STC8800-2021 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8800-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2021-00105-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia, el pasado 22 de junio, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Efra\u00edn Antonio Restrepo \u00c1lvarez contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Amag\u00e1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, acude al presente instrumento con el fin de reclamar la protecci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales \u00aba la vivienda digna, vida, integridad personal, subsistencia, m\u00ednimo vital, confianza leg\u00edtima\u2026 debido proceso, tutela judicial efectiva, en conexidad con el derecho al trabajo digno\u00bb que estima vulnerados por la c\u00e9lula judicial querellada dentro del proceso de expropiaci\u00f3n 2020-00037. <\/p>\n
2. Refiere que en \u00abdiciembre de 2003 mediante contrato de promesa de compraventa adquiri\u00f3 [sic] parte del inmueble denominado \u201cTabatinga\u201d ubicado en el sector El Pedrero, zona semiurbana de la poblaci\u00f3n de Amag\u00e1\u00bb sobre el cual ejerci\u00f3 \u00abactos posesorios como la ejecuci\u00f3n de valiosas mejoras, orientadas a la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica\u00bb <\/p>\n
Dice que promovi\u00f3 un proceso de pertenencia \u00abcon miras a adquirir la titularidad de dominio\u00bb, asunto fallado favorablemente por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Amag\u00e1, pero que en la actualidad se encuentra en el Tribunal Superior de Antioquia, surtiendo un recurso de apelaci\u00f3n \u00abinterpuesto por algunos demandados\u2026 desconociendo los resultados de la segunda instancia hasta el momento\u00bb. <\/p>\n
Comenta que la Agencia Nacional de Infraestructura declar\u00f3 la utilidad p\u00fablica del predio mediante Resoluciones 448 de 2014 y 0508 de 2018, por lo que formul\u00f3 demanda de expropiaci\u00f3n en contra suya y de otras personas naturales y jur\u00eddicas, siendo admitida el 21 de junio de 2020. <\/p>\n
Se\u00f1ala que el 24 de noviembre de aquel a\u00f1o se \u00abefectu\u00f3 la entrega anticipada del bien\u2026 previa consignaci\u00f3n por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura\u2026 de la suma de $2.037.621.837,oo correspondiente al aval\u00fao presentado\u2026 del terreno y mejoras existentes en parte del predio\u2026 incluyendo en dicho valor, en mi favor, las cantidades de $1.116.387.780, $406.143.342 y $4.657.371, como aval\u00fao de lo que fue mi bodega\u2026 mi vivienda y construcci\u00f3n\u2026 y\u2026 plantaciones\u00bb <\/p>\n
Afirma que por conducto de su apoderado solicit\u00f3 \u00abla entrega de dineros consignados a [su] favor\u00bb con fundamento \u00aben el numeral 4 del art. 399 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb petici\u00f3n denegada con auto de 15 de diciembre de 2020 al existir \u00abmedidas cautelares sobre la totalidad del predio\u2026 consistente en gravamen hipotecario constituido por Gloria Leonor Correa Correa en Favor de Yolanda Giraldo de C.\u2026 embargo de derecho de cuota en sucesorio de Jorge \u00c9dgar Cadavid Uribe\u2026 y las inscripciones de demandas en juicios de pertenencia adelantado por Martha Elva Meneses Marulanda\u00bb <\/p>\n
Contra dicha determinaci\u00f3n, indica, formul\u00f3 recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, resueltos mediante providencia del pasado 18 de mayo en el sentido de no reponer lo decidido y denegar por improcedente la concesi\u00f3n de la alzada. <\/p>\n
3. El actor considera que le asiste raz\u00f3n al despacho convocado al negar la entrega del dinero solicitado; sin embargo, \u00abal realizar un an\u00e1lisis minucioso de la espec\u00edfica situaci\u00f3n en la que [se] encuentra, es viable concebir la entrega definitiva de los recursos al verificar que cada una de las limitantes\u2026 tienen un factor com\u00fan y es que no tienen otro sentido m\u00e1s que garantizar la protecci\u00f3n de los intereses y prerrogativas y eventuales derechos de los terceros distintos a m\u00ed y que pudieran ostentar alg\u00fan tipo de inter\u00e9s econ\u00f3mico dentro del proceso expropiatorio [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El titular del despacho convocado se limit\u00f3 a indicar que las decisiones cuestionadas \u00abse fundamentan en la existencia de medidas cautelares vinculadas al bien\u2026 correspondiente a gravamen hipotecario constituido por\u2026 Gloria Leonor Correa Correa\u2026 en favor de Yolanda Giraldo de Castro y Miriam G\u00f3mez de Giraldo\u2026 embargo decretad[o] por el Juzgado Promiscuo de Familia local en el sucesorio de\u2026 Jorge \u00c9dgar Cadavid Uribe\u2026 inscripci\u00f3n de demanda de pertenencia solicitada por\u2026 Martha Elva Meneses y otros\u00bb. <\/p>\n
