STC8809-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-02178-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de julio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que la sociedad San Luis Village S.A.S. promovi\u00f3 contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, extensiva al Juzgado 10\u00ba Civil del Circuito de la misma ciudad y a los intervinientes en el proceso No.2018-00010-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La gestora pidi\u00f3 se ordene la revisi\u00f3n de la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2020 por la Magistratura accionada, con el fin de que se garanticen sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad. <\/p>\n
Como fundamento, adujo que el Juzgado 10\u00ba Civil del Circuito de Cali neg\u00f3 las pretensiones de la demanda que por simulaci\u00f3n absoluta formularon Victoria Eugenia Mill\u00e1n de Paparo y Aida Emilia Paparo Mill\u00e1n en nombre propio y en calidad de herederas de Antonio Paparo Romano, en contra de Luis Guillermo Paparo Mill\u00e1n y de la sociedad aqu\u00ed actora. <\/p>\n
Narr\u00f3 que la parte demandante promovi\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, del cual conoci\u00f3 la Magistratura accionada, quien revoc\u00f3 la sentencia de primer grado y concedi\u00f3 las pretensiones (28 septiembre 2020). A juicio de la sociedad gestora, la autoridad judicial incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico habida cuenta que \u00abrealiz\u00f3 una valoraci\u00f3n caprichosa, arbitraria y contraria a la realidad de las declaraciones de los testigos JORGE ALIRIO FREYRE CARDENAS y MIGUEL ANTONIO RINCON CORTES, y otorg\u00f3 valor importante al testigo FERNANDO MILLAN ROSALES a quien reconoce su condici\u00f3n de testigo de o\u00eddas, as\u00ed como a los interrogatorios de las se\u00f1oras VICTORIA EUGENIA MILLAN DE PAPARO Y AIDA EMILIA PAPARO MILLAN; a m\u00e1s que dej\u00f3 de valorar parte del material probatorio que de manera documental fuera allegado al proceso, generando de esta manera, una afectaci\u00f3n a los derechos constitucionales antes referenciados\u00bb. <\/p>\n
La promotora tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que el Tribunal desbord\u00f3 los reparos presentados en la apelaci\u00f3n \u00abinterpretando el querer decir del apoderado judicial de las demandantes y con ello, dando paso a un an\u00e1lisis total del proceso, apart\u00e1ndose del verdadero sentido del art\u00edculo 328 del C.G.P. y con ello dejando de lado las previsiones del inciso final del art\u00edculo 322 del C.G.P\u00bb. <\/p>\n
Inform\u00f3 que promovi\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n; sin embargo, el Tribunal neg\u00f3 su concesi\u00f3n (6 de octubre 2020), aunque promovi\u00f3 reposici\u00f3n y en subsidio queja, se estim\u00f3 bien denegado el recurso de Casaci\u00f3n interpuesto (5 abril 2021). <\/p>\n
2. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali se remiti\u00f3 a las razones consignadas en la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2020. El Juzgado 10 Civil del Circuito de Cali tambi\u00e9n se atuvo a lo expuesto en la sentencia que emiti\u00f3 en el curso de la primera instancia de proceso en comento. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Edificada esta controversia sobre la \u00abindebida valoraci\u00f3n probatoria\u00bb y la presunta alteraci\u00f3n del \u00absentido del art\u00edculo 328 del C.G.P. y con ello dejando de lado las previsiones del inciso final del art\u00edculo 322 del C.G.P\u00bb que la sociedad accionante le endilga al juez colegiado encartado, desde ya se advierte que el ruego no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, b\u00e1sicamente porque al analizar la providencia confutada (28 septiembre 2021) emerge palmario que all\u00ed se estudiaron todos los puntos sobre los que se afinc\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n promovido por la parte demandante y fue solo ante la revocatoria de la decisi\u00f3n que neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, que el Tribunal debi\u00f3 pronunciarse sobre todos los medios de prueba obrantes en el plenario, sin que tal labor\u00edo destelle arbitrariedad u omisi\u00f3n significativa que amerite la intervenci\u00f3n del juez de tutela. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que, contrario a las aseveraciones de la sociedad quejosa, el Tribunal no desbord\u00f3 su competencia restringida a las censuras formuladas en la apelaci\u00f3n, al contrario, luego de recapitular y sintetizar los puntuales reparos frente al designio del a quo, los cuales cuestionaron la valoraci\u00f3n probatoria, efect\u00fao un pormenorizado an\u00e1lisis del acervo demostrativo vertido al proceso, que contrast\u00f3 con las reglas que rigen la simulaci\u00f3n, sobre el particular precis\u00f3: <\/p>\n
