STC8988-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8988-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02204-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por Ulderico Alejandro, Alfonso Vincenzo, Gaetano Orazio, Mar\u00eda Antonieta y Antigone Mar\u00eda Fiorella V\u00e1squez Riccio frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada por las magistradas Mar\u00eda Patricia Cruz Miranda y Adriana Ayala Pulgar\u00edn y el magistrado Jorge Eduardo Ferreira Vargas, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201ccumplimiento de contrato\u201d adelantado por los aqu\u00ed actores a la sociedad Bloft S.A. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores imploran el amparo de los derechos al debido proceso y \u201cpropiedad privada\u201d, entre otros, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del ruego tuitivo y sus anexos se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n
El referido despacho, en sentencia de 16 de septiembre de 2020, deneg\u00f3 las pretensiones invocadas en el comentado asunto, determinaci\u00f3n confirmada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, en prove\u00eddo de 7 de mayo de 2021. <\/p>\n
Aducen los promotores que la corporaci\u00f3n confutada vulner\u00f3 sus prerrogativas fundamentales, pues <\/p>\n
\u201c(\u2026) incurri[\u00f3] en dos v\u00edas de hecho al aplicar indebidamente los art\u00edculos 1609 y 1546 del C\u00f3digo Civil (\u2026) endilgando[les] mala fe (\u2026) en la celebraci\u00f3n del contrato de permuta sin tener en cuenta la calidad de las partes frente a ese negocio jur\u00eddico; y al analizar indebidamente las pruebas allegadas al proceso especialmente el documento del 27 de julio de 2012; y lo m\u00e1s relevante, al condenar[los] desde un mismo inicio (\u2026) a la p\u00e9rdida de su propiedad privada adquirida legalmente, sin considerar el incumplimiento de la demandada BLOFT S.A. por m\u00e1s de siete a\u00f1os luego de que se sorteara igualmente por voluntad de las partes contratantes, el impase de [una] hipoteca (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Exigen, en concreto, ordenar al colegiado fustigado \u201cproferir nueva sentencia donde se corrijan [las] irregularidades\u201d expuestas en este auxilio. <\/p>\n
1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n
Se opuso al ruego manifestando que los argumentos expuestos por los gestores obedecen s\u00f3lo al inter\u00e9s particular de reanudar el debate de una controversia zanjada dentro de los escenarios ordinarios para ello. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. \u00danicamente las determinaciones judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlas prevalecer dentro del correspondiente proceso. <\/p>\n
2. El auxilio se centra en establecer si se menoscabaron las prerrogativas superiores de Ulderico Alejandro, Alfonso Vincenzo, Gaetano Orazio, Mar\u00eda Antonieta y Antigone Mar\u00eda Fiorella V\u00e1squez Riccio con el fallo de 7 de mayo de 2021, emitido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, mediante la cual confirm\u00f3 la sentencia del a quo, donde se negaron las pretensiones invocadas dentro del caso bajo estudio. <\/p>\n
3. Se advierte que el ruego no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, por carecer del requisito de subsidiariedad, por cuanto, revisado el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial, se observa que los interesados no interpusieron recurso de casaci\u00f3n conforme lo establecido en los art\u00edculos 334 y 338 del C\u00f3digo General del Proceso1, con el fin de discutir el tema aqu\u00ed reprochado mediante ese remedio extraordinario, situaci\u00f3n que cierra el paso de este mecanismo residual. <\/p>\n
N\u00f3tese, dentro del litigio bajo estudio, los actores solicitaron, como pretensi\u00f3n principal, el cumplimiento del contrato y el reconocimiento de $738,924,402 por el valor dado \u201ca los futuros apartamentos objeto de permuta\u201d, y por concepto de \u201cfrutos civiles\u201d, \u201cjunto con intereses moratorios\u201d; y, de forma subsidiaria, requirieron el pago de $250.000.000 por el precio de la \u201cconstrucci\u00f3n que se encontraba levantada en el terreno objeto de compraventa\u201d, as\u00ed como $302\u2019900.624 por \u201cfrutos civiles\u201d, y la devoluci\u00f3n del inmueble inmiscuido, el cual, seg\u00fan las pruebas aportadas a esta senda, ten\u00eda un aval\u00fao catastral de $447.741.000, para el a\u00f1o 20142. <\/p>\n
Con todo, de estar en duda la cuant\u00eda del litigio, los interesados pudieron aportar el dictamen pericial se\u00f1alado en el canon 339 ibidem3, y as\u00ed determinar el justiprecio necesario para acceder al referido recurso, oportunidad en la cual, pudieron establecer el valor comercial del inmueble pleiteado. <\/p>\n
Del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n, ha precisado con insistencia la Sala, <\/p>\n
\u201c(\u2026) est\u00e1 supeditado al valor econ\u00f3mico de la relaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial concedida o negada en la sentencia; vale decir, a la cuant\u00eda de la afectaci\u00f3n o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resoluci\u00f3n que le resulta desfavorable, evaluaci\u00f3n que debe hacerse para el d\u00eda del fallo aunque, cuando la \u2018sentencia es \u00edntegramente desestimatoria, se determina a partir de lo pretendido en el libelo genitor o su reforma\u2019. Lo anterior significa que, si la sentencia es totalmente desestimatoria de las pretensiones del actor, su inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n estar\u00e1 definido por lo pedido en la demanda; pero, si aquella s\u00f3lo acoge parcialmente lo reclamado por el demandante, la medida del aludido inter\u00e9s estar\u00e1 dada por la desventaja que le deriva la decisi\u00f3n\u201d4. <\/p>\n
