STC8981-2021<\/p>\n
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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8981-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02285-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno (21) de julio de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Mar\u00eda Doris Guevara Rinc\u00f3n contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculados las partes y dem\u00e1s intervinientes de los procesos declarativos a que alude el escrito de amparo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Solicita entonces, de manera concreta, que se ordene a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, \u00abdeclarar sin efecto y valor alguno la decisi\u00f3n adoptada por el [Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1] del 28 de noviembre de 2012, mediante la cual fij\u00f3 una serie de linderos\u00bb y en consecuencia \u00abdejar sin efecto las decisiones adoptadas dentro del tr\u00e1mite de la demanda de oposici\u00f3n, esto es la proferida el 13 de enero de 2020 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, y la dictada por el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca \u2013 Sala Civil Familia de fecha 15 de diciembre de 2020, mediante la cual resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n de la anterior sentencia\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce en compendio, que el demandante del deslinde y amojonamiento, propietario del predio denominado \u00abLas Mercedes\u00bb ubicado en el Municipio de Sop\u00f3, Cundinamarca, vendi\u00f3 2.228.80 mts2 del mismo a Mar\u00eda Piedad Adonai Guzm\u00e1n de Sarmiento, pero se reserv\u00f3 una parte que no aparece, y se la reclam\u00f3 porque ella tiene un predio colindante que adquiri\u00f3 mediante Escritura P\u00fablica No. 1861 del 26 de diciembre de 2001 de la Notar\u00eda primera de Zipaquir\u00e1, instrumento en el que seg\u00fan aqu\u00e9l, \u00abse aclararon los linderos de dicho predio, aspecto que \u00e9l considera es la causa del \u00e1rea que le hace falta despu\u00e9s de haberse reservado una parte\u00bb. <\/p>\n
Narra que en el curso del proceso, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 realiz\u00f3 una inspecci\u00f3n judicial donde observ\u00f3 que el predio reclamado no era identificable, y que de existir, estaba dentro del suyo; no obstante, en sentencia del 28 de noviembre de 2012, acogi\u00f3 otro dictamen pericial y demarc\u00f3 un predio a favor del demandante, sin tener en cuenta que esa no es la finalidad del proceso incoado, situaci\u00f3n por la cual formul\u00f3 demanda de objeci\u00f3n, donde expuso \u00abque no era posible haber fijado la demarcaci\u00f3n de un \u00e1rea de terreno que se encuentra dentro de [su] predio\u00bb; sin embargo, el 27 de julio de 2018 se desestimaron sus pretensiones dentro de la oposici\u00f3n, decisi\u00f3n que apel\u00f3, pero al llegar el asunto al Superior, declar\u00f3 la nulidad de lo actuado, porque \u00aba la demanda de oposici\u00f3n se le dio un tr\u00e1mite que no correspond\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Finalmente sostiene, que rehecha la actuaci\u00f3n, el Juzago cognoscente dict\u00f3 sentencia el 13 de enero de 2020, \u00aben la que pr\u00e1cticamente sostiene los mismos argumentos expuestos en la sentencia que se declar\u00f3 nula\u00bb, decisi\u00f3n que atac\u00f3 verticalmente, pero fue confirmada el 15 de diciembre de ese mismo a\u00f1o por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, bajo el argumento que en la escritura con que ella adquiri\u00f3 su predio se modificaron los linderos del mismo, para incluir el del se\u00f1or Armando Cucha, sin reparar en que el prop\u00f3sito del juicio no era ubicar el inmueble del prenombrado, sino trazar un lindero de predios colindantes, lo que no se presentaba conforme qued\u00f3 establecido desde la aludida diligencia de inspecci\u00f3n judicial, y por ende, dice, debi\u00f3 conducir a que se declarara la improcedencia del decurso, situaci\u00f3n que, en su criterio, justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 12 de julio hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a). La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, por intermedio del Magistrado ponente de la decisi\u00f3n cuestionada, indic\u00f3 que en la misma se dej\u00f3 en firme el deslinde practicado, siendo notificada en estado virtual del 16 de diciembre de 2020, anexando la respectiva decisi\u00f3n, sin que oportunamente la aqu\u00ed interesada elevara ninguna reclamaci\u00f3n. <\/p>\n
