STC8803-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8803-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2021-00156-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 15 de abril de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Nazly Rodr\u00edguez Olivo contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n y la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial \u2013 Divisi\u00f3n Fondos y Cobro Coactivo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso \u00abpor desconocimiento al principio de favorabilidad y pro homine\u00bb, igualdad y salud, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas, con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite adelantado para hacer efectivo el pago de multas impuestas en su contra. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que, \u00aben mi condici\u00f3n de abogada litigante, present\u00e9 recursos extraordinarios de casaci\u00f3n dentro de [19] procesos ordinarios laborales seguidos en contra del Instituto de Seguros Sociales en liquidaci\u00f3n hoy Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones [y] comoquiera que no sustent\u00e9 los recursos dentro de la oportunidad legal, [la hom\u00f3loga Laboral] declar\u00f3 desierto los recursos [mediante autos proferidos durante en el periodo de 2013 a 2016] y me impuso multas en todos los procesos por 10 SMLMV\u00bb, conforme a lo previsto en el art\u00edculo 49 de la Ley 1395 de 2010. <\/p>\n
Que la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial adelant\u00f3 los cobros coactivos y en desarrollo de dichos ejecutivos, \u00abproceden a embargarme dos inmuebles de mi propiedad ubicados en la ciudad de Cartagena (\u2026), inmuebles que hac\u00eda poco hab\u00eda adquirido producto del litigio y de alguno de los negocios que le hab\u00eda ganado al anterior I.S.S.\u00bb, ante lo cual dijo haber elevado solicitudes de revocatoria directa para obtener que se aplicara lo establecido en la sentencia C-492 de 2016, por medio de la cual se declar\u00f3 inexequible el inciso 3\u00b0 de la disposici\u00f3n que contemplaba la situaci\u00f3n por la que ella result\u00f3 sancionada. <\/p>\n
Que \u00abdesesperada porque los bienes que adquir\u00ed con mucho sacrificio, con el sudor de mi trabajo, de mi litigio, honesta y honradamente, siendo una mujer pobre, humilde, que logr\u00e9 terminar mis estudios acad\u00e9micos y universitarios trabajando (\u2026), con el apoyo econ\u00f3mico en su momento de mi madre que hoy en d\u00eda es una anciana cansada (\u2026), ped\u00ed ayuda ante la procuradur\u00eda, la Corte Constitucional, me dirig\u00ed incluso ante la presidencia de la rep\u00fablica, para que por favor estudiaran mi caso y no me quitaran mis bienes, pero no obtuve respuesta alguna\u00bb, y de las accionadas \u00abobtuve el argumento de siempre, y era que la sentencia de la Corte Constitucional, solo tiene efectos hacia futuro\u00bb; y que ante el \u00abacoso por parte de la divisi\u00f3n de cobros de la direcci\u00f3n ejecutiva de administraci\u00f3n judicial\u00bb, suscribi\u00f3 acuerdos de pago, los cuales incumpli\u00f3 \u00aba causa de la pandemia del Sars-Cov 2\u00bb, pues aunado a que \u00absolo vivo del litigio\u00bb, la situaci\u00f3n ha deteriorado su salud al padecer de \u00abdepresi\u00f3n y estr\u00e9s\u00bb. <\/p>\n
Que en respaldo a su reiterada postura, \u00abel d\u00eda 20 del mes de octubre del a\u00f1o 2020, la sala de decisi\u00f3n de tutelas No. 2 de la Corte Suprema de Justicia \u2013 Sala Penal, MP Fabio Ospitia Garz\u00f3n, STP11396-2020, tutela No. 112889 acta No. 219, al resolver un caso similar al m\u00edo (\u2026), tutel\u00f3 el derecho al debido proceso de la accionante [con] base al principio de favorabilidad (\u2026), teniendo en cuenta que la multa en la actualidad es insostenible, toda vez que la misma, incluyendo los intereses alcanza a llegar a los casi (\u2026) $300.000.000,oo\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se ordene a las accionadas, emitir \u00abnuevo pronunciamiento con respecto a las solicitudes elevadas en los derechos de