STC8777-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8777-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01906-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cA\u201d (en representaci\u00f3n del menor \u201cB\u201d) contra la Sala de Familia del Tribunal Superior de \u201cC\u201d; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 al Juzgado \u201cD\u201d de la misma ciudad y a los intervinientes en el juicio de impugnaci\u00f3n de paternidad n\u00ba \u201cE\u201d. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad del menor involucrado en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permitan su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado judicial, la memorialista reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho a un debido proceso de su descendiente, el cual estima trasgredido con el auto de 17 de marzo de 2021, mediante el cual la magistratura accionada declar\u00f3 desierto su recurso de apelaci\u00f3n contra el fallo (estimatorio) de primera instancia, dictado en el juicio impugnaci\u00f3n de paternidad instaurado en su contra. <\/p>\n
En s\u00edntesis, relat\u00f3 que dicha determinaci\u00f3n obedeci\u00f3 a que el escrito de sustentaci\u00f3n fue enviado (oportunamente) al correo electr\u00f3nico asignado a la oficina de reparto del tribunal, y no a la que corresponde a la secretar\u00eda de familia de la corporaci\u00f3n; el cual, seg\u00fan lo manifest\u00f3 la colegiatura al desestimar el recurso de reposici\u00f3n formulado contra el prove\u00eddo de deserci\u00f3n, deb\u00edan conocer los demandados, por cuanto desde all\u00ed se les notific\u00f3 el auto con que se admiti\u00f3 la alzada. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 que se deje sin efecto el fustigado prove\u00eddo y que, en su lugar, se tramite su recurso vertical. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
La magistratura accionada pidi\u00f3 desestimar el auxilio en consideraci\u00f3n a que las providencias materia de censura no involucran una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la magistratura convocada vulner\u00f3 la garant\u00eda invocada en el escrito introductor, al declarar desierta la apelaci\u00f3n formulada por quien aqu\u00ed acciona contra el fallo de primera instancia. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. <\/p>\n
Se configura dicha vulneraci\u00f3n cuando el funcionario judicial utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial, de forma que, por esa v\u00eda, sus actuaciones devienen en una denegaci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha precisado que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) una providencia judicial puede configurarse un defecto procedimental por \u201cexceso ritual manifiesto\u201d, cuando hay una renuncia consciente de la verdad jur\u00eddica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicaci\u00f3n de las normas procesales. Espec\u00edficamente, seg\u00fan la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se presenta cuando el operador judicial concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial, convirtiendo su actuar en un acto de denegaci\u00f3n de justicia por: (i) dejar de inaplicar disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exigir el cumplimiento de requisitos formales de forma irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situaci\u00f3n se encuentre comprobada; o (iii), incurrir en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se presenta porque el juez no acata el mandato de dar prevalencia al derecho sustancial, situaci\u00f3n que lo lleva a denegar o vulnerar el derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb (CC T-201 de 2015). <\/p>\n
4. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
4.1 Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, se advierte la configuraci\u00f3n del aludido defecto, por cuanto el extremo demandado del litigio que incumbe a esta tramitaci\u00f3n s\u00ed sustent\u00f3 (oportunamente) el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el fallo de primera instancia, solo que el memorial contentivo de ese acto procesal fue enviado a un correo que, aunque no fue previsto para esos efectos, s\u00ed corresponde a la corporaci\u00f3n encartada (puntualmente a la oficina de reparto) y, por lo mismo, debi\u00f3 ser diligenciado al interior de la colegiatura para impartirle el tr\u00e1mite correspondiente. <\/p>\n
Frente a un caso de contornos similares al que aqu\u00ed se estudia, esta Corporaci\u00f3n destac\u00f3 que <\/p>\n
\u00abLa decisi\u00f3n de la autoridad judicial criticada de declarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la gestora, tras juzgar que la sustentaci\u00f3n del mismo hab\u00eda sido presentada por fuera del t\u00e9rmino establecido en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020, porque fue recibida en el correo indicado en el auto con que se corri\u00f3 el traslado, al d\u00eda siguiente de vencido dicho lapso, omite por completo las constancias aportadas por la actora a las presentes diligencias y al proceso criticado, que dan cuenta que oportunamente envi\u00f3 dicha sustentaci\u00f3n a otras direcciones de correo electr\u00f3nico publicitadas en el directorio oficial de la p\u00e1gina web de la rama judicial para el Tribunal accionado, incluida la del despacho del Magistrado que conoce de su proceso. <\/p>\n
Y es que nada obstaba para que la autoridad receptora del mensaje, bien fuera el funcionario sustanciador del proceso criticado u otro integrante de la misma Sala, lo reenviara a la secretar\u00eda del Tribunal para que surtiera el respectivo tr\u00e1mite, en cumplimiento del deber constitucional de colaborar con el buen funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia, que para todos los ciudadanos, y con mayor raz\u00f3n para los funcionarios y empleados judiciales, establece el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 95 de la Constituci\u00f3n Nacional\u00bb. <\/p>\n
4.2 Lo expuesto en precedencia cobra especial relevancia en esta tramitaci\u00f3n, dado que el recurso de apelaci\u00f3n que se declar\u00f3 desierto en el auto objeto de censura, fue interpuesto en favor de un menor de edad, cuyo estado civil se vio comprometido con las resultas de la primera instancia. <\/p>\n
Tal circunstancia debi\u00f3 merecer especial consideraci\u00f3n por parte de la corporaci\u00f3n convocada, dado el especial \u00e9nfasis con el que la jurisprudencia ha precisado que en el desarrollo de un proceso judicial en el que se involucren los derechos de los ni\u00f1os, el juez deber\u00e1 abordar los temas que puedan llegar a afectarlos bajo una \u00f3ptica mucho m\u00e1s acuciosa, en tanto que el reconocimiento de sus intereses debe analizarse desde un contexto m\u00e1s amplio que responda al inter\u00e9s superior del menor. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia C-055 de 2010, se\u00f1al\u00f3 que \u00abtanto en las decisiones de constitucionalidad como en las de tutela en las que se encuentren involucrados los menores de edad, aparecen como criterios hermen\u00e9uticos fuertes, de modo que el juicio abstracto o concreto debe efectuarse en clave de lo aqu\u00ed visto: ser sujetos de especial protecci\u00f3n, el imperativo jur\u00eddico de buscar el inter\u00e9s superior del menor, el car\u00e1cter prima facie prevaleciente de sus derechos, el reconocimiento de las garant\u00edas de protecci\u00f3n para el desarrollo arm\u00f3nico, que generan obligaciones constitucionales verticales y tambi\u00e9n horizontales, la exigibilidad de los derechos y por consiguiente de las obligaciones, basadas en el car\u00e1cter subjetivo y colectivo de los derechos e intereses protegidos\u00bb. <\/p>\n
