STC8977-2021 <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8977-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02221-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de julio de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Mauricio Mestra Padilla contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, C\u00f3rdoba, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Segundo de Familia de la prenombrada ciudad, as\u00ed como las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso liquidatorio a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, en el marco del proceso de sucesi\u00f3n que promovi\u00f3 respecto de la causante Rosa Elena Padilla, con radicado No. 2018-00068-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, ordenando a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda, C\u00f3rdoba, \u00abrevo[car] el auto del 13 de abril del presente a\u00f1o y en su lugar se cumpla el auto ejecutoriado proferido el 15 de diciembre de 2020 por la se\u00f1ora Juez Segunda de Familia del Circuito de Monter\u00eda\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce en compendio, que su progenitora Rosa Elena Padilla, contrajo matrimonio el 18 de mayo de 2016 con Silvio Alfonso P\u00e9rez y falleci\u00f3 el 20 de febrero de 2018, por lo que promovi\u00f3 el citado decurso en calidad de \u00ab\u00fanico heredero\u00bb, correspondiendo al Juzgado Segundo de Familia de Monter\u00eda, proceso dentro del cual incluy\u00f3 como activo un cr\u00e9dito que ten\u00eda aqu\u00e9lla en el Fondo de Prestaciones Sociales de la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n del Municipio de Monter\u00eda por concepto de \u00abprestaciones sociales cesant\u00edas definitivas retroactivas, seguro por muerte y dem\u00e1s obligaciones causadas durante la relaci\u00f3n laboral\u00bb. <\/p>\n
Sostiene que una vez abierto el sucesorio, se convoc\u00f3 al c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, quien opt\u00f3 por gananciales, y despu\u00e9s que el Fondo de Prestaciones Sociales de la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de Monter\u00eda puso el mencionado dinero a disposici\u00f3n del Despacho, el 22 de octubre de 2019 se realiz\u00f3 la audiencia de inventarios y aval\u00faos en la que su apoderado y el del se\u00f1or Silvio Alfonso P\u00e9rez, presentaron trabajos separados, incluyendo ambos como \u00fanico activo el mencionado dinero y ning\u00fan pasivo, pero con la diferencia de que en su inventario \u00e9l hizo \u00abla debida separaci\u00f3n de bienes que son propios de la sucesi\u00f3n y de la sociedad conyugal\u00bb, mientras que aquel incluy\u00f3 el bien como exclusivamente social, pasando por alto que la cesant\u00eda causada antes del matrimonio con la causante no pod\u00eda tener esa calidad. <\/p>\n
Narra que objet\u00f3 el inventario del se\u00f1or Silvio Alfonso P\u00e9rez, aunque \u00e9ste no hizo lo propio con el suyo, y en continuaci\u00f3n de la diligencia el 15 de diciembre de 2020, el Juzgado declar\u00f3 probada su objeci\u00f3n y fij\u00f3 como bien social la suma de $6\u00b4351.065,oo, y, como de la sucesi\u00f3n $127\u00b4648.855,oo, decisi\u00f3n que el c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite apel\u00f3, \u00abpor lo cual en la audiencia la apelante a viva voz \u201csustent\u00f3 el recurso\u201d y el d\u00eda 18 de diciembre de 2020 (cierre despachos judiciales), lo hace por escrito\u00bb. <\/p>\n
Asevera que el 12 de enero del a\u00f1o en curso, el expediente del proceso fue remitido a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda, \u00abque se encontraba cerrado por concesi\u00f3n de d\u00edas compensatorios (14 a 18 de diciembre de 2020 y 12 a 21 de enero de 2021), sin siquiera haber empezado a correr el \u201ctraslado obligatorio\u201d del escrito de sustentaci\u00f3n al no apelante que de acuerdo con lo preceptuado en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 9 del Decreto 806 de 2020, corr\u00edan del 14 de enero al 18 de enero de esta anualidad\u00bb, sede donde el 13 de abril pasado se resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n revoc\u00e1ndose lo decidido. <\/p>\n
Finalmente asegura, que lo acontecido vulnera sus prerrogativas superiores, porque no se le permiti\u00f3 descorrer el traslado del aludido mecanismo luego que fue sustentado por escrito por el apelante, sin que el Tribunal advirtiera tampoco la situaci\u00f3n al momento de realizar el examen preliminar al expediente, situaci\u00f3n que, en su criterio, justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 8 de julio hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a). El Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica del Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
b). La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda, por intermedio del Magistrado que conoci\u00f3 de la alzada en comento, se\u00f1al\u00f3 que no existi\u00f3 una omisi\u00f3n al momento examinar preliminarmente el expediente del asunto, ya que en el video de la audiencia en que se present\u00f3 la alzada se observan presentes las partes procesales, y al recurso se le dio el tr\u00e1mite del inciso 3\u00ba del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso; adem\u00e1s, \u00abposterior a la \u00faltima actuaci\u00f3n del a quo, sabiendo del recurso ya presentado, y con el inconformismo que hoy plantea, nunca plante\u00f3 tal situaci\u00f3n, solo cuando fue resuelto el recurso de forma desfavorable a sus intereses hace uso de la acci\u00f3n de tutela para pretender invalidad una providencia ajustada al ordenamiento legal\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que tom\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada, porque \u00abno se pod\u00eda desconocer la existencia de un acto administrativo que se presume legal, donde establec\u00eda quien era el beneficiario de las cesant\u00edas y en qu\u00e9 porcentaje, adem\u00e1s, un segundo acto administrativo que resuelve recurso de alzada, y aun as\u00ed confirma\u00bb <\/p>\n
