STC8808-2021<\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8808-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-02116-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de julio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Edgardo Navarro Vives y Consultores del Desarrollo S.A. promovieron contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Tribunal de Arbitramento de la C\u00e1mara de Comercio de la misma ciudad, extensiva a los intervinientes en el recurso de anulaci\u00f3n de laudo No. 11001 22 030 00 2021 00252 00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Los gestores pretenden que se deje sin valor y efecto el laudo dictado por el Tribunal de Arbitramento de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1 (29 octubre 2020) y la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad (2 marzo 2021), para que en su lugar se adopten las dem\u00e1s medidas de protecci\u00f3n constitucional que se consideren necesarias. <\/p>\n
Como sustento de su pretensi\u00f3n narraron que conforman el Consorcio V\u00eda al Mar, quien celebr\u00f3 un contrato de concesi\u00f3n con el entonces Instituto Nacional de V\u00edas para adelantar las obras de la \u201cV\u00eda al Mar\u201d. Entre las construcciones que se les encarg\u00f3 realizar se encuentra la del T\u00fanel del barrio Crespo, ubicado en Cartagena, asunto en el cual Cemex fue la empresa encargada de suministrar el concreto para la obra. <\/p>\n
Indicaron que el mencionado deprimido present\u00f3 fallas, circunstancia que dio lugar a la existencia de controversias contractuales entre las partes, raz\u00f3n por la cual acudieron al Tribunal de Arbitramento referido para dirimirlas, autoridad que \u00abdict\u00f3 laudo en el que declar\u00f3 que: (i) Cemex incumpli\u00f3 el contrato de suministro que fue cedido al Consorcio V\u00eda al Mar; (ii) las necesidad de construir el recalce del T\u00fanel de Crespo se debi\u00f3 a causas t\u00e9cnicas imputables tanto al Consorcio V\u00eda al Mar como a Cemex; y (iii) cada parte debe asumir en proporciones iguales el costo del recalce. Para decidir esto \u00faltimo, el panel arbitral se bas\u00f3 en su \u201crecto y sano criterio\u201d y la \u201cprudencia\u201d y no en las pruebas que obraban en el expediente porque, a su juicio, no exist\u00eda ning\u00fan medio de convicci\u00f3n que le permitiera determinar cu\u00e1l de los comportamientos de las partes tuvo mayor o menor incidencia en la configuraci\u00f3n del da\u00f1o\u00bb (29 octubre 2020). <\/p>\n
Se\u00f1alaron que en vista de lo anterior, interpusieron recurso extraordinario de anulaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n descrita; sin embargo, la solicitud fue declarada infundada por la Magistratura accionada (2 de marzo 2021). A juicio de los censores con las providencias mencionadas las autoridades judiciales incurrieron en defecto sustantivo y f\u00e1ctico, toda vez que: i) el Tribunal de Arbitramento fall\u00f3 el proceso en conciencia o equidad, cuando debi\u00f3 decidir en derecho, ii) desconocieron el precedente sobre distribuci\u00f3n de responsabilidades cuando existe concurrencia de culpas, iii) no valoraron las pruebas obrantes en el expediente para distribuir la responsabilidad entre las partes. <\/p>\n
2. Cemex Colombia S.A. se opuso a la prosperidad del amparo y para tal efecto adujo que la actuaci\u00f3n de las autoridades judiciales accionadas fue ajustada a derecho, am\u00e9n que la gestoras no tuvieron una afectaci\u00f3n real. <\/p>\n
