STC8819-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8819-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-22-10-000-2019-00548-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Sala la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 dentro de la tutela entablada por D. A. S. C., A. M. R. M., M. F. H. C., K. G. M. C., I. D. Z. M., E. de J. B. I., J. A. M. T., D. R. G. B. y W. F. B. C. contra la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los libelistas solicitaron, en s\u00edntesis, se ordene al Fiscal General de la Naci\u00f3n tramitar con debida presteza la indagaci\u00f3n penal adelantada contra J. F. J. A., as\u00ed como se cree un grupo especial de trabajo, con personal capacitado y especialista en \u00abpertenencia religiosa\u00bb, \u00aban\u00e1lisis criminal de sectas\u00bb, \u00abviolencia sexual\u00bb, \u00abtortura\u00bb, y afines, con el prop\u00f3sito de dar un trato adecuado a su causa con enfoque de g\u00e9nero; aunado a que se reasigne el sumario a un nuevo Fiscal. <\/p>\n
En sustento de lo pretendido, expusieron que denunciaron al \u00abpastor J. F. J. A. (\u2026) por la comisi\u00f3n de delitos sexuales\u00bb y tortura psicol\u00f3gica, pero como no han encontrado garant\u00edas y celeridad dentro del proceso, durante el a\u00f1o 2019 elevaron varias solicitudes enfilada a exigir lo mismo que en el presente amparo, sin que se diera respuesta a sus peticiones; adem\u00e1s, se\u00f1alaron que los funcionarios que adelantan la investigaci\u00f3n han hecho caso omiso al enfoque de g\u00e9nero, lo que ha dado lugar a que incurran en conductas revictimizantes. <\/p>\n
2. Inicialmente la acci\u00f3n de tutela fue decidida en primera instancia por el Tribunal aludido, mediante sentencia calendada el 16 de octubre de 2019, decisi\u00f3n que fue confirmada por esta Sala el 2 de diciembre de la misma anualidad (STC16267-2019); no obstante, en sede de revisi\u00f3n, la Corte Constitucional, por auto N\u00b0 219 de 2020, declar\u00f3 la nulidad de todas las actuaciones surtidas en este proceso, desde el auto admisorio de la demandada y orden\u00f3 que se reiniciara, previa vinculaci\u00f3n de J. F. J. A. y de las personas directamente interesadas o que puedan verse afectadas con el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional, la Magistratura admiti\u00f3 nuevamente el amparo, vincul\u00f3 a las Fiscal\u00edas que han conocido de las denuncias referida y profiri\u00f3 una nueva sentencia (31 julio 2020). <\/p>\n
3. El Grupo de Asignaciones Especiales de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n adujo que remiti\u00f3 a la Directora Seccional de Bogot\u00e1 (Orfeo 20190010159181 del 9 de octubre de 2019), la solicitud del tr\u00e1mite de variaci\u00f3n de asignaci\u00f3n y delegaci\u00f3n de investigaciones. <\/p>\n
La Fiscal 219 Seccional Unidad de Delitos Sexuales de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que, por reestructuraci\u00f3n de los procesos de 2019, llevada a cabo a inicios del a\u00f1o 2020, los casos que estaban a su cargo, con radicados 110016000721201900394 y 11001600050201925041, fueron reasignados a las Fiscal\u00edas 069 y 225. <\/p>\n
La Direcci\u00f3n Seccional de Bogot\u00e1 de La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n adujo que no tiene competencia para resolver los requerimientos del accionante, toda vez que las solicitudes de cambio de asignaciones son competencia del Fiscal General de la Naci\u00f3n; adem\u00e1s, consider\u00f3 superado el reclamo respecto de la reasignaci\u00f3n de las investigaciones a cargo de la Fiscal\u00eda 219 Seccional, pues estas actualmente son conocidas por la Fiscal\u00eda 69 Especializada de la misma Unidad. En cuanto al Comit\u00e9 T\u00e9cnico, relat\u00f3 que el mismo \u00abfue efectivamente convocado, junto con las respuestas ofrecidas en su momento (\u2026)\u00bb lo que, a su juicio, demuestra que no hay desconocimiento de los derechos fundamentales de los accionantes, m\u00e1xime que dio respuesta a cada una de las peticiones impetradas y cumpli\u00f3 con dar traslado a la solicitud de variaci\u00f3n de asignaci\u00f3n. <\/p>\n