4.5.2.- En la demanda se dijo que la cesi\u00f3n de derechos fiduciarios a favor de Lu\u00eds Guillermo P\u00e1paro Mill\u00e1n del 7 de julio de 2009, se hizo con el objeto de sustraerlos del patrimonio de Aida Emilia P\u00e1paro Mill\u00e1n, Antonio P\u00e1paro Romano y Victoria Eugenia Mill\u00e1n de P\u00e1paro, porque los bienes de los demandantes estaban siendo perseguidos por Bancolombia con quien ten\u00edan obligaciones insolutas de m\u00e1s de 1.000 millones de pesos, ese dicen fue el motivo para que las demandantes y el causante Antonio Paparo hayan traspasado sus derechos en el fideicomiso, de ah\u00ed que si el hecho de la deuda fue verdad, la raz\u00f3n puede tenerse como probable, pues no es veros\u00edmil urdir un enga\u00f1o sin una causa, bien lo ha expresado Ferrara en el Texto La Simulaci\u00f3n De Los Negocios Jur\u00eddicos, que la causa simulandi \u201cha de ser siempre el punto de partida (\u2026)para levantar despu\u00e9s sobre fundamento s\u00f3lido el edificio de la prueba\u201d. <\/p>\n
Pues bien, de la revisi\u00f3n en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial, de las copias del mandamiento de pago del 26 de enero de 2010, la sentencia del 23 de febrero de 2011 y el auto de terminaci\u00f3n del proceso del 22 de enero de 2013 proferidos en el proceso ejecutivo adelantado por Bancolombia S.A en contra de Antonio P\u00e1paro Romano, Victoria Eugenia Mill\u00e1n de P\u00e1paro y Aida Emilia P\u00e1paro Mill\u00e1n, se conoce que el banco cobraba catorce pagar\u00e9s por diferentes valores que suman un capital mayor a mil millones de pesos ($1000.000.000), con moras de diferentes fechas el 10 de noviembre de 2008 hasta el 16 de agosto de 2009, demanda presentada el 9 de septiembre de 2009, en el proceso, se hab\u00edan embargado los locales hipotecados y dineros que pose\u00edan los demandados en diferentes entidades bancarias, comprob\u00e1ndose que es verdad que les estaban exigiendo obligaciones: as\u00ed mismo se conoce que adem\u00e1s a Antonio P\u00e1paro Romano le hab\u00edan negado otro cr\u00e9dito, hecho corroborado por el testigo Hugo Salazar, abogado, quien afirma haber servido para mediar con el banco en orden a buscar una soluci\u00f3n de pago, evidentemente, dos meses despu\u00e9s que las demandantes y Antonio P\u00e1paro Romano cedieran los derechos fiduciarios a Luis Guillermo Paparo Mill\u00e1n, Bancolombia radic\u00f3 la demanda ejecutiva mixta por las obligaciones insolutas, de ah\u00ed que el motivo simulatorio que se expres\u00f3 en la demanda se aprecie altamente probable como la causa de la simulaci\u00f3n, en orden a salvaguardar los bienes y rendimientos que los demandantes (deudores del banco) no ten\u00edan hipotecados y que cre\u00edan pod\u00edan ser perseguidos por el banco; ahora bien, el hecho de que la propiedad fiduciaria sea inembargable, no descarta la raz\u00f3n de la cesi\u00f3n que tuvieron las partes, pues tal inembargabilidad no es un asunto de f\u00e1cil comprensi\u00f3n para quien no tiene conocimientos jur\u00eddicos sobre el tema, siendo factible pensar que tales derechos o los rendimientos del fideicomiso, que si son embargables, entren en la prenda general de bienes a favor de los acreedores (Art. 2488 del C.C.). <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que el an\u00e1lisis integral de los medios suasorios, aspecto controvertido en el recurso de apelaci\u00f3n, le permiti\u00f3 al Tribunal extraer lo pertinente en punto a la existencia de prueba indiciaria, para tal efecto consign\u00f3: <\/p>\n
4.5.3.- En este asunto tambi\u00e9n se aprecian otros indicios simulatorios que se desprenden del precio en la cesi\u00f3n de los derechos fiduciarios que se demandan, evidentemente, en la cl\u00e1usula 4 de los documentos de cesi\u00f3n se indica que el cedente \u201cdeclara recibida a entera satisfacci\u00f3n la remuneraci\u00f3n pactada\u201d, sin embargo, tales documentos no describen ning\u00fan valor siendo factible entender que no lo hubo, pues en ning\u00fan contrato escrito a t\u00edtulo oneroso puede asumirse como excusable no colocar el precio y su forma de pago. <\/p>\n
