STC8846-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8846-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2021-01090-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 10 de junio de 2021, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Claudia Patricia Amaris Mendoza, contra la Superintendencia de Sociedades, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso de \u00abintervenci\u00f3n\u00bb adelantado frente a la compa\u00f1\u00eda M\u00f3viles Financieros S.A.S. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Obrando por intermedio de apoderado judicial, la querellante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, \u00abprevalencia del orden justo, supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n y del derecho sustancial. Excepci\u00f3n de inconstitucionalidad. Arts. 2\u00ba, 4\u00ba, 23, 29 y 228 Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb, supuestamente vulneradas por la autoridad convocada al declarar la extemporaneidad de la reclamaci\u00f3n que adelant\u00f3 en contra de la sociedad M\u00f3viles Financieros S.A.S., al interior del proceso de \u00abintervenci\u00f3n y toma de posesi\u00f3n de bienes, haberes\u00bb de esa sociedad. <\/p>\n
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo refiere, en s\u00edntesis, que en el a\u00f1o 2012 efectu\u00f3 una inversi\u00f3n de $500.000.000 en la prenombrada empresa, no obstante, al percatarse de que la compa\u00f1\u00eda se encontraba en un proceso de \u00abintervenci\u00f3n con fines de liquidaci\u00f3n contrat\u00f3 los servicios de un abogado con el fin hacer las reclamaciones correspondientes a sus derechos en dicho proceso de intervenci\u00f3n\u00bb. Sin embargo, manifiesta, que el profesional del derecho contratado para ese fin \u00abdej\u00f3 vencer los t\u00e9rminos para la radicaci\u00f3n oportuna de la reclamaci\u00f3n\u00bb, lo cual condujo a que su solicitud no fuera tenida en cuenta. <\/p>\n
Asegura, que \u00ab[esa] declaratoria de extemporaneidad se produjo tan solo en el a\u00f1o 2020 y como consecuencia de una acci\u00f3n de tutela que se orientaba a obtener un pronunciamiento en tal sentido. Posteriormente en 2021 se formul\u00f3 nueva petici\u00f3n al interventor para que diera prevalencia a la constituci\u00f3n y admitiera la reclamaci\u00f3n de la actora con fundamento en la falta de defensa t\u00e9cnica. Esta \u00faltima petici\u00f3n fue negada\u00bb. <\/p>\n
Sostiene, que \u00abno pueden atribu\u00edrsele los errores del apoderado, al titular del derecho sustancial (poderdante) que ha actuado en forma diligente -como efectivamente lo ha hecho en este caso (\u2026) errores y omisiones que hacen ostensibles la falta de preparaci\u00f3n y diligencia del Abogado, y completamente ineficaz su actuaci\u00f3n, con total ajenidad del poderdante y con perjuicio grave para este\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo \u00abse ordene al Interventor, aplicar la norma superior y admitir la reclamaci\u00f3n de CLAUDIA PATRICIA AMARIS MENDOZA en cuant\u00eda de $698\u2019377.632 presentada ante la Intervenci\u00f3n desde el a\u00f1o 2017 y sobre la cual tan solo en fechas recientes (septiembre y octubre de 2020) se hizo claridad en el sentido de haber sido calificada de extempor\u00e1nea\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El agente interventor de la compa\u00f1\u00eda Gestiones Financieras y otros, defendi\u00f3 su proceder y asegur\u00f3 que las actuaciones que se surtieron al interior del proceso de calificaci\u00f3n de afectados fueron adelantadas de acuerdo con lo regulado en el Decreto 4334 de 2008. <\/p>\n
Relat\u00f3, que \u00ablos t\u00e9rminos para presentar reclamaciones corrieron desde el 5 de febrero de 2017 y se retomaron nuevamente desde el 1 de abril hasta el 10 de abril de 2017 (\u2026) la solicitud presentada por la accionante es de fecha 25 de julio del mismo a\u00f1o (\u2026) por lo tanto fue calificada en decision No. 4 como extemporanea, lo que no quiere decir que fue rechazada sino postergada para cuando se pague a quienes presentaron su reclamacion en t\u00e9rmino\u00bb. Sin embargo, precisa que frente a esa ultima determinaci\u00f3n la interesada no formul\u00f3 ning\u00fan recurso. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que la solicitud de amparo incumple el presupuesto de la inmediatez, por cuanto lo pretendido por la convocante, es \u00abque se modifique la decisi\u00f3n No. 4 en su anexo 3, que fue calificada por el anterior interventor Luis \u00c1ngel Due\u00f1as el d\u00eda 3 de agosto de 2017 (\u2026) en el caso sub judice el presente presupuesto no se cumple ya que el mencionado plazo feneci\u00f3\u2000hace casi 4 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Superintendencia de Sociedades adujo falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, relievando que el Decreto 4334 de 2008 no le otorga a esa entidad facultad alguna para revisar o controlar las decisiones que tome el agente interventor con respecto a las solicitudes de devoluci\u00f3n presentadas por los afectados, puesto que \u00abel agente interventor, por su parte, es un auxiliar de la justicia que no es funcionario de la Superintendencia de Sociedades\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3, que el resguardo desatiende los presupuestos de la subsidiariedad y la inmediatez, en tanto que la decisi\u00f3n cuestionada data del 3 de agosto de 2017 y frente a esta la gestora no acredit\u00f3 haber formulado recurso de reposici\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el resguardo argumentando que no se acredit\u00f3 la vulneraci\u00f3n aducida por la gestora, aunado a que frente a la decisi\u00f3n de 3 de agosto de 2017 no interpuso reposici\u00f3n. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la querellante, reiterando lo aducido en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si los convocados lesionaron las garant\u00edas reclamadas por Claudia Patricia Amaris Mendoza al proferir el auto de 3 de agosto de 2017, por medio del cual reconoci\u00f3 como extempor\u00e1nea la reclamaci\u00f3n que, en nombre propio, aquella formul\u00f3, frente a la compa\u00f1\u00eda M\u00f3viles Financieros S.A.S., en el proceso n\u00ba 76899, por medio del cual se orden\u00f3 la intervenci\u00f3n mediante toma de posesi\u00f3n de los bienes, haberes, negocios y patrimonio, de la precitada sociedad. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la subsidiariedad de dicho mecanismo. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Analizados los fundamentos que soportan el presente auxilio ha de precisarse que se respaldar\u00e1 el fallo proferido por el tribunal a quo, que neg\u00f3 el resguardo invocado por las razones que pasan a explicarse: <\/p>\n