petici\u00f3n y revocatoria directa que remit\u00ed desde el a\u00f1o 2018 y las nuevas solicitudes que present\u00e9 en el 2021 a trav\u00e9s de abogado, donde se le solicitaba [a la divisi\u00f3n de fondos especiales y cobro coactivo de la DEAJ], la desmaterializaci\u00f3n del mandamiento de pago y la aplicaci\u00f3n de la sentencia C-492 de 2016, en aras a que se me aplique el principio de favorabilidad y pro homine que vienen vulnerando (\u2026)\u00bb. En consecuencia, \u00abprocedan a dar por terminado todos los procesos de cobro coactivo de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, por el no pago de las multas impuestas por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral (\u2026), y decretar el levantamiento de las medidas de embargo y secuestro que pesa sobre los bienes [y] tambi\u00e9n me saquen de las listas de deudores morosos\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, manifest\u00f3 que la presente invocaci\u00f3n de tutela era temeraria, ya que bajo el radicado 2020-0101-00 la Sala de Casaci\u00f3n Penal fall\u00f3 \u00abamparando el derecho fundamental de petici\u00f3n\u00bb deprecado por la accionante, y en atenci\u00f3n a ello se emiti\u00f3 \u00abla Resoluci\u00f3n No. DEAJCC20-8920 de 29 de octubre de 2020\u00bb. Por lo dem\u00e1s, dijo que actu\u00f3 al tenor del ordenamiento jur\u00eddico, pues \u00ablos efectos de la sentencia C-492 de 14 de septiembre de 2016, mediante la cual se declar\u00f3 inexequible la expresi\u00f3n \u201cy se impondr\u00e1 al apoderado judicial una multa de 5 a 10 salarios m\u00ednimos\u201d del art\u00edculo 49 de la Ley 1395 de 2010, son a futuro, conforme lo expone el art\u00edculo 45 de la Ley 270 de 1996 [y que] la Corte Constitucional no modul\u00f3 nada respecto a las multas impuestas durante la vigencia de la norma\u00bb. <\/p>\n
2. El magistrado Gerardo Botero Zuluaga de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, expres\u00f3 que el reproche contra las providencias proferidas por esa Corporaci\u00f3n no cumple el requisito de la inmediatez, porque fueron emitidas durante \u00ablos a\u00f1os 2014, 2015 y 2016\u00bb, y que como lo atinente a la ejecuci\u00f3n de las multas no corresponde a la Corte lo que denota \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb. <\/p>\n
3. El magistrado Luis Benedicto Herrera D\u00edaz, tambi\u00e9n de la hom\u00f3loga Laboral, inform\u00f3 que \u00abpor auto de 2 de junio de 2014 se le impuso (a la actora) multa de diez (10) salarios m\u00ednimos legales vigentes, por no haber sustentado el recurso de casaci\u00f3n dentro del proceso ordinario laboral con radicaci\u00f3n interna 64364 (\u2026), en cumplimiento a lo dispuesto en el art\u00edculo 93 del C\u00f3digo Procesal Laboral y de la Seguridad Social, modificado [por] el 49 de la Ley 1395 de 2010, decisi\u00f3n que se puso en conocimiento del Consejo Superior de la Judicatura\u00bb, y que \u00abel resguardo deprecado no est\u00e1 llamado a prosperar, en tanto que [dicha sanci\u00f3n] al igual que todas las dem\u00e1s, se pronunciaron con sujeci\u00f3n a la norma que as\u00ed lo dispon\u00eda y que para aquel entonces se encontraba en pleno vigor\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que como \u00abla tutela est\u00e1 dirigida en especial contra la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial (\u2026), se abstiene de hacer pronunciamiento alguno al respecto, pues desconoce la existencia de las solicitudes que aduce la accionante ha librado con destino a esa autoridad\u00bb. <\/p>\n
4. El magistrado Iv\u00e1n Mauricio Lenis G\u00f3mez, tambi\u00e9n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, remiti\u00f3 copia del prove\u00eddo AL4779-2015 que se emiti\u00f3 en relaci\u00f3n con el caso objeto de estudio, aclarando que \u00aben la decisi\u00f3n en referencia obr\u00f3 como ponente el magistrado Rigoberto Echeverri Bueno, para la \u00e9poca titular del despacho actualmente a mi cargo\u00bb. <\/p>\n