Por otro lado, el demandado Lu\u00eds Guillermo P\u00e1paro Mill\u00e1n en la contestaci\u00f3n de la demanda y en el interrogatorio de parte, afirma que contablemente los derechos fiduciarios costaban $21.318.100 pero que pag\u00f3 m\u00e1s de $300.000.000 representados en pagos de tarjetas de cr\u00e9dito que Antonio P\u00e1paro Romano usaba para su propia subsistencia, la de su esposa y el pago de algunos gastos de Aida Emilia, adem\u00e1s de haberles hecho algunas transferencias bancarias; en el punto, el demandado Paparo Mill\u00e1n, en su declaraci\u00f3n de parte se mostr\u00f3 dubitativo e impreciso en la respuesta cuando se lo indago puntualmente cu\u00e1nto fue el precio, no habl\u00f3 de suma cierta sino de valores aproximados, no siendo tampoco una conducta natural de quien verdaderamente compra. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, si bien el demandado trat\u00f3 de demostrar el desembolso que dijo haber realizado a trav\u00e9s del pago de tarjetas de cr\u00e9dito de Antonio, los extractos que alleg\u00f3 no acreditan el pago, dichos documentos bancarios de sus cuentas de ahorros de los a\u00f1os 2009 y 2010 que efectivamente reportan pagos de una tarjeta de cr\u00e9dito \u201cAMEX\u201d, no informan qui\u00e9n era el titular de la misma, ni se trajo la certificaci\u00f3n u otra prueba que lo acredite; al contestar la demanda Luis Guillermo P\u00e1paro solicit\u00f3 oficiar a Bancolombia para que certifique \u201ca nombre de que persona natural fue expedida y registrada la tarjeta de cr\u00e9dito AMEX pagada mediante transacciones realizadas desde las cuentas de ahorros N\u00b0381-033792-18, N\u00b0300-414806-96 y N\u00b0381-796522-38 de propiedad del se\u00f1or LU\u00cdS GUILLERMO P\u00c1PARO MILL\u00c1N\u201d, en oficio radicado en el Juzgado el 25 de junio de 201922, el Banco al dar respuesta dijo que al validar el periodo comprendido entre 2008 y 2009, aparece que de las cuentas de P\u00e1paro Mill\u00e1n se realizaron 26 pagos de una tarjetas de cr\u00e9dito por valor total de $20.071.706 y anex\u00f3 un CD con un cuadro de Excel en el que aparece la relaci\u00f3n de pagos, pero, se repite, no se sabe qui\u00e9n era el titular de dicha tarjeta. <\/p>\n
Sobre los soportes de transferencias bancarias que Lu\u00eds Guillermo trajo con los que dice haber hecho pagos a favor de su padre desde su cuenta de Coomeva, tales pagos no fueron hechos a Antonio ni menos a Victoria Eugenia o Aida Emilia, lo fueron a una cuenta de la empresa \u201cSan Lu\u00eds Village Hostal EU\u201d en la isla de San Andr\u00e9s, de ah\u00ed que ello no signifique que se trate de un pago personal para Antonio ni menos a favor de su hermana Aida Emilia o de su madre Victoria Eugenia, lo que si se devela en este proceso es la existencia de otros negocios o cruce de bienes entre ellos como el celebrado entre Victoria Eugenia y Antonio con su hijo Lu\u00eds Guillermo, relacionados con un hotel ubicado en dicha isla, negociaciones sobre las cuales no es necesario ahondar porque si bien pueden explicar otros negocios entre los familiares involucrados en este proceso, resultan ser impertinentes para este caso por ser ajenos a las pretensiones y a las excepciones, para la Sala no pasa por desapercibido el desenfoque de la actividad probatoria del demandado para demostrar que el negocio de los derechos fiduciarios fue una verdadera cesi\u00f3n onerosa comprobable a trav\u00e9s de movimientos financieros o de otra prueba escrita, en ese orden la carencia de soporte documental que apuntale el pago del precio, su monto y de c\u00f3mo ocurri\u00f3, es otro hecho indicativo de la inexistencia del mismo; eso s\u00ed, cabiendo apuntar aqu\u00ed que no tiene relevancia para este asunto, la falta de pronunciamiento expreso de los demandados respecto de hechos redactados en la demanda ajenos a la cesi\u00f3n de los derechos fiduciarios que en la apelaci\u00f3n reclama la parte demandante. <\/p>\n
4.5.4.- Cabe igualmente observar respecto a que el demandado de como raz\u00f3n de su adquisici\u00f3n la baja rentabilidad que representaba el negocio de adquisici\u00f3n de los derechos fiduciarios para cuando los adquiri\u00f3, porque tal raz\u00f3n pod\u00eda significar un precio c\u00f3modo pero no que no hayan tenido valor; es cierto que para cuando se hizo la cesi\u00f3n, el fideicomiso no reportaba utilidades porque los locales de los cuales era propietario no estaban alquilados tal y como lo dio a conocer el gerente de la fiduciaria Felipe Ocampo, pero \u00e9l mismo aport\u00f3 documentos que dan cuenta del cuantioso precio de los locales y de sus ventas posteriores, documentos que la parte demandada pretendi\u00f3 desconocer su procedencia, actitud que m\u00e1s bien indica la conducta procesal oclusiva de los demandados en tanto no se ve raz\u00f3n para desconocerlos sin tacharlos de falsos, no vi\u00e9ndose inter\u00e9s en la fiduciaria de favorecer a alguna de las partes. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Adem\u00e1s, la Magistratura analiz\u00f3 la relaci\u00f3n familiar entre los involucrados en el negocio jur\u00eddico atacado, su conducta procesal y las documentales contables aportadas al proceso, lo que le permiti\u00f3 concluir que: <\/p>\n
