STC8986-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8986-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02118-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se procede a decidir la tutela impetrada por Martha Eliana Sabogal Sabogal frente al Juzgado Primero Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1 y la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, con ocasi\u00f3n del asunto de \u201cresoluci\u00f3n de promesa de compraventa\u201d, iniciado por Raysant S.A.S. contra Juan Carlos, Claudia Alejandro Sabogal Sabogal y la aqu\u00ed actora. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora exige el amparo de sus prerrogativas fundamentales, presuntamente conculcadas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo sostiene que, dentro del juicio reprochado, interpuso recurso \u201cde queja por no acceder[se] a conceder la apelaci\u00f3n por la p\u00e9rdida de competencia\u201d, remedio formulado en marzo de 2020, y remitido al tribunal enjuiciado en diciembre del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
Advierte que la colegiatura denunciada declar\u00f3 \u201cdesierto\u201d dicho medio de impugnaci\u00f3n y, por ello, impetr\u00f3 otro amparo, el cual fue concedido por esta Sala en sentencia STC4654 de 29 de abril de 2021, ratificada por la hom\u00f3loga laboral, providencia donde se orden\u00f3 <\/p>\n
\u201c(\u2026) a la Sala Civil-Familia del citado Tribunal que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su notificaci\u00f3n, deje sin efectos la providencia de 13 de abril de 2021 para que, en su lugar, decida el \u201crecurso de queja\u201d que formul\u00f3 la actora contra el prove\u00eddo emitido el 5 de marzo de 2020 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1 en el proceso n\u00b0 2018-00085 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Asevera que, a la fecha, \u201c(\u2026) no ha sido resuelto el recurso de queja, deneg\u00e1ndo[se] el acceso a la justicia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En escrito separado, la querellante adujo, ambiguamente, que aclaraba el escrito introductor, en el sentido de indicar \u201cque el recurso de queja que se estudia en el Tribunal Superior de Cundinamarca es para que se declare la nulidad de todo lo actuado a partir de la p\u00e9rdida de la competencia\u201d. <\/p>\n
3. Exige, en concreto, se resuelva el remedio a\u00fan no definido. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
1. Juan Carlos Sabogal Sabogal se opuso a la prosperidad del amparo, por cuanto, seg\u00fan adujo, es la tutelante quien ha generado dilaci\u00f3n en el decurso censurado; adem\u00e1s ha propuesto otros resguardos similares a \u00e9ste. <\/p>\n
2. El tribunal convocado se\u00f1al\u00f3 que, en cumplimiento de la sentencia STC4654-2021, profiri\u00f3 el auto de 4 de mayo de 2021, donde desat\u00f3 el recurso de queja referido por la solicitante, resolviendo declarar mal denegada la alzada interpuesta por ella frente al prove\u00eddo de 14 de febrero de 2020. <\/p>\n
Asever\u00f3 que las aserciones de la quejosa resultaban \u201ctemerarias\u201d, por cuanto su decisi\u00f3n se comunic\u00f3, debidamente, por estado electr\u00f3nico del d\u00eda 5 de mayo de 2021. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el asunto ingres\u00f3 a despacho el d\u00eda 20 siguiente, para la definici\u00f3n de la apelaci\u00f3n rese\u00f1ada, sin que \u201c(\u2026) haya llegado el turno para decidir[la] (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Examinado el escrito introductor, se observa que la tutelante reprocha, concretamente, la supuesta mora del tribunal accionado en definir el \u201crecurso de queja\u201d que esta Sala, en sentencia STC4654 de 29 de abril de 2021, le orden\u00f3 definir dentro del juicio de resoluci\u00f3n de contrato aqu\u00ed tambi\u00e9n criticado. <\/p>\n
2. As\u00ed las cosas, pronto se advierte el fracaso del actual reproche, pues, en primer lugar, un ataque como el descrito debe proponerse a trav\u00e9s de los instrumentos concebidos por el legislador para ese efecto, no hall\u00e1ndose dentro de \u00e9stos la formulaci\u00f3n de una nueva salvaguarda. <\/p>\n
Ciertamente, para esclarecer el acatamiento de un mandato tutelar, de acuerdo con lo reglado en los art\u00edculos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, los interesados tienen a su alcance el respectivo incidente de desacato y el tr\u00e1mite de \u201ccumplimiento de fallo\u201d, a cargo del a quo constitucional, quien deber\u00e1 verificar la observancia de la orden de amparo. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
3. En segundo lugar, examinada la contestaci\u00f3n del colegiado denunciado y los soportes allegados, se establece la inexistencia de la tardanza endilgada a esa autoridad, pues, en auto de 4 de mayo de 2021, resolvi\u00f3 el \u201crecurso de queja\u201d mencionado por la solicitante; por tanto, es evidente, ning\u00fan objeto tiene pronunciarse sobre una situaci\u00f3n que no se present\u00f3 ni siquiera antes de concurrirse a esta jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Frente a planteamientos similares, esta Corte ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a decisi\u00f3n del Juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situaci\u00f3n expuesta en la demanda, que hab\u00eda dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acci\u00f3n, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o da\u00f1o a los derechos fundamentales. Siendo la defensa de \u00e9stos la justificaci\u00f3n y el prop\u00f3sito de esta forma expedita de administrar justicia constitucional en el caso concreto, ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que pudieran configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existe o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas totalmente diferentes a las iniciales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) El hecho superado o la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
4. Con todo, si lo cuestionado por la quejosa es la presunta mora del tribunal enjuiciado en definir la apelaci\u00f3n actualmente a su cargo, tras la resoluci\u00f3n del renombrado recurso de queja – reparo que no se extrae del libelo tutelar -, la salvaguarda tampoco se abre paso, pues, de un lado, tal remedio apenas ingres\u00f3 al despacho censurado el 20 de mayo de esta anualidad, estando en turno para su definici\u00f3n. <\/p>\n
Y, de otro, no se observa que la quejosa hubiese alegado, en ese escenario o en \u00e9ste, alguna circunstancia especial que imponga la resoluci\u00f3n anticipada de dicho recurso vertical, desconociendo el turno de los dem\u00e1s negocios con prelaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19694, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. El auxilio impetrado ser\u00e1 desestimado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Martha Eliana Sabogal Sabogal frente al Juzgado Primero Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1 y la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, con ocasi\u00f3n del asunto de \u201cresoluci\u00f3n de promesa de compraventa\u201d, iniciado por Raysant S.A.S. contra Juan Carlos, Claudia Alejandro Sabogal Sabogal y la aqu\u00ed actora. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Con excusa justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
2\u0002 CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre muchos otros en fallo de 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01. <\/p>\n
3\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
4\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
5\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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