STC8804-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 86001-22-08-000-2021-00060-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Mocoa el 17 de junio de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jos\u00e9 Luis Romero Zuluaga contra el Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Mocoa, la Unidad de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas y la Agencia Nacional de Tierras; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el asunto n\u00b0 2018-00008. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante apoderado judicial, el actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos \u00abal debido proceso, igualdad, reparaci\u00f3n integral y restituci\u00f3n efectiva y material de tierras\u00bb, los cuales estima trasgredidos por la omisi\u00f3n de los accionados en atender cabalmente las ordenes que les fueron impuestas \u2013a favor del convocante- en el fallo de restituci\u00f3n de tierras del 20 de noviembre de 2018. <\/p>\n
2. Pide, en consecuencia, que la Corte ordene directamente el otorgamiento de las ayudas econ\u00f3micas, educativas y m\u00e9dicas que le fueron reconocidas y que ordene al fallador encartado \u00abhacer el seguimiento efectivo y real a la sentencia N\u00ba 094 del 20 de noviembre de 2018\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Ministerio de Trabajo dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
2. El juzgador convocado pidi\u00f3 desestimar la salvaguarda por no satisfacer el presupuesto de la subsidiariedad que la informa, en la medida que el cumplimiento de las \u00f3rdenes impuestas en el referido fallo de restituci\u00f3n de tierras, debe perseguirse en el mismo juicio en que se adopt\u00f3 la decisi\u00f3n. <\/p>\n
3. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas indic\u00f3 que la entidad \u00able ha dado el tr\u00e1mite y cumplimiento respectivo a las \u00f3rdenes contenidas en la sentencia de 20 de noviembre de 2018, el cual se ha realizado conforme al tr\u00e1mite establecido para ello\u00bb. <\/p>\n
4. La Procuradora 11 Judicial II para Restituci\u00f3n de Tierras con sede en Mocoa, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Salud, se opusieron a la prosperidad del amparo, arguyendo que el accionante cuenta con otro mecanismo judicial para reclamar el cumplimiento de las \u00f3rdenes que aqu\u00ed son objeto de estudio. <\/p>\n
5. La Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas indic\u00f3 que aunque est\u00e1 al tanto de la situaci\u00f3n del accionante y por ello esta adelantando actualmente las gestiones propias para el otorgamiento de las ayudas econ\u00f3micas que le fueron reconocidas, le es imposible \u00abdar fecha cierta y\/o pagar la indemnizaci\u00f3n administrativa, toda vez que debe ser respetuosa del procedimiento establecido en la Resoluci\u00f3n 1049 de 2019 y del debido proceso administrativo\u00bb. <\/p>\n
6. Fonvivienda enlist\u00f3 los requisitos que se deben reunir para acceder a las subvenciones de vivienda que contempla el ordenamiento jur\u00eddico; anot\u00f3 que la verificaci\u00f3n de esas exigencias y el otorgamiento de los auxilios corresponde al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social; y finalmente pidi\u00f3 desestimar el auxilio en cuanto a ella concierne, por cuanto no ha trasgredido ninguna garant\u00eda fundamental del actor. <\/p>\n
7. El SENA se limit\u00f3 a indicar los pasos que deben seguir quienes tengan la intenci\u00f3n de acceder a los programas educativos que brinda la entidad para la poblaci\u00f3n desplazada por la violencia. <\/p>\n
8. El Ministerio de Educaci\u00f3n dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por no haber trasgredido ninguna de las prerrogativas fundamentales del accionante. <\/p>\n
9. El Icetex manifest\u00f3 que no ha impartido un trato diferencial ni discriminatorio frente al convocante, de quien dijo no haber recibido ninguna petici\u00f3n orientada a postularse a alguno de los programas de financiaci\u00f3n que ofrece la entidad. <\/p>\n
10. La Secretar\u00eda de Salud y Desarrollo Social de Orito (Putumayo) se\u00f1al\u00f3 que \u00abel 4 de junio de 2021 se logr\u00f3 contactar al se\u00f1or Jos\u00e9 Luis Romero Zuluaga a quien se le inform\u00f3 si deseaba recibir la atenci\u00f3n psicosocial por parte del equipo disciplinario de PAPSIVI y si se siente comprometido a participar activamente en el desarrollo de las acciones acordadas; el se\u00f1or Jos\u00e9 Luis manifest\u00f3 que desde el a\u00f1o 2007 se encuentra residiendo en Guatica-Risaralda, mencionando que no requer\u00eda la atenci\u00f3n psicosocial por el momento, debido a que han pasado varios a\u00f1os que ha logrado salir adelante con su familia sin la ayuda del Estado\u00bb. <\/p>\n
