STC8945-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8945-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2021-01131-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el 11 de junio de 2021, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por la compa\u00f1\u00eda G4S Secure Solutions Colombia S.A. contra los Juzgados Treinta y Cinco Civil del Circuito y Cincuenta y Siete Civil Municipal, ambos de esta ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Actuando por conducto de apoderado judicial, la sociedad querellante reclama la protecci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales al debido proceso, y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, supuestamente vulneradas por las autoridades convocadas, al dictar los prove\u00eddos de 8 de septiembre de 2020, y 25 de marzo de 2021, por medio de los cuales se dispuso el rechazo de la demanda n\u00ba 2020-00203. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la resoluci\u00f3n del presente amparo los siguientes: <\/p>\n
<\/p>\n
1. G4S Secure Solutions Colombia S.A., llam\u00f3 a juicio a AVR Ingenier\u00eda S.A.S., pretendiendo que se declarara que entre las partes existi\u00f3 un contrato de \u00absuministro de bienes y servicios\u00bb, que fue incumplido por la demandada, y que, como consecuencia de lo anterior, se condenara al pago de unas facturas, m\u00e1s los intereses moratorios respectivos. Como cautela solicit\u00f3 que se ordenara el registro de la demanda respecto de un inmueble de propiedad de la sociedad demandada. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El asunto fue asignado por reparto al Juzgado Cincuenta y Siete Civil Municipal de Bogot\u00e1, quien el 25 de agosto de 2020 inadmiti\u00f3 la demanda, para que, entre otras razones, allegara \u00abla conciliaci\u00f3n extrajudicial que se erige como requisito de procedibilidad (art\u00edculo 621 del C\u00f3digo General del Proceso), por cuanto la medida cautelar solicitada no se encuentra dentro de las estipuladas para esta clase de tr\u00e1mite (\u2026) d\u00e9 estricto cumplimiento a lo previsto en el art\u00edculo 6 [Decreto 806 de 2020] (\u2026) dando igualmente cumplimiento al inciso segundo del art\u00edculo 8 ib\u00eddem\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
4. Frente a la anterior determinaci\u00f3n, el interesado formul\u00f3 reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, los cuales fueron despachados desfavorablemente, puesto ese sentido, el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 el auto atacado en prove\u00eddo de 25 de marzo hoga\u00f1o. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Inconforme con las citadas decisiones, G4S Secure Solutions Colombia, promueve el resguardo, destacando que \u00abla decisi\u00f3n tomada por el Juzgado es injusta al no coincidir con la voluntad efectiva de la ley por su aplicaci\u00f3n indebida. La norma fue infringida por acci\u00f3n o comisi\u00f3n porque, a pesar del juez entender y aplicar la norma pertinente, la aplic\u00f3 a un caso distinto. Inadvirti\u00f3 que se intenta constituir un titulo ejecutivo derivado de una relaci\u00f3n contractual incumplida en la cual se han causado perjuicios, situaci\u00f3n que permite, conforme la norma se\u00f1ala, la aplicaci\u00f3n de medidas cautelares de inscripci\u00f3n de la demanda sobre bienes sujetos a registro\u00bb. <\/p>\n
Asegura, que \u00abla cautela solicitada es razonable y eficaz para la protecci\u00f3n del derecho amenazado o incumplido; permite la efectividad de las pretensiones; goza de apariencia de buen derecho- fumus bonis iuris- que, con las pruebas y hechos relacionados en la demanda, brindan un juicio preliminar de verosimilitud sobre la probabilidad de \u00e9xito del caso, sin que ello implique un prejuzgamiento del juez\u00bb. <\/p>\n
Concluye, que \u00abno era necesario el env\u00edo previo de la demanda al demandado ni aportar la acreditaci\u00f3n de la audiencia de conciliaci\u00f3n extrajudicial por cuanto la cautela solicitada era procedente, necesaria, razonable, eficaz, efectiva y proporcional para la protecci\u00f3n del derecho amenazado o incumplido y permit\u00eda la efectividad de las pretensiones, que se derivan de una responsabilidad contractual por incumplimiento del deudor\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo se invaliden los prove\u00eddos por medio de los cuales se dispuso el rechazo de la demanda n\u00ba 2020-00203-00, y en su lugar, se ordene \u00abal Juzgado Cincuenta y Siete (57) Civil Municipal de Bogot\u00e1, D.C. que emita un nuevo fallo en garant\u00eda de los derechos fundamentales al debido proceso y administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La titular del Juzgado Cincuenta y Siete Civil Municipal de Bogot\u00e1 hizo un recuento de las actuaciones adelantadas en el juicio que origina el reclamo, advirti\u00f3 que ha obrado conforme a la normativa procesal vigente. <\/p>\n