5. El magistrado Fernando Castillo Cadena de la misma Sala de Casaci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que en los prove\u00eddos cuestionados \u00abest\u00e1n expuestos los argumentos que llevaron a esa Corporaci\u00f3n a decidir, los cuales se basaron en los supuestos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos del asunto y conforme a la normativa aplicable al caso, que distan de ser arbitrarios, por lo que, es claro que del escrito de tutela se evidencia la intenci\u00f3n de crear, a trav\u00e9s de esta v\u00eda constitucional, una instancia adicional en la que se reexaminen los elementos de juicio obrantes en el expediente y as\u00ed obtener la atenci\u00f3n de los argumentos desestimados por este tribunal de cierre, lo que no es viable\u00bb. <\/p>\n
6. El magistrado Jorge Luis Quiroz Alem\u00e1n, igualmente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, expuso que como la actora no adujo vulneraci\u00f3n de parte de esa Corporaci\u00f3n, sino que de su exposici\u00f3n se establec\u00eda que \u00abcelebr\u00f3 un acuerdo de pago con la Divisi\u00f3n de Cobro Coactivo de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial\u00bb, proced\u00eda \u00abdeclarar la improcedencia del resguardo, o en su defecto desvincular a esta colegiatura del presente tr\u00e1mite constitucional\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Concedi\u00f3 el amparo al considerar -como lo hizo en precedente oportunidad (CSJ STP11396-2020, 20 oct. 2020, rad. 112889)-, que as\u00ed como la Corte Constitucional mediante sentencia C-203\/11 declar\u00f3 inexequible la expresi\u00f3n que en el precepto 49 de la Ley 1395 de 2010 establec\u00eda multa cuando el recurso de casaci\u00f3n no reun\u00eda los requisitos de ley, el fallo C-492\/16 hizo lo propio para cuando se declaraba desierto con similares argumentos, mismos que fueron invocados por la peticionaria para que se inaplicara la sanci\u00f3n sin que encontrara respuesta favorable, por tanto, \u00abla interpretaci\u00f3n de la norma se aproxima a que sea asimilada al ejercicio de la facultad sancionatoria del Estado, frente a la cual no hay par\u00e1metros para su graduaci\u00f3n, no son claras las posibilidades de controversia y cuya aplicaci\u00f3n opera sin ninguna constataci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3 que si bien las providencias se produjeron antes de emitirse la sentencia C-492\/16, bajo las consideraciones all\u00ed contenidas y extra\u00eddas en su parte pertinente, concluy\u00f3 que proced\u00eda la aplicaci\u00f3n de \u00abla favorabilidad como componente del debido proceso y el principio pro homine, que permite llevar a cabo una interpretaci\u00f3n que permita garantizar con mayor amplitud los derechos fundamentales [a fin de] no someter a Nazly Rodr\u00edguez Olivo a una multa que en la actualidad es insostenible\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, otorg\u00f3 la garant\u00eda al debido proceso de la demandante y resolvi\u00f3 \u00abordenar a la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial que en el t\u00e9rmino de setenta y dos (72) horas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, otorgue respuesta a la solicitud de revocatoria directa de la resoluci\u00f3n DEAJGCC19-19338 por medio de la cual orden\u00f3 seguir adelante con el cobro coactivo, dentro de los procesos 20150014100, 20150044100, 20150005100, 20130066100, 20140040200, 20150010200, 20150053200, 20150032900, 20150048900, 20160034900, 20170005900, 20160032700, 20160025800, 20160043300, 20150038400, 20140028000, 20150006000, 20140034500 y 20160013500\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACIONES <\/p>\n
