STC8831-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8831-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2020-01743-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 12 de noviembre de 2020 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n constitucional promovida por Pedro Alejandro Castellanos Rojas contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n. Al tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso laboral objeto de debate. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, a trav\u00e9s de apoderada, reclam\u00f3 la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada en la referida causa. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El 7 de abril de 2016 el actor promovi\u00f3 una demanda ordinaria laboral en contra del Banco de la Rep\u00fablica, con el fin de que se le reconociera y pagara la pensi\u00f3n convencional de jubilaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, el cual, mediante sentencia del 29 de noviembre de 2016, resolvi\u00f3 negar las pretensiones de la demanda, al estimar que \u00ablos reg\u00edmenes pensionales expiraron el 31 de julio de 2010, y como el demandante no hab\u00eda sumado la edad de 55 a\u00f1os en ese momento, no reun\u00eda las exigencias de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo para adquirir el derecho\u00bb, decisi\u00f3n que fue apelada y confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de la citada ciudad, el 31 de enero de 2019. <\/p>\n
2.3. A trav\u00e9s de su apoderada formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la determinaci\u00f3n del Tribunal, que fue concedido el 4 de julio de 2019. El 18 de septiembre siguiente, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia admiti\u00f3 el recurso y corri\u00f3 traslado al extremo activo, para que presentara la demanda de casaci\u00f3n, lo que aconteci\u00f3 el 23 de octubre de ese mismo a\u00f1o. <\/p>\n
2.4. El 27 de noviembre de 2019, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia \u00abemiti\u00f3 auto mediante el cual solicit\u00f3 que se acreditara la calidad de abogada y para tal fin otorg\u00f3 el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas\u00bb; en virtud de lo anterior, aport\u00f3 el poder debidamente autenticado; sin embargo, el 22 de enero de 2020 la accionada efectu\u00f3 nuevamente el requerimiento, \u00abpara acreditar la calidad de abogada conforme a lo estipulado en el art\u00edculo 22 del Decreto 196 de 1971\u00bb. <\/p>\n
2.6. Advirti\u00f3 que, en su opini\u00f3n, era suficiente con \u00abcumplir con la indicaci\u00f3n del n\u00famero de mi tarjeta profesional [\u2026]\u00bb, para que se le impartiera el tr\u00e1mite a la demanda de casaci\u00f3n, pues la Corporaci\u00f3n pod\u00eda constatar la vigencia de su tarjeta profesional, seg\u00fan lo dispuesto en la circular PCSJC19-18 de fecha 9 de julio de 2019, emanada del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, que se ampare la garant\u00eda fundamental reclamada y que se deje sin efecto el prove\u00eddo \u00abAL1778-2019 (sic) emitido el 12 de febrero de 2020 dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por PEDRO ALEJANDRO CASTELLANOS ROJAS contra el BANCO DE LA REP\u00daBLICA, mediante el cual se declar\u00f3 desierto el recurso de casaci\u00f3n formulado [\u2026]; as\u00ed como el auto AL1619-2020 proferido el 22 de julio de 2020 mediante el cual se dispuso la confirmaci\u00f3n del primero [\u2026]\u00bb y, en consecuencia, que se contin\u00fae con el tr\u00e1mite del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LA ACCIONADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia destac\u00f3 que su determinaci\u00f3n, \u00abadem\u00e1s de ser razonada, fue emitida en estricto apego a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la Ley\u00bb, pues no bastaba con que la mandataria indicara el n\u00famero de su tarjeta profesional, habida cuenta que, para tal fin, era necesario que exhibiera el documento, de conformidad con el art\u00edculo 22 del Decreto 196 de 1971. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 en que la determinaci\u00f3n del 22 de julio de 2020 no resulta caprichosa, sino ajustada a la normatividad y a la jurisprudencia aplicable al caso concreto. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Penal de esta Corte neg\u00f3 la salvaguarda impetrada, al considerar que \u00ab[\u2026] no se evidencia que en la decisi\u00f3n censurada se configure ninguno de los defectos espec\u00edficos que hacen viable la intervenci\u00f3n constitucional. Esto, debido a que, al margen de si la decisi\u00f3n objeto de examen se amolda o no a las expectativas del interesado, t\u00f3pico que, por principio, es extra\u00f1o a la acci\u00f3n de tutela, la misma contiene argumentos razonables\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, estim\u00f3 que \u00abpara la data en la que se adelant\u00f3 el tr\u00e1mite no bastaba con que indicara el n\u00famero de tarjeta profesional para acreditar la calidad de abogado pues es clara la exigencia a la que se refiere el art\u00edculo 22 del Decreto 196 de 1971 [\u2026]\u00bb, en el que se estableci\u00f3 que \u00abQuien act\u00fae como abogado deber\u00e1 exhibir su Tarjeta Profesional al iniciar la gesti\u00f3n [\u2026]\u00bb y, en esa medida, concluy\u00f3 que \u00abese presupuesto normativo contenido en el Estatuto del Ejercicio de la Abogac\u00eda mantiene vigencia y, por ende, result\u00f3 acertado que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral le exigiera a la mandataria afectada el enunciado requisito. Adem\u00e1s, la misma disposici\u00f3n exige, para acreditar la calidad de abogado, que se satisfagan los dos requisitos, esto es, la exhibici\u00f3n de la tarjeta profesional y la indicaci\u00f3n del n\u00famero de tarjeta\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la parte accionante, quien insisti\u00f3 en los argumentos plasmados en su escrito inicial. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
