STC8834-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8834-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2020-01487-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 6 de octubre de 2020 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 2 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n constitucional promovida por Detzi Mar\u00eda Garc\u00eda Fern\u00e1ndez contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y BBVA Horizonte Sociedad Administradora de Pensiones y Cesant\u00edas (hoy Porvenir S.A.). Al tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 y las dem\u00e1s partes e intervinientes del proceso ordinario laboral de radicado 2012-00321. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demand\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al m\u00ednimo vital, seguridad social, vida, igualdad, salud, a la familia, a la dignidad humana, a los \u00abderechos adquiridos de \u00edndole pensional\u00bb y a \u00ab[\u2026] los principios constitucionales de favorabilidad e irrenunciabilidad\u00bb. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa lo siguiente: <\/p>\n
2.1. La accionante manifest\u00f3 que, con ocasi\u00f3n del fallecimiento de su hija Mar\u00eda Elena Parodi Garc\u00eda, ocurrido el 26 de septiembre de 2010, solicit\u00f3 ante la Sociedad BBVA Horizonte Pensiones y Cesant\u00edas la pensi\u00f3n de sobrevivientes, entidad que, \u00abmediante Oficio EPTR 11-1957 del 26 de mayo de 2011, neg\u00f3 la pensi\u00f3n\u00bb, al estimar que \u00ablos padres no depend\u00edan econ\u00f3micamente de su hija fallecida\u00bb, desconociendo las pruebas aportadas; y, en el mismo oficio, \u00abreconoci\u00f3 $44.061.905.oo por concepto de devoluci\u00f3n de aportes\u00bb. <\/p>\n
2.2. En raz\u00f3n a lo anterior, se instaur\u00f3 demanda ordinaria laboral con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n, conforme a los par\u00e1metros de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003. <\/p>\n
2.3. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, despacho que, por sentencia del 22 de noviembre de 2013, conden\u00f3 a la sociedad demandada a reconocer la pensi\u00f3n de sobrevivientes, a partir del 27 de septiembre de 2010, \u00aben cuant\u00eda de $531.508.oo, junto con los mesadas adicionales de junio y diciembre, con sus correspondientes incrementos legales; entre otros\u00bb. <\/p>\n
2.4. BBVA Horizonte Pensiones y Cesant\u00edas apel\u00f3 dicha determinaci\u00f3n y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, por pronunciamiento del 31 de enero de 2014, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo y absolvi\u00f3 a la demandada de las pretensiones reclamadas, al considerar que \u00abla dependencia que debe tener un padre hacia su hijo para poder tener la pensi\u00f3n de sobrevivientes no es absoluta y que es posible que los ascendientes tuvieran un ingreso personal o ciertos recursos, agregando que la mera presencia de un auxilio o ayuda monetaria del hijo no siempre era indicativo de una verdadera dependencia econ\u00f3mica; que en este caso no exist\u00eda dependencia econ\u00f3mica por: -No encontrar certeza que el aporte de la hija fuera ayuda o pago de productos por que la mayor porte de los ingresos de DETSY eran de venta de cat\u00e1logo -que la demandante no era beneficiaria de salud de la hija -que la causante no viv\u00eda con su madre. Concluyendo que la hija le daba una mera colaboraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.5. La actora interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que fue resuelto el 26 de noviembre de 2019 por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En esta providencia, la Corte dispuso no casar la sentencia dictada por el ad quem. <\/p>\n
2.6. Afirm\u00f3 la tutelante que, el 19 de febrero de 2020, interpuso una acci\u00f3n de tutela, mediante la cual solicit\u00f3 declarar sin valor y sin efectos las sentencias de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el fallo de la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia y, como medida provisional, solicit\u00f3 que se le reconociera la pensi\u00f3n de sobreviviente por parte de BBVA Horizonte Pensiones y Cesant\u00edas, pero el amparo fue negado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, el 3 de marzo de 2020. <\/p>\n