2. La Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial tambi\u00e9n mostr\u00f3 su disenso con el fallo proferido por la hom\u00f3loga Penal, reiterando que la actora incurri\u00f3 en \u00abtemeridad\u00bb y \u00abmala fe\u00bb al pretender por v\u00eda de tutela que se resuelvan las discrepancias que no hizo valer jur\u00eddicamente en los procesos de cobro coactivo, y, por tanto, defendi\u00f3 la legalidad de las actuaciones cuestionadas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas vulneraron las prerrogativas fundamentales invocadas por la reclamante, porque: (i) la Sala de Casaci\u00f3n Laboral la sancion\u00f3 en 19 procesos en los que interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n y no los sustent\u00f3 dentro del t\u00e9rmino legal; y, (ii) la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial – Divisi\u00f3n de Fondos Especiales y Cobro Coactivo \u2013procedi\u00f3 a hacer efectivo el pago de dichas obligaciones, pese a las solicitudes de inaplicaci\u00f3n elevadas con fundamento f\u00e1ctico y jur\u00eddico. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n de manera invariable ha se\u00f1alado, por regla general, que esta acci\u00f3n no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones, cuando con ellas se produzca vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Para la viabilidad de la salvaguarda respecto de esta clase de providencias, tambi\u00e9n se ha venido se\u00f1alando que deben haberse cumplido todas y cada una de las causales generales de procedibilidad, entre las cuales son esenciales la inmediatez y la subsidiariedad, esto es, que la reclamaci\u00f3n se realice en un t\u00e9rmino prudencial y razonable, y que previo al amparo se hayan agotado los mecanismos de defensa. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n que se realiza a los argumentos de la acci\u00f3n y a las piezas procesales incorporadas al expediente, esta Corporaci\u00f3n revocar\u00e1 el fallo de primer grado para desestimar el resguardo, porque: (i) en lo que ata\u00f1e a la hom\u00f3loga Laboral, la acci\u00f3n no alcanza a superar los esenciales requisitos de la inmediatez y de la subsidiariedad, y se\u00f1alar que se configura un caso de impugnaci\u00f3n aparente; y, (ii) porque en relaci\u00f3n con la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial – Divisi\u00f3n de Fondos Especiales y Cobro Coactivo, no se satisface el requisito de subsidiariedad contra actos administrativos y en ese sentido se ratifica la postura que sobre el asunto hab\u00eda abordado esta Sala. <\/p>\n
3.1. De la desatenci\u00f3n de los requisitos gen\u00e9ricos de la inmediatez y la subsidiariedad en la modalidad de incuria, y de la impugnaci\u00f3n aparente. <\/p>\n
3.1.1. En cuanto al presupuesto de la inmediatez, en este caso tiene lugar porque los autos, emitidos por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral imponiendo la multa que preve\u00eda el inciso final del art\u00edculo 93 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, se produjeron durante el per\u00edodo comprendido de 2013 a 2016, mientras la presente acci\u00f3n fue sometida a tr\u00e1mite el 25 de febrero de 2021, es decir, cuando hab\u00eda transcurrido un lapso que supera ampliamente el semestre establecido en la jurisprudencia como id\u00f3neo para presentar tempestivamente el auxilio. <\/p>\n
Al respecto, de vieja data se ha dicho y reiterado que el prolongado silencio del afectado para acudir ante el juez excepcional, ri\u00f1e con la protecci\u00f3n inmediata que la acci\u00f3n conlleva, m\u00e1xime cuando se ataca una providencia judicial pues frente a tales actuaciones es m\u00e1s rigurosa la exigencia del presupuesto temporal, puesto que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (CSJ STC 2 ago. 2007, rad. 00188-01, citada, entre otras en STC2447-2021, 11 mar. 2021, rad. 00633-00). Se destaca y subraya. <\/p>\n
En punto a las situaciones que eventualmente justificar\u00edan que no se haya invocado la tutela, el precedente constitucional y de esta Sala se\u00f1alan que podr\u00edan alegarse cuando afectan seriamente el acceso del interesado a la administraci\u00f3n de justicia en procura de una eventual correcci\u00f3n al desafuero alegado. <\/p>\n
Sobre el particular se ha venido sosteniendo que si bien el presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse en cada caso concreto si el t\u00e9rmino de seis meses es viable sortearlo o no, tal condici\u00f3n le impone al juez de la salvaguarda, realizar un balance de los derechos fundamentales en juego y de las razones expuestas como justificantes de la inercia para acudir al resguardo, y, finalmente, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia de la inmediatez, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de las garant\u00edas superiores que pudieran impedir ejercer oportunamente el instrumento jur\u00eddico. <\/p>\n
