STC8993-2021<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8993-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2021-00476-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 8 de junio de 2021, dictada por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por \u00c9dgar Alfonso Gallardo Narv\u00e1ez contra el Juzgado Catorce de Familia de esta ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria, iniciado por Jakeline Monsalve Noriega, en representaci\u00f3n de su, entonces menor hijo, Harvey David Gallardo Monsalve, en contra del aqu\u00ed quejoso. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor suplica la protecci\u00f3n de las prerrogativas de petici\u00f3n, debido proceso y libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulneradas por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. En sustento de su queja, manifiesta, en s\u00edntesis, que, el 17 de julio de 2020 present\u00f3 \u201cderecho de petici\u00f3n\u201d ante el estrado accionado, solicitando \u201cla suspensi\u00f3n de la cuota alimentaria\u201d a \u00e9l impuesta y a favor de su hijo, Harvey David Gallardo Monsalve, por cuanto \u00e9ste ya alcanz\u00f3 25 a\u00f1os, tiene su propia casa y un proyecto de vida propio con su pareja. <\/p>\n
En esa oportunidad, refiere, tambi\u00e9n puso en conocimiento del despacho, que padece c\u00e1ncer de pr\u00f3stata con met\u00e1stasis en los huesos, por lo cual necesita de la suma de dinero a \u00e9l descontada para asumir los gastos de sus cuidados y tratamientos m\u00e9dicos. <\/p>\n
Afirma, desde entonces, ha radicado varios memoriales de fechas 24 de julio, 27 de agosto, 2 de octubre, 24 de noviembre de 2020 y 10 de febrero de 2021, solicitando dar celeridad al tr\u00e1mite, sin que, al momento de presentaci\u00f3n de este ruego, haya obtenido respuesta alguna. <\/p>\n
A\u00f1ade que su descendiente est\u00e1 de acuerdo con el levantamiento de la medida cautelar. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, dar respuesta de fondo a su \u201cderecho de petici\u00f3n\u201d. <\/p>\n
1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n
El estrado confutado se opuso a la prosperidad del ruego, defendiendo la legalidad de su proceder. <\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Concedi\u00f3 el resguardo, tras aducir: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [R]evisado el expediente del proceso de alimentos a que se alude, cuya copia se alleg\u00f3, encuentra la Sala que, en efecto, el all\u00ed demandado, mediante memoriales de fechas 17 y 24 de julio, 27 de agosto, 2 de octubre, 24 de noviembre de 2020 y 10 de febrero de 2021, solicit\u00f3 al funcionario que suspendiera la cuota alimentaria y se levantara el embargo que recae sobre su mesada pensional, frente a lo cual el Juzgado demandado, a trav\u00e9s de autos de 30 de octubre y 18 de diciembre de 2020 y 5 de marzo de 2021, no accedi\u00f3 porque \u201cdebe presentar la demanda respectiva, cumpliendo todas las exigencias del C\u00f3digo de Procedimiento vigente\u201d, determinaciones que si bien no fueron atacadas por el interesado, hacen necesaria la intervenci\u00f3n del juez constitucional, teniendo en cuenta que las mismas resultan arbitrarias y no se ajustan a la legalidad, ya que, como qued\u00f3 visto en la jurisprudencia transcrita [de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia], para la exoneraci\u00f3n de la cuota alimentaria, en este caso, que es lo que, en \u00faltimas, pretende don \u00c9DGAR, no debe acudirse a un nuevo proceso, sino que basta con la presentaci\u00f3n de la solicitud, habida cuenta de que aquella fue fijada, precisamente, por el mismo Despacho demandado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En consecuencia, dispuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) ORDENAR al se\u00f1or Juez 14 de Familia de esta ciudad que, tras INVALIDAR sus providencias de 30 de octubre y 18 de diciembre de 2020 y 5 de marzo de 2021, proferidas dentro del proceso de alimentos de que tratan las diligencias, en las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n que se le haga del presente fallo, resuelva, nuevamente, la solicitud de \u201csuspensi\u00f3n de