2. La registradora de Instrumentos P\u00fablicos de Titirib\u00ed se\u00f1al\u00f3 que \u00abno se encuentran solicitudes del demandante\u2026 respecto de lo manifestado en la demanda de tutela\u2026 tampoco ha ingresado documento alguno proveniente de autoridad judicial\u2026 que ordene inscripci\u00f3n de cancelaciones de embargo\u00bb en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 033-4808 y que lo pretendido en el presente amparo \u00abcorresponde a una situaci\u00f3n que se sale de las funciones asignadas a [esa] oficina\u00bb <\/p>\n
3. El Juez Quinto Civil del Circuito de Medell\u00edn manifest\u00f3 que el pasado 15 de febrero y 22 de abril dio respuesta a un requerimiento formulado por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Amag\u00e1, en el sentido de remitir copia de un auto por medio del cual dispuso la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo hipotecario 1993-13475 as\u00ed como los oficios de cancelaci\u00f3n de medidas cautelares. <\/p>\n
4. La Agencia Nacional de Infraestructura se opuso a la prosperidad del resguardo habida consideraci\u00f3n que \u00aben el presente caso no se ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental\u2026 toda vez que tanto el Juzgado\u2026 como la Agencia\u2026 han respetado los derechos y garant\u00edas fundamentales en sus actuaciones, siendo ajustadas y motivadas a derecho [sic]\u00bb. <\/p>\n
5. La representante legal de Planautos S. A. y los herederos de Juan Jos\u00e9 Correa Echeverri resaltaron que no existe la lesi\u00f3n atribuida por el quejoso en la medida que \u00abla autoridad a actuado [sic] confirme le indican las normas aplicables al caso\u00bb y que lo perseguido \u00abm\u00e1s que un inter\u00e9s en la protecci\u00f3n de derechos fundamentales\u2026 es b\u00e1sicamente un inter\u00e9s puramente econ\u00f3mico\u00bb por lo que solicitaron no acceder a la protecci\u00f3n solicitada. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Antioquia deneg\u00f3 el amparo pues consider\u00f3 que \u00abla postura sostenida por el Juzgado\u2026 no se advierte irracional, arbitraria ni constitutiva de una evidente desatenci\u00f3n a las normas procedimentales aplicables al caso. Por el contrario\u2026 se ajusta copiosamente a los mandatos legales que est\u00e1 llamado a atender\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el actor \u00abdispone de todos los medios para propender la cancelaci\u00f3n de la medida de embargo decretada por el Juzgado Promiscuo de Familia de Amag\u00e1, pues con dicho prop\u00f3sito se suministr\u00f3 el auto que dispuso el levantamiento de la medida, as\u00ed como el correspondiente oficio\u00bb sin que se observe que Restrepo \u00c1lvarez \u00abhaya desplegado ante el juzgado\u2026 solicitud alguna tendiente a que se ordene la cancelaci\u00f3n del gravamen hipotecario\u00bb <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El quejoso argument\u00f3 que el tribunal a quo desconoci\u00f3 \u00ablas graves consecuencias que implica la renuencia en la entrega de los recursos econ\u00f3micos que se encuentran a [su] nombre\u00bb al tiempo que de acudir a las otras herramientas procesales demorar\u00eda bastante tiempo en obtener la satisfacci\u00f3n de sus pretensiones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad judicial convocada lesion\u00f3 las garant\u00edas fundamentales de Efra\u00edn Antonio Restrepo \u00c1lvarez, dentro del proceso de expropiaci\u00f3n 2020-00037, con la decisi\u00f3n de 15 de diciembre de 2020, ratificada el 18 de mayo de 2021, a trav\u00e9s de la cual no accedi\u00f3 a entregarle los dineros depositados por la Agencia Nacional de Infraestructura previo a la entrega anticipada del bien a expropiar. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir a esta herramienta supralegal para debatir la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