Analizado lo anterior, en el presente asunto la Sala no encuentra acreditada ninguna de las situaciones descritas para prescindir de la urgencia para acudir al ruego tuitivo. En consecuencia, no fue demostrada la existencia de motivo o circunstancia que sirva para flexibilizar la exigencia temporal y con ello justificar la demora de la quejosa para recurrir a este instrumento constitucional. <\/p>\n
3.1.2. Respecto a la incuria, tal impedimento tambi\u00e9n aplica en el presente asunto, comoquiera que la actora, quien es abogada de profesi\u00f3n, omiti\u00f3 plantear los recursos ordinarios que tuvo a su alcance en cada uno de los litigios laborales en aras a que se reconsidere, al menos parcialmente, los efectos de la desidia demostrada frente a cada una de las providencias proferidas dentro de los 19 asuntos en los que result\u00f3 sancionada. <\/p>\n
Con el rese\u00f1ado proceder, la querellante desaprovech\u00f3 la oportunidad de poner en conocimiento del magistrado a cargo de cada uno de los asuntos, algunos de los argumentos que para ese entonces ya se hab\u00edan consolidado, tales como los atinentes a la capacidad econ\u00f3mica para cubrir su pago, o la afectaci\u00f3n en su salud que le produc\u00eda la existencia de sendas obligaciones pecuniarias a su cargo. <\/p>\n
Es m\u00e1s, n\u00f3tese que frente a las \u00faltimas sanciones, la actora tambi\u00e9n pudo haber planteado la situaci\u00f3n que ahora trae a este escenario jur\u00eddico como lo es la generada a partir de la sentencia C-492 proferida por la Corte Constitucional el 14 de septiembre de 2016, en la que resolvi\u00f3 \u00abDECLARAR LA INEXEQUIBILIDAD de la expresi\u00f3n \u201cy se impondr\u00e1 al apoderado judicial una multa de 5 a 10 salarios m\u00ednimos\u201d contenida en el art\u00edculo 49 de la Ley 1395 de 2010\u00bb, desidia esta que impide abordar de fondo la problem\u00e1tica planteada, al menos en lo que ata\u00f1e a la autoridad judicial que las emiti\u00f3. <\/p>\n
Conforme a lo descrito, el ruego tuitivo frente a la hom\u00f3loga Laboral no deviene viable, pues la Corte ha sido enf\u00e1tica en indicar que para que la tutela se abra paso respecto de providencias judiciales, deben haberse cumplido todas y cada una de las causales generales decantadas por la jurisprudencia, entre las cuales es esencial la subsidiariedad, esto es, que previo a la reclamaci\u00f3n se agoten los mecanismos defensivos. <\/p>\n
Por tanto, cuando sin mediar motivo que amerite justificar el mentado requisito, la actora invoca la tutela sin haberse dirigido a la autoridad competente para poner de presente su reclamo o lo hace de manera defectuosa o incompleta, el instrumento excepcional se torna inviable pues en raz\u00f3n a su propia incuria, la quejosa queda sujeta a las consecuencias de la decisi\u00f3n que le result\u00f3 adversa. <\/p>\n
3.1.3. De otro lado, estudiada la reclamaci\u00f3n y verificada la orden impartida por el sentenciador constitucional a-quo, se advierte que la impugnaci\u00f3n resulta aparente habida cuenta que los motivos planteados por el magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, (toda vez que la hom\u00f3loga Penal concedi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos invocados por la actora), fue solo en relaci\u00f3n con la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial – Divisi\u00f3n de Fondos Especiales y Cobro Coactivo, porque -en su criterio- no respondi\u00f3 las solicitudes de inaplicaci\u00f3n de las sanciones. <\/p>\n
3.2. Improcedencia del resguardo contra actos administrativos. <\/p>\n
3.2.1. Se predica de la actuaci\u00f3n desplegada por la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial – Divisi\u00f3n de Fondos Especiales y Cobro Coactivo, en virtud a las pretensiones de la peticionaria para \u00abdesmaterializar\u00bb las \u00f3rdenes de pago y de seguir adelante las ejecuciones, expedidas con ocasi\u00f3n de las sanciones impuestas por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral por no sustentar los recursos de casaci\u00f3n que interpuso en 19 asuntos. <\/p>\n