c). Al momento del registro del proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado otros pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela procede excepcionalmente contra providencias o actuaciones judiciales, s\u00f3lo cuando el funcionario judicial adopta una decisi\u00f3n opuesta al r\u00e9gimen legal aplicable, evento en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, pero solo si el afectado acude al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no dispone o no dej\u00f3 fenecer los medio ordinarios y efectivos para lograr la protecci\u00f3n. <\/p>\n
La Corte ha insistido en la necesidad de verificar los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, como requisito de procedibilidad a cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, a tal punto que la falta de cualquiera de ellos, impone por regla general negar la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
2. En el presente caso, el ciudadano Mauricio Mestra Padilla cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo, en lo fundamental, el auto del 13 de abril de 2021 de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda, que revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del 15 de diciembre de 2020 del Juzgado Segundo de Familia de la misma ciudad, de declarar probada la objeci\u00f3n a los inventarios y aval\u00faos presentada por el c\u00f3nyuge sobreviviente, Silvio Alfonso P\u00e9rez, dentro del proceso de sucesi\u00f3n de la causante Rosa Elena Padilla Torres, porque en criterio del gestor del amparo, i) no se le permiti\u00f3 descorrer el traslado del recurso de apelaci\u00f3n, luego que el recurrente lo sustent\u00f3 por escrito ante el juez de primer grado; y, ii) el \u00fanico activo de la sucesi\u00f3n, consistente en unas \u00abcesant\u00edas\u00bb que le adeudaba a la causante el Fondo de Prestaciones Sociales de la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de Monter\u00eda, no es exclusivo de la sociedad conyugal, ya que, dice, la parte de las mismas causada antes del matrimonio, corresponde a la sucesi\u00f3n. <\/p>\n
3. No obstante, de la revisi\u00f3n del escrito inicial y sus anexos, dentro de los que se cuenta la versi\u00f3n digital del proceso cuestionado, anticipa la Sala la improcedencia de la protecci\u00f3n solicitada respecto de la primera queja antes individualizada, por incumplir con el presupuesto general de procedibilidad de la subsidiariedad, ya que en un acto constitutivo de incuria, el actor dej\u00f3 de aprovechar los medios que proced\u00edan ante el juez natural para procurar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, por lo que a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a la tutela, dado que no puede pretender ahora subsanar su propia incuria a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, porque al recaer la inconformidad en que supuestamente no se le permiti\u00f3 descorrer el traslado de la apelaci\u00f3n interpuesta por el c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite de la causante, luego que \u00e9ste la sustentara por escrito, el aqu\u00ed interesado ha debido solicitar la nulidad del juicio al amparo de la casual 6\u00aa del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, establecida para \u00abcuando se omita la oportunidad para alegar de conclusi\u00f3n o para sustentar un recurso o descorrer su traslado\u00bb, mecanismo id\u00f3neo para exponer la inconformidad aqu\u00ed tra\u00edda, por lo que mal podr\u00eda ahora el juez de tutela entrar a modificar o invalidar lo resuelto, pero como ello no ocurri\u00f3 as\u00ed, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite especial\u00edsimo se provea la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que correspond\u00eda dirimir al juez natural en un escenario procesal que no se suscit\u00f3 porque el aqu\u00ed inconforme no utiliz\u00f3 las herramientas que contempla la normatividad adjetiva, pues el amparo no se ha concebido como sustituto de los mecanismos de defensa establecidos por la ley, que el quejoso ha desaprovechado debido a su incuria, postura sobre la cual la Sala ha reiterado, que \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC306-2021). <\/p>\n
4. Por otra parte, frente a la segunda inconformidad expuesta en la tutela, atinente a que no debi\u00f3 revocarse la decisi\u00f3n del a quo de declarar probada la objeci\u00f3n que el aqu\u00ed accionante elev\u00f3 contra los inventarios y aval\u00faos presentados por el c\u00f3nyuge sobreviviente de la causante, una vez revisado el contenido de la misma, constata la Corte que no obedeci\u00f3 al subjetivo designio de la autoridad cognoscente del asunto, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
