STC8985-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8985-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2021-00235-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo, asevera que, ante el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Medell\u00edn, impetr\u00f3 la acci\u00f3n popular materia de resguardo, asunto en el cual el referido despacho \u201c(\u2026) cree no tener competencia, envi[ando] a la justicia administrativa (\u2026)\u201d el comentado asunto, aun cuando, en su sentir, el pleito debe ser dirimido por la \u201cjusticia civil ordinaria\u201d. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, ordenar al estrado criticado \u201cadmitir y dar tr\u00e1mite\u201d al asunto y \u201caplicar lo resuelto por el Consejo Superior Judicatura Sala jurisdiccional Disciplinaria en autos 11001010200020190189100 (\u2026) y 11001010200020190213600 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el caso aducido por el actor fue rechazado por competencia en auto de 20 de mayo de 2021, litigio repartido al Juzgado Veintitr\u00e9s Administrativo de la citada ciudad. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el auxilio, tras advertir: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]o que respecta a la acci\u00f3n interpuesta en contra de la Notar\u00eda Trece, la misma fue (\u2026) rechazada por competencia, y remitida ante el juez que se consider\u00f3 competente \u2013 Juzgado Veintitr\u00e9s Administrativo del Circuito de Medell\u00edn; el que refiri\u00f3 haber inadmitido la demanda por ausencia de requisitos que fueron echados de menos por el actor; incluso, que para el momento de haberse notificado la admisi\u00f3n de la presente tutela, el all\u00ed interesado se encontraba dentro de los t\u00e9rminos concedidos para la subsanaci\u00f3n de los que le fueron enlistados; situaci\u00f3n que tambi\u00e9n impone al all\u00ed interesado \u2013 hoy tutelista, estarse a la decisi\u00f3n que sea dispuesta, sea que re\u00fana las exigencias omitidas para el estudio previo de la admisi\u00f3n, o que opte por no cumplirlas y en tal evento acogerse a lo que sea resuelto en dicho tr\u00e1mite (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEn consecuencia, no es este el escenario judicial para debatir lo pretendido por el promotor de tutela, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que a\u00fan tiene a su alcance los mecanismos judiciales que las normas procesales vigentes le otorgan, para hacerlos valer en el decurso del proceso, siendo all\u00ed entonces donde podr\u00e1 ejercer el derecho de acci\u00f3n y de defensa en relaci\u00f3n con las actuaciones que en sentir del tutelista le merezcan reproche\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
El censor impugn\u00f3 indicando que se est\u00e1 dilatando \u201ctr\u00e1mite de una acci\u00f3n constitucional de t\u00e9rminos perentorios\u201d. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la respuesta otorgada por el despacho tutelado, se observa que esa autoridad, en auto de 20 de mayo de 2020, remiti\u00f3 por competencia a los Jueces Administrativos de Medell\u00edn \u2013reparto-, la acci\u00f3n popular con radicado 2021-00121-00. <\/p>\n
2. Aclarado lo anterior, el auxilio no sale avante por carecer del requisito de subsidiariedad, pues el interesado acudi\u00f3 a esta senda el 24 de ese mes y a\u00f1o, cuando se encontraba pendiente de definir, por parte de la autoridad a la cual fue remitida esa contienda, si asum\u00eda o no el conocimiento de ese litigio, es decir, a la fecha de interposici\u00f3n del amparo el tema censurado en esta salvaguarda se encontraba a la espera de una resoluci\u00f3n de fondo. <\/p>\n
Por tanto, atendiendo el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de resguardo, no es factible acudir a la misma cuando a\u00fan est\u00e1 pendiente de resolver por el funcionario competente el cuestionamiento elevado por el interesado. <\/p>\n
En un asunto con similares contornos a los aqu\u00ed expuestos esta Corte indic\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La Sala advierte ab initio, que, asiste raz\u00f3n al Tribunal de Pereira para no conceder la \u00abtutela\u00bb suplicada al estimarla presurosa y por incuria de Herrera Hoyos, en tanto, para cuando ejerci\u00f3 este excepcional remedio (seg\u00fan acta reparto \u2013secuencia 381- la acci\u00f3n fue presentada el 13 de abril hoga\u00f1o), la providencia objetada llevaba un d\u00eda de expedida (12 abr. 2021) y, por ende, todav\u00eda no hab\u00eda corrido el lapso otorgado para \u00absubsanar la demanda\u00bb, ni para interponer reposici\u00f3n (art. 36 Ley 472\/98) y, en lugar de atender los lineamientos all\u00ed se\u00f1alados o refutar la resoluci\u00f3n, opt\u00f3 por acudir directamente a este sendero extraordinario\u201d. <\/p>\n
\u201cDe esa manera, al hallarse latente la definici\u00f3n del libelo originario al tiempo de la proposici\u00f3n del resguardo, este se torna \u00abprematuro\u00bb, teniendo en cuenta que es el juez ordinario quien debe dirimir la problem\u00e1tica sometida a su escrutinio (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
3. Con todo, revisadas las pruebas aportadas a este resguardo, se evidencia que la referida acci\u00f3n popular fue asignada al Juzgado Veintitr\u00e9s Administrativo de Medell\u00edn, quien, en prove\u00eddo de 9 de junio de 2021, rechaz\u00f3 ese asunto, por no haberse realizado \u201cla petici\u00f3n previa\u201d consagrada en el art\u00edculo 144 de la Ley 1437 de 20112, decisi\u00f3n frente a la cual el actor no interpuso recurso alguno, por tanto, es evidente el descuido del petente en el empleo de los medios de defensa ordinarios para rebatir las censuras aqu\u00ed aducidas. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. De acuerdo con lo discurrido, se ratificar\u00e1 la determinaci\u00f3n examinada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente o por mensaje de datos lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
2\u0002 \u201cAntes de presentar la demanda para la protecci\u00f3n de los derechos e intereses colectivos, el demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte las medidas necesarias de protecci\u00f3n del derecho o inter\u00e9s colectivo amenazado o violado. Si la autoridad no atiende dicha reclamaci\u00f3n dentro de los quince (15) d\u00edas siguientes a la presentaci\u00f3n de la solicitud o se niega a ello, podr\u00e1 acudirse ante el juez. Excepcionalmente, se podr\u00e1 prescindir de este requisito, cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos, situaci\u00f3n que deber\u00e1 sustentarse en la demanda\u201d. <\/p>\n
3\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
4\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
5\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 308. <\/p>\n
5 <\/p>\n
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