Ello, porque independientemente de que insista en la inaplicaci\u00f3n de tales disposiciones, ya que, en su criterio, las multas perdieron vigor a ra\u00edz de la sentencia C-492 proferida por la Corte Constitucional el 14 de septiembre de 2016, y recientemente aducir que fueron vulnerados los principios de favorabilidad y pro homine, para esta Sala es claro que la finalidad de la accionante es atacar decisiones que por su car\u00e1cter administrativo no compete resolver al juez de tutela. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, por regla general se ha dicho que los actos administrativos son ajenos al escrutinio del juez constitucional, pues este \u00faltimo no puede arrogarse facultades que son propias de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa, ello, en tanto \u00abla decisi\u00f3n censurada es un acto administrativo cuya legalidad debe discutirse por las v\u00edas legales pertinentes, sin que le sea dado al juez constitucional asumir la competencia del juzgador contencioso administrativo, \u00fanica autoridad judicial que en la \u00f3rbita de sus facultades puede suspenderlos o anularlos, a la cual pudo acudir el accionante para controvertir los actos acusados (CSJ STC, 5 jun. 2007, rad. 00186-01, citada en entre otras, en STC, 9 ago. 2012, rad. 00002-03). <\/p>\n
En ese mismo sentido, se ha reiterado: \u00aben l\u00ednea de general\u00edsimo principio, las controversias en torno a la legalidad de los actos administrativos, indistintamente de cu\u00e1l sea su naturaleza, deben discutirse ante la jurisdicci\u00f3n correspondiente, a trav\u00e9s de los mecanismos legales para ello dispuestos, donde los disconformes pueden allegar los elementos demostrativos que estimen del caso y explicar ampliamente los argumentos que aqu\u00ed esbozan, sin que este camino pueda convertirse en senda paralela a la normativamente reglada (CSJ. STC5278-2015, 4 may. 2015, rad. 2014-00305-01, citada en STC6470-2021, 4 jun. 2021, rad. 00181-01). <\/p>\n
3.2.2. Aunado a lo anterior, esta Sala, al resolver anteriores acciones de tutela promovidas por la ac\u00e1 quejosa, si bien aval\u00f3 que la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial deb\u00eda resolver de fondo los derechos de petici\u00f3n elevados ante esa entidad, incluyendo las solicitudes de revocatoria directa que se hallaban en curso, dej\u00f3 sentada su posici\u00f3n frente a los reclamos dirigidos contra tales actuaciones, al se\u00f1alar: <\/p>\n
\u00abIgualmente huelga memorar que la precursora tiene a su disposici\u00f3n el remedio id\u00f3neo para ventilar sus inquietudes contra el Consejo Superior de la Judicatura, que no es otra que \u00abla acci\u00f3n de acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho\u00bb consagrada en el art\u00edculo 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, donde le es permitido allegar elementos de convicci\u00f3n e invocar la desigualdad que le enrostra a los actos administrativos; incluso est\u00e1 habilitada para deprecar como medida cautelar desde el comienzo la suspensi\u00f3n de los efectos de los mismos (num. 3), conforme lo contempla el canon 230 \u00eddem\u00bb (CSJ STC3449-2020, 19 may. 2020, rad. 00136-00). <\/p>\n
Del mismo modo, en reciente amparo donde ratific\u00f3 la protecci\u00f3n al derecho fundamental de petici\u00f3n invocado por la se\u00f1ora Nazly Rodr\u00edguez Olivo, y en particular para que se produjera la notificaci\u00f3n de dichos actos en los t\u00e9rminos que prev\u00e9 el ordenamiento jur\u00eddico aplicable, la Sala precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Al margen de lo anterior, la queja frente al posible quebranto al debido proceso de la suplicante en los tr\u00e1mites coactivos criticados, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, al incumplir el presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