b). La Juez Segunda Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 inform\u00f3, que all\u00ed cursaron los referidos procesos, y, que en sentencia del 28 de noviembre de 2012, el titular de ese momento procedi\u00f3 al deslinde y fij\u00f3 la l\u00ednea divisoria, decisi\u00f3n que la aqu\u00ed interesada no recurri\u00f3 ni formul\u00f3 objeciones frente al dictamen en que se bas\u00f3 esa decisi\u00f3n; que posteriormente, una vez tramitada la oposici\u00f3n, se neg\u00f3 el 13 de enero de 2020 mediante decisi\u00f3n que confirm\u00f3 la Sala Civil Familia del Tribunal de Cundinamarca, sin que en las mismas se haya incurrido en alguna de las causales de procedencia del amparo. <\/p>\n
c). Oscar Javier Vel\u00e1squez Pinto, quien dijo ser apoderado judicial de Armando Cucha Echeverr\u00eda, manifest\u00f3 que mediante la oposici\u00f3n presentada por el apoderado de la aqu\u00ed interesada, luego de concluida la diligencia de deslinde, \u00e9ste realiz\u00f3 un ataque directo a dicha decisi\u00f3n, mas no reclam\u00f3 alg\u00fan derecho que considerara tener sobre la zona discutida, ni tampoco solicit\u00f3 el reconocimiento de mejoras, por lo que no debi\u00f3 admitirse esa demanda, y menos darle el tr\u00e1mite de un proceso de pertenencia, motivo por el cual ese decurso fue a la postre declarado nulo por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca; de ah\u00ed que, adelantado nuevamente el tr\u00e1mite, el 13 de enero de 2020 el juez de primer grado cerr\u00f3 el debate dejando en firme el deslinde y amojonamiento del 28 de noviembre de 2012, y, negando las pretensiones de la oposici\u00f3n. <\/p>\n
d). A la fecha de registro del proyecto no se hab\u00edan recibido m\u00e1s intervenciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. La acci\u00f3n de tutela es, seg\u00fan el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, ante la consumaci\u00f3n o inminencia de violaci\u00f3n de \u00e9stos por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas, o en ciertos eventos, de los particulares. <\/p>\n
Su procedencia contra providencias o actuaciones judiciales es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo, requisitos \u00e9stos para la procedibilidad de la acci\u00f3n, que deben entonces acreditarse antes de cualquier consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, ya que la ausencia de cualquiera de ellos, impone por regla general negar la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
2. En el presente caso, la se\u00f1ora Mar\u00eda Doris cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n, en lo fundamental, la sentencia de 15 de diciembre de 2020 de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, que modific\u00f3 la decisi\u00f3n del 13 de enero de 2020 del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, con que se defini\u00f3 el proceso de oposici\u00f3n al deslinde y amojonamiento que aqu\u00e9lla tramit\u00f3 contra Armando Cucha Echeverr\u00eda, para entonces, dejar en firme el deslinde, pero precisar que el demandado deb\u00eda respetar la servidumbre de tr\u00e1nsito a favor de ella, pues en sentir de la aqu\u00ed accionante, el deslinde no proced\u00eda porque no tuvo como prop\u00f3sito establecer la l\u00ednea divisoria entre predios colindantes, sino ubicar un predio que del demandante de ese juicio asegur\u00f3 que estaba dentro del suyo. <\/p>\n