2.7. Agreg\u00f3 que propon\u00eda una nueva acci\u00f3n constitucional, dado que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, en la sentencia del 5 de febrero de 2020, acogi\u00f3 una tesis nueva, seg\u00fan la cual la dependencia econ\u00f3mica, de acuerdo con el art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, \u00abno implica una sujeci\u00f3n total y absoluta del presunto beneficiario a los ingresos econ\u00f3micos que percib\u00eda del causante y que cuando hay asignaciones mensuales, ingresos adicionales o cualquier otra acreencia de la que son titulares los padres, no significa que sea autosuficientes econ\u00f3micamente\u00bb. <\/p>\n
2.8. As\u00ed mismo, advirti\u00f3 que atravesaba una dif\u00edcil situaci\u00f3n, pues no pod\u00eda suplir sus necesidades b\u00e1sicas, \u00abno cuenta con vivienda propia y aunque tengo 55 a\u00f1os de edad, el campo laboral no me ofrece muchas oportunidades y lo que trato de buscar con el cat\u00e1logo no me alcanza, por lo que se ve en peligro mi subsistencia en condiciones dignas, situaci\u00f3n que la administradora privada de pensiones y las autoridades desconocieron\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, resalt\u00f3 que las accionadas no tuvieron en cuenta el informe rendido por Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. y las declaraciones juradas, que acreditaban su derecho a la pensi\u00f3n. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 el amparo de las garant\u00edas fundamentales reclamadas y dejar sin valor ni efecto las decisiones emitidas el 31 de enero de 2014 y el 26 de noviembre de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, respectivamente, as\u00ed como ordenar a BBVA Horizonte Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas, hoy Porvenir S.A., realizar las gestiones necesarias para proceder al reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 descart\u00f3 la presencia de defectos que justificaran la procedencia de la acci\u00f3n constitucional, as\u00ed como la incursi\u00f3n en una v\u00eda de hecho, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional sobre la materia, m\u00e1xime cuando la accionante previamente propuso una acci\u00f3n de tutela contra las decisiones que nuevamente cuestiona. <\/p>\n
2. Porvenir S.A. aludi\u00f3 a la improcedencia de la tutela para censurar decisiones judiciales y para revivir instancias procesales ya agotadas. Se refiri\u00f3 a la cosa juzgada frente a las sentencias emitidas y descart\u00f3 la presencia de una v\u00eda de hecho. <\/p>\n
3. Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. hizo referencia a la falta de legitimidad en la causa por pasiva de la empresa y a la improcedencia de la tutela por incumplir con el principio de inmediatez, as\u00ed como a la intangibilidad de la sentencia censurada por constituirse en cosa juzgada que defini\u00f3 el juez natural. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo, al considerar que la argumentaciones y determinaciones adoptadas en la sentencia atacada \u00abno se ofrecen arbitrarias ni caprichosas, ni violatorias del ordenamiento jur\u00eddico, pues se encuentran precedidas de un an\u00e1lisis serio y debidamente fundamentado, soportado en los hechos probados, las disposiciones normativas y la jurisprudencia aplicable al caso\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que \u00ablas divergencias interpretativas, o de valoraci\u00f3n probatoria que surjan en torno a una decisi\u00f3n judicial, no son violatorias, per se, de derechos fundamentales, y que la tutela no es, por tanto, el medio indicado para buscar su rescisi\u00f3n cuando esta clase de discrepancias se presenta\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, destac\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n SL529 de 5 de febrero de 2020, dictada en el radicado N\u00b0 79458, que la accionante cita para invocar la existencia de un nuevo criterio jur\u00eddico en torno al tema, no tiene implicaciones frente a su caso, por tener referentes f\u00e1cticos y probatorios distintos, pero adem\u00e1s, porque a trav\u00e9s de ella no se gener\u00f3 variaci\u00f3n jurisprudencial transcendente alguna, por el contrario, se insisti\u00f3 en las exigencias determinadas para este tipo de asuntos\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, advirti\u00f3 a la accionante que se abstuviera de presentar demandas de tutela por estos mismos hechos, dado que ello podr\u00eda generarle sanciones por actuaci\u00f3n temeraria, al tenor de lo previsto en el art\u00edculo en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la gestora, quien reiter\u00f3 los argumentos del escrito inicial de la tutela. Igualmente, manifest\u00f3 que, al no otorgarle el amparo, \u00abse impide el reconocimiento de