cuota alimentaria\u201d, la cual deber\u00e1 entenderse como exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria, teniendo en cuenta lo dicho en la parte motiva (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 el juzgador cognoscente insistiendo en la legalidad de su proceder. Sobre el particular, anot\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Se indic\u00f3 que mi actuaci\u00f3n fue arbitraria por ello no se ajust\u00f3 a la legalidad, aqu\u00ed he de indicar que no se me indic\u00f3 donde estuvo la improcedente actuaci\u00f3n, si lo que se hizo fue, solicitarle al accionante dejar ver ciertas realidades para poder vincular a la presente suplica a la pasiva, en raz\u00f3n a que no se indic\u00f3 cual su domicilio ni mucho menos donde correspond\u00eda citarla o en [el] mejor de los casos notificar a la parte pasiva de esa acci\u00f3n para el ejercicio de su derecho de defensa\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cAhora bien, en cuanto a lo dicho resuelva, nuevamente, la solicitud de \u201csuspensi\u00f3n de cuota alimentaria\u201d, la cual deber\u00e1 entenderse como exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria, teniendo en cuenta lo dicho en la parte motiva, he de precisar que con tal orden, contradice lo dicho por el H. M. P. de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, en su sentencia, STC734-2019, Radicaci\u00f3n No. 25000-22-13-000-2018-00331-01 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al elevarse requerimientos a autoridades judiciales calificadas por los interesados como \u201cderechos de petici\u00f3n\u201d y concernientes con litigios a su cargo, deben diferenciarse las eventualidades en las cuales se est\u00e1 buscando el impulso del procedimiento o la emisi\u00f3n de una determinada providencia, de aqu\u00e9llas cuando se s\u00faplica una actuaci\u00f3n administrativa. Las primeras se relacionan con el proceso y se rigen bajo las reglas de este, simplemente se formulan, las m\u00e1s de las veces, para soslayar el cumplimiento y ejecuci\u00f3n de la ley de enjuiciamiento que regula el derecho p\u00fablico subjetivo de acci\u00f3n, de contradicci\u00f3n o el de tutela judicial efectiva. Las segundas, por el contrario, se enmarcan en la prerrogativa supralegal de petici\u00f3n y son susceptibles de ampararse por esta v\u00eda constitucional1. <\/p>\n
Por tanto, la garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no tiene cabida en la \u00f3rbita de los decursos judiciales, salvo en lo relativo a gestiones de linaje administrativo. <\/p>\n
Lo esgrimido se explica porque son las normas procedimentales las llamadas a regular las respuestas otorgadas a las exigencias de los sujetos procesales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
2. Revisadas las pruebas aqu\u00ed adosadas se observa que lo pretendido por el interesado es obtener respuesta a su memorial presentado el 17 de julio de 2020, a trav\u00e9s del cual solicit\u00f3 la \u201csuspensi\u00f3n de la cuota alimentaria\u201d a \u00e9l impuesta y a favor de su hijo, Harvey David Gallardo Monsalve, por cuanto \u00e9ste ya alcanz\u00f3 25 a\u00f1os; petici\u00f3n reiterada en escritos presentados el 24 de julio, 27 de agosto, 2 de octubre, 24 de noviembre de 2020 y 10 de febrero de 2021. <\/p>\n
En ese escenario, no hay lugar a revisar la vulneraci\u00f3n al derecho de petici\u00f3n sino al debido proceso, por tratarse de una cuesti\u00f3n eminentemente judicial. <\/p>\n
3. Precisado lo anterior, pronto se advierte la improsperidad del amparo, pues el estrado accionado dio contestaci\u00f3n a las peticiones formuladas por el actor, en prove\u00eddos de 30 de octubre y 18 de diciembre de 2020 y 5 de marzo de 2021, en los cuales no accedi\u00f3 a lo pretendido por aqu\u00e9l, aduciendo que \u201cdebe presentar la demanda respectiva, cumpliendo todas las exigencias del C\u00f3digo de Procedimiento vigente\u201d; no obstante, frente a dichas decisiones el aqu\u00ed actor no interpuso recurso alguno. <\/p>\n
Esta acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, pues de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