4.5.8.- Vista de manera hol\u00edstica la prueba, considerando la concordancia y convergencia de los indicios cuyos hechos indicadores fueron establecidos, se puede afirmar que el peso de la prueba se inclina a concluir que estamos en presencia de una simulaci\u00f3n en la cesi\u00f3n de los derechos fiduciarios que hizo Antonio P\u00e1paro Romano, Victoria Eugenia Mill\u00e1n de P\u00e1paro y Aida Emilia P\u00e1paro Mill\u00e1n, a favor de Lu\u00eds Guillermo P\u00e1paro Mill\u00e1n, existe causa simulatoria, contrato sin precio, precio alegado impreciso y sin prueba escrita que acredite el pago (Art. 225 C.G.P.), preponderancia negocial de Antonio P\u00e1paro en su familia, continuaci\u00f3n de la posesi\u00f3n de los derechos fiduciarios cedidos en Antonio P\u00e1paro Romano hasta la fecha de su deceso, comportamiento insidioso del demandado en sus declaraciones de renta al fingir deudas, parentesco y comportamiento negocial confidente entre el demandado, las demandantes y el causante Antonio P\u00e1paro Romano, conducta endoprocesal omisiva, dubitativa y oclusiva del demandado P\u00e1paro Mill\u00e1n en el proceso. En ese contexto, la simulaci\u00f3n igualmente debe tener efectos en la cesi\u00f3n que de los mismos derechos fiduciarios hizo Lu\u00eds Guillermo P\u00e1paro Mill\u00e1n a favor de la sociedad San Luis Village S.A.S de la cual \u00e9l es su \u00fanico socio; en ese orden, se ve la convergencia, concordancia y gravedad de los mismos en contrav\u00eda de lo alegado por el demandado Luis Guillermo (Art. 242 del C.G.P.). <\/p>\n
Dest\u00e1quese que la gesti\u00f3n realizada por la autoridad judicial, consistente en una valoraci\u00f3n integral de las probanzas arrimadas, puso en evidencia la existencia de la simulaci\u00f3n demandada, aspecto que no solo le fue permitido en raz\u00f3n a que el extremo apelante fund\u00f3 su alzada en reproches frente al an\u00e1lisis probatorio efectuado en primera instancia, sino que, adem\u00e1s, obedece al acatamiento de la congruencia que le exig\u00eda el art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso. De ah\u00ed que una vez negadas las pretensiones en primera instancia, advertida la necesidad de revocar dicha determinaci\u00f3n, se impon\u00eda para el Tribunal el estudio integral de lo acontecido en el caso para fundar debidamente la decisi\u00f3n que resolviera de fondo el problema jur\u00eddico suscitado entre las partes. <\/p>\n
En esas condiciones debe admitirse que al margen que la sociedad promotora de este auxilio comparta las reflexiones de su juez natural, las mismas no pueden calificarse de sesgadas o antojadizas, producto como son de una leg\u00edtima ex\u00e9gesis legal, sumada a la coherente evaluaci\u00f3n del material persuasivo sometido al examen de ese cuerpo colegiado, que excluye la intervenci\u00f3n de la justicia constitucional y frustra el inequ\u00edvoco anhelo de la quejosa de anteponer su razonamiento personal, designio ajeno a la naturaleza y finalidad de la acci\u00f3n de tutela que excluye la posibilidad de su ejercicio como instancia adicional de los litigios para renovar debates jur\u00eddicos y probatorios clausurados por los juzgadores de la causa, cuya independencia y autonom\u00eda deben privilegiarse como faros medulares en un Estado Social y Democr\u00e1tico de Derecho. <\/p>\n
Sobre el particular debe recordarse que, <\/p>\n
\u00ab (\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional\u00bb (CSJ STC3061-2019, reiterada en STC4592-2021). <\/p>\n
En suma, deviene ostensible la inviabilidad de la protecci\u00f3n invocada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n y la Ley, NIEGA la tutela instada por San Luis Village S.A.S. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZAL\u00c9Z NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC8809-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-02178-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de julio dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021). Se resuelve la tutela que la sociedad San Luis Village S.A.S. promovi\u00f3 contra la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55644","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55644","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55644"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55644\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55644"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55644"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55644"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}