Henry Sanabria Santos, Jorge Pinz\u00f3n S\u00e1nchez y Arturo Solarte Rodr\u00edguez, quienes conformaron el Tribunal de Arbitramento que profiri\u00f3 el laudo cuestionado, se remitieron a las razones consignadas en la decisi\u00f3n y destacaron que la misma se fund\u00f3 en criterios jur\u00eddicos y en las probanzas recaudadas y no en la equidad alegada por los accionantes. <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 se atuvo a los argumentos esgrimidos en el fallo emitido el 2 de marzo de 2021, por medio de la cual desat\u00f3 el recurso de anulaci\u00f3n interpuesto por los gestores. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo invocado no est\u00e1 llamado a prosperar, toda vez que la decisi\u00f3n proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 que resolvi\u00f3 el recurso de anulaci\u00f3n de laudo arbitral instaurado por los promotores de la protecci\u00f3n constitucional, se adopt\u00f3 con base en un criterio de interpretaci\u00f3n razonable de las normas que regulan el arbitramento y de las probanzas obrantes en el plenario. <\/p>\n
Del escrito de tutela se advierte que las quejas principales de los gestores est\u00e1n enfiladas a se\u00f1alar que el Tribunal de Arbitramento de la C\u00e1mara de Comercio \u00abse sustrajo de la valoraci\u00f3n probatoria para adoptar dicha decisi\u00f3n, lo que configura un Laudo en conciencia\u00bb y no en derecho, aspecto que, adem\u00e1s, condujo a que incurriera en indebida valoraci\u00f3n probatoria, determinaci\u00f3n que, a su juicio, daba lugar a la configuraci\u00f3n de una circunstancia v\u00e1lida para anular el laudo; sin embargo, aunque elev\u00f3 el medio de impugnaci\u00f3n respectivo, la Magistratura accionada, sin efectuar un an\u00e1lisis adecuado de las diligencias, neg\u00f3 la prosperidad del mismo. <\/p>\n
Revisado el tr\u00e1mite adelantado ante el Tribunal enjuiciado, los solicitantes fundaron el recurso en comento en la causal prevista en el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 41 de la Ley 1563 de 2012, esto es, \u00ab[h]aberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo\u00bb. Ahora, la Magistratura expuso las circunstancias que descartan la existencia de una decisi\u00f3n en equidad y para tal fin se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
En el proscenio dial\u00e9ctico antes descrito, de entrada incumbe apuntalar que, frente a dicha discrepancia, la jurisprudencia vern\u00e1cula ha reiterado que \u201c[s]i en el laudo se hace referencia al derecho positivo se entiende que el fallo es en derecho y no en conciencia, el cual se caracteriza, en su contenido de motivaci\u00f3n por la ausencia de razonamientos jur\u00eddicos; el juzgador decide de acuerdo a su propia conciencia y de acuerdo, hay veces, con la equidad, de manera que bien puede identificarse el fallo en conciencia con el concepto de verdad sabida y buena fe guardada.\u201d <\/p>\n
4. Desde esa perspectiva, no hay asomo de incertidumbre acerca de la no configuraci\u00f3n de la causal de anulaci\u00f3n invocada, comoquiera que los \u00e1rbitros, al pronunciarse sobre el t\u00f3pico denominado \u201cdefinici\u00f3n de responsabilidades\u201d, no dejaron de lado el marco jur\u00eddico pertinente para resolver la materia. Por lo contrario, no solo citaron la normatividad que, en su criterio, era aplicable al caso, la cual se avista hilada a la cadena deductiva que sustenta la determinaci\u00f3n adoptada, sino que acudieron a las directrices jurisprudenciales dictadas frente a la tem\u00e1tica estudiada, con lo que se descarta, de plano, que el laudo recurrido hubiese sido proferido en conciencia o en equidad\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que el Tribunal de arbitramento invoc\u00f3 el art\u00edculo 2357 del C\u00f3digo Civil y sobre el particular rese\u00f1\u00f3: <\/p>\n
4.1. Sobre este punto, n\u00f3tese que el cuerpo decisorio, partiendo de la probanza de que las obras de recalce tuvieron origen desde el punto de vista t\u00e9cnico, tanto en la necesidad de prevenir o mitigar riesgos que pudieron surgir por el \u201cRAS\u201d, en raz\u00f3n de la presencia de \u201cAPR\u201d en el concreto suministrado por Cemex, as\u00ed como en la necesidad de corregir y aminorar los riesgos de algunos defectos constructivos y de dise\u00f1o en la estructura original endilgados al consorcio, teniendo en cuenta que ambas actuaciones fueron igualmente trascendentales en la generaci\u00f3n del perjuicio, procedi\u00f3 a dar usanza al