4. Ahora, ciertamente, le asiste raz\u00f3n al tribunal al afirmar que, a la solicitud de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria no puede exig\u00edrsele el tr\u00e1mite de una demanda independiente, por cuanto ello ir\u00eda en desmedro del debido proceso y de las formas propias de cada juicio. <\/p>\n
Sin embargo, no es menos cierto, que dicha petici\u00f3n debe presentarse, forzosamente, a trav\u00e9s de apoderado judicial, no siendo dable gestionar actuaciones procesales en causa propia en asuntos de esta naturaleza. <\/p>\n
As\u00ed lo tiene sentado la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, al reiterar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a determinaci\u00f3n cuestionada, se ciment\u00f3 en una interpretaci\u00f3n razonable de las normas que regulan la materia, particularmente, de los art\u00edculos 63 del Estatuto Procesal Civil, 24 y 39 del Decreto 196 de 1971, en el entendido que para intervenir en esta clase de asuntos se \u2018requer\u00eda del derecho de postulaci\u00f3n\u2019 por cuanto no se encontraba dentro de \u2018las excepciones para litigar en causa propia\u2019 sin ser abogado; luego, no merece reproche desde la \u00f3ptica iusfundamental para que deba proceder la inaplazable intervenci\u00f3n del juez constitucional (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cSobre el tema, la Sala ha sostenido que \u2018(\u2026) en relaci\u00f3n con el derecho de postulaci\u00f3n exigido para el asunto como el censurado, esta Corporaci\u00f3n ha advertido que seg\u00fan la regulaci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n de familia, se trata de un tr\u00e1mite de \u00fanica instancia \u2018por raz\u00f3n de su naturaleza, seg\u00fan el art\u00edculo 50, literal i), del Decreto 2272 de 1989, y no de \u2018m\u00ednima cuant\u00eda\u2019, como sostiene el recurrente. (\u2026) Ilustra lo dicho por esta Sala en pret\u00e9rita ocasi\u00f3n, al se\u00f1alar que: \u2018De all\u00ed que se explique que la intervenci\u00f3n judicial procesal se halle restringida por el estatuto de la abogac\u00eda (D. 196 de 1971) a los abogados titulados, dej\u00e1ndose excepciones que, por este car\u00e1cter, son de interpretaci\u00f3n restrictiva (\u2026) Unas de ellas se refiere al litigio \u2018en causa propia sin ser abogado inscrito\u2019, las que se limitan al derecho de petici\u00f3n y acciones p\u00fablicas, a los procesos de m\u00ednima cuant\u00eda, a la conciliaci\u00f3n y a los procesos laborales de \u00fanica instancia y actos de oposici\u00f3n (art. 28 ib\u00eddem). Porque entiende el legislador que son actuaciones que por la simplificaci\u00f3n de su tr\u00e1mite, su escaso valor o urgencia, se estima suficiente o necesario que sean la misma persona interesada la que previa evaluaci\u00f3n de la situaci\u00f3n, pueda determinar la asunci\u00f3n de su propia defensa (\u2026) Luego, mal puede decirse que, por extensi\u00f3n, tambi\u00e9n pueda ejercerse la profesi\u00f3n (\u2026), en procesos de \u00fanica instancia ante jueces del circuito o similares (como el de familia), porque no est\u00e1 autorizado por la ley\u2019 (sentencia de 15 de febrero de 1995, radicaci\u00f3n 1986). (Sentencia de 9 de noviembre de 2011, Exp. 2011-00285)\u201d (sentencia de 18 de marzo de 2013, exp No 2013-00393-01, reiterada en fallo de 19 de noviembre de 2013 exp. No 00217-02) (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
Por tanto, debi\u00f3 el petente, para actuar v\u00e1lidamente en las diligencias atacadas, conferir, como ya se dijo, poder a un profesional del derecho, o deprecar, de ser el caso, amparo de pobreza, en procura de lograr la asignaci\u00f3n de un mandatario por parte del juzgado, pues, se reitera, no le era dable participar directamente. <\/p>\n
Se destaca, el decurso confutado no es de \u00fanica instancia en raz\u00f3n de su cuant\u00eda, lo es en virtud de su propia naturaleza, por cuanto as\u00ed lo previ\u00f3 no solo el derogado Decreto 2272 de 1989, sino tambi\u00e9n el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 21 del C\u00f3digo General del Proceso, actualmente vigente, el cual se\u00f1ala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Competencia de los jueces de familia en \u00fanica instancia. Los jueces de familia conocen en \u00fanica instancia de los siguientes asuntos: (\u2026) 7. De la fijaci\u00f3n, aumento, disminuci\u00f3n y exoneraci\u00f3n de alimentos, de la oferta y ejecuci\u00f3n de los mismos y de la restituci\u00f3n de pensiones alimentarias (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