4.3. A lo anterior se suma que, al interponer su recurso de alzada ante el fallador a quo, la hoy accionante no solo se limit\u00f3 a exponer sus reparos concretos contra el fallo de primer grado, sino que desarroll\u00f3 esos ataques mediante una argumentaci\u00f3n que, en ausencia de un escrito posterior, debi\u00f3 servir de insumo suficiente para emitir un pronunciamiento de fondo por parte del juez de apelaci\u00f3n, especialmente por tratarse de un tr\u00e1mite surtido conforme a las disposiciones del Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
Sobre este respecto, la Sala ha precisado en casos anteriores que \u00ab[A]un de aceptarse que el mentado canon 14 [del Decreto Legislativo 806 de 2020] pudiera aplicarse al caso de marras, y por tanto, que deb\u00eda aportarse un escrito en el que se sustentara la apelaci\u00f3n, lo cierto es que una vez pronunciada la sentencia de primer grado, y concedida tal censura, la demandante, aqu\u00ed interesada, procedi\u00f3 a sustentar por escrito tal r\u00e9plica; entonces, al momento en que se admiti\u00f3 la alzada, ese memorial ya militaba en el expediente, motivo por el cual la Sala Civil Familia criticada pudo tener por cumplido el requisito que exigi\u00f3 en la primera de las providencias atacadas; no obstante, tampoco valor\u00f3 esa especifica situaci\u00f3n en aras de dar prevalencia al derecho sustancial sobe las formas, e incurriendo en un defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto\u00bb (CSJ, STC9592-2020). <\/p>\n
Y sobre el mismo particular, m\u00e1s recientemente la Corte recab\u00f3 en que \u00abel cambio de la realidad que trajo la emergencia sanitaria conllev\u00f3 a que se abandonara, moment\u00e1neamente, la necesidad de sustentar oralmente el recurso de apelaci\u00f3n, para ser suplida por el sistema de anta\u00f1o, esto es, que las inconformidades de los apelantes contra las providencias judiciales se formularan por escrito y as\u00ed proteger bienes tan trascendentales como la vida y la salud de los usuarios y funcionarios de la justicia. No obstante, aqu\u00ed es pertinente hacer claridad en algo, y es que la exigencia de exponer de manera oral los reproches frente a los pronunciamientos judiciales no ha desaparecido, pues, se reitera, las medidas tomadas por el Gobierno Nacional son temporales debido a la emergencia sanitaria, adem\u00e1s, por motivos de salubridad p\u00fablica, la oralidad actualmente no es indispensable, por eso es que, por ahora los recurrentes deben presentar sus disensos de manera escrita. Bajo esa perspectiva, en vigencia del Decreto Legislativo 806 de 2020, si desde el umbral de la interposici\u00f3n de la alzada el recurrente expone de manera completa los reparos por los que est\u00e1 en desacuerdo con la providencia judicial, no hay motivo para que el superior exija la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n, de lo contrario, si los reproches realizados apenas son enunciativos, desde luego, el juez deber\u00e1 ordenar el agotamiento de esa formalidad, conforme lo previsto en la normatividad se\u00f1alada\u00bb (STC5497-2021). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se conceder\u00e1 la solicitud de amparo en estudio, dado el exceso ritual manifiesto en que incurri\u00f3 la magistratura accionada al declarar desierta la apelaci\u00f3n interpuesta por el aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, TUTELA el derecho a un debido proceso del aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
En consecuencia, se ORDENA a la Sala de Familia del Tribunal Superior de \u201cC\u201d que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta sentencia, deje sin efecto el auto de 17 de marzo de 2021, dictado en el proceso de impugnaci\u00f3n de paternidad con radicado n\u00ba \u201cE\u201d, y, en su lugar, imparta el tr\u00e1mite correspondiente al recurso de apelaci\u00f3n all\u00ed formulado contra el fallo de primera instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Con Aclaraci\u00f3n de Voto <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Con Salvamento Parcial de Voto <\/p>\n
MAGISTRADA HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-01906-00 <\/p>\n
Aunque estoy conforme con la resoluci\u00f3n del caso disiento de la consideraci\u00f3n 4.3 de la providencia referenciada, dado que (i) \u201cla verdad jur\u00eddica objetiva evidente en los hechos\u201d derivada de la oportunidad de la sustentaci\u00f3n del recurso remitida al Tribunal Superior de Medell\u00edn al cual corresponde la Sala de Familia y, por ende el ponente a cuyo cargo estaba la tramitaci\u00f3n del asunto y, no directamente a la secretar\u00eda de esa Sala, dislate que pudo ser corregido por la oficina de reparto de la misma Corporaci\u00f3n que lo recibi\u00f3, muestra el excesivo rigorismo ritual manifiesto y otorga la raz\u00f3n a la tutelante quien act\u00faa en representaci\u00f3n de su hijo, cuando aduce que la Sala de Familia del Tribunal de Medell\u00edn incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho al declarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n contra el fallo estimatorio de primera instancia, dictado en el juicio de impugnaci\u00f3n de la paternidad que Oscar David Restrepo Mesa instaur\u00f3 en contra del menor (17 mar. 2021). <\/p>\n
(ii) No obstante, disiento de la consideraci\u00f3n contenida en el n\u00fam. 4.3 de la providencia y, espec\u00edficamente cuando suma que \u00ab\u2026, al interponer su recurso de alzada ante el fallador a quo, la hoy accionante no solo se limit\u00f3 a exponer sus reparos concretos contra el fallo de primer grado, sino que desarroll\u00f3 esos ataques mediante una argumentaci\u00f3n que, en ausencia de un escrito posterior, debi\u00f3 servir de insumo suficiente para emitir un pronunciamiento de fondo por parte del juez de apelaci\u00f3n, especialmente por tratarse de un tr\u00e1mite surtido conforme a las disposiciones del Decreto 806 de 2020\u00bb. <\/p>\n
Ello, porque, (i) en estricto sentido la vulneraci\u00f3n no nace de la falta de sustentaci\u00f3n oportuna del recurso de apelaci\u00f3n sino de la aplicaci\u00f3n de los efectos que la norma consagra para cuando se desatiende esa carga, a una situaci\u00f3n que no se adecua exactamente al supuesto f\u00e1ctico que la consagra (art. 14 D.806 de 2020); y (ii) con respeto por la mayor\u00eda, creo que en el tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n, dada la diferencia entre reparos y sustentaci\u00f3n por raz\u00f3n de su naturaleza , finalidad, oportunidad y destinatario; aunado a la no modificaci\u00f3n de los dos momentos de tramitaci\u00f3n con etapas bien definidas (arts. 322 y 327 CGP; 14 D.806 de 2020) y, a la coherencia de la carga de sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n – en oportunidad ante su destinatario leg\u00edtimo, esto es, el juez de segunda instancia a quien le fue asignada la competencia para esta actuaci\u00f3n- con el principio- derecho de la doble instancia, derivado del margen de \u201cconfiguraci\u00f3n legislativa\u201d con que cuenta el legislador (C-337 junio 29 de 2016), de haber ocurrido tal situaci\u00f3n en este caso \u2013 que no lo fue -, la decisi\u00f3n del juez natural de declarar desierto el recurso ante la desatenci\u00f3n de la carga de sustentaci\u00f3n en el momento y ante el juzgador que corresponde, no constituye vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales sino aplicaci\u00f3n de la forma leg\u00edtima, prevista para el tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n tanto en la legislaci\u00f3n permanente (arts. 322 y 327 CGP) como en la temporal (art. 14 D.806 de 2020). <\/p>\n