4.1. La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda observ\u00f3 frente a lo alegado, que \u00abse traen dos argumentos esgrimidos por el apelante, los cuales son trascendentales para la decisi\u00f3n que hoy se profiere, y es lo referente al hecho que las cesant\u00edas de la finada Rosa Elena Padilla fueron reconocidas y otorgadas por dos actos administrativos, los cuales tienen plena vigencia y fueron proferidos bajo el ordenamiento legal establecido para el caso de los docentes nacionalizados. Por lo anterior, existe una consecuencia innegable, y es que los titulares del auxilio de cesant\u00edas son los se\u00f1ores Mauricio Mestra Padilla y Silvio P\u00e9rez. <\/p>\n
Estos dos argumentos expuestos por el apelante tienen una clara vocaci\u00f3n de prosperidad, como se proceder\u00e1 a explicar. El art\u00edculo 4 de la Ley 91 de 1989 y el art\u00edculo 57 de la Ley 1955 de 2019 dejan claro que a quien le corresponde el reconocimiento y pago de las cesant\u00edas de las y los docentes nacionalizados es a la Secretaria de Educaci\u00f3n de la respectiva entidad territorial, como aconteci\u00f3 en el presente caso, en donde la Secretaria de Educaci\u00f3n de Monter\u00eda prefiri\u00f3 la resoluci\u00f3n No 2499 del 19 de diciembre de 2018, la cual fue objeto de recurso por parte del se\u00f1or Mauricio Mestra y por lo que se profiri\u00f3 nueva resoluci\u00f3n No 0503 de cuatro (4) de abril de 2019, donde se resuelve confirmar el reconocimiento hecho previamente (folios 78-84). <\/p>\n
Es decir, el ordenamiento legal colombiano estableci\u00f3 un procedimiento para esta situaci\u00f3n en espec\u00edfico, por lo tanto, mal har\u00eda el Tribunal al desconocer dos actos administrativos que gozan de una presunci\u00f3n de legalidad y que son proferidos por la autoridad competente. Podr\u00eda creerse que es algo parecido a cuando se genera un litigio de derechos pensionales de trabajadores oficiales, sin embargo, en este caso el legislativo ha facultado de conocer expl\u00edcitamente a esta jurisdicci\u00f3n sobre esos asuntos. <\/p>\n
Ahora, si alguien sent\u00eda que tales actos administrativos le generaban alg\u00fan tipo de prejuicio, pudo demandarlos ante la jurisdicci\u00f3n correspondiente y hacer todos los reparos pertinentes y as\u00ed evitar la firmeza de tales resoluciones. El otro punto argumentado por el apelante, es lo referente a la consecuencia del reconocimiento hecho por los actos administrativos, pues otorga la titularidad a los hoy intervinientes en el presente proceso de sucesi\u00f3n, es decir, la titularidad no est\u00e1 radicada en cabeza de la finada Rosa Elena Padilla, por lo cual no podr\u00eda discutirse como parte de sus bienes dentro del proceso sucesoral. <\/p>\n
De estimarse que se sustrajeron efectos hereditarios o de la sociedad conyugal, corresponder\u00e1 a los afectados iniciar la acci\u00f3n prevista por el art\u00edculo 1288 del C\u00f3digo Civil, sin que sea el proceso sucesorio el medio id\u00f3neo para imponer la sanci\u00f3n prevista por esa disposici\u00f3n y de ser el caso, solicitar la suspensi\u00f3n de partici\u00f3n hasta cuando el pleito se defina, de acuerdo con el art\u00edculo 516 del C\u00f3digo General del Proceso. Por todo lo anterior, se torna innecesario entrar a estudiar los dem\u00e1s problemas jur\u00eddicos planteados. En consecuencia, se le conceder\u00e1 la raz\u00f3n al apelante y se revocar\u00e1 el auto recurrido, en el sentido de excluir de la sucesi\u00f3n las cesant\u00edas referidas dentro del presente proceso\u00bb. <\/p>\n
4.2. De este modo, no cabe duda que, a diferencia de lo considerado por el gestor del amparo, la decisi\u00f3n proferida por la Colegiatura accionada se soport\u00f3 en razonable entendimiento de la normativa sustancial y procesal aplicable, por lo que el mero disentimiento con la interpretaci\u00f3n normativa realizada por la autoridad del asunto, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, ya que, como qued\u00f3 visto, para arribar a la determinaci\u00f3n cuestionada, la autoridad jurisdiccional criticada expuso que las cesant\u00edas que el aqu\u00ed interesado reclam\u00f3 se incluyeran en su mayor\u00eda como un activo de la sucesi\u00f3n, no pod\u00edan hacer parte del haber, por haberse ya asignado esos recursos al aqu\u00ed accionante y al c\u00f3nyuge sobreviviente, mediante acto administrativo emitido por la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de Monter\u00eda, acorde con la normativa especial aplicable a los profesores nacionalizados, acto que no pod\u00eda contrariarse debido a la presunci\u00f3n de legalidad de que est\u00e1 revestido, postura que, m\u00e1s all\u00e1 de lo debatible que pudiera resultar, no merece reproche en este escenario, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, de modo que, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con independencia de que el juez constitucional la comparta o no, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC039-2021). <\/p>\n
5. As\u00ed, estas consideraciones bastan para concluir, que habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC8977-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC8977-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02221-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de julio de dos mil veintiuno). Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Mauricio Mestra Padilla contra la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55667","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55667","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55667"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55667\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55667"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55667"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55667"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}