criterio jurisprudencial decantado al derredor de la concurrencia causal que se ha desarrollado a partir de lo consagrado en el art\u00edculo 2357 del C\u00f3digo Civil. En ese sendero argumentativo, el tribunal de arbitramento, de manera expresa, puso de presente que \u201c(\u2026) el art\u00edculo 2357 del C\u00f3digo Civil establece que \u2018la apreciaci\u00f3n del da\u00f1o est\u00e1 sujeta a reducci\u00f3n, si el que lo ha sufrido se expuso a \u00e9l imprudentemente\u2019. De conformidad con lo establecido en esta norma, la participaci\u00f3n de la v\u00edctima en la producci\u00f3n del da\u00f1o que ha padecido tiene efectos respecto de la cuantificaci\u00f3n de este \u00faltimo, seg\u00fan su aporte o incidencia causal. (\u2026) En este sentido, la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia ha se\u00f1alado: \u2018En ese orden de ideas, se puede se\u00f1alar que en ocasiones el hecho o la conducta de quien ha sufrido el da\u00f1o pueden ser, en todo o en parte, la causa del perjuicio que \u00e9sta haya sufrido. <\/p>\n
En el primer supuesto \u2013conducta del perjudicado como causa exclusiva del da\u00f1o\u2013, su proceder desvirtuar\u00e1, correlativamente, el nexo causal entre el comportamiento del presunto ofensor y el da\u00f1o inferido, dando lugar a que se exonere por completo al demandado del deber de reparaci\u00f3n. Para que el demandado se libere completamente de la obligaci\u00f3n indemnizatoria se requiere que la conducta de la v\u00edctima re\u00fana los requisitos de toda causa extra\u00f1a, en particular que se trate de un evento o acontecimiento exterior al c\u00edrculo de actividad o de control de aquel a quien se le imputa la responsabilidad. En el segundo de tales supuestos – concurrencia del agente y de la v\u00edctima en la producci\u00f3n del perjuicio-, tal coparticipaci\u00f3n causal conducir\u00e1 a que la condena reparatoria que se le imponga al demandado se disminuya proporcionalmente, en la medida de la incidencia del comportamiento de la propia v\u00edctima en la producci\u00f3n del resultado da\u00f1oso.\u2019 (\u2026) <\/p>\n
En el escenario de la concurrencia causal, la mencionada Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado tambi\u00e9n que \u2018como la ley nada dice acerca del m\u00e9todo ni el porcentaje que han de tenerse en cuenta para realizar esa reducci\u00f3n, es al juez a quien corresponde establecer, seg\u00fan su recto y sano criterio, y de conformidad con las reglas de la experiencia, en qu\u00e9 medida contribuy\u00f3 la acci\u00f3n del perjudicado en la producci\u00f3n del da\u00f1o\u2019. Asimismo, se ha argumentado que \u2018en orden a regular la proporci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n en consideraci\u00f3n a la incidencia o relevancia de cada una de las intervenciones culposas, el art\u00edculo 2357 del C\u00f3digo Civil, teniendo en cuenta la concurrencia de las dos culpas, o sea la del agente del da\u00f1o y la del que lo padece, establece que en estos casos la apreciaci\u00f3n \u2018est\u00e1 sujeta a reducci\u00f3n\u2019; reducci\u00f3n que se ha dejado al razonable arbitrio judicial, atendidas las circunstancias particulares de cada caso y por supuesto de la informaci\u00f3n ofrecida por el acervo probatorio obrante en el expediente, pues s\u00f3lo as\u00ed se puede llegar a una justa proporcionalidad en la distribuci\u00f3n de la responsabilidad\u2019. (\u2026) Incluso, en oportunidades anteriores sostuvo lo siguiente: \u2018Por cuanto siempre ha resultado dif\u00edcil fijar la proporci\u00f3n y regular la partici\u00f3n de la responsabilidad en los casos del da\u00f1o causado por concurrencia de culpas, la doctrina y la jurisprudencia han dejado la graduaci\u00f3n cuantitativa de la indemnizaci\u00f3n a la prudencia del juzgador. Amparada pues la Corte en esta facultad discrecional que al efecto le defiere impl\u00edcitamente el legislador, y considerando que la culpa de los demandados y la que se le imputa y dedujo a la v\u00edctima del