\u201cAdicionalmente, el art\u00edculo 339 precept\u00faa que cuando sea necesario para la procedencia de dicha impugnaci\u00f3n determinar el inter\u00e9s para recurrir, su cuant\u00eda debe establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1 aportar dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre su concesi\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Ahora bien, en la tarea de establecer el desmedro que produce a la recurrente la desestimaci\u00f3n de esa s\u00faplica restitutoria, debe recordarse que ella desaprovech\u00f3 la posibilidad que le brinda la ley, art\u00edculo 339 del C\u00f3digo General del Proceso, de aportar un dictamen pericial del valor comercial actual del correspondiente predio (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
Sobre el descuido en el uso de las herramientas ordinarias y extraordinarias de defensa, esta Sala ha adoctrinado <\/p>\n
\u201c(\u2026) si [el tutelante] incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u201d6. <\/p>\n
En un asunto de similares contornos al aqu\u00ed expuesto, esta Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]e advierte que el peticionario, en una conducta constitutiva de incuria, dej\u00f3 de formular el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la providencia referida l\u00edneas atr\u00e1s, herramienta judicial que proced\u00eda para ventilar las inconformidades que ahora aduce a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n de car\u00e1cter eminentemente constitucional, qued\u00e1ndole cerrada, entonces, toda posibilidad de \u00e9xito de obtener lo pretendido en la tutela, pues de admitirse su procedencia, es decir, el estudio de su queja, \u00e9sta se convertir\u00eda en un instrumento paralelo o sustitutivo de oportunidades procesales fenecidas, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991 (\u2026)\u201d7. <\/p>\n
4. Ahora, no se configura un perjuicio irremediable que permita conceder de manera transitoria el auxilio invocado, al no estar probados los presupuestos de inminencia, gravedad, urgencia e impostergabilidad, propios del mismo. <\/p>\n
En cuanto a las caracter\u00edsticas de ese perjuicio, la Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]sta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia; veamos: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u201d (\u2026)\u201d8 (negrillas originales). <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos9 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 196910, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d11, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed la protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio12. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-13, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales14; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas15. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus intereses. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. Por los argumentos anteriores, el amparo deprecado ser\u00e1 desestimado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Ulderico Alejandro, Alfonso Vincenzo, Gaetano Orazio, Mar\u00eda Antonieta y Antigone Mar\u00eda Fiorella V\u00e1squez Riccio frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada por las magistradas Mar\u00eda Patricia Cruz Miranda y Adriana Ayala Pulgar\u00edn y el magistrado Jorge Eduardo Ferreira Vargas, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201ccumplimiento de contrato\u201d adelantado por los aqu\u00ed actores a la sociedad Bloft S.A. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 334. \u201cEl recurso extraordinario de casaci\u00f3n procede contra las siguientes sentencias, cuando son proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia: 1. Las dictadas en toda clase de procesos declarativos. 2. Las dictadas en las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicci\u00f3n ordinaria.3. Las dictadas para liquidar una condena en concreto\u201d. <\/p>\n
Art\u00edculo 338. \u201cCuando las pretensiones sean esencialmente econ\u00f3micas, el recurso procede cuando el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv). Se excluye la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones populares y de grupo, y las que versen sobre el estado civil\u201d. <\/p>\n
2\u0002 Revisado el expediente contentivo del proceso criticado, se observa que el bien objeto de litigio se identifica con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 50C-1141831, el cual, seg\u00fan el folio 16 de ese plenario, ten\u00eda un valor catastral de $447.741.000, para el a\u00f1o 2014. <\/p>\n
3\u0002 Art\u00edculo 339. Justiprecio del inter\u00e9s para recurrir y concesi\u00f3n del recurso. \u201cCuando para la procedencia del recurso sea necesario fijar el inter\u00e9s econ\u00f3mico afectado con la sentencia, su cuant\u00eda deber\u00e1 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
4\u0002 CSJ AC 5 de septiembre de 2013, rad. n\u00b0 2013-00288-00, reiterado en el AC1698-2015 y en AC 4387-2019. <\/p>\n
5\u0002 CSJ AC 15 de marzo de 2021, rad. n\u00b0 2021-00187-00. <\/p>\n
6\u0002 CSJ STC de 6 de julio de 2010, exp. 2010-00241-01; reiterada el 9 de diciembre de 2011 y 16 de febrero de 2012, exps. 2011-01459-01 y 2011-00398-01. <\/p>\n
7\u0002 CSJ STC de 5 de septiembre de 2018, exp. 2018-01303-01. <\/p>\n
8\u0002 CSJ STC13730-2019 de 10 de octubre de 2019, exp. 11001-02-03-000-2019-03021-00 <\/p>\n
9\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado en San Jos\u00e9, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
10\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
11\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
12\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
13\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
14\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
15\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares c. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
7 <\/p>\n
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