Con todo respeto, dejo de esta manera aclarado mi voto. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO <\/p>\n
STC8777-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01906-00 <\/p>\n
Disiento parcialmente de la decisi\u00f3n acogida en la providencia objeto de este pronunciamiento porque, a\u00fan cuando acompa\u00f1o la protecci\u00f3n otorgada, al haberse desconocido, por parte el tribunal enjuiciado, la radicaci\u00f3n oportuna del escrito exigido a la parte actora para la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n frente al fallo de primer grado; no comparto la argumentaci\u00f3n esbozada respecto de la sustentaci\u00f3n anticipada de dicho remedio vertical. <\/p>\n
1. Sobre lo primero, resulta patente la vulneraci\u00f3n de los derechos al debido proceso y doble instancia del extremo actor, aqu\u00ed tutelante, dentro del proceso de investigaci\u00f3n de paternidad materia de reproche, pues, aun cuando aqu\u00e9l impetr\u00f3 reposici\u00f3n frente a la deserci\u00f3n de la alzada, explicando que, contrario al silencio imputado, hab\u00eda enviado el escrito exigido en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020 -aunque a una direcci\u00f3n distinta de la de la secretar\u00eda del colegiado denunciado-, la corporaci\u00f3n accionada mantuvo el pronunciamiento cuestionado. <\/p>\n
As\u00ed, estando probada la remisi\u00f3n del referido escrito, en oportunidad, a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica destinada para el \u201creparto\u201d del tribunal censurado, resultaba arbitrario no darle tr\u00e1mite al mismo y asumir su falta de presentaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre lo expuesto, esta Sala, en m\u00faltiples casos, relacionados con los yerros en la presentaci\u00f3n de memoriales, ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) no cabe duda de que la actuaci\u00f3n (\u20269 comporta una violaci\u00f3n al debido proceso del tutelante, por cuanto declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n que oportunamente interpuso, contra la sentencia dictada el 31 de julio de 2012, por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal Adjunto de Manizales, bajo el argumento de que el referido medio de impugnaci\u00f3n hab\u00eda sido presentado en forma intempestiva. <\/p>\n
\u201cEn efecto, atendiendo la constancia secretarial de 8 de noviembre de 2012, el t\u00e9rmino para sustentar la apelaci\u00f3n feneci\u00f3 el 8 de octubre \u00faltimo, fecha en la que el demandante, present\u00f3 el escrito correspondiente, con el fin de exponer los argumentos en que los que fund\u00f3 el referido recurso, memorial que dirigido a un juzgado diferente al que le correspondi\u00f3 conocer del tr\u00e1mite de la segunda instancia, (\u2026). [A] pesar del dislate cometido por el profesional del derecho, era factible determinar que el alegato estaba dirigido al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Manizales, pues en el mismo se se\u00f1alaron de manera inequ\u00edvoca, las partes del proceso, el n\u00famero de radicaci\u00f3n y que se trataba de la \u2018sustentaci\u00f3n recurso (sic) de Alzada\u2019, datos suficientes, para que a trav\u00e9s del sistema de gesti\u00f3n de la Rama Judicial, se precisara la autoridad judicial a la que iba remitido el escrito. <\/p>\n
\u201cDe igual forma, es evidente que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Manizales, debi\u00f3 advertir, previo a recepcionar el memorial, que el mismo hac\u00eda referencia a un proceso que no se tramitaba en ese estrado judicial, por lo que esa equivocaci\u00f3n, no puede ser imputable a la parte, quien confi\u00f3 en que si el documento hab\u00eda sido recibido, se dar\u00eda el curso normal a la segunda instancia. <\/p>\n
\u201cEn ese orden, la decisi\u00f3n emitida por el juez accionado, denota excesiva rigurosidad, y desconocimiento de los principios generales del derecho, que antepone la norma sustancial, tal como lo pregona el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, pues es claro que el fin de los procedimientos, es la efectividad de las garant\u00edas reconocidas en el derecho sustancial, m\u00e1s a\u00fan, cuando contrario a la afirmaci\u00f3n que hace la autoridad judicial acusada, la sustentaci\u00f3n se present\u00f3 en t\u00e9rmino. <\/p>\n
\u201cEn pret\u00e9rita oportunidad, esta Sala defini\u00f3 que \u2018No en vano el legislador ha previsto que \u2018las dudas que surjan de la interpretaci\u00f3n de las normas del presente C\u00f3digo, deber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios generales del derecho procesal, de manera que se cumpla la garant\u00eda constitucional del debido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes\u2019 (art. 4\u00ba, C. de P. C.), y que, \u2018cualquier vac\u00edo en las disposiciones del presente C\u00f3digo, se llenar\u00e1 con las normas que regulen casos an\u00e1logos, y a falta de estas con los principios constitucionales y los generales del derecho procesal\u2019 (art. 5\u00ba, ib). Es decir, que los criterios hermen\u00e9uticos que de tales disposiciones se desprenden imponen adoptar reglas de acci\u00f3n dentro del proceso que de manera amplia y flexible se orienten a preservar el debido proceso\u2019 (Sentencia de 27 de abril de 2006 exp. 2006-00480-01) <\/p>\n
\u201cEntonces, resulta indudable, que a trav\u00e9s de la decisi\u00f3n que se censura, se impidi\u00f3 al demandante hacer uso de la doble instancia, principio constitucional consagrado en el art\u00edculo 31 de la Carta Pol\u00edtica, cuyo prop\u00f3sito es garantizar a los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia, la posibilidad de que un juzgador de mayor jerarqu\u00eda, revise la decisi\u00f3n y con ello, evitar errores judiciales (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Por lo descrito, acompa\u00f1o la decisi\u00f3n de esta Sala, en cuanto reconoci\u00f3 el yerro cometido por el tribunal y accedi\u00f3 a la protecci\u00f3n demandada. <\/p>\n
2. Sin embargo, como lo anunci\u00e9, no acompa\u00f1o el viraje jurisprudencial de la Sala con relaci\u00f3n a la estructura del recurso de apelaci\u00f3n en relaci\u00f3n con su tr\u00e1mite y sustanciaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n de sentencias. <\/p>\n
2.1. Aun cuando es enorme el esfuerzo que hace la Sala por justificar su nuevo criterio para se\u00f1alar que la nueva posici\u00f3n la toma por razones de justicia material y para superar el \u201cexceso rigor manifiesto\u201d, lo cierto es, la postura ahora defendida representa un retorno a las \u00e9pocas m\u00e1s oscurantistas del proceso en el marco de la segunda instancia, porque se defiende un proceso secreto, m\u00edstico, de escrituralidad y opuesto a la transparencia judicial y a la necesaria publicidad que deben tener los juicios. Ahora en adelante, el juez puede administrar justicia lejos del ciudadano, en otro pa\u00eds, en una urna de cristal, en zonas rec\u00f3nditas. El cara a cara, el derecho a ver el juez, el derecho fundamental a ser o\u00eddo y la audiencia ha muerto para la segunda instancia, y la oralidad queda totalmente aniquilada, en \u00e9pocas donde pareciera que resurge el autoritarismo. <\/p>\n