3.1. Incumplimiento del requisito de la inmediatez. <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento que se hace frente al auto de 3 de agosto de 2017, que tuvo como extempor\u00e1nea la reclamaci\u00f3n, que de manera directa, formul\u00f3 Claudia Patricia Amaris Mendoza no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que la presente tutela se radic\u00f3 el 27 de mayo de 2021, es decir, transcurrido m\u00e1s del semestre establecido como razonable. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la eventual afectada debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, adem\u00e1s, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, el an\u00e1lisis preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de ataques a sentencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026)\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10258-2015, 6 ago. 2015, rad. 2015-01691-00). <\/p>\n
De otra parte, tampoco se demostr\u00f3 justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al principio de temporalidad del resguardo, por lo tanto, aunque el mentado requisito podr\u00eda flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, esto es, situaciones como la debilidad manifiesta, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de las garant\u00edas superiores, dichas circunstancias no fueron acreditadas en este caso. <\/p>\n
Al respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias CC T-136\/07, CC T-647\/08, CC T-743\/08, CC T-867\/09, CC T-037\/13, CC T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Inobservancia del presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su quebrantamiento ocurre no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos. <\/p>\n
En el caso que se revisa se configura la primera modalidad, dado que la accionante desperdici\u00f3 la herramienta legalmente prevista en el estatuto procesal vigente para controvertir la decisi\u00f3n que ahora reprocha en esta particular senda, en la medida que, aunque contra el prove\u00eddo de 3 de agosto de 2017 era procedente el recurso de reposici\u00f3n1 omiti\u00f3 formularlo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Sobre la responsabilidad del abogado por las resultas del proceso. <\/p>\n
En cuanto a la queja relacionada con el desempe\u00f1o del profesional del derecho que represent\u00f3 a la accionante en el prenombrado juicio de intervenci\u00f3n, es preciso destacar que tal hip\u00f3tesis no abre paso a la prosperidad del auxilio, pues si en criterio de la gestora el hecho de que su reclamaci\u00f3n hubiere sido tramitada como extempor\u00e1nea deriv\u00f3 de la supuesta negligencia del abogado que la asisti\u00f3, ello no resulta suficiente para acreditar la afectaci\u00f3n de sus prerrogativas esenciales, aunado a que est\u00e1 facultada para denunciar tal situaci\u00f3n ante las autoridades disciplinarias respectivas. <\/p>\n
En eventos como el anterior, esta Corte ha indicado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en relaci\u00f3n con las afirmaciones efectuadas referentes a una inadecuada defensa t\u00e9cnica, tal situaci\u00f3n no conlleva la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, pues, (\u2026) seg\u00fan las pruebas aportadas a la actuaci\u00f3n, el convocante estuvo asistido dentro del proceso por un abogado y el hecho de no estar conforme con su actuar, no lo legitima para controvertir las decisiones judiciales o justificar las omisiones por \u00e9l presentadas (\u2026). No obstante, en caso de considerarse un proceder negligente (\u2026) por parte del profesional del derecho designado, existen v\u00edas para denunciar tal situaci\u00f3n, a las que puede acudir directamente quien se considere afectado (\u2026) (subrayado en texto)\u00bb (CSJ. STC, 22 en. 1999, rad. 05715, reiterado STC4850-2017, 5 ab. rad. 00772-00). <\/p>\n
<\/p>\n
2. En cuanto a la acci\u00f3n de tutela como mecanismo transitorio. <\/p>\n
Finalmente, sobre la posibilidad de conceder el auxilio bajo esa modalidad para evitar un perjuicio irremediable, la Corte no encuentra que se hubieren configurado las m\u00ednimas exigencias que lo hagan posible, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El auxilio ser\u00e1 desestimado porque incumple los presupuestos de la inmediatez, la subsidiariedad, y porque no se acredit\u00f3 la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por las razones arg\u00fcidas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Decreto 4334 de 2008, art\u00edculo 10, literal d) El Agente Interventor, dentro de los veinte (20) d\u00edas siguientes al vencimiento del t\u00e9rmino anterior, expedir\u00e1 una providencia que contendr\u00e1 las solicitudes de devoluci\u00f3n aceptadas y las rechazadas, la cual ser\u00e1 publicada en la misma forma de la providencia de apertura. Contra esta decisi\u00f3n proceder\u00e1 el recurso de reposici\u00f3n que deber\u00e1 presentarse dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la expedici\u00f3n de esta providencia. Las devoluciones aceptadas tendr\u00e1n como base hasta el capital entregado. <\/p>\n
8 <\/p>\n
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