3. Bajo este panorama, no cabe duda para la Sala que lo pretendido a trav\u00e9s del amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por incumplir con el presupuesto general de procedibilidad de la prontitud, pues como qued\u00f3 visto, la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Cundinamarca data del 15 de diciembre de 2020 y fue notificada en estado virtual del d\u00eda 16 del mismo mes, anex\u00e1ndose el respectivo prove\u00eddo; mientras el amparo constitucional s\u00f3lo fue presentado hasta el 9 de julio de 2021, es decir, transcurridos m\u00e1s de seis (6) meses, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Ciertamente, como el prop\u00f3sito de la actora es reprochar la conclusi\u00f3n a que se lleg\u00f3 de confirmar el deslinde practicado dentro del proceso que para el efecto promovi\u00f3 Armando Cucha Echavarr\u00eda en su contra, es evidente que su reclamo no guarda razonable cercan\u00eda en el tiempo con la fecha de esa actuaci\u00f3n, por lo que queda patente la improcedencia del resguardo solicitado, sin que medie explicaci\u00f3n alguna para que aquella haya tardado en reclamar por la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, bajo el entendido que, como se anot\u00f3, desde el 16 de diciembre de 2020 ella pudo tener acceso al contenido del fallo, al haber sido anexado a la notificaci\u00f3n que del mismo se hizo en esa fecha. <\/p>\n
Sobre el requisito de procedibilidad de la tutela en comento ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, \u00abas\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC142-2021). <\/p>\n
4. Sin perjuicio de lo anterior, de los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos expuestos en la sentencia de segundo grado en comento, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo reclamado, por cuanto lo decidido no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, que por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales del promotor de la queja constitucional, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
4.1. Para adoptar la decisi\u00f3n que la gestora no comparte, el Tribunal Superior de Cundinamarca parti\u00f3 por establecer, que el problema jur\u00eddico a resolver consist\u00eda en \u00abDeterminar el alcance de la decisi\u00f3n o sentencia tomada en la diligencia de deslinde, en atenci\u00f3n a los reparos y pedimentos de la demanda de oposici\u00f3n. – Establecer, si el deslinde y amojonamiento reclamado por el se\u00f1or Armando Cucha Echeverr\u00eda como propietario del predio \u201cLas Mercedes\u201d con F.M.I. No. 176-33054 y el predio colindante de propiedad de la se\u00f1ora Mar\u00eda Doris Guevara Rinc\u00f3n, con F.M.I. No. 176-32769, fijado en diligencia adelantada el d\u00eda 28 de noviembre de 2012, debe mantenerse o en su defecto, si deviene improcedente, conforme a los t\u00edtulos y pruebas oportunamente aportados\u00bb. <\/p>\n
Para dar respuesta al primer tema, cit\u00f3 lo que al respecto establec\u00edan los art\u00edculos 464 y 465 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (vigente cuando se interpuso la demanda), y la jurisprudencia emitida sobre el particular por esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, para colegir que \u00aben caso de presentarse oposici\u00f3n parcial o total, le compete al Juez dictar sentencia definiendo la l\u00ednea divisoria y, deber\u00e1 dejarse constancia en el acta, a efecto de tramitar la oposici\u00f3n en los del art\u00edculo 465 \u00eddem\u00bb; y en seguida se\u00f1al\u00f3, que la \u00abdecisi\u00f3n tomada en audiencia de deslinde si puede ser nuevamente estudiada, pues precisamente ese es el objeto de la demanda de oposici\u00f3n y no como se interpret\u00f3 el Juez de primera instancia, en tanto que no solo se limita a la reclamaci\u00f3n de frutos, mejoras o posesi\u00f3n sobre la zona en contienda. Por tanto, la oposici\u00f3n si es el escenario para desarrollar la discusi\u00f3n propuesta\u00bb, aserto con el cual respondi\u00f3 el primer problema jur\u00eddico. <\/p>\n