La apelaci\u00f3n de las sentencias en el marco del C. G. del P. se compone de dos grandes escenarios. El primero ante el juez de primera instancia donde se interpone el recurso y se concede; luego procede la formulaci\u00f3n de los reparos concretos y su remisi\u00f3n al ad quem \u201c(\u2026) una vez presentado el escrito al que se refiere el numeral 3 del art. 322\u201d (Art. 324 del C. G. del P.). Adem\u00e1s, en \u00e9l, se ejecutan los actos \u00fatiles para el diligenciamiento y preparaci\u00f3n del tr\u00e1mite en segunda instancia, tal como el suministro de las \u201cexpensas necesarias\u201d para la reproducci\u00f3n de piezas, as\u00ed como la ejecuci\u00f3n de tareas que debe desplegar el juez de primera instancia mientras se tramita la apelaci\u00f3n ante el superior jer\u00e1rquico; como lo concerniente al pago de copias, a la erogaci\u00f3n de los portes, etc. <\/p>\n
En el segundo estadio encontramos la admisi\u00f3n-inadmisi\u00f3n y la sustentaci\u00f3n. La ejecutoria del auto que la admite marca la posibilidad de pedir el decreto y pr\u00e1ctica de pruebas que ser\u00e1n evacuadas en audiencia de sustentaci\u00f3n o fundamentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
En esta segunda etapa la audiencia de sustentaci\u00f3n constituye la posibilidad para que las partes intervengan ante el juez, y \u00e9ste, sea singular o colegiado se interrelacione con los usuarios del sistema judicial en forma existencial y p\u00fablica. <\/p>\n
3. Ciertamente el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020, se\u00f1al\u00f3 en materia de apelaci\u00f3n de sentencias en civil y familia: <\/p>\n
\u201cEl recurso de apelaci\u00f3n contra sentencia en los procesos civiles y de familia, se tramitar\u00e1 as\u00ed: <\/p>\n
\u201cSin perjuicio de la facultad oficiosa de decretar pruebas, dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria del auto que admite la apelaci\u00f3n, las partes podr\u00e1n pedir la pr\u00e1ctica de pruebas y el juez las decretar\u00e1 \u00fanicamente en los casos se\u00f1alados en el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso. El juez se pronunciar\u00e1 dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes. <\/p>\n
\u201cEjecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes. De la sustentaci\u00f3n se correr\u00e1 traslado a la parte contraria por el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas. Vencido el t\u00e9rmino de traslado se proferir\u00e1 sentencia escrita que se notificar\u00e1 por estado. Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto. <\/p>\n
\u201cSi se decretan pruebas, el juez fijar\u00e1 fecha y hora para la realizaci\u00f3n de la audiencia en la que se practicaran, se escucharan alegatos y se dictar\u00e1 sentencia. La sentencia se dictar\u00e1 en los t\u00e9rminos establecidos en el C\u00f3digo General del Proceso\u201d. <\/p>\n
Ese Decreto especial dictado por el Gobierno Nacional asest\u00f3 un terrible golpe a la oralidad; sin embargo, no representaba, uno de tanta entidad y gravedad como el que acaba de propinar la Sala con la tesis ahora defendida de la sustentaci\u00f3n escrita anticipada de la apelaci\u00f3n contra la sentencia de primera instancia, al autorizar su presentaci\u00f3n antes de ser remitida la actuaci\u00f3n para el tr\u00e1mite de la segunda instancia. De ese modo deja al borde de la aniquilaci\u00f3n el sistema del C\u00f3digo General del Proceso ante el superior funcional. <\/p>\n
Esa forma de interpretar el C. G. del P., implica una apropiaci\u00f3n indebida de las facultades del Congreso para expedir C\u00f3digos, seg\u00fan paso a mostrar sus falencias. <\/p>\n
El Decreto en cuesti\u00f3n, en primer lugar, tiene serios vicios de inconstitucionalidad porque la modificaci\u00f3n del tr\u00e1mite de segunda instancia como en sus consideraciones aparece, la verdad, no agiliza ni flexibiliza la atenci\u00f3n a los usuarios del servicio de justicia, sino que por el contrario los afecta, para en su lugar facilitar el trabajo de los jueces de segunda instancia al margen de la ciudadan\u00eda y del principio democr\u00e1tico, porque para todas las hip\u00f3tesis donde las partes no pidan pruebas en segunda instancia durante el t\u00e9rmino de ejecutoria de la providencia que admite la apelaci\u00f3n no habr\u00e1 audiencia en segunda instancia, autorizando que un juez desde un lugar secreto donde se halle, sin saberse si sea \u00e9l o un tercero que lo sustituye e imprima su firma electr\u00f3nica, dicte sentencia escrita, remiti\u00e9ndola a la red sin ninguna obligaci\u00f3n de realizar audiencia sin que valga para nada la humanidad del justiciable. <\/p>\n
Entre ese Decreto y las causales de emergencia realmente no existe conexidad alguna, ni relaci\u00f3n de causalidad entre pandemia y modificaci\u00f3n del proceso oral en segunda instancia; constituye la materializaci\u00f3n de las quejas de sectores inconformes con la forma como se dise\u00f1\u00f3 la segunda instancia en el C\u00f3digo General del Proceso y de todos los opositores a la oralidad; as\u00ed como de una parte de jueces y abogados enemigos de la realizaci\u00f3n de la audiencia en segunda instancia o de quienes estaban inc\u00f3modos con la obligatoriedad de la misma en esta fase. Esto justamente lo reconoce la parte considerativa del Decreto cuando expresa: <\/p>\n
\u201cSe regula la segunda instancia en materia civil y familia para que esta se pueda tramitar, en los casos en que no se decreten pruebas en segunda instancia, sin que tenga que adelantarse la audiencia para la sustentaci\u00f3n del recurso, y por el contrario la sustentaci\u00f3n, su traslado y sentencia se har\u00e1 a trav\u00e9s de documentos aportados por medios electr\u00f3nicos. Igualmente, en laboral se establece que la segunda instancia se pueda adelantar sin la audiencia para alegatos de conclusi\u00f3n y sentencia, estas actuaciones se podr\u00e1n hacer mediante documentos electr\u00f3nicos\u201d. <\/p>\n
Si hubiese conexidad entre pandemia y el nuevo sistema procesal, realmente tendr\u00eda que haberse modificado el r\u00e9gimen establecido en las reglas 372 y 373 del C. G. del P. y las dem\u00e1s audiencias previstas durante la primera instancia que implementan el sistema de la oralidad. <\/p>\n
4. En mi condici\u00f3n de integrante de este colegiado, es mi obligaci\u00f3n frente a la Constituci\u00f3n y a la democracia constitucional, y en representaci\u00f3n de quienes defendemos el derecho del usuario a ser o\u00eddo del grave perjuicio que representa este Decreto para los sistemas democr\u00e1ticos de acceso a la justicia, y mucho m\u00e1s ahora, que el Decreto puede mutarse en legislaci\u00f3n permanente y en regla general, que da al traste con la conquista de un proceso democr\u00e1tico y de acceso al usuario al sistema judicial abierto y p\u00fablico. <\/p>\n