accidente pueden, en estrictez jur\u00eddica, estimarse como igualmente trascendentes o determinantes en la producci\u00f3n del perjuicio, cuya indemnizaci\u00f3n se suplica aqu\u00ed, cree que lo indicado por la equidad es la de que el perjuicio deba ser reparado por mitad. O sea que los aqu\u00ed demandados s\u00f3lo deben pagar el 50% del monto de la indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En el caso concreto, destaca el Tribunal que la definici\u00f3n de responsabilidades es un asunto eminentemente t\u00e9cnico, puesto que las causas del recalce son igualmente t\u00e9cnicas y encuentran su soporte en los pronunciamientos de expertos. Por esta raz\u00f3n, al no existir una prueba de la misma naturaleza, esto es, una prueba t\u00e9cnica en la que se se\u00f1ale cu\u00e1l de las distintas causas pudo tener una mayor incidencia en la necesidad de hacer las obras de recalce, estima el Tribunal que, al haberse acreditado que las distintas causas fueron determinantes, los costos deben ser asumidos por partes iguales entre las partes. En consecuencia, tanto CEMEX como el Consorcio deber\u00e1n asumir el cincuenta por ciento (50%), cada una, del valor total de los costos del recalce conforme a la cuantificaci\u00f3n que se har\u00e1 m\u00e1s adelante\u201d; exposiciones de las que, ciertamente, no puede predicarse la emisi\u00f3n de una decisi\u00f3n en conciencia o en equidad, al estar soportadas en la regulaci\u00f3n civil vigente que gobierna la facticidad in concreto- as\u00ed como en el inveterado criterio arrogado por el M\u00e1ximo \u00d3rgano de la Justicia en lo Civil sobre la coparticipaci\u00f3n causal, aspecto medular de la disputa puesta bajo su cognici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la Magistratura reproch\u00f3 que lo demandado por los recurrentes tambi\u00e9n fuera el uso de las facultades oficiosas del Tribunal de Arbitramento, para lo cual indic\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) pareciere que el descontento del extremo confutador buscare reabrir el debate sobre aspectos ya zanjados, y desmedrar el principio dispositivo que rige el derecho civil, as\u00ed como las cargas suasorias que la regulaci\u00f3n adjetiva vigente ha reservado para cada uno de los intervinientes en la relaci\u00f3n procesal; no pudi\u00e9ndose ver las atribuciones oficiosas del fallador al margen de la discrecionalidad que tiene el funcionario para el efecto y as\u00ed aspirar a que se anule el laudo por esta cuerda extraordinaria, como si el no ejercicio de ese poder instructivo, en este particular evento, formare parte del n\u00facleo estructural de la causal consagrada en el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 41 de la Ley 1563 de 2012, dejando de lado que dicha potestad judicial no es forzosa para el sentenciador\u00bb. <\/p>\n
De lo expuesto se colige que, contrario a lo aducido por los solicitantes, el laudo arbitral censurado no fue proferido en equidad sino en derecho, toda vez que el Tribunal de Arbitramento invoc\u00f3 razones jur\u00eddicas fundadas en las disposiciones jurisprudenciales sobre la concurrencia de culpas y el postulado normativo que establece que \u00abla apreciaci\u00f3n del da\u00f1o est\u00e1 sujeta a reducci\u00f3n, si el que lo ha sufrido se expuso a \u00e9l imprudentemente\u00bb (art\u00edculo 2357 del C\u00f3digo Civil), aspecto que qued\u00f3 dilucidado en el recurso de anulaci\u00f3n tramitado por la Magistratura convocada. Advi\u00e9rtase que en ese mismo sentido, esta Corporaci\u00f3n ha establecido las diferencias entre las decisiones en derecho y en equidad, para lo cual se ha precisado que: <\/p>\n
(\u2026) al tratarse precisamente de una providencia en equidad, su fundamentaci\u00f3n es distinta a la que se requiere para las sentencias que resuelven conflictos jur\u00eddicos. En efecto, mientras que en estas se exige una argumentaci\u00f3n estrictamente jur\u00eddica, f\u00e1ctica y probatoria, el laudo en equidad se estructura a partir del sentido com\u00fan, las reglas de la persuasi\u00f3n racional, la apreciaci\u00f3n objetiva de los hechos probados, las posiciones de las partes y la naturaleza del conflicto\u00bb (SL5093-2020). <\/p>\n