El Fiscal 65 Especializado de la Unidad Ley 600 de 2000 (anterior Fiscal\u00eda 107 Seccional) manifest\u00f3 que en ese despacho se sigue la investigaci\u00f3n con radicado 853477, en la que act\u00faa como denunciante la se\u00f1ora I. Z. Inform\u00f3 que en decisi\u00f3n del 14 de junio de 2019, confirmada con Resoluci\u00f3n del 21 de octubre de esa misma anualidad, profiri\u00f3 decisi\u00f3n inhibitoria al considerar que, sobre los hechos denunciados de acceso carnal o actos sexuales con persona puesta en incapacidad de resistir, sobrevino la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, determinaci\u00f3n que fue revocada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, con el fin de que las diligencias vuelvan a la etapa de investigaci\u00f3n. <\/p>\n
La Fiscal\u00eda 49 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito se\u00f1al\u00f3 que en ese despacho cursa la denuncia con radicado 110016000050201931454 instaurada por K. G. M. C. y que en desarrollo de la investigaci\u00f3n ha impartido \u00f3rdenes a la Polic\u00eda Judicial bajo la Ley 906 de 2004, encontr\u00e1ndose el asunto en etapa de indagaci\u00f3n por acoso sexual. <\/p>\n
La Direcci\u00f3n Especializada Contra Violaciones a los Derechos Humanos inform\u00f3 que dio traslado a la Direcci\u00f3n Seccional de Bogot\u00e1, de las solicitudes sobre la creaci\u00f3n de un Comit\u00e9 T\u00e9cnico y reasignaci\u00f3n de las investigaciones, por ser un asunto de su competencia. Por lo anterior considera que no ha vulnerado ninguna de las garant\u00edas se\u00f1aladas por los gestores. <\/p>\n
Frente al requerimiento hecho en esta instancia para que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n informara el estado en que se encuentran las denuncias presentadas por los promotores del amparo, la Fiscal\u00eda 69 Especializada de la Unidad de Delitos Sexuales acot\u00f3 que el 23 de febrero de 2021 orden\u00f3 la valoraci\u00f3n psicol\u00f3gica y psiqui\u00e1trica de las v\u00edctimas; el 23 de marzo de la misma anualidad entrevist\u00f3 a algunos de los afectados; adem\u00e1s, ha convocado a varias mesas de trabajo durante los meses de mayo y junio. <\/p>\n
4. La Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 concedi\u00f3 el amparo de \u00ablos derechos fundamentales al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, derecho de la mujer a un recurso judicial \u00e1gil, para que su caso sea pronta e imparcialmente examinado, a la aplicaci\u00f3n de los procedimientos y normas con perspectiva de g\u00e9nero\u00bb. En consecuencia orden\u00f3 \u00aba las Fiscal\u00edas 49, 69, 65, 110, 225, 420 y 421, que a m\u00e1s tardar en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho horas (48) horas, impulsen las investigaciones sobre las denuncias instauradas por A.M.R.M, M.F.G.C., I.D.Z.M., E.D.J.B.I., J.A.M.T., D.R.G.B., K.G.M.C., N.L.V.T., W.F.B.C. e informen a los interesados el estado de las indagaciones, procuren la atenci\u00f3n a las presuntas v\u00edctimas por personal especializado, e informen las actividades adelantadas y las que est\u00e1n pendientes de realizar\u00bb; adem\u00e1s, le orden\u00f3 \u00aba la Direcci\u00f3n Seccional Bogot\u00e1 y al Grupo de Trabajo de Asignaciones Especiales del Despacho del Fiscal General de la Naci\u00f3n, que a m\u00e1s tardar en el t\u00e9rmino diez (10) d\u00edas, analice la posibilidad de acumular las denuncias que cursan contra J.F.J.\u00c1 y explique puntualmente a las v\u00edctimas, el contenido y razones de su decisi\u00f3n cualquiera sea; adem\u00e1s de analizar la posibilidad de acumular las denuncias en contra de la misma persona, que cursan en la Unidad de Delitos contra la Libertad, Integridad y Formaci\u00f3n Sexual del Sistema Penal Acusatorio en una de las Fiscal\u00edas de la misma Unidad\u00bb. (31 julio 2020). <\/p>\n
5. El abogado D. A. S. C. actuando en nombre propio y en representaci\u00f3n de K. G. M. y N. L. V. T. impugn\u00f3. Para tal fin adujo que: i) en la sentencia de primera instancia no se hizo alusi\u00f3n a los 10 derechos fundamentales cuya protecci\u00f3n invoc\u00f3, ii) se desconoci\u00f3 que actu\u00f3 como abogado y como accionante directo, iii) no hubo an\u00e1lisis sobre la protecci\u00f3n a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, toda vez que se soslay\u00f3 que en el caso de K. G. M. hubo actos de tortura psicol\u00f3gica y sexual, sin que se integrara un grupo de trabajo con personas expertas en la materia y iv) no se ampararon los derechos a la vida digna y a no ser discriminado, que fueron conculcados \u00abcuando los operadores de la funci\u00f3n investigativa y acusadora o judiciales recurren a pr\u00e1cticas expl\u00edcitas u ocultas que reproducen prejuicios y estereotipos relacionados con el ejercicio de la fe propia o ajena. Tambi\u00e9n cuando no se presta el servicio p\u00fablico de administraci\u00f3n de justicia con enfoque diferencial en pertenencia religiosa\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Delanteramente se advierte que el veredicto provisto en la sede precedente debe ser confirmado, por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