El Decreto confunde oralidad con virtualidad o expediente digital, de modo que si hay problemas de asistencia f\u00edsica a la audiencia por contacto y muertes por la inoperancia de los sistemas de seguridad social o por la brecha entre hemisferio norte y sur; no era necesario extinguir la oralidad en segunda instancia, para defender como regla general la escrituralidad y como excepci\u00f3n la oralidad. No era imperativo eliminar la oralidad en segunda instancia porque el juicio oral se puede desarrollar virtualmente, del mismo modo como se ha venido ejecutando el sistema escolar, el sistema empresarial, las salas de discusi\u00f3n de proyectos de los jueces colegiados, las asambleas de copropietarios de conjuntos, las audiencias del 372 y 373 del C. G. del P., y en general la mayor\u00eda de las actividades que no implican la ejecuci\u00f3n de actos materiales. <\/p>\n
En esa tendencia, la Sala de Casaci\u00f3n acaba de agravar el problema para cambiar inopinadamente un creciente desarrollo que ven\u00eda alcanzando el acceso a la justicia en segunda instancia, para que la ciudadan\u00eda, las partes, los usuarios expusieran as\u00ed fuera, virtualmente los motivos de reproche contra la sentencia de primera instancia en forma directa ante el juez o tribunal de segunda instancia, creyendo err\u00f3neamente que los sistemas secretos y escriturales son la forma m\u00e1s adecuada, id\u00f3nea y democr\u00e1tica de administrar justicia, dejando a un lado el derecho del usuario a ser o\u00eddo por el Tribunal o Juez competente. <\/p>\n
La nueva posici\u00f3n, pasa a confundir la elemental distinci\u00f3n de la pretensi\u00f3n impugnaticia con la fundamentaci\u00f3n y realiza una mezcla ininteligible entre reparos concretos y sustentaci\u00f3n. Modifica en ese sentido el C. G. del P. porque los confunde, invent\u00e1ndose un nuevo C\u00f3digo para la segunda instancia. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la apelaci\u00f3n de la sentencia, el 322 del C. G. del P. se halla vigente de tal modo, que ahora, con el nuevo criterio pasan a confundirse esos escenarios de la formulaci\u00f3n de los reparos concretos y de la sustentaci\u00f3n. Quien apela una sentencia no s\u00f3lo debe aducir en forma breve sus reparos concretos respecto de ese pronunciamiento, sino que debe acudir ante el superior para sustentar all\u00ed ese remedio, apoyado, justamente, en esos cuestionamientos puntuales. El inciso 2\u00ba del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 322 establece: \u00abal momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n o a la notificaci\u00f3n de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deber\u00e1 precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustanciaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior\u00bb (subrayas ex texto) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
La Sala en infinidad de decisiones hab\u00eda clarificado puntualmente que el remedio vertical contra las sentencias ten\u00eda un sendero claro: (i) su interposici\u00f3n y (ii) la formulaci\u00f3n de reparos concretos, \u00e9stas ante el a quo, y (iii) la sustentaci\u00f3n oral que corresponde a la exposici\u00f3n de las tesis o argumentos encaminados a quebrar la decisi\u00f3n, conforme a los reparos que en su oportunidad se formularon contra la providencia cuestionada, en la segunda instancia. <\/p>\n
Conforme a la disposici\u00f3n bajo estudio, para la presentaci\u00f3n de esos reparos concretos y determinados que deben realizarse para habilitar la apelaci\u00f3n de una sentencia dictada en audiencia, se establecen dos oportunidades: (i) al momento de interponer el recurso, en forma inmediata a su pronunciamiento y, (ii) dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la finalizaci\u00f3n de dicha audiencia (\u2026). <\/p>\n
De tal modo que, si la providencia se dict\u00f3 en \u201caudiencia\u201d, el interesado podr\u00e1 cumplir la referida carga i) bien \u201cal momento de interponer el recurso\u201d o ii) \u201cdentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n\u201d. Empero, de haberse emitido \u00abpor fuera de audiencia\u201d, deber\u00e1 hacerlo \u201cdentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a [\u2026] la notificaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
5. El nuevo criterio, de paso, deja sin fundamento, y\u00e9ndose en contra del inciso 4\u00ba del 322 cuando prev\u00e9 que: \u00abSi el apelante (\u2026) no (\u2026) precis[a] los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarar\u00e1 desierto el recurso de apelaci\u00f3n contra una sentencia que no hubiere sido sustentado\u00bb (negrillas y subrayas fuera del texto) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Por tanto, deroga, sin facultad legal, la atribuci\u00f3n del juez de segunda instancia para disponer como sanci\u00f3n, la declaratoria de desierto del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra una sentencia cuando: (i) no se precisan, de manera breve, los reparos concretos que se le hacen a la decisi\u00f3n, al momento de presentar la impugnaci\u00f3n en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n o a la notificaci\u00f3n de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia. <\/p>\n
Lo anterior, porque van a emerger muchas hip\u00f3tesis problem\u00e1ticas por la inusual e il\u00f3gica forma de configurar jurisprudencialmente el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n por parte de la Sala puesto que la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n bien puede ahora equivaler a la formulaci\u00f3n de los reparos en primera instancia, como en los casos que ahora se vienen tutelando, considerando que la presentaci\u00f3n de ellos en primera instancia supone la sustentaci\u00f3n. Por otra parte, pueden dejarse de presentar reparos para pasar a sustentar directamente, transformando en inocua esa exigencia de los reparos, sea porque la fundamentaci\u00f3n tendr\u00e1 los alcances de la presentaci\u00f3n de ellos; o porque \u00e9stos equivaldr\u00e1n a la sustentaci\u00f3n. De modo que por v\u00eda de una doctrina deleznable se le usurpan las funciones al juez de segunda instancia, porque todo queda cumplido ante el a quo. <\/p>\n
<\/p>\n
En lo atinente a la sustentaci\u00f3n, el legislador previ\u00f3, espec\u00edficamente, respecto de las sentencias, que la fundamentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n deb\u00eda darse ante el ad quem a partir de los reparos concretos aducidos ante el a quo. Esto como exigencia del art. 327 del C. G. del P. queda desvertebrada ahora. <\/p>\n
Se infiere, entonces, que trat\u00e1ndose de sentencias, en primera instancia: interposici\u00f3n, formulaci\u00f3n de los reparos concretos y concesi\u00f3n; y, en segunda: admisi\u00f3n o inadmisi\u00f3n con su ejecutoria, fijaci\u00f3n de audiencia con la eventual fase probatoria, sustentaci\u00f3n oral y sentencia, quedan totalmente desintegradas del resto del sistema, y adem\u00e1s, pasa a acogerse, la forma c\u00f3mo el legislador laboral organiz\u00f3 la apelaci\u00f3n, renunciando al propio C. G. del P., para desestabilizarlo, siguiendo la doctrina de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, algo realmente impertinente y absurdo. <\/p>\n
<\/p>\n
6. El principal golpe que se otorga con esta nueva tesis es al principio general de la oralidad de los sistemas procesales contempor\u00e1neos para retornar a una \u00e9poca an\u00e1loga a la feudal. El vigente Estatuto Procedimental Civil, sabiamente en su T\u00edtulo Preliminar, establece sin ambig\u00fcedad la forma como deben surtirse las actuaciones judiciales, esto es, de manera \u201c(\u2026) oral, p\u00fablica y en audiencias (\u2026)\u201d, seg\u00fan lo previsto en el art. 3 all\u00ed se expresa: <\/p>\n