mis derechos fundamentales en mi calidad de sobreviviente de mi hija MARIA HELENA, que a prop\u00f3sito cabe resaltar que la cotizaci\u00f3n de la misma la pagaba con el esfuerzo de toda su vida laboral en procura de sobrellevar una vida digna al momento de llegar a la etapa de vejez, pero ante su fallecimiento el reconocimiento de la pensi\u00f3n para los sobrevivientes esta (sic) establecida para minimizar las dificultades econ\u00f3micos que se presentan a falta de la persona que apoyaba monetariamente a sus padres para solventar el m\u00ednimo vital, atendiendo el principio de Solidaridad y Universalidad pregonados en el articulo (sic) 48 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso sub examine, la actora pretende que se dejen sin efecto las decisiones proferidas el 31 de enero de 2014 y el 26 de noviembre de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, respectivamente, as\u00ed como ordenar a BBVA Horizonte Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas, hoy Porvenir S.A., realizar las gestiones necesarias para proceder al reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
2. Pronto advierte esta Sala que la decisi\u00f3n cuestionada habr\u00e1 de ser confirmada, en tanto neg\u00f3 el amparo, pero por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
3. La inviabilidad del resguardo dimana, por cuanto la jurisdicci\u00f3n constitucional ya se pronunci\u00f3 sobre los hechos y pretensiones expuestos, con ocasi\u00f3n de una tutela anterior que, como bien lo reconoci\u00f3 la quejosa, \u00e9sta formul\u00f3 frente al mismo asunto que aqu\u00ed cuestiona, por lo cual no es posible realizar un nuevo estudio de esa tem\u00e1tica, subsumi\u00e9ndose la presente acci\u00f3n en el supuesto del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
3.1. En efecto, de acuerdo con lo extractado del fallo de tutela STP2414-2020, proferido el 3 de marzo de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, se evidencia que, en aquella oportunidad, la actora cuestion\u00f3 las determinaciones adoptadas en desarrollo del proceso ordinario laboral con radicado 2012-00321-00 por \u00abla Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, por la presunta vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la seguridad social, igualdad, trabajo y derechos adquiridos\u00bb, pues, en su sentir, existi\u00f3 \u00ab[\u2026], una indebida valoraci\u00f3n de las pruebas, desconocen la prerrogativa constitucional que le asiste a que le sean respetados sus derechos adquiridos conforme a las leyes sociales, m\u00e1xime cuando prob\u00f3 el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensi\u00f3n. Agreg\u00f3 que pertenece a un grupo de especial protecci\u00f3n, por cuanto tiene 55 a\u00f1os de edad y la negativa del reconocimiento prestacional afecta su m\u00ednimo vital\u00bb; y, en esa medida, pretendi\u00f3 que se dejaran sin valor ni efectos las sentencias dictadas por dichas autoridades judiciales y, en consecuencia, se ordenara a la Sala de Descongesti\u00f3n accionada que emitiera un nuevo prove\u00eddo, en el que se reconociera la pensi\u00f3n de sobrevivientes reclamada. <\/p>\n
3.2. Por su parte, esta Sala de Casaci\u00f3n, al resolver la impugnaci\u00f3n presentada por la se\u00f1ora Detzi Mar\u00eda Garc\u00eda Fern\u00e1ndez, mediante sentencia STC3698-2020 del 10 de junio de 2020, confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n, con base en los siguientes argumentos: <\/p>\n
\u00abEn efecto, al estudiar el cargo \u00fanico propuesto por la censora, relacionado con la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial \u00abpor aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 10, 11, 13, 46, 47, 73, 74 y 272 de la Ley 100 de 1993 con la modificaci\u00f3n de 797 de 2003; 60 y 61 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social\u00bb, la autoridad enjuiciada expuso que las deficiencias t\u00e9cnicas del recurso imped\u00edan adentrarse en los cuestionamientos, en tanto que: <\/p>\n
\u2018En efecto, la corte no tiene facultades para juzgar el pleito, ni para decidir cu\u00e1l de las partes tiene la raz\u00f3n. Su papel inicial se limita a enjuiciar la decisi\u00f3n del juez de segunda instancia para vigilar que haya observado las normas que estaba obligado a aplicar en la decisi\u00f3n del conflicto sometido a su consideraci\u00f3n. <\/p>\n