Circunscrita la Sala a la impugnaci\u00f3n presentada, se colige que la inconformidad del censor radica, de un lado, en que no se emiti\u00f3 pronunciamiento respecto cada uno de los derechos invocados en el libelo genitor, especialmente los de vida digna, no discriminaci\u00f3n y a no ser sometidos a tratos crueles y degradantes, y de otro, cuestiona que no se hubiera analizado su condici\u00f3n de accionante. <\/p>\n
En lo que tiene que ver con el primer reparo debe se\u00f1alarse que la Corte Constitucional sobre el deber de interpretaci\u00f3n del escrito de tutela ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
(\u2026) el principio de oficiosidad, el cual se encuentra \u00edntimamente relacionado con el principio de informalidad, se traduce en el papel activo que debe asumir el juez de tutela en la conducci\u00f3n del proceso, no s\u00f3lo en lo que tiene que ver con la interpretaci\u00f3n de la solicitud de amparo, sino tambi\u00e9n, en la b\u00fasqueda de los elementos que le permitan comprender a cabalidad cu\u00e1l es la situaci\u00f3n que se somete a su conocimiento, para con ello tomar una decisi\u00f3n de fondo que consulte la justicia, que abarque \u00edntegramente la problem\u00e1tica planteada, y de esta forma provea una soluci\u00f3n efectiva y adecuada, de tal manera que se protejan de manera inmediata los derechos fundamentales cuyo amparo se solicita si hay lugar a ello (\u2026)\u00bb (SU108 de 2018). (Destaca la Sala) <\/p>\n
Lo anterior permite afirmar que para verificar la validez y el contenido de una sentencia de tutela, no puede pretenderse que siempre exista un desarrollo conceptual de cada uno de los derechos invocados, por el contrario, debe verificarse si el Juzgador abord\u00f3 o no el problema jur\u00eddico planteado a partir de la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales alegadas y si plante\u00f3 una soluci\u00f3n que permita el disfrute y la salvaguarda de los derechos fundamentales. <\/p>\n
En el caso concreto, aunque no hubo un desarrollo te\u00f3rico respecto de cada uno de los diez derechos invocados en el libelo, lo cierto es que ello no obst\u00f3 para que la Magistratura lograra establecer que \u00abla inconformidad inicial y actual, radica en la demora del ente acusatorio en investigar las diferentes noticias criminales radicadas respecto de las conductas atribuidas al pastor\u00bb denunciado y que \u00abel contenido de las denuncias de los accionantes, tienen como punto com\u00fan, el dirigirse contra un mismo sindicado a quien se atribuye la condici\u00f3n de \u201cl\u00edder espiritual\u201d, seg\u00fan las denuncias los hechos ocurrieron cuando las v\u00edctimas eran menores de edad y aun cuando, al parecer ocurrieron en diferentes \u00e9pocas, algunas denuncias se tramiten ante la Unidad de Ley 600 y las dem\u00e1s en el Sistema Penal Acusatorio, son aspectos que deben ser analizados por la Fiscal\u00eda frente a las denuncias y que por lo menos, merecen ser valorados desde una perspectiva de g\u00e9nero, por la condici\u00f3n de las denunciantes, menores de edad para cuando presuntamente ocurrieron los ataques sexuales en su contra, obligado como es el Estado Colombiano ante la Comunidad Internacional, a observar plena diligencia para procurar la protecci\u00f3n de las mujeres v\u00edctimas de violencia sexual\u00bb. N\u00f3tese que el estudio realizado por el a quo, tiene esencialmente la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados y que adem\u00e1s busca que de forma integral se ampare a las v\u00edctimas, efecto para el cual alude al enfoque con perspectiva de g\u00e9nero, aspecto que no solo abarca los derechos fundamentales invocados, sino que atiende las quejas presentadas sobre el proceder de los funcionarios que adelantan la investigaci\u00f3n. <\/p>\n