\u201cLas actuaciones se cumplir\u00e1n en forma oral, p\u00fablica y en audiencias, salvo las que expresamente se autorice realizar por escrito o est\u00e9n amparadas por reserva (\u2026)\u201d, se trata de disposici\u00f3n basilar del sistema procesal vigente en la Ley 1564 de 2012. <\/p>\n
<\/p>\n
Al renunciar al principio de la oralidad hay afectaci\u00f3n al respeto y garant\u00eda de los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia. Se perturba la transparencia, la contradicci\u00f3n e inmediaci\u00f3n desarrolladas en los c\u00e1nones 4\u00b0 y siguientes de la dicha obra. Igualmente, las reglas 106 y 107 \u00eddem, que contemplan la metodolog\u00eda a seguir para el desarrollo de los litigios, dirigida, concretamente, a lograr que aqu\u00e9llos, adem\u00e1s de tener una duraci\u00f3n razonable (art. 121 del C.G.P.), comprendan solamente una audiencia inicial y, si es el caso, una de instrucci\u00f3n y juzgamiento. <\/p>\n
<\/p>\n
La contundencia de la oralidad y del derecho a ser o\u00eddos para los justiciables, partes y terceros, es tal que el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 107 consagra la nulidad de la actuaci\u00f3n cuando llegare a presentarse \u201c(\u2026) la ausencia del juez o de los magistrados (\u2026)\u201d en la respectiva diligencia. A su turno, el inciso 5\u00ba de la misma preceptiva impone la convocatoria \u201c(\u2026) a una audiencia especial con el solo fin de repetir la oportunidad para alegar (\u2026)\u201d cuando se presenta el cambio del juez que debe dictar el fallo y, aunado a ello, el numeral 6\u00ba \u00eddem prescribe: \u201c(\u2026) Prohibiciones. Las intervenciones orales no podr\u00e1n ser sustituidas por escritos (\u2026)\u201d; en concordancia con el numeral 7\u00ba del art. 133, donde se prev\u00e9 la invalidez del decurso si \u201c(\u2026) la sentencia se profier[e] por un juez distinto del que escuch\u00f3 los alegatos de conclusi\u00f3n o la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Soslayar la sustentaci\u00f3n oral frente al superior, impuesta en el canon 322 concordante con el art. 327 del C\u00f3digo General del Proceso, contradice los postulados en menci\u00f3n y, de contera, el principio democr\u00e1tico representativo, seg\u00fan el cual es el Congreso de la Rep\u00fablica, revestido de una amplia potestad legislativa, el competente para regular los decursos judiciales (art. 150, C.P.). Lo anterior, con la medida tomada en el Decreto 806 de 2020 y luego con la nueva doctrina escrituralista y secreta. <\/p>\n
<\/p>\n
Sobre lo enunciado, la Corte Constitucional en sentencia C- 124 de 1 de marzo de 2011, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
En torno al cambio del procedimiento escritural por el verbal en materia civil, el Alto Tribunal Constitucional al pronunciarse respecto de las distintas medidas insertas en la Ley 1395 de 2010, adoctrin\u00f3 las razones para tener por ajustado a la Constituci\u00f3n ese proceder de creciente oralidad. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed, indic\u00f3 que el objetivo de dicha reglamentaci\u00f3n <\/p>\n
<\/p>\n
\u201c(\u2026) es evidente: obtener la descongesti\u00f3n de los despachos judiciales a partir de reformas al procedimiento que privilegien la celeridad y la consecuci\u00f3n de decisiones sin dilaciones justificadas, de acuerdo con el mandato constitucional, sirvi\u00e9ndose para ello de un modelo procesal regido por la oralidad, de una nueva concepci\u00f3n del procedimiento civil, fundada en la preeminencia de las audiencias orales, en contraposici\u00f3n con el peso espec\u00edfico del proceso escrito (\u2026). El legislador, en ese orden de ideas, hace uso de la amplia facultad de configuraci\u00f3n legislativa, a fin de establecer a la oralidad como un instrumento de superaci\u00f3n de la inveterada congesti\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n civil en Colombia. Esta soluci\u00f3n legislativa, que est\u00e1 dirigida a garantizar un proceso eficiente y, a su vez, respetuoso de los derechos fundamentales de las partes, en especial el debido proceso, se muestra prima facie compatible con la Constituci\u00f3n. A su vez, la preferencia que [se] hace (\u2026) por la oralidad en el proceso civil significa una reconceptualizaci\u00f3n de la funci\u00f3n de administraci\u00f3n de justicia. Por a\u00f1os, el procedimiento civil ha sido arquet\u00edpicamente escrito, incluso respecto de procesos que formalmente han sido denominados por d\u00e9cadas como \u2018verbales\u2019. En tal sentido, la reforma legal en comento busca lograr que la audiencia sea el escenario preferente de desarrollo del proceso (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cEn t\u00e9rminos de autores como Chiovenda, \u2018la experiencia derivada de la historia permite a\u00f1adir que el proceso oral es el mejor y m\u00e1s conforme con la naturaleza y las exigencias de la vida moderna, porque sin comprometer en lo m\u00e1s m\u00ednimo, antes bien, garantizando la bondad intr\u00ednseca de la justicia, la proporciona m\u00e1s econ\u00f3micamente, m\u00e1s simplemente y prontamente\u2019. La instauraci\u00f3n de la oralidad, en ese orden de ideas, tambi\u00e9n es un escenario de satisfacci\u00f3n de derechos constitucionales. Ello en el entendido que la audiencia oral est\u00e1 precedida de garant\u00edas que, si bien tienen raigambre procesal, son parte integrante de los derechos al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia. Estas garant\u00edas refieren a la inmediaci\u00f3n, la concentraci\u00f3n y la publicidad (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
6.1. La oralidad es un postulado rector de la actual Codificaci\u00f3n Procesal Civil y demanda su respeto u observancia con \u00edmpetu dentro de los juicios de esa especialidad, pues a trav\u00e9s de ella se lograr\u00e1 la realizaci\u00f3n de prerrogativas como la contradicci\u00f3n y defensa y ante todo el derecho a ser o\u00eddo por el juez. Adem\u00e1s, se busca garantizarle a los administrados la facultad de ser atendidos directamente y sin intermediarios por los funcionarios judiciales, cuesti\u00f3n que, al final, les impone a todos los sujetos procesales intervenir con transparencia, fundamento de la democracia participativa. <\/p>\n
<\/p>\n
7. El derecho del justiciable a ser o\u00eddo p\u00fablicamente es un derecho fundamental aprobado por Colombia por Ley 74 de 1968 e incorporado tambi\u00e9n a la Constituci\u00f3n por medio de la categor\u00eda \u201cbloque de constitucionalidad\u201d. La tesis opuesta aduce err\u00f3neamente que se trata de la configuraci\u00f3n de un procesalismo a ultranza, al exigirse la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n de una sentencia ante el ad quem, porque, en su criterio, esa autoridad elabora previamente su fallo de fondo, atendiendo, exclusivamente, a los \u201creparos concretos\u201d ventilados frente al a quo y pretiriendo la posterior argumentaci\u00f3n. Esta forma de proceder desconoce los principios prevalentes como la publicidad, transparencia y el derecho a ser o\u00eddo. Adem\u00e1s, pasa por alto, la Observaci\u00f3n 13 del Comit\u00e9 de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cuando dispone: <\/p>\n