Por ello es que resulta inoportuno presentar ante la corte un simple alegato, porque la materia de decisi\u00f3n en casaci\u00f3n es totalmente diferente a la de las instancias. Adem\u00e1s de reunir los requisitos formales, la demanda de casaci\u00f3n deber\u00e1 plantear en forma l\u00f3gica la acusaci\u00f3n: si se endereza por la violaci\u00f3n directa de la ley, la argumentaci\u00f3n demostrativa debe ser de \u00edndole netamente jur\u00eddica; y si se plantea por errores de hecho o de derecho, sus razonamientos deber\u00e1n encauzarse en relaci\u00f3n con la valoraci\u00f3n probatoria. Indicando, en cualquiera de los eventos, las normas legales sustantivas del orden nacional que sean pertinentes para estimar el cargo. <\/p>\n
As\u00ed mismo, debe recordarse que los requerimientos del recurso encuentran fundamento constitucional, toda vez que en el numeral 1 del art\u00edculo 235 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, se atribuy\u00f3 a la Corte Suprema de Justicia la funci\u00f3n de actuar como \u2018tribunal de casaci\u00f3n\u2019. <\/p>\n
Adicionalmente, cuando se plantean cargos por la v\u00eda de los yerros f\u00e1cticos, es del caso reiterar tal como lo ha venido planteando desde tiempos remotos la jurisprudencia, CSJ SL 6043, 11 feb. 1994, que \u2018[\u2026] el \u2018error evidente, ostensible o manifiesto de hecho\u2019 es aquel que \u2018[\u2026] se presenta, seg\u00fan el caso, cuando el sentenciador hace decir al medio probatorio algo que ostensiblemente no indica o le niega la evidencia que tiene, o cuando deja de apreciarlo, y por cualquiera de esos medios da por demostrado un hecho sin estarlo, o no lo da por demostrado est\u00e1ndolo, con incidencia de ese yerro en la ley sustancial que de ese modo resulta infringida\u2019. <\/p>\n
Bajo las anteriores y necesarias directrices, para la sala, la demanda de casaci\u00f3n no se ajusta a los requisitos de t\u00e9cnica exigidos, que bien no puede considerarse como un legalismo excesivo, sino como los elementos propios de esta sede. <\/p>\n
Aunque el cargo pareciera estar debidamente encausado, resulta preciso se\u00f1alar que pese a que la recurrente aludi\u00f3 a algunos medios de convicci\u00f3n como indebidamente apreciados, estos no son h\u00e1biles en casaci\u00f3n, pues se trata de declaraciones extraproceso y de testimonios, adem\u00e1s, no precis\u00f3 cu\u00e1les fueron los particulares errores de valoraci\u00f3n en que incurri\u00f3 el juzgador, respecto de ellos, en tanto sencillamente manifest\u00f3 su criterio personal sobre lo que prueban, lo cual, m\u00e1s que la sustentaci\u00f3n de un recurso de casaci\u00f3n, se traduce en un alegato de instancia, pues como lo ha sostenido la sala, no s\u00f3lo basta con se\u00f1alar la fuente del error sino que es obligaci\u00f3n del casacionista, demostrar la ocurrencia efectiva del mismo, lo cual no sucedi\u00f3 en el sub lite\u2019. (Resaltado y negrillas fuera de texto). <\/p>\n
En ese sentido, sobre los medios de convicci\u00f3n referidos como indebidamente valorados por la actora, y su validez dentro del tr\u00e1mite excepcional, el despacho accionado se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u2018(\u2026) los presuntos errores de hecho se\u00f1alados no se acompa\u00f1an de la menci\u00f3n de las pruebas que los habr\u00edan generado. El recurrente tiene la carga de acreditar, razonadamente, el error que cometi\u00f3 el tribunal en el an\u00e1lisis probatorio, de modo tal que ense\u00f1e a la corte que se dio por probado aquello que no lo est\u00e1, o que no se dio por probado lo que s\u00ed qued\u00f3 demostrado, circunstancias que nacen de la errada valoraci\u00f3n o de la falta de estudio de alguna de las pruebas calificadas en casaci\u00f3n, a saber: los documentos aut\u00e9nticos, la confesi\u00f3n y la inspecci\u00f3n judicial y los medios de prueba enunciados no hacen referencia a ninguno de ellos. <\/p>\n
Como ya se dijo, la censura \u00fanicamente atac\u00f3 como pruebas err\u00f3neamente apreciadas los testimonios y declaraciones extraproceso, y no puede pretender hacer ver estas \u00faltimas como documentos, pues a pesar de que su contenido est\u00e1 vertido en uno, es sabido que estas se toman como declaraciones de terceros, por lo que no son pruebas h\u00e1biles en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s, no es cierta la afirmaci\u00f3n realizada en el sentido de que, excepcionalmente, la corporaci\u00f3n ha admitido la prueba testimonial para estudiar el recurso extraordinario. Se puede proponer un ataque en el que se incluyan los testimonios pero como mal aportados o por defectos formales en su abducci\u00f3n o pr\u00e1ctica, nunca por su contenido. Por lo tanto, por no demostrarse los errores de valoraci\u00f3n con prueba calificada, la corte no puede adentrarse en un estudio de fondo\u2026 <\/p>\n
