STC8996-2021<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8996-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2021-00380-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
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1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora suplica la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso y defensa, presuntamente vulneradas por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. De la informaci\u00f3n relatada por la quejosa y de la aqu\u00ed allegada, se coligen, en s\u00edntesis, los siguientes supuestos f\u00e1cticos: <\/p