Ahora, no desconoce la Sala que en esta senda constitucional tambi\u00e9n se aleg\u00f3 que el Tribunal de Arbitramento, para distribuir la responsabilidad entre las partes, desconoci\u00f3 el precedente y no valor\u00f3 las pruebas obrantes en el expediente. Contrario a lo se\u00f1alado en la queja, revisado el laudo objeto de censura, se advierte que el panel de \u00e1rbitros s\u00ed efectu\u00f3 un an\u00e1lisis de las probanzas obrantes en el expediente y para su calificaci\u00f3n recurri\u00f3 a reglas jurisprudenciales que le permitieron, razonablemente, definir el asunto de la forma en que lo hizo. <\/p>\n
En efecto, luego de analizar uno a uno los medios suasorios adosados, de establecer el objeto contractual fijado por las partes y de se\u00f1alar lo acreditado con las pruebas t\u00e9cnicas aportadas, el Tribunal de Arbitramento concluy\u00f3 que en el caso exist\u00eda concurrencia de culpas. As\u00ed lo consign\u00f3 en la providencia: <\/p>\n
244. Con fundamento en los dict\u00e1menes elaborados por Eduardo Castell (aportado por CEMEX) y Fabi\u00e1n Chaparro, delegado al efecto por IPC Consultor\u00edas S.A.S. (dictamen de contradicci\u00f3n aportado por CMV), valorados en conjunto y con apoyo en los criterios hermen\u00e9uticos se\u00f1alados en p\u00e1rrafos anteriores, para el Tribunal es claro que el recalce del T\u00fanel de Crespo tuvo su origen desde el punto de vista t\u00e9cnico, tanto en la necesidad de prevenir o mitigar los riesgos que pudieran generarse por la RAS en raz\u00f3n de la presencia de APR en el concreto suministrado por CEMEX, como en la necesidad de corregir y mitigar los riesgos de algunos defectos constructivos y de dise\u00f1o en la estructura original. <\/p>\n
245. Sin embargo, ni del dictamen de Castell ni del dictamen de Chaparro puede desprenderse el grado de influencia que tuvo cada uno de los factores en comento en la realizaci\u00f3n del recalce. Al valorar en conjunto dichos dict\u00e1menes, que est\u00e1n debidamente sustentados y fueron elaborados por expertos con suficientes conocimientos y acreditada experiencia, no encuentra el Tribunal que los mismos le permitan adscribir a un fen\u00f3meno (presencia de RAS) u otro (defectos constructivos y de dise\u00f1o) una mayor relevancia en el recalce del T\u00fanel, motivo por el cual para el Tribunal ambos son causas t\u00e9cnicas que justifican o explican la construcci\u00f3n del recalce. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, procedi\u00f3 a analizar las consecuencias derivadas de la concurrencia referida y para tal efecto se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
C.5. La \u201cdefinici\u00f3n de responsabilidades\u201d <\/p>\n
246. Habi\u00e9ndose establecido las causas t\u00e9cnicas del recalce del t\u00fanel en lo anteriores t\u00e9rminos, corresponde ahora definir la proporci\u00f3n en la que las partes deben asumir la responsabilidad, o, con mayor precisi\u00f3n, los costos en que se incurri\u00f3 para la realizaci\u00f3n de las obras correspondientes. Como se se\u00f1al\u00f3 en precedencia, ni en los dict\u00e1menes periciales ni en los documentos t\u00e9cnicos allegados al proceso se estableci\u00f3 en qu\u00e9 medida las distintas causas que se presentaron influyeron en la necesidad de hacer el recalce. Tampoco se desprende del an\u00e1lisis de las pruebas t\u00e9cnicas, con claridad, si alguna de las causas fue m\u00e1s determinante que otra. 247. Por lo anterior, para efectos de definir responsabilidades en el caso concreto, el Tribunal considera pertinente acudir a los criterios que jurisprudencialmente se han establecido en el caso de concurrencia causal, particularmente cuando el hecho de la v\u00edctima ha contribuido a la producci\u00f3n del da\u00f1o junto con el hecho del demandado. <\/p>\n