11. Medimas EPS S.A.S. recalc\u00f3 que el accionante no ha solicitado ning\u00fan servicio de asistencia psicol\u00f3gica y que solo en el a\u00f1o 2019 reclam\u00f3 una autorizaci\u00f3n de servicios m\u00e9dicos, la cual fue impartida oportunamente en esa anualidad. <\/p>\n
12. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social anot\u00f3 que no ha incurrido en ninguna conducta trasgresora de los derechos fundamentales del actor. <\/p>\n
13. La Gobernaci\u00f3n del Putumayo resalt\u00f3 que no le son imputables ninguna de las omisiones denunciadas en el escrito introductor. <\/p>\n
14. El Centro Nacional de Memoria Hist\u00f3rica pidi\u00f3 que se le desvinculara de la actuaci\u00f3n, en consideraci\u00f3n a que dio cumplimiento oportuno a las \u00f3rdenes que se le impusieron en el fallo de restituci\u00f3n de tierras y a que ninguna de las pretensiones fue elevada en su contra. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Desestim\u00f3 el amparo tras considerar que \u00abel seguimiento de la sentencia que tiene a su cargo el juez de restituci\u00f3n de tierras es un mecanismo ordinario que no luce carente de eficacia, por la amplitud de las facultades otorgadas por la ley, siendo adem\u00e1s que no se comprob\u00f3 la totalidad de los presupuestos para entender que existe un perjuicio irremediable, pues dentro del expediente se da cuenta de su afiliaci\u00f3n al r\u00e9gimen subsidiado de salud y no se pone de presente que se le haya negado alguna atenci\u00f3n o servicio, tampoco se\u00f1ala carencia para el sostenimiento de sus necesidades b\u00e1sicas, propias y de los miembros de su n\u00facleo familiar, por lo que no se logra constatar que los involucrados se encuentren en riesgo grave, urgente e inminente\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el actor insistiendo en que las entidades administrativas convocadas no han dado cumplimiento a las \u00f3rdenes que les imparti\u00f3 el juzgador de restituci\u00f3n de tierras accionado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las argumentaciones ofrecidas en el escrito de impugnaci\u00f3n ameritan una modificaci\u00f3n de lo resuelto por el juzgador constitucional de primer grado. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones de naturaleza judicial, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. El presupuesto de la subsidiariedad <\/p>\n
El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su inobservancia ocurre no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos. <\/p>\n
Como en su momento lo destac\u00f3 el fallador de primera instancia, en el caso que se revisa se configura la segunda modalidad, dado que el accionante no acredit\u00f3 que, antes de acudir a este excepcional mecanismo de protecci\u00f3n, hubiera solicitado ante el juez de conocimiento el cumplimiento de las ordenes que aqu\u00ed reclam\u00f3; omisi\u00f3n que, tras ser destacada por el tribunal en el fallo cuya impugnaci\u00f3n aqu\u00ed se resuelve, no mereci\u00f3 ninguna consideraci\u00f3n por parte del recurrente. <\/p>\n
Bajo ese contexto, no se le puede atribuir a dicho juzgador una conducta negligente o abusiva cuando ni siquiera ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el sustrato f\u00e1ctico de la solicitud de amparo. <\/p>\n
Sobre el tema, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que, <\/p>\n
\u00abla protecci\u00f3n reclamada no puede salir exitosa porque, en las copias allegadas con esta acci\u00f3n no se encuentra ninguna prueba distinta de la afirmaci\u00f3n de la demandante que indique a la Sala que la petente haya elevado ante el accionado petici\u00f3n en el sentido pretendido y que ahora alega por esta v\u00eda subsidiaria, que permita endilgar a la entidad demandada una acci\u00f3n u omisi\u00f3n vulneratoria de los derechos que reclama\u2026 Expone la peticionaria unos hechos hu\u00e9rfanos de toda prueba, sobre los que no se concede el amparo\u2026, es decir, la interesada accion\u00f3 en tutela, sin haber hecho ninguna gesti\u00f3n ante la entidad demandada y ciertamente que la falta de petici\u00f3n directa ante \u00e9sta no le ha permitido pronunciarse concretamente sobre el asunto por cuya defensa se propende\u2026\u00bb (CSJ. STC de 13 de feb. de 2013, exp. 00193-01). <\/p>\n
Le corresponder\u00e1, entonces, al actor comparecer ante la autoridad cuestionada para realizar las peticiones que estime pertinentes y ejercer los mecanismos de contradicci\u00f3n frente a las decisiones que no comparta, ya que no es viable acudir al juez de tutela para sustituir la actividad del juez de conocimiento, cuando este es el legalmente habilitado para desatar la controversia puesta a su consideraci\u00f3n. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n de la solicitud de amparo, por cuanto no se verifica el presupuesto de subsidiariedad que la informa. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO JOS\u00c9 TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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