2. El Juez Treinta y Cinco Civil del Circuito de esta capital se opuso a la prosperidad del auxilio, destacando que el prove\u00eddo que emiti\u00f3 el 25 de marzo anterior, por medio del cual confirm\u00f3 el rechazo de la demanda incoada por la aqu\u00ed accionante, no transgredi\u00f3 los derechos que reclama. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el resguardo argumentando que la decisi\u00f3n adoptada por el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1, desde el punto de vista constitucional, no merece ning\u00fan reproche, \u00abpues sus conclusiones son resultados de un an\u00e1lisis hermen\u00e9utico que se considera aplicado con criterio razonable\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la sociedad actora reiterando los argumentos aducidos en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1 transgredi\u00f3 las garant\u00edas esenciales reclamadas por la compa\u00f1\u00eda convocante, al confirmar, en sede de apelaci\u00f3n, el rechazo de la demanda n\u00ba 2020-00203-00, incoada contra AVR Ingenier\u00eda S.A.S. <\/p>\n
Esto \u00faltimo, en la medida en que, si bien el reclamo involucra la providencia dictada por el Juzgado Cincuenta y Siete Civil Municipal de esta ciudad, el 8 de septiembre de 2020, fue la dictada por su superior jer\u00e1rquico funcional la que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
<\/p>\n
1. De la acci\u00f3n de tutela utilizada como instancia adicional. <\/p>\n
Observa la Corte que las discrepancias tra\u00eddas por la compa\u00f1\u00eda accionante, son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues denotan que lo pretendido por la demandante en el proceso declarativo que origina el reclamo es anteponer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica a la de la autoridad accionada y atacar, por esta senda, una decisi\u00f3n que result\u00f3 adversa a sus intereses, finalidad que es ajena a la acci\u00f3n tuitiva pues, dada su naturaleza excepcional, no puede utilizarse a modo de instancia adicional o paralela a las consagradas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
Como reiteradamente lo ha sostenido esta Sala, incumbe a quien ejercite la herramienta supralegal contra una resoluci\u00f3n jurisdiccional, no s\u00f3lo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la hermen\u00e9utica o la sind\u00e9resis del juzgador, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando la labor interpretativa del juez, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n
Sin embargo, al verificar la argumentaci\u00f3n expuesta por la autoridad acusada en el auto de 25 de marzo de 2021, que confirm\u00f3 el prove\u00eddo de primera instancia que rechaz\u00f3 la referida demanda, no se observa el desafuero jur\u00eddico enrostrado por la querellante. <\/p>\n
En efecto, la motivaci\u00f3n expuesta por la autoridad judicial se ciment\u00f3 en que debi\u00f3 acreditarse el requisito de procedibilidad contenido en el art\u00edculo 36 de la Ley 640 de 2001, en tanto que, aunque el precepto 590 del estatuto procesal vigente establece como cautela la inscripci\u00f3n de la demanda \u00abello no quiere decir que proceda en toda clase de proceso verbal y menos cuando en este asunto se debate del demonio (sic) dicho bien o circunstancias similares que amerite el decreto de dicha medida\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, destac\u00f3 que \u00ab(\u2026) las medidas cautelares son taxativas, incluso en trat\u00e1ndose de aqu\u00e9llas se\u00f1aladas como innominadas pues el que la norma le de libertad al fallador de concretar una precautelaci\u00f3n no implica que pueda a su propio arbitrio fabricar una forma de aseguramiento que resulte ajena a las formas de cuidar los intereses del demandante, tal y como las prev\u00e9 la normatividad procesal civil\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que \u00ablas cautelas pueden proponerse de manera previa o coet\u00e1nea con la presentaci\u00f3n de la demanda, por lo que se impone concluir que el momento procesal para determinar su viabilidad no es, exclusivamente, el de la admisi\u00f3n, toda vez que el fallador puede de entrada y a\u00fan circunstancias como esta, valorar la procedencia de la medida solicitada ponderando razonadamente el que la cautela solicitada en realidad sea una forma de prevenir un agravio contra los intereses del demandante, y no, una forma grosera de sortear con artificios el requisito de procedibilidad que es la conciliaci\u00f3n previa en derecho o equidad\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una determinaci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, sin que devenga procedente, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, la Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Del ejercicio de la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Sobre la posibilidad de conceder el auxilio bajo esta modalidad la Corte no encuentra que se hubiere acreditado la configuraci\u00f3n de las m\u00ednimas exigencias que lo hagan posible, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2021-01131-01 <\/p>\n
Con el respeto de siempre, nos permitimos expresar los motivos de nuestro disentimiento con la providencia aprobada por la Sala mayoritaria. <\/p>\n
1.- En nuestro criterio, no es razonable sostener que en un proceso verbal de responsabilidad contractual est\u00e1 vedado conseguir la inscripci\u00f3n de la demanda sobre bienes sujetos a registro que sean de propiedad del demandado. Y, no lo es porque justamente lo contrario constituye el prop\u00f3sito del ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