De cara al segundo tema de estudio propuesto, memor\u00f3 que el art\u00edculo 900 del C\u00f3digo Civil establece, que \u00ab\u201c[t]odo due\u00f1o de un predio tiene derecho a que se fijen los l\u00edmites que lo separan de los predios colindantes, y podr\u00e1 exigir a los respectivos due\u00f1os que concurran a ello, haci\u00e9ndose la demarcaci\u00f3n a expensas comunes\u201d, para lo cual, deber\u00e1n analizarse los t\u00edtulos de propiedad de los contendores, la prueba pericial, las declaraciones de terceros, entre otros medios de prueba, pues ese tr\u00e1mite declarativo especial \u201ccomporta una controversia de linderos, que generalmente deviene de la oscuridad e imprecisi\u00f3n de las respectivas demarcaciones que ostentan los terrenos lim\u00edtrofes, por lo que la pretensi\u00f3n al respecto, se encamina a que mediante sentencia judicial se ponga fin al estado de incertidumbre y se reconozca la realidad de la condici\u00f3n lim\u00edtrofe, sin agregar o, recortar nada a los derechos preexistentes, es decir, que lo perseguido es retornar las cosas al estado anterior al surgimiento del motivo de duda.\u201d (Casaci\u00f3n Civil, Sentencia de 31 de julio de 2014, Radicaci\u00f3n n\u00b0 47001-31-03-004-1997-00455-01, Rad. Corte SC10051-2014). <\/p>\n
En seguida cit\u00f3 y estudi\u00f3 varios medios de prueba, dentro de los que se cuentan escrituras p\u00fablicas donde se dispuso de los bienes objeto de la contienda, la prueba pericial practicada dentro del proceso, planos topogr\u00e1ficos, la diligencia de deslinde y amojonamiento, y, los testimonios recaudados, para entonces precisar, que \u00abdel an\u00e1lisis en su conjunto de las pruebas que se acaban de relacionar permiten, como primera medida, afirmar que el predio Las Mercedes identificado con F.M.I. No. 176-33054, c\u00e9dula catastral 00-00-009- 0265-000, propiedad de Armando Cucha Echeverr\u00eda, colinda en sus costados occidente y sur, con el predio con F.M.I. No. 176-32769, c\u00e9dula catastral 00-00-009-0264-000, propiedad de Mar\u00eda Doris Guevara Rinc\u00f3n, siendo los costados norte y oriente, vistos desde el \u00faltimo predio. Ahora, es oportuno dejar por sentado que el primero de los inmuebles anotados, inicialmente presentaba un \u00e1rea de 2800 M2 , sin embargo, luego de la venta de una fracci\u00f3n de tierra de 2.228.80 M2 , efectuada por el se\u00f1or Cucha Echeverr\u00eda a la se\u00f1ora Mar\u00eda Adona\u00ed Piedad de Sarmiento seg\u00fan escritura No. 703 de 19 de agosto de 1994, no obran los linderos actualizados del predio Las Mercedes en t\u00edtulo inscrito, sin que ello desdibuje la existencia de esa heredad. <\/p>\n
Como segundo aspecto, tenemos que el inmueble de la demandada Mar\u00eda Doris Guevara Rinc\u00f3n, se segreg\u00f3 del predio 176-32768, cuya alinderaci\u00f3n inicial obra en la escritura p\u00fablica 305 de noviembre de 1986, corrida en la notar\u00eda \u00fanica de Guatavita, anot\u00e1ndose en ese instrumento que la venta comprend\u00eda \u201cun lote de terreno junto con la casa de habitaci\u00f3n en el construida\u201d, cuyas dimensiones se determinaron en 18, 17 y 14,50 metros, en los costados norte, sur, oriente y occidente, respectivamente, y, en ese t\u00edtulo no se determin\u00f3 el \u00e1rea total de esa heredad; posteriormente, pasados m\u00e1s de quince a\u00f1os, mediante escritura p\u00fablica No. 1861 de 26 de diciembre de 2001, protocolizada en la notar\u00eda primera del c\u00edrculo de Zipaquir\u00e1, unilateralmente actualizaron los linderos por parte de Ad\u00e1n y Rosario Casta\u00f1eda Rubiano, quedando en sus costados oriental y occidental con 21 metros, norte y sur con 27 metros, adem\u00e1s que, se determin\u00f3 como \u00e1rea de terreno 576 M2 y \u00e1rea construida 155 M2 , ello con fundamento en el \u201ccertificado n\u00famero 001746 expedido por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi Zipaquir\u00e1\u201d, documento referenciado en dicho instrumento, pero que no obra en las copias de las escrituras obrantes en la foliatura, siendo evidente que se aumentaron las dimensiones de los diferentes costados. <\/p>\n