De manera que, aun cuando, atendiendo a las circunstancias de vulnerabilidad descritas por el aqu\u00ed petente, pudiera pasarse por alto la omisi\u00f3n del requisito de subsidiariedad por la no impugnaci\u00f3n de las decisiones anotadas, no puede soslayarse su incuria al no formular la solicitud de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria a trav\u00e9s de apoderado judicial -art. 73, C.G.P.-; raz\u00f3n suficiente para revocar la decisi\u00f3n del a quo constitucional y, por consiguiente, denegar el amparo invocado. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [ante la negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u201d6. <\/p>\n
La conducta ap\u00e1tica del interesado impide reabrir un debate por v\u00eda constitucional frente a aspectos que debieron ser tramitados dentro del litigio y respetando las reglas propias del juicio, por cuanto ello atenta contra el car\u00e1cter residual del resguardo. Ha sido criterio de la Sala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala\u201d7. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En sentido an\u00e1logo, la regla 93 ej\u00fasdem, indica: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19698, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d9, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio10. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia11, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales12; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas13. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. Conforme a los argumentos expuestos, se ratificar\u00e1 la providencia impugnada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada y, en su lugar, NEGAR la acci\u00f3n de tutela instaurada por \u00c9dgar Alfonso Gallardo Narv\u00e1ez contra el Juzgado Catorce de Familia de esta ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria iniciado por Jakeline Monsalve Noriega, en representaci\u00f3n de su, entonces menor hijo, Harvey David Gallardo Monsalve, en contra del aqu\u00ed quejoso. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante telegrama o por mensaje de datos a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 V\u00e9ase, entre otras, las sentencias dictadas en los exp. 2015-00229-01 y 2016-01329-01. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 20 de marzo de 2000, exp. 4822; reiterada el 31 de marzo de 2000, exp. 4867 y el 13 de febrero de 2014, exp. 11001-02-03-000-2014-00187-00, entre otras. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010-000380-01. <\/p>\n
4\u0002 CSJ STC 29 de noviembre de 2013, exp. 25000-22-13-000-2013-00334-01, reiterada en exp. 50001-22-14-000-2016-00060-01. <\/p>\n
5\u0002 CSJ, STC5247-2018; criterio reiterado en STC13227-2018. <\/p>\n
6\u0002 CSJ. STC de 26 de enero de 2011, exp. 00027-00; reiterada el 11 de abril de 2012, exp.: 00616-00. <\/p>\n
7\u0002 CSJ. STC de 23 de febrero de 2007, exp. 02068-01. <\/p>\n
8\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
9\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
12\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
13\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
8 <\/p>\n
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STC8993-2021 Magistrado ponente STC8993-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2021-00476-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 8 de junio de 2021, dictada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55683","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55683","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55683"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55683\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55683"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55683"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55683"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}