La Sala advierte que ratificar\u00e1 la negativa de la salvaguarda, tal como lo concluy\u00f3 el tribunal a quo, en tanto que, del examen de las determinaciones censuradas no se vislumbra irregularidad alguna con la entidad suficiente que torne necesaria la mediaci\u00f3n del juez constitucional, es decir, no son resultado de un subjetivo criterio que suponga evidente desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores del actor. <\/p>\n
En efecto, se tiene que, en el asunto estudiado, el despacho accionado mediante providencia de 15 de diciembre de 2020 dentro del tr\u00e1mite de expropiaci\u00f3n 2020-00037, se pronunci\u00f3 en torno a la solicitud de entrega del dinero depositado por la ANT, formulada por el aqu\u00ed actor, a trav\u00e9s de su apoderado, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Establece el art. 399 del C\u00f3digo General del Proceso, en su numeral 4, que <\/p>\n
(\u2026) F\u00e1cil es deducir de la norma en cita, la exigencia de tres requisitos para la entrega del dinero consignado, correspondiendo el primero a la destinaci\u00f3n exclusiva del bien a vivienda del demandado, lo que aparece demostrado, m\u00e1xime que este mismo despacho conoci\u00f3 del proceso de pertenencia sobre parte del predio reclamado en expropiaci\u00f3n, promovido por\u2026 Efra\u00edn Antonio Restrepo \u00c1lvarez, el que sali\u00f3 avante\u2026 <\/p>\n
No ocurre as\u00ed con las dem\u00e1s exigencias\u2026 pues basta ver el certificado de tradici\u00f3n\u2026 en el que se observa la constituci\u00f3n de gravamen hipotecario sobre el bien all\u00ed determinado, efectuado por\u2026 Gloria Leonor Correa Correa en favor de Yolanda Giraldo de C. y\/o\u2026, medida cautelar decretada por el Juzgado Promiscuo de Familia de la localidad en sucesorio de Jorge \u00c9dgar Cadavid Uribe\u2026 y las inscripciones de demandas en pertenencias reclamadas por el aludido Restrepo \u00c1lvarez y\u2026 Martha Elva Meneses Marulanda\u2026 <\/p>\n
Entrega que tambi\u00e9n cuestion\u00f3 la vocera judicial de la entidad estatal demandante en escrito allegado, refiri\u00e9ndose a su impertinencia, sin ser de recibo tampoco lo esgrimido por el peticionario en el sentido de reclamarse valores de mejoras, refiri\u00e9ndose la norma a inmuebles donde s\u00ed se debe cumplir con dicha requisitoria. <\/p>\n
Contra dicha determinaci\u00f3n Restrepo \u00c1lvarez interpuso recurso de reposici\u00f3n, argumentando b\u00e1sicamente ser el \u00abpropietario de las mejoras construidas sobre el bien hipotecado\u2026 cuesti\u00f3n que imposibilita que sean afectados por la garant\u00eda hipotecada que hoy se alude como elemento que imposibilita la entrega\u00bb y que \u00abno cuenta con fuente de ingresos y tiene como \u00fanica esperanza la recepci\u00f3n de los dineros\u00bb pues \u00abproducto del proceso expropiatorio ha visto un menoscabo abrumador en su patrimonio [sic]\u00bb <\/p>\n
El juzgado cognoscente, previo a resolver la impugnaci\u00f3n, requiri\u00f3 a los Juzgados Promiscuo de Familia de Amag\u00e1 y Quinto Civil del Circuito de Medell\u00edn a efectos de que indicaran el estado de los procesos que all\u00ed cursaban, valga decir la sucesi\u00f3n de Jorge \u00c9dgar Cadavid Uribe y el ejecutivo hipotecario adelantado contra Gloria Leonor Correa. Con la informaci\u00f3n recopilada, mediante el pasado 18 de mayo emiti\u00f3 el pronunciamiento respectivo, de la manera siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Sobre la vigencia de las medidas de cautela, una vez decretada prueba oficiosa, se concluye lo siguiente: <\/p>\n
La hipoteca constituida por Gloria Leonor Correa Correa\u2026 la que alude a gravamen del derecho de propiedad del 50% que la fallecida Gloria Leonor ten\u00eda sobre el predio\u2026 da cuenta el aludido t\u00edtulo documental en sus anotaciones 5 y 6, haber iniciado las acreedoras acci\u00f3n hipotecaria\u2026 cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado 5\u00ba Civil del Circuito de Medell\u00edn, decretando la medida de embargo, la que aparece inscrita en la anotaci\u00f3n 7 de correspondiente folio y cancelada en la siguiente\u2026 <\/p>\n