2. Del examen de las pruebas que reposan en el expediente advierte la Sala que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por lo que se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada. En efecto, se considera que el veredicto cuestionado no alberga anomal\u00eda que imponga la perentoria salvaguarda deprecada, independientemente de que sea o no compartido. <\/p>\n
3. Sobre el particular, al resolver el recurso de reposici\u00f3n que fue instaurado por la parte actora contra la decisi\u00f3n emitida por auto AL416-2020 del 12 de febrero de 2020, que declar\u00f3 desierto el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, la Corporaci\u00f3n convocada expuso razonadamente los motivos por los cuales se impon\u00eda no reponer dicha determinaci\u00f3n, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
\u00abRevisado el plenario, se observa que la peticionaria present\u00f3 sustituci\u00f3n de poder -sin acreditar su calidad de abogada- el 15 de agosto de 2018; sin embargo, los jueces de instancia no se pronunciaron frente a dicho memorial. <\/p>\n
Luego, la apoderada de la parte actora que hab\u00eda sido reconocida como tal en el proceso, interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la sentencia de segundo nivel (f.\u00ba 185), que fue concedido por el ad quem y admitido por esta Corporaci\u00f3n el 26 de junio y el 18 de septiembre de 2019, respectivamente, tras verificar, entre otros requisitos, que lo formulara el abogado legitimado para tal fin. Una vez recibida la sustentaci\u00f3n de dicho medio de impugnaci\u00f3n presentado por la hoy peticionaria, el 27 de noviembre de 2019 la Sala le concedi\u00f3 el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas con el fin de que acreditara su calidad de abogada; sin embargo, aquella aport\u00f3 nuevamente el poder que el actor le confiri\u00f3 sin el cumplimiento de la citada exigencia. <\/p>\n
Por tal motivo, mediante prove\u00eddo de 22 de enero de 2020, esta Corporaci\u00f3n por segunda vez le otorg\u00f3 el mismo t\u00e9rmino para que demostrara el mencionado requisito; no obstante, aquel finaliz\u00f3 sin respuesta alguna y, por tanto, declar\u00f3 desierto el recurso de casaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa de quien lo sustent\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Bajo ese hilo conductor estim\u00f3 que, \u00ab[\u2026] contrario a lo que aquella sostiene, para la data en la que se adelant\u00f3 este tr\u00e1mite, no bastaba con que se indicara el n\u00famero de tarjeta profesional para acreditar la calidad de abogado [\u2026]\u00bb; por tanto, luego de resaltar lo previsto en el art\u00edculo 22 del Decreto 196 de 1971, que indica que \u00abquien act\u00fae como abogado deber\u00e1 exhibir su Tarjeta Profesional al iniciar la gesti\u00f3n, de lo cual se dejar\u00e1 testimonio en el respectivo expediente\u00bb y de se\u00f1alar, de un lado, que \u00absin el cumplimiento de estas formalidades no se dar\u00e1 curso a la solicitud\u00bb y, de otro, que la legitimaci\u00f3n adjetiva constituye uno de los presupuestos para la validez de los recursos judiciales, seg\u00fan pronunciamientos CSJ AL1778-2019, CSJ AL6074-2017 y CSL AL4498-2019, entre otros, concluy\u00f3 que, como \u00abla demanda de casaci\u00f3n no se present\u00f3 por una persona habilitada para ese efecto, [\u2026]\u00bb, toda vez que no obraba prueba alguna que acreditara su calidad de abogada, no era viable reponer el prove\u00eddo que declar\u00f3 desierto el recurso extraordinario. <\/p>\n
4. De lo transcrito se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, pues fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de la normatividad que gobierna el asunto y de un an\u00e1lisis jurisprudencial en torno al tema debatido, hermen\u00e9utica plausible que no impone la intervenci\u00f3n del juez constitucional, m\u00e1xime teniendo en cuenta que, como se dijo atr\u00e1s, la actora fue requerida en 2 oportunidades por la autoridad judicial accionada, para que acreditara su calidad de abogada, carga que no satisfizo, pues, en el t\u00e9rmino que le fue otorgado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, no aport\u00f3 la respectiva tarjeta profesional. <\/p>\n
Cabe destacar que la acci\u00f3n de tutela no es una instancia adicional para revivir oportunidades fenecidas, pues -se insiste- la parte actora tuvo dos oportunidades para subsanar la falencia mencionada y no lo hizo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
5. De acuerdo con la explicado en precedencia, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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