\u201cLa finalidad de odas estas disposiciones es garantizar la adecuada administraci\u00f3n de justicia y a tal efecto, afirmar una serie de derechos individuales como la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia y el derecho a ser o\u00eddo p\u00fablicamente y con las debidas garant\u00edas por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley\u201d. <\/p>\n
Pero m\u00e1s all\u00e1 de la observaci\u00f3n citada, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidad el 16 de diciembre de 1966, y que entr\u00f3 en vigor el 23 de marzo de 1976, y aprobado por Colombia mediante Ley 74 de 1968, en su art\u00edculo 14 se\u00f1ala: <\/p>\n
\u201c1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendr\u00e1 derecho a ser o\u00edda p\u00fablicamente y con las debidas garant\u00edas por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciaci\u00f3n de cualquier acusaci\u00f3n de car\u00e1cter penal formulada contra ella o para la determinaci\u00f3n de sus derechos u obligaciones de car\u00e1cter civil. La prensa y el p\u00fablico podr\u00e1n ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden p\u00fablico o seguridad nacional en una sociedad democr\u00e1tica, o cuando lo exija el inter\u00e9s de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opini\u00f3n del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa ser\u00e1 p\u00fablica, excepto en los casos en que el inter\u00e9s de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores\u201d (Subrayas ex texto). <\/p>\n
El C\u00f3digo General del Proceso concibi\u00f3 la etapa memorada no s\u00f3lo para que las partes act\u00faen p\u00fablicamente y con transparencia, exponiendo sus apreciaciones, con el fin de evitar juicios secretos provenientes de los funcionarios jurisdiccionales, y, ante todo, con el prop\u00f3sito de dar cumplimiento a la Constituci\u00f3n y ante el necesario reconocimiento de las garant\u00edas y derechos previstos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. De tal manera que el nuevo criterio y los oponentes de la oralidad, abogan por el desconocimiento de los derechos fundamentales en los juicios, los cuales deben ser p\u00fablicos y orales, de otra manera se infringe el corpus iuris internacional de los derechos humanos. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed, la nueva Codificaci\u00f3n Procesal Civil pugna por lograr que los falladores definan los casos bajo su conocimiento en las diligencias establecidas, tras escuchar las aserciones de los extremos de la litis. <\/p>\n
La oralidad es un principio, es una regla general y un medio para conquistar la democracia en el ejercicio de la actividad procesal en la soluci\u00f3n de casos como desarrollo de la tutela judicial efectiva. No es el culto a la forma, mucho menos, como err\u00f3neamente se confunde con leer textos elaborados previamente; no es cuesti\u00f3n de lecto-escritura, porque en estas hip\u00f3tesis subyace las m\u00e1s de las veces una equivocada concepci\u00f3n que traslada la magna y aut\u00e9ntica misi\u00f3n de juzgamiento en cabeza del juez a los auxiliares. Es tornar p\u00fablico y cristalino el juicio y la funci\u00f3n de la judicatura, y por supuesto, la de los representantes de las partes, por cuanto los intervinientes exponen sus argumentos para que sean conocidos, para que haya contradicci\u00f3n y una defensa v\u00e1lida, todo en presencia de la jurisdicci\u00f3n. Procura que el fallo no sea secreto, ni las decisiones se tomen al margen de lo comprobado y vertido en la deliberaci\u00f3n racional e instrucci\u00f3n probatoria p\u00fablica. Es materializar el debido proceso previsto en el art. 29 de la Carta. <\/p>\n
<\/p>\n
Una providencia en esta nueva cultura del Estado constitucional no debe anclarse en lo oculto, en construcciones gramaticales escritas fr\u00edas, que inclusive atentan contra el medio ambiente porque muchas deben acudir a formas materiales contaminantes, que apartan la interpretaci\u00f3n del lenguaje humano y corporeidad, presente en los sentidos y en el proceder de los extremos del litigio. Un sistema oral no puede prescindir del todo de la escrituralidad, es cierto, pero no puede ser un debate de notas o copias o de correos electr\u00f3nicos donde el juzgador se aleja de la parte, de su rostro y de su sentimiento expresado en la conducta. <\/p>\n
<\/p>\n
La oralidad tiene su manifestaci\u00f3n en la inmediaci\u00f3n, en la publicidad del litigio y en la concentraci\u00f3n uni\u00e9ndolas \u00edntimamente al compeler al fallador para dirigir directamente la instrucci\u00f3n probatoria, los alegatos y la decisi\u00f3n; cosa que no acontece propiamente con la escrituralidad que en nuestro sistema, distancia al ciudadano del administrador de justicia y torna fr\u00edo al proceso. Lo escrito es riesgo para la desigualdad y dispersi\u00f3n del pleito, pero esencialmente para la posibilidad de que los sujetos de derecho no sean escuchados, o\u00eddos y vencidos en juicio. La audiencia como desarrollo del derecho fundamental a ser o\u00eddo p\u00fablicamente por el juez que va a juzgar la causa es un derecho constitucional que no puede ser menoscabado por los propios jueces. <\/p>\n
<\/p>\n
Un procedimiento oral y p\u00fablico, adem\u00e1s, potencia la democracia participativa y la posibilidad de que la actividad y las funciones de los jueces sea objeto de escrutinio ante la comunidad jur\u00eddica y la opini\u00f3n p\u00fablica. Es de esa forma como la ciudadan\u00eda puede de primera mano conocer su desempe\u00f1o, el modelo de juez, los esquemas de administraci\u00f3n de justicia y auscultar a quienes fallan los asuntos de la ciudadan\u00eda en el reconocimiento de prerrogativas. Por supuesto, compete a esa opini\u00f3n y a esos visores sociales respetar la autonom\u00eda e independencia judicial con enorme celo, sin interferir en tan sagrada labor. <\/p>\n
<\/p>\n
Esa posibilidad de forjar simult\u00e1neamente democracia participativa y deliberativa, es prop\u00f3sito, que \u00fanicamente se consolida procurando la concentraci\u00f3n de actuaciones para realizar el mayor n\u00famero de actos en el menor tiempo, agot\u00e1ndolos en una audiencia, en lo posible. Adem\u00e1s, ello, da identidad al juzgador que instruye, oye el alegato y resuelve; admite que evac\u00fae los interrogatorios, revise los documentos que se le presentan y analice los testigos y su reacci\u00f3n f\u00edsica y ps\u00edquica a los cuestionarios formulados por los intervinientes o por el propio juez. La audiencia permite que el juez observe directamente las cosas u objetos materia del litigio; facilita que reflexione, oiga y defina con fundamento en lo probado y alegado, en inmediatez f\u00edsica y con la activa participaci\u00f3n de los sujetos legitimados procesal y sustancialmente. Se trata entonces de la adecuaci\u00f3n de la democracia y socializaci\u00f3n del proceso civil. <\/p>\n
<\/p>\n
El citado principio tambi\u00e9n busca el desarrollo de un tr\u00e1mite p\u00fablico, dentro de un tiempo razonable, sin dilaciones injustificadas o inexplicables como ejecuci\u00f3n del debido proceso. <\/p>\n