De otro lado, respecto a lo aducido por el impugnante en punto a que no hubo an\u00e1lisis sobre el derecho a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, toda vez que se soslay\u00f3 que en el caso de K. G. M. se presentaron actos de tortura psicol\u00f3gica y sexual, sin que se integrara un grupo de trabajo con personas expertas en la materia, debe destacarse que en el curso de la primera instancia s\u00ed se estudi\u00f3 dicha pretensi\u00f3n y sobre el particular se dijo que \u00abno podr\u00eda el Juez de tutela, sin socavar la autonom\u00eda jurisdiccional, emitir directrices de investigaci\u00f3n en los casos de conocimientos de las diferentes instancias delegadas de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, tal como lo solicitan los accionantes, con relaci\u00f3n a la convocatoria de un comit\u00e9 y grupo de trabajo u otras estrategias de persecuci\u00f3n del delito como la emisi\u00f3n de alerta nacional e internacional, para identificar denuncias instauradas contra una persona, identificaci\u00f3n de los lugares de desplazamiento internacional del presunto agresor o dise\u00f1ar, en fin, la estrategia de investigaci\u00f3n por las distintas noticias criminales recibidas, pues, se trata de actuaciones propias de las funciones y responsabilidades de la entidad encargada de la persecuci\u00f3n del delito y de hacer efectiva las garant\u00edas procesales de las v\u00edctimas y procesados\u00bb. <\/p>\n
Sobre esa espec\u00edfica pretensi\u00f3n, en la misma l\u00ednea, advierte la Sala que el resguardo intimado resulta improcedente en la medida en que lo que se quiere debe ser requerido ante la entidad criticada para que sea ella, dentro del marco de sus competencias, la que determine la viabilidad o no de lo demandado. Sin embargo, no puede perderse de vista que la orden constitucional s\u00ed exige a las autoridades encargadas de la investigaci\u00f3n, se insiste, que den aplicaci\u00f3n al enfoque de g\u00e9nero y que particularmente el Grupo de Trabajo de Asignaciones Especiales del Despacho del Fiscal General de la Naci\u00f3n, analice la posibilidad de acumular las denuncias presentadas, para lo cual debe fundar debidamente su decisi\u00f3n, circunstancia que necesariamente obliga a la autoridad a estudiar todas las conductas denunciadas, incluidos los actos de tortura aducidos. T\u00e9ngase en cuenta adem\u00e1s, que por la garant\u00eda de los derechos al debido proceso y defensa de los involucrados en la acci\u00f3n penal, el juez de tutela no est\u00e1 habilitado para desconocer la investigaci\u00f3n que adelanta la autoridad competente para tal fin. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese, que sobre asuntos como este la Sala ha establecido que: <\/p>\n
(…) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada entre otras en STC8897-2017, 21 jun. 2017, rad. 00230-01, y STC10432-2017, 19 jul. 2017, rad. 00388-01, entre otras). (CSJ STC559-2018 reiterada en STC15553-2017, STC 20283-2017)\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, frente a lo aducido por D. A. S. C. referente a que no se tuvo en cuenta su condici\u00f3n de accionante, se advierte que efectivamente, en primera instancia, tal estudio no se realiz\u00f3; sin embargo, revisado el escrito de tutela se hall\u00f3 que la protecci\u00f3n reclamada por el abogado, en su calidad de actor, fue la de su derecho de petici\u00f3n y uno que denomin\u00f3 \u00abDERECHO A DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS MEDIANTE LA ASISTENCIA PROFESIONAL EN ACTUACIONES JUDICIALES\u00bb, vulneraci\u00f3n alegada con base, seg\u00fan \u00e9l, en la falta de respuesta frente a las peticiones que elev\u00f3 ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n con el fin de buscar celeridad en las investigaciones en comento. <\/p>\n
Sobre este punto se advierte que el solicitante carece de legitimaci\u00f3n para invocar, en su nombre, la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n, toda vez que las solicitudes elevadas ante la autoridad alegada, fueron promovidas en nombre de las personas que representa el abogado D. S. C., es decir, que son ellas las titulares de ese derecho invocado como conculcado. As\u00ed lo ha sostenido la Corte al destacar, en torno a la \u00ablegitimaci\u00f3n por activa\u00bb, que <\/p>\n
(\u2026) \u201cla persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo (STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en STC926-2018, STC4611-2018, STC10003-2020, STC129-2021 entre otras). <\/p>\n
Por lo expuesto y en vista que ninguno de los reparos formulados por el censor son pr\u00f3speros, se ratificar\u00e1 la decisi\u00f3n objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, resuelve CONFIRMAR la sentencia de primer grado, por lo explicado. <\/p>\n
Notif\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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