6) meses despu\u00e9s de haberse emitido la providencia que puso fin al recurso se\u00f1alado\u00bb (CSJ STC3210-2019, 13 de marzo 2019). <\/p>\n
5.- Con base en estas consideraciones, la Sala denegar\u00e1 el amparo solicitado, por improcedente. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado, por improcedente. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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