8. Se insiste, desde la propia arquitectura del C\u00f3digo General del Proceso, la fundamentaci\u00f3n o sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n contra sentencias es durante la segunda instancia en audiencia; y no de otro modo, en desarrollo de la oralidad y de la publicidad, cual de forma puntual lo imponen las premisas insertas en el numeral 5\u00ba, art. 327 del aludido C\u00f3digo, al decir: \u201c(\u2026) ejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n, el juez convocar\u00e1 a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo (\u2026)\u201d, reivindicaci\u00f3n consignada en el ep\u00edlogo del 330 ib\u00edd. de la misma manera en: \u201c(\u2026) audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo (\u2026)\u201d, lo anterior, como efecto directo del art. 3\u00ba del ib\u00eddem, cuando consagra: \u201cLas actuaciones se cumplir\u00e1n en forma oral, p\u00fablica y en audiencias, salvo las que expresamente se autorice realizar por escrito o est\u00e9n amparadas por reserva (\u2026)\u201d (subraya fuera de texto). <\/p>\n
Por esas razones el numeral 6\u00ba, art. 107 ej\u00fasdem determina: \u201c(\u2026) Las intervenciones orales no podr\u00e1n ser sustituidas por escritos (\u2026)\u201d, de tal modo que corresponde al juez o\u00edr e instruir y conducir personalmente el decurso, al punto de que \u201c(\u2026) [c]uando se produzca cambio de juez que deba proferir sentencia en primera o segunda instancia, quien lo sustituya deber\u00e1 convocar a una audiencia especial con el solo fin de repetir la oportunidad para alegar. O\u00eddas las alegaciones, se dictar\u00e1 sentencia seg\u00fan las reglas generales (\u2026)\u201d. En fin, no es presentar un escrito de sustentaci\u00f3n ante un juez diferente al que debe resolver la alzada, sino de exponer los fundamentos del disenso por el recurrente, y consecuentemente, de escuchar y o\u00edr los alegatos y la argumentaci\u00f3n por el juez a quien directamente corresponde fallar la cuesti\u00f3n, en desarrollo de la inmediaci\u00f3n, seg\u00fan se infiere cristalinamente de la nueva axiolog\u00eda procesal. <\/p>\n
9. La Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, suscrita el 22 de noviembre de 1969 en San Jos\u00e9-Costa Rica- y aprobada por Colombia mediante la Ley 16 de 1972, en su art\u00edculo 8.1 resalta el derecho fundamental a ser o\u00eddo por un juez o tribunal independiente y aut\u00f3nomo: <\/p>\n
\u201cToda persona tiene derecho a ser o\u00edda, con las debidas garant\u00edas y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciaci\u00f3n de cualquier acusaci\u00f3n penal formulada contra ella, o para la determinaci\u00f3n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car\u00e1cter (\u2026)\u201d (Subrayas fuera de texto). <\/p>\n
El verbo o\u00edr seg\u00fan la RAE, es \u201c(\u2026) percibir con el o\u00eddo los sonidos (\u2026) Dicho de una persona: Atender los ruegos, s\u00faplicas o avisos de alguien, o a alguien. (\u2026) Hacerse cargo, o darse por enterado, de aquello de que le hablan (\u2026) Tomar en consideraci\u00f3n las alegaciones de las partes antes de resolver la cuesti\u00f3n debatida\u201d5. De tal modo que no se trata de leer correos electr\u00f3nicos o de leer textos escritos. Por consiguiente, el derecho fundamental a ser o\u00eddo solamente se satisface cuando se oye a las partes, cuando se observa e inmedia la conducta procesal y se atienden los reclamos del justiciable. <\/p>\n
La Constituci\u00f3n espa\u00f1ola de 1978 en el art. 120, se\u00f1ala expl\u00edcitamente, tres premisas centrales sobre el principio que vengo exponiendo y frente al cual se rebela la Sala: \u201cLas actuaciones judiciales ser\u00e1n p\u00fablicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. El procedimiento ser\u00e1 predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. Las sentencias ser\u00e1n siempre motivadas y se pronunciar\u00e1n en audiencia p\u00fablica\u201d6. <\/p>\n
10. El antecedente que ahora se adopta es una renuncia a la perspectiva de entender la labor del juez como la de un funcionario p\u00fablico integrante de un sistema democr\u00e1tico que no solamente resuelve un caso concreto cuyas decisiones son objeto de un control endoprocesal t\u00e9cnico y funcional por medio de la apelaci\u00f3n, sino que tambi\u00e9n hay terceros con inter\u00e9s y con legitimaci\u00f3n en la causa para ejercer control, dado el car\u00e1cter p\u00fablico y social de sus decisiones, respecto de cuya actividad tienen derecho la ciudadan\u00eda, la sociedad civil, as\u00ed como los medios de comunicaci\u00f3n a intervenir. No puede desconocerse que la actividad jurisdiccional en el Estado Constitucional y social de derecho debe ser objeto de control p\u00fablico porque la justicia no puede ser secreta, porque el poder judicial al formar parte de \u00e9l, esta tambi\u00e9n sujeto a un control difuso y democr\u00e1tico cuyo titular es la ciudadan\u00eda, la sociedad y la opini\u00f3n p\u00fablica7. La oralidad y la publicidad no atiende, por tanto, exclusivamente al inter\u00e9s de las partes o de los acusados, titulares del control endoprocesal; sino que hoy con mayor rigor comprende a toda la ciudadan\u00eda y a los jueces quienes deben rendir cuentas a la ciudadan\u00eda y exponer sus fallos en forma p\u00fablica y oral. <\/p>\n
Es tarea de la Corte evitar juzgamientos furtivos, injustos, ocultos, escondidos y encubiertos porque la ciudadan\u00eda y su opini\u00f3n, tambi\u00e9n el periodismo investigativo debe tener puertas abiertas porque no se trata de tribunales secretos, de inquisici\u00f3n o desp\u00f3ticos sino del derecho a una democracia racional y deliberante. No hay Estado Constitucional, donde haya secretos y penumbras y los jueces como garantes del mismo son los primeros llamados a respetar el derecho fundamental a ser o\u00eddo p\u00fablica y directamente por quien va a fallar su causa. <\/p>\n
<\/p>\n
12. En los anteriores t\u00e9rminos, dejo consignado mi anunciado salvamento parcial de voto. <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ut supra. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020 \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
2\u0002CSJ. Civil. Sentencia de 19 de abril de 2013, exp. 17001-22-13-000-2013-00027-01; criterio reiterado en fallos de 19 de diciembre de 2013, exps. 85001-22-08-000-2013-00159-01 y 11001-02-03-000-2013-02916-00; reiterado en STC6988 de 30 de mayo de 2018, exp. 11001-02-03-000-2018-01367-00 y STC10197 de 1\u00b0 de agosto de 2019, exp. 68679-22-14-000-2019-00026-01. <\/p>\n
3\u0002 COLOMBIA, CCONST. Sentencia C-124 de 1 de marzo 2011. <\/p>\n
4\u0002 COLOMBIA, CCONST. Sentencia C-124 de 1 de marzo 2011. <\/p>\n
5\u0002 RAE, Real Academia Espa\u00f1ola de la Lengua. Diccionario esencial de la Lengua espa\u00f1ola. 22 edic Madrid: Espasa, 2006, p. 1052 <\/p>\n
6\u0002 ESPA\u00d1A, CONSTITUCI\u00d3N ESPA\u00d1OLA, del 27 de diciembre de 1978. Madrid: Colex, 1988, p.163. <\/p>\n
7\u0002 HABERMAS, Jurgen. Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democr\u00e1tico de derecho en t\u00e9rminos de teor\u00eda del discurso. Traducci\u00f3n de Manuel Jim\u00e9nez Redondo. Valladolid: Trotta 1998 Pp-407-468. <\/p>\n
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STC8777-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC8777-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01906-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cA\u201d (en representaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55634","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55634","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55634"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55634\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55634"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55634"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55634"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}