Desembargo ordenado por el despacho judicial de conocimiento de la ejecuci\u00f3n hipotecaria, ante el pago de la obligaci\u00f3n, mediante providencia del 19 de marzo de 1999\u2026 <\/p>\n
Olvid\u00f3, sin embargo, el juzgado 5\u00ba Civil del Circuito de Medell\u00edn, seg\u00fan se lee\u2026 del auto que dio por terminada la actuaci\u00f3n\u2026 ordenar la cancelaci\u00f3n de la hipoteca\u2026 omisi\u00f3n que no puede perjudicar al usuario por estar extinguida ya la hipoteca\u2026 <\/p>\n
En efecto, seg\u00fan el art\u00edculo 2457 la hipoteca se extingue\u2026 [por la] extinci\u00f3n de la obligaci\u00f3n principal\u2026 <\/p>\n
As\u00ed pues, desaparecida la obligaci\u00f3n principal por uno cualquiera de los motivos que la ley prev\u00e9, tambi\u00e9n desaparece la hipoteca porque esta no puede subsistir sin aquella, reiterando el despacho estar cancelado el mutuo garantizado con la hipoteca cerrada de primer grado\u2026 <\/p>\n
En similar falencia\u2026 incurri\u00f3 el Juzgado Promiscuo de Familia de la Localidad\u2026 donde se tramit\u00f3 el proceso sucesi\u00f3n\u2026 del causante Jorge \u00c9dgar Cadavid Uribe, al haber aprobado la partici\u00f3n\u2026 disponiendo su inscripci\u00f3n en el competente registro y la protocolizaci\u00f3n del expediente\u2026 sin haber ordenado el levantamiento del embargo de derecho de cuota que aparece inscrito en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria\u2026 <\/p>\n
Sin embargo, como se dijo en precedencia, mediante providencia del pasado 12 de marzo\u2026 el juzgado de familia\u2026 orden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares, expidiendo comunicados para las oficinas de registro pertinentes y C\u00e1mara de Comercio de Medell\u00edn. <\/p>\n
(\u2026) no obstante el tiempo transcurrido desde la fecha de expedici\u00f3n\u2026 del oficio 219 de 30 de marzo de 2021, dirigido a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, seccional Titirib\u00ed, para la cancelaci\u00f3n de la medida cautelar de embargo\u2026 hasta la fecha la parte interesada no ha aportado el pertinente certificado, acreditando la cancelaci\u00f3n de la medida. <\/p>\n
Se deduce\u2026 que la cautela sigue vigente en el sucesorio\u2026 a pesar de haberse ordenado su cancelaci\u00f3n, sin cumplirse por lo tanto, la requisitora exigida en el numeral 4 del art. 399 del C\u00f3digo General del Proceso\u2026 <\/p>\n
Normatividad que no puede echar de menos esta oficina, pues conforme al precepto 13 de nuestro ordenamiento adjetivo, las normas procesales son de orden p\u00fablico y por consiguiente de obligatorio cumplimiento, sin poder se derogadas, modificadas o sustituidas, salvo autorizaci\u00f3n expresa de la ley (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Para la Sala, las anteriores determinaciones presentan una soluci\u00f3n ponderada en punto de la situaci\u00f3n puesta de presente por el gestor del resguardo, pues tuvieron como soporte lo dispuesto en el art\u00edculo 399 del Estatuto Procesal General, lo que elimina cualquier viso de arbitrariedad por parte de la c\u00e9lula judicial convocada. <\/p>\n
En tales condiciones, se ha dicho que mientras las providencias cuestionadas no revelen capricho o desmesura, no es posible conceder la tutela, pues la sola divergencia conceptual no es fuente de la demanda de amparo, porque, m\u00e1s all\u00e1 de que se comparta o no la hermen\u00e9utica utilizada por el juzgador, \u00ab(\u2026) ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada entre otras en STC2293-2018, 22 feb. 2018, rad. 2017-00427-01). <\/p>\n
Entonces, no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, procedimental, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n arbitraria que la autoridad aqu\u00ed demandada tom\u00f3 las decisiones reprochadas, pues lo se\u00f1alado constituye una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por las anteriores razones, se ratificar\u00e1 la negativa del amparo porque, seg\u00fan se verific\u00f3, no existe la vulneraci\u00f3n alegada por el demandante, habida cuenta que las decisiones adoptadas en el proceso objeto de escrutinio, contienen una interpretaci\u00f3n razonable y ponderada del ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por un medio expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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