Respecto a ello, la Sala ha dicho en jurisprudencia reiterada, como la CSJ SL955-2018, que en virtud de la libre formaci\u00f3n del convencimiento, la decisi\u00f3n que tome el juez colegiado, debe respetarse, siempre y cuando no decida en contra de evidencia\u2026 <\/p>\n
Por \u00faltimo, la Sala querellada concluy\u00f3 que \u2018(\u2026) no encuentra la sala que el ad quem, hubiese incurrido en ning\u00fan error de hecho protuberante, garrafal, manifiesto, que salte de bulto o brille al ojo, en la valoraci\u00f3n que hizo de manera conjunta de las pruebas del proceso, conforme a la facultad de libre formaci\u00f3n del convencimiento que le asiste, sin que el recurrente hubiere logrado derruir la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que ampara la decisi\u00f3n\u2019\u00bb (se subraya). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, esta Sala de Casaci\u00f3n Civil consider\u00f3 que la decisi\u00f3n adoptada no era infundada o arbitraria, \u00abpor lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la censora no halla recibo en esta sede excepcional (\u2026) La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas\u00bb. <\/p>\n
3.3. Como se observa, en la referida tutela se cuestionaban las providencias emitidas por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en tanto, en la primera de ellas, se dispuso mantener en firme la sentencia del tribunal ad quem, que neg\u00f3 la pensi\u00f3n de sobreviviente a la accionante, porque no acredit\u00f3 el requisito de dependencia econ\u00f3mica con la causante, frente a lo cual, esta Sala no advirti\u00f3 la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas. <\/p>\n
En este orden de ideas, se vislumbra que la queja actual se sustenta en los mismos hechos alegados en la anterior tutela y es evidente que la pretensi\u00f3n principal no es otra que dejar sin efectos las determinaciones de instancia, con el fin de que le sea reconocida la pensi\u00f3n de sobrevivientes, pues, incluso, as\u00ed lo sostuvo la accionante, al afirmar que \u00abes la segunda acci\u00f3n de tutela presentada respecto de los hechos y derechos expuestos\u00bb, situaci\u00f3n que impone negar lo aqu\u00ed pretendido por temeridad1 y estarse a lo resuelto por la jurisdicci\u00f3n constitucional, que neg\u00f3 el amparo pretendido. <\/p>\n
En ese sentido, a voces del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, se considera que existe temeridad cuando, \u00absin motivo expresamente justificado la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales\u00bb, en cuyo caso \u00abse rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb, lo que se traduce en \u00abque no es dable utilizarla indiscriminadamente en m\u00e1s de una ocasi\u00f3n para discutir id\u00e9nticos supuestos facticos, fundamentos jur\u00eddicos y pretensiones, pues es principio general del \u2018Derecho\u2019 no someter reiteradamente el mismo debate a escrutinio de la jurisdicci\u00f3n\u00bb (CSJ STC2548-2020 de 10 de marzo, Rad. 2019-00525-02). <\/p>\n
5. En consecuencia, por las razones anteriormente consignadas, se confirmar\u00e1 la determinaci\u00f3n de primera instancia, en cuanto neg\u00f3 el amparo. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Al respecto, esta Corte ha preceptuado que \u00ab(\u2026) la temeridad relacionada en la norma antes citada, conlleva a examinar si la nueva acci\u00f3n es igual a la anterior, vale decir, si entre ambas existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como las partes accionante y accionada, no importa que tengan algunas diferencias incidentales\u00bb (STC, 21 jul. 2011, Rad. 01294-01, citada en STC9556-2020). <\/p>\n
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STC8834-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC8834-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2020-01487-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de julio de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 6 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55655","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55655","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55655"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55655\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55655"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55655"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55655"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}