Ante lo anterior, se decret\u00f3 como prueba oficiosa con auto de 23 de octubre de 2020 , requerir al IGAC para que remitiera copia de la actuaci\u00f3n -documentos y tr\u00e1mites- que se aducen en la escritura p\u00fablica 1861 de 26 de diciembre de 2001 de la notar\u00eda primera de Zipaquir\u00e1, que sirvi\u00f3 de sustento para la actualizaci\u00f3n de \u00e1reas y linderos del predio con F.M.I. No. 176-32769, conforme al certificado No. 001746, permaneciendo silente esa entidad; por lo que, se le requiri\u00f3 nuevamente con auto de 6 de noviembre siguiente, al igual que la parte opositora Mar\u00eda Doris, para que se aportar\u00e1n los documentos en referencia, por lo cual, el apoderado de esta \u00faltima present\u00f3 la certificaci\u00f3n obrante a folio 59, la cual si bien es poco legible, se puede colegir que en efecto es la certificaci\u00f3n en referencia, de cuyo contenido se refleja el \u00e1rea de terreno es de \u201c0,576 Has\u201d y \u00e1rea construida \u201c155 Mts2\u201d, para el predio con c\u00e9dula catastral \u201c000000000264000\u201d, con F.M.I. No. \u201c176-0092770\u201d, pero en ese documento, no se avizora que el IGAC actualizar\u00e1 los linderos, m\u00e1s a\u00fan, la propia entidad refiere que la \u201cINSCRIPCI\u00d3N EN EL CATASTRO NO CONSTITUYE T\u00cdTULO DE DOMINIO, NI SANEA QUE TENGA UNA TITULACI\u00d3N O POSESI\u00d3N. ART. 18 RESOLUCI\u00d3N 2655 DE 1996.\u201d <\/p>\n
Y por esa situaci\u00f3n, el perito Rodr\u00edguez Becerra expuso que \u201ccon tal actualizaci\u00f3n de \u00e1rea y linderos se \u201cinvadi\u00f3\u201d la parte restante del predio \u201cLote Las Mercedes\u201d, inconsistencia esta que catastralmente se aprecia de la observaci\u00f3n de las fichas prediales de los predios 00-09-009-0264-000 y 00-09-009-0265-000, las cuales no se corresponden\u201d. Asimismo, se aportaron las fichas prediales y planchas cartogr\u00e1ficas del predios 00-09-009-0265-000 y 00-09-009-0264-00041; del primero, se refleja la forma en \u201cL\u201d del predio del promotor inicial, esto es, del predio Las Mercedes en la parte norte se avizora un lindero de 27 metros, con el inmueble con c\u00e9dula catastral 0314, por el sur, en 17 metros en parte con el predio 0264 y en 10 metros con el predio 0263, por el occidente en 7 metros con v\u00eda p\u00fablica y el occidente en 21 metros, al igual que el costado norte con el predio 0314, siendo similar la plancha cartogr\u00e1fica 228-I-D-1 a la determinada en el levantamiento topogr\u00e1fico; del segundo, se tiene la forma rectangular, cuyas dimensiones de los linderos se acompasan con la actualizaci\u00f3n de estos conforme a la escritura 1861, y no como eran sus dimensiones originales de acuerdo a la escritura 305. <\/p>\n
De esta manera, conforme a las pluricitadas escrituras 305 y 1861, levantamiento topogr\u00e1fico \u2013 peritaje y dem\u00e1s medios de prueba, se colige que, los entonces vendedores Ad\u00e1n y Rosario Casta\u00f1eda Rubiano, al actualizar los linderos y \u00e1rea del predio de su propiedad -176-32769-, claramente ampliaron unilateralmente las dimensiones de ese inmueble que ahora le pertenece a la se\u00f1ora Mar\u00eda Doris, por tanto, no es oponible al demandante inicial y conlleva a que se torne procedente el deslinde; pues se itera, esa heredad que ahora est\u00e1 en cabeza de la se\u00f1ora Mar\u00eda Doris, seg\u00fan la titulaci\u00f3n originaria o inicial, no presentaba las dimensiones que se anotaron en la actualizaci\u00f3n contenida en la escritura 1861 de 26 de diciembre de 2001 de la notar\u00eda primera del c\u00edrculo de Zipaquir\u00e1 <\/p>\n
Razonamientos que permitieron al ad quem precisar, que \u00abesa actualizaci\u00f3n de linderos realizada de forma unilateral por los otrora propietarios Casta\u00f1eda Rubiano, no representa una simple correcci\u00f3n aritm\u00e9tica registralmente hablando, por lo que requer\u00eda el cumplimiento de todas las formalidades y la presencia indispensable de los part\u00edcipes del negocio primigenio -escritura 305 de 22 de noviembre de 1986-, lo cual no se cumpli\u00f3, pues si bien se cit\u00f3 el certificado No. 001746 del IGAC, ese documento no presta el alcance de autorizar la actualizaci\u00f3n de linderos, pese a ello, los entonces propietarios procedieron en tal sentido, cuando las certificaciones del IGAC no constituyen t\u00edtulos de dominio, ni sanean la titulaci\u00f3n\u00bb, afirmaci\u00f3n que sustent\u00f3 en lo dicho sobre el particular por esta Sala de Casaci\u00f3n Civil al analizar los art\u00edculos 102 y 103 del Decreto 1970 de 1970, y, 49 del Decreto 2148 de 1983. <\/p>\n