De un lado, la hermen\u00e9utica actual en torno del r\u00e9gimen de medidas cautelares no puede partir, como otrora se pens\u00f3, de una visi\u00f3n restrictiva fundada en el supuesto cariz sancionatorio que se les ve\u00eda, porque tal cosa no es cierta: no constituyen sanciones, no se les parecen, no tienen su fuente en el castigo a nadie. Debe, en contraste, arrancar de una mirada moderna y extensiva apoyada en el derecho constitucional fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, dado que su funci\u00f3n es precisamente garantir el cumplimiento de la eventual sentencia favorable al demandante. Sin ellas, tal satisfacci\u00f3n solo es una expectativa normalmente incumplible, y su efectividad, una quimera. <\/p>\n
En otros tiempos se limitaba su aplicaci\u00f3n a las clara y expresamente se\u00f1aladas en la ley porque se consideraba intocable el patrimonio del demandado hasta tanto se le condenara; empero, hoy se ampl\u00eda para proteger al demandante de la insolvencia del otro, aunque a \u00e9ste se le ampara mediante las contracautelas. Aflora as\u00ed un justo equilibrio entre el derecho del actor a asegurar la efectividad de la decisi\u00f3n y el del convocado a que se le indemnice el da\u00f1o causado. <\/p>\n
En suma, en el mundo del siglo XXI ante la duda sobre la procedencia de alguna medida cautelar debe prevalecer una interpretaci\u00f3n laxa que garantice efectivamente la satisfacci\u00f3n de la sentencia, pero que resguarde al demandado por si la decisi\u00f3n final le fuera favorable. <\/p>\n
De otro lado, el art\u00edculo 590 del C\u00f3digo General del Proceso establece la inscripci\u00f3n de la demanda como medida \u00f3ptima aunque no \u00fanica para la generalidad de controversias patrimoniales. Si la acci\u00f3n es real -literal a-, esto es, si recae la pretensi\u00f3n sobre un derecho ius in re (derecho en la cosa) concretado en un bien o un conjunto espec\u00edfico de bienes, se inscribe en el Registro de ese patrimonio, dado que solo \u00e9l es el destinado a cumplir la eventual resoluci\u00f3n que condene al demandado. <\/p>\n
En cambio, si ella es personal \u2013literal b-, porque se ejerce un derecho ius ad rem (derecho a la cosa), se inscribe en cualquier bien que pertenezca al eventual deudor, pues se trata de garantir que si la decisi\u00f3n final es favorable al demandante y por tanto el demandado debe pagar algo \u2013un perjuicio-, se pueda utilizar. Todo, con fundamento en que el patrimonio del deudor es prenda general de los acreedores. <\/p>\n
Como consecuencia, si la pretensi\u00f3n se endereza en procura de una condena para que el demandado pague algo, procede la inscripci\u00f3n de la demanda sobre cualesquiera bienes sujetos a registro que le pertenezcan, pues sobre ellos, muy probablemente, es que ha de recaer la ejecuci\u00f3n de la sentencia que lo condene. <\/p>\n
En suma, si, como en el caso presente, se pretende el pago de un perjuicio por parte del convocado a juicio, procede la inscripci\u00f3n de la demanda sobre cualquiera de sus bienes sujetos a registro a fin de garantizar la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n que eventualmente emerger\u00e1. <\/p>\n
2.- Tampoco compartimos como razonable la aseveraci\u00f3n seg\u00fan la cual si una medida solicitada no es procedente se debe exigir la conciliaci\u00f3n extrajudicial en derecho y por ese camino rechazar la demanda. <\/p>\n
A fin de no repetir lo expuesto atr\u00e1s, baste indicar que las cautelas constituyen el instrumento de que se sirve el derecho constitucional fundamental de tutela jurisdiccional efectiva para lograr su concreci\u00f3n. Sin ellas su vigencia queda expuesta. Esto es, sin bienes sobre los cuales hacer caer la condena, ella se convierte en una ilusi\u00f3n. En contraste, la conciliaci\u00f3n extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad es instrumento de eficiencia y econom\u00eda judicial, destinado a impedir el arribo a los juzgados de aquellos asuntos que pueden resolverse por ese medio. Es claro que en caso de contradicci\u00f3n normativa la eficiencia \u2013valor importante pero menor- debe ceder ante la tutela jurisdiccional efectiva \u2013derecho y principio fundamental constitucional. Si el peticionario equivocadamente solicita una medida improcedente, y el juez le rechaza su demanda, se sacrifica ese excepcional derecho en pro del mecanicismo y el formalismo, sin un fundamento suficiente. <\/p>\n
3.- Por \u00faltimo, puesta la mirada en otro \u00e1ngulo, si se considerara que la medida solicitada en el actual asunto no se subsum\u00eda en el literal b del numeral 1 del art\u00edculo 590, deber\u00eda el juzgador revisar si proced\u00eda de conformidad con el literal c que permite decretar, adem\u00e1s de la inscripci\u00f3n autorizada en los dos anteriores, \u201c\u2026cualquiera otra que sea razonable\u2026etc\u2026\u201d y que propenda por la vigencia concreta de la tutela jurisdiccional efectiva, dado que, como se ha insistido, ese es un prop\u00f3sito ineludible del ordenamiento jur\u00eddico, cuya elusi\u00f3n significa, ni m\u00e1s ni menos, agravio a los valores constitucionales y a los derechos fundamentales de los ciudadanos. <\/p>\n
En los referidos t\u00e9rminos dejamos consignada nuestra discrepancia. <\/p>\n
Fecha, up supra <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
MAGISTRADO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
MAGISTRADO <\/p>\n
10 <\/p>\n
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