248. Sobre el particular, el art\u00edculo 2357 del C\u00f3digo Civil establece que \u201cla apreciaci\u00f3n del da\u00f1o est\u00e1 sujeta a reducci\u00f3n, si el que lo ha sufrido se expuso a \u00e9l imprudentemente\u201d. De conformidad con lo establecido en esta norma, la participaci\u00f3n de la v\u00edctima en la producci\u00f3n del da\u00f1o que ha padecido tiene efectos respecto de la cuantificaci\u00f3n de este \u00faltimo, seg\u00fan su aporte o incidencia causal. <\/p>\n
Adem\u00e1s, para justificar la forma en que establecer\u00eda la responsabilidad invoc\u00f3 precedentes de esta Corporaci\u00f3n. Con ese fin rese\u00f1\u00f3: <\/p>\n
249. En este sentido, la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia ha se\u00f1alado: \u201cEn ese orden de ideas, se puede se\u00f1alar que en ocasiones el hecho o la conducta de quien ha sufrido el da\u00f1o pueden ser, en todo o en parte, la causa del perjuicio que \u00e9sta haya sufrido. En el primer supuesto \u2013conducta del perjudicado como causa exclusiva del da\u00f1o\u2013, su proceder desvirtuar\u00e1, correlativamente, el nexo causal entre el comportamiento del presunto ofensor y el da\u00f1o inferido, dando lugar a que se exonere por completo al demandado del deber de reparaci\u00f3n. Para que el demandado se libere completamente de la obligaci\u00f3n indemnizatoria se requiere que la conducta de la v\u00edctima re\u00fana los requisitos de toda causa extra\u00f1a, en particular que se trate de un evento o acontecimiento exterior al c\u00edrculo de actividad o de control de aquel a quien se le imputa la responsabilidad. En el segundo de tales supuestos -concurrencia del agente y de la v\u00edctima en la producci\u00f3n del perjuicio-, tal coparticipaci\u00f3n causal conducir\u00e1 a que la condena reparatoria que se le imponga al demandado se disminuya proporcionalmente, en la medida de la incidencia del comportamiento de la propia v\u00edctima en la producci\u00f3n del resultado da\u00f1oso.\u201d <\/p>\n
250. En el escenario de la concurrencia causal, la mencionada Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado tambi\u00e9n que \u201ccomo la ley nada dice acerca del m\u00e9todo ni el porcentaje que han de tenerse en cuenta para realizar esa reducci\u00f3n, es al juez a quien corresponde establecer, seg\u00fan su recto y sano criterio, y de conformidad con las reglas de la experiencia, en qu\u00e9 medida contribuy\u00f3 la acci\u00f3n del perjudicado en la producci\u00f3n del da\u00f1o\u201d. Asimismo, se ha argumentado que \u201cen orden a regular la proporci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n en consideraci\u00f3n a la incidencia o relevancia de cada una de las intervenciones culposas, el art\u00edculo 2357 del C\u00f3digo Civil, teniendo en cuenta la concurrencia de las dos culpas, o sea la del agente del da\u00f1o y la del que lo padece, establece que en estos casos la apreciaci\u00f3n \u2018est\u00e1 sujeta a reducci\u00f3n\u2019; reducci\u00f3n que se ha dejado al razonable arbitrio judicial, atendidas las circunstancias particulares de cada caso y por supuesto de la informaci\u00f3n ofrecida por el acervo probatorio obrante en el expediente, pues s\u00f3lo as\u00ed se puede llegar a una justa proporcionalidad en la distribuci\u00f3n de la responsabilidad\u201d. <\/p>\n
251. Incluso, en oportunidades anteriores sostuvo lo siguiente: \u201cPor cuanto siempre ha resultado dif\u00edcil fijar la proporci\u00f3n y regular la partici\u00f3n de la responsabilidad en los casos del da\u00f1o causado por concurrencia de culpas, la doctrina y la jurisprudencia han dejado la graduaci\u00f3n cuantitativa de la indemnizaci\u00f3n a la prudencia del juzgador. \u201cAmparada pues la Corte en esta facultad discrecional que al efecto le defiere impl\u00edcitamente el legislador, y considerando que la culpa de los demandados y la que se le imputa y dedujo a la v\u00edctima del accidente pueden, en estrictez jur\u00eddica, estimarse como igualmente trascendentes o determinantes en la producci\u00f3n del perjuicio, cuya indemnizaci\u00f3n se suplica aqu\u00ed, cree que lo indicado por la equidad es la de que el perjuicio deba ser reparado por mitad. O sea que los aqu\u00ed demandados s\u00f3lo deben pagar el 50% del monto de la indemnizaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