(\u2026) Recu\u00e9rdese, el referido tr\u00e1mite judicial es procedente cuando el acto criticado ha sido expedido: (i) con infracci\u00f3n de las normas en que deber\u00eda fundarse; (ii) sin competencia; (iii) en forma irregular; (iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa; (v) mediante falsa motivaci\u00f3n; o (vi) con desviaci\u00f3n de las atribuciones propias de quien lo profiri\u00f3. <\/p>\n
S\u00famese, en el eventual proceso, la promotora puede pedir el decreto de las medidas cautelares que estime pertinentes, a fin de conjurar un posible perjuicio irremediable, con sustento en el precepto 229 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo\u00bb (CSJ STC2399-2021, 11 mar. 2021, rad. 2020-01723-01). <\/p>\n
Entonces, reiterando lo antedicho, el auxilio deprecado deviene improcedente de acuerdo a lo prevenido en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, en concordancia con el precepto 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, ya que la pretensi\u00f3n de la actora puede encontrar soluci\u00f3n ante la jurisdicci\u00f3n establecida para el efecto y a la cual no ha acudido. <\/p>\n
En este orden, no surge viable pretender que en este residual escenario jur\u00eddico se provea el an\u00e1lisis y posible soluci\u00f3n a una cuesti\u00f3n que corresponde al juez competente y a trav\u00e9s de la senda ordinaria, pues de vieja data el precedente constitucional ha enfatizado que \u00abla acci\u00f3n de tutela no puede concebirse ni utilizarse como medio judicial que sustituya los mecanismos previstos en la Constituci\u00f3n y en las leyes de la Rep\u00fablica, ni como proceso alternativo que el interesado pueda escoger a cambio de los ordinarios o especiales, tambi\u00e9n establecidos para administrar justicia y para hacer efectivos los derechos consagrados en la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CC T-405\/92). <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab[E]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada entre otras en STC5048-2021, 6 may. 2021, rad. 00048-01). <\/p>\n
3.2.3. Por lo dem\u00e1s, tampoco procede la acci\u00f3n como mecanismo transitorio, pues aunado a la ausencia de reproche sobre la aptitud y eficacia de los medios de defensa a los que a\u00fan puede recurrir, la peticionaria no prob\u00f3 perjuicio irremediable, pues para ello se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01). Adem\u00e1s, para acceder a esa protecci\u00f3n, no basta la simple afirmaci\u00f3n de posible amenaza de las prerrogativas iusfundamentales, sino que incumbe aportar las pruebas que permitan acreditarla, pues esa modalidad \u00abse subordina a un medio judicial ordinario que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesi\u00f3n constitucional\u00bb (CC SU-111\/97). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Al estar condicionada la intervenci\u00f3n de esta particular justicia a la superaci\u00f3n de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, los cuales no se satisfacen, sin ahondar en otras tem\u00e1ticas, se impone revocar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n y en su lugar, declarar su improcedencia, advirtiendo que tampoco se configuran las indispensables condiciones para otorgarla como mecanismo transitorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada, y con ello la orden all\u00ed impartida. En su lugar se NIEGA el amparo impetrado por Nazly Rodr\u00edguez Olivo. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC8803-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC8803-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2021-00156-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55638","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55638","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55638"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55638\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55638"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55638"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55638"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}