STC8995-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8995-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2021-00485-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de julio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 9 de junio de 2021 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Alejandro C\u00e9sar Barbetty Pinz\u00f3n contra el Juzgado Segundo de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del cobro coercitivo a que alude la demanda de amparo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El actor reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional accionada, en el marco del proceso ejecutivo de alimentos de \u00fanica instancia que promovi\u00f3 en su contra la se\u00f1ora Janeth Mart\u00ednez Trujillo, madre de sus hijos hoy mayores de edad, radicado bajo el consecutivo No. 2008-00991-00. <\/p>\n
Reclama, entonces, para la protecci\u00f3n de la aludida prerrogativa, que se ordene al Juzgado Segundo de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, \u00abDAR CUMPLIMIENTO A LA EXONERACI\u00d3N DE LA CUOTA DE ALIMENTOS\u00bb que en su favor elevaron sus hijos Camila y Juan Sebasti\u00e1n desde el \u00abel 17 de septiembre de 2019\u00bb y \u00abel 18 de febrero de 2021\u00bb, respectivamente. <\/p>\n
<\/p>\n
Explic\u00f3 que luego que sus hijos adquirieron la mayor\u00eda de edad y contaron con ingresos para proveer su propia subsistencia, pidieron en su favor \u00abla exoneraci[\u00f3]n de la cuota de alimentos fijada por este despacho\u00bb; no obstante, el Despacho convocado \u00abNIEGA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR\u00bb, pretextando que \u00abse est[\u00e1] cobrando una obligaci\u00f3n alimentaria anterior a las correspondientes exoneraciones\u00bb, situaci\u00f3n que, dice, quebranta sus garant\u00edas superiores, y por lo tanto, abre paso a la intervenci\u00f3n constitucional aqu\u00ed reclamada. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a.) El Juzgado Segundo de Familia de Ejecuci\u00f3n Sentencias de Bogot\u00e1, tras hacer un compendio de la actuaci\u00f3n a su cargo dijo, que los hijos del aqu\u00ed accionante elevaron solicitud de exoneraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n alimentaria a su progenitor y desde el 18 de marzo de 2021 la apoderada judicial del accionante pidi\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares practicadas con ocasi\u00f3n del asunto que all\u00ed se adelanta, raz\u00f3n por la cual el 7 de abril siguiente neg\u00f3 dicha solicitud, bajo el entendido que los descendientes del se\u00f1or Barbetty Pinz\u00f3n pidieron su exoneraci\u00f3n en el pago de la cuota desde el 17 de septiembre de 2019 y 10 de febrero de 2021, mientras que \u00aben el presente proceso se est\u00e1 cobrando la obligaci\u00f3n alimentaria anterior a las correspondientes exoneraciones\u00bb. <\/p>\n
b.) La Comisar\u00eda de Familia de Tunjuelito, vinculada, inform\u00f3 que desde el 7 de noviembre de 2002 fij\u00f3 una cuota provisional de alimentos a cargo del aqu\u00ed convocante, la que con posterioridad fue incrementada por solicitud de la progenitora de Camila Andrea y Juan Sebasti\u00e1n Barbetty Mart\u00ednez, descendientes del aqu\u00ed actor; que en ese orden, consider\u00f3 que la actuaci\u00f3n desplegada al interior de la actuaci\u00f3n administrativa se adelant\u00f3 con respeto de las garant\u00edas superiores de las partes, raz\u00f3n por la cual pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n dentro del asunto. <\/p>\n
c.) La Secretar\u00eda Distrital de Integraci\u00f3n Social \u2013 SDIS, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, y el Banco Agrario de Colombia SA, aunque en escritos separados, pidieron su desvinculaci\u00f3n dentro del tr\u00e1mite del ep\u00edgrafe, tras considerar que no tienen injerencia al interior de las decisiones cuestionadas por el promotor del amparo. <\/p>\n
d.) Janet Mart\u00ednez Trujillo, Camila Andrea y Juan Sebasti\u00e1n Barbetty Mart\u00ednez, vinculados, pidieron denegar el auxilio constitucional, por considerar que ninguna de las garant\u00edas superiores del quejoso ha sido quebrantada por las autoridades que conocieron del asunto, \u00absi no que se est\u00e1 aprovechando para enga\u00f1ar a funcionario p\u00fablico en su provecho y en detrimento de una madre cabeza de familia que durante muchos a\u00f1os sufri\u00f3 para sacar adelante a sus hijos por los pagos parciales que hizo el se\u00f1or BARBETTY PINZON, violando sus obligaciones de Padre\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala de Familia, neg\u00f3 la salvaguarda pretendida, tras considerar que la decisi\u00f3n cuestionada, esto es, la proferida el 7 de abril del a\u00f1o en curso, no fue controvertida por el inconforme a trav\u00e9s del \u00abmedio de impugnaci\u00f3n ordinario previsto para la defensa de su derecho fundamental, concretamente, el recurso de reposici\u00f3n previsto en el art\u00edculo 318 del C.G.P., para que el juez del conocimiento reexaminar\u00e1 la legalidad de su decisi\u00f3n, para lo cual le correspond\u00eda acreditar, de