252. Seg\u00fan se observa, en los supuestos de concurrencia causal en los que el da\u00f1o reclamado por la v\u00edctima ha sido causado tanto por su conducta como por la que le resulta imputable al civilmente responsable, no existe una norma legal que determine el m\u00e9todo aplicable para definir el aporte causal y la consecuente reducci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n que deber\u00e1 soportar la v\u00edctima. En consecuencia, la jurisprudencia ha sido pac\u00edfica y reiterativa en el sentido de que es al juez al que le corresponde definir los porcentajes de participaci\u00f3n causal seg\u00fan su \u201crecto y sano criterio\u201d, las \u201creglas de la experiencia\u201d y su \u201cprudencia\u201d. <\/p>\n
53. En el caso concreto, destaca el Tribunal que la definici\u00f3n de responsabilidades es un asunto eminentemente t\u00e9cnico, puesto que las causas del recalce son igualmente t\u00e9cnicas y encuentran su soporte en los pronunciamientos de expertos. Por esta raz\u00f3n, al no existir una prueba de la misma naturaleza, esto es, una prueba t\u00e9cnica en la que se se\u00f1ale cu\u00e1l de las distintas causas pudo tener una mayor incidencia en la necesidad de hacer las obras de recalce, estima el Tribunal que, al haberse acreditado que las distintas causas fueron determinantes, los costos deben ser asumidos por partes iguales entre las partes. En consecuencia, tanto CEMEX como el Consorcio deber\u00e1n asumir el cincuenta por ciento (50%), cada una, del valor total de los costos del recalce conforme a la cuantificaci\u00f3n que se har\u00e1 m\u00e1s adelante. <\/p>\n
En esas condiciones, debe admitirse que al margen que los precursores no compartan las reflexiones realizadas por las autoridades judiciales accionadas, las mismas no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, producto como son de una plausible ex\u00e9gesis de la normativa sobre la materia, sumada a la coherente evaluaci\u00f3n del material persuasivo sometido al escrutinio de esa Corporaci\u00f3n, lo que excluye la intervenci\u00f3n de la justicia constitucional, ya que como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterada en STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, STC4937-2016, STC6631-2018 y STC14267-2018, STC5418-2021 entre otras). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, surge inevitable el fracaso del amparo instado, pues como qued\u00f3 dicho no se alcanzan a observar los desaciertos que se enrostran a la colegiatura fustigada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por Edgardo Navarro Vives y Consultores del Desarrollo S.A. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes y dem\u00e1s interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, si este fallo no es impugnado. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZAL\u00c9Z NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC8808-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC8808-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-02116-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de julio dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021). Se resuelve la tutela que Edgardo Navarro Vives y Consultores del Desarrollo S.A. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55643","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55643","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55643"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55643\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55643"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55643"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55643"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}