Finalmente, se\u00f1al\u00f3 el Tribunal convocado que aunque \u00abexpuso el recurrente que en la pericia que fuera acogida, se tiene que el \u00e1rea del predio de Piedad Adonai es de 2510,72 M2, cuando lo que esta adquiri\u00f3 en su oportunidad fueron 2228,80 M2 , por lo que no se pudo establecer que el predio del se\u00f1or Cucha hubiese tenido 2800 M2, entonces, el predio Los Pinos de Mar\u00eda Adonai al reflejar el \u00e1rea anotada, presenta un \u00e1rea adicional de 281,95 M2 , que puede ser el \u00e1rea que reclama el aqu\u00ed demandante. En cuesti\u00f3n, efectivamente a la se\u00f1ora Piedad Adonai, conforme a la escritura 703 de 19 de agosto de 1994, le fue vendida un \u00e1rea de 2228,80 M2 y, en el peritaje acogido y efectuado por el se\u00f1or auxiliar de la justicia Rodr\u00edguez Becerra se determin\u00f3 que esa heredad presenta 2510,72 M2 ; ahora, la parte restante del predio Las Mercedes, que es la que se reserv\u00f3 Cucha Echeverr\u00eda, presenta un \u00e1rea de 279,80 M2 . <\/p>\n
Entonces, sumados el \u00e1rea del predio restante de Las Mercedes, con el predio El Pino propiedad de Piedad Adonai, arrojan como resultado 2790,82 M2, es decir, no sobrepasa los 2800 M2 que le presentaba dicha heredad sin segregaciones, con lo cual, no le asiste raz\u00f3n al recurrente de que se est\u00e9 quitando de manera indebida una porci\u00f3n de tierra al predio de la demandada, pues todo gira bajo el mismo argumento central, es decir, que el \u00e1rea y dimensiones en sus linderos del predio con F.M.I. No. 176- 32769 al ser actualizados conforme a la escritura 1861 de 16 de diciembre de 2001, invadi\u00f3 una porci\u00f3n del terreno Las Mercedes, ahora parte restante\u00bb. <\/p>\n
4.2. De este modo, no cabe duda que, a diferencia de lo considerado por la gestora del amparo, la decisi\u00f3n proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, se soport\u00f3 en el atendible an\u00e1lisis de las pruebas del proceso y el razonable entendimiento de la normatividad sustancial, al tamiz de la jurisprudencia emitida sobre la tem\u00e1tica en particular, por lo que el mero disentimiento con la interpretaci\u00f3n normativa y probatoria realizada por la autoridad jurisdiccional convocada, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto. <\/p>\n
Y ello es as\u00ed, porque tal y como qued\u00f3 visto, para arribar a la determinaci\u00f3n cuestionada, la mentada Colegiatura consider\u00f3 de entrada que, al haber presentado la aqu\u00ed accionante oposici\u00f3n al deslinde y amojonamiento realizado dentro del referido proceso, le correspond\u00eda al juez del conocimiento definir el asunto fijando la l\u00ednea divisoria de los bienes, por lo que por esa senda emprendi\u00f3 el an\u00e1lisis de las pruebas, encontrando que el bien cuya diferenciaci\u00f3n reclam\u00f3 la contraparte de \u00e9sta, estaba dentro de los linderos que registraba el predio de la aqu\u00ed interesada, lo cual se explicaba porque en una compraventa del bien se dijo aclarar sus linderos, ampli\u00e1ndolos, sin seguir el tr\u00e1mite de rigor. <\/p>\n
4.3. As\u00ed las cosas, como la sola divergencia conceptual expuesta por la actora no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con independencia de que el juez constitucional la comparta o no, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC039-2021). <\/p>\n
5. As\u00ed, estas consideraciones bastan para concluir, que habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC8981-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC8981-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02285-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno (21) de julio de dos mil veintiuno). Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Mar\u00eda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55671","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55671","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55671"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55671\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55671"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55671"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55671"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}