ser el caso, que los alimentarios hab\u00edan exonerado al deudor del pago de las cuotas de alimentos causadas antes de los respectivos acuerdos de exoneraci\u00f3n de alimentos, pues frente al pago de dichas cuotas de alimentos insolutas, el alimentante y los alimentarios no dijeron nada al respecto\u00bb, omisi\u00f3n que hac\u00eda improcedente el resguardo por incumplir con el criterio de subsidiariedad, instituido como causal gen\u00e9rica de procedencia de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante replic\u00f3 el anterior fallo, recabando en que no cuenta con otro medio de defensa id\u00f3neo para cuestionar las irregularidades aqu\u00ed expuestas, m\u00e1xime cuando el quebranto de sus garant\u00edas no s\u00f3lo ocurri\u00f3 con ocasi\u00f3n de la decisi\u00f3n cuestionada, sino que desde el \u00abinicio [d]el tr[\u00e1]mite de reclamar alimentos para mis hijos CAMILA ANDREA y JUAN SEBASTI\u00c1N BARBETTY MARITNEZ se me han violado todos mis derechos\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es un mecanismo residual de car\u00e1cter excepcional, subsidiario y preferente que permite a toda persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, y, a falta de otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de un particular, en los casos expresamente previstos por el legislador. <\/p>\n
2. En el presente caso, el ciudadano Barbetty Pinz\u00f3n cuestiona, en \u00faltimas, la decisi\u00f3n del 7 de abril de la calenda que avanza proferida el Juzgado Segundo de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, a trav\u00e9s de la cual se dispuso negar \u00abel levantamiento de las medidas cautelares, como quiera, si bien es cierto (sic) los alimentarios CAMILA ANDREA Y JUAN SEBASTI\u00c1N BARBETTY MART[\u00cd]NEZ exoneraron al se\u00f1or ALEJANDRO C[\u00c9]SAR BARBETTY de su obligaci\u00f3n alimentaria, desde el 17 de septiembre de 2019 y 10 de febrero de 2021, respectivamente, en el presente proceso se est\u00e1 cobrando la obligaci\u00f3n alimentaria anterior a las correspondientes exoneraciones\u00bb. <\/p>\n
3. Bajo este panorama, y revisadas las documentales e informes allegados al presente tr\u00e1mite, no cabe duda para la Corte que lo pretendido a trav\u00e9s del amparo est\u00e1 llamado al fracaso, teniendo en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
Ciertamente, pese a referir el aqu\u00ed interesado que la decisi\u00f3n en mientes se profiri\u00f3 sin estricto apego a la voluntad de los alimentarios, quienes en uso de sus facultades legales decidieron relevarlo del pago de la cuota alimentaria impuesta inicialmente por la Comisar\u00eda de Familia de Tunjuelito y posteriormente ejecutada por la autoridad judicial convocada, decisi\u00f3n que calific\u00f3 de lesiva a sus aspiraciones, lo cierto es que de la revisi\u00f3n integral de las piezas procesales adosadas al presente asunto, no se advierte que el actor haya ejercido el remedio procesal id\u00f3neo con el que contaba para plantear las quejas que ahora pretende sean analizadas a trav\u00e9s de este tr\u00e1mite eminentemente excepcional, esto es, el recurso de reposici\u00f3n, a voces de lo previsto en el art. 318 del C.G. del P. <\/p>\n
Al punto, la Sala de tiempo atr\u00e1s ha precisado, que \u00abla falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC5920-2021). <\/p>\n
Y sobre la eficacia de dicho remedio horizontal, la Corte ha expuesto que, \u00abno se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes\u00bb (\u00eddem). <\/p>\n
3.2. Ahora, frente a las quejas elevadas por el inconforme en el escrito de impugnaci\u00f3n, relacionadas con las presuntas irregularidades en que incurri\u00f3 no solo el juez convocado, sino tambi\u00e9n la autoridad administrativa que conoci\u00f3 de la fijaci\u00f3n de cuota alimentaria, se advierte que tales alegatos se cimentan en hechos nuevos exteriorizados en esta instancia, por lo que no pueden ser analizados por la Corte, pues los querellados no tuvieron la oportunidad de ejercer su leg\u00edtimo derecho de contradicci\u00f3n y defensa frente a los mismos, principalmente, por las referidas autoridades en el marco de cada una de sus competencias. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a los aspectos in\u00e9ditos que son expuestos en la impugnaci\u00f3n de los fallos de tutela de primer grado, se ha sostenido que, si bien \u00abes cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad\u2013deber del fallador de sentenciar extra y ultrapetita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la transgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos de superiores (…) tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, comoquiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se desata el derecho de los convocados a la defensa\u00bb (CSJ STC5287-2021) <\/p>\n
4. En consecuencia, se impone el fracaso de la protecci\u00f3n excepcional pretendida, por lo que se mantendr\u00e1 inc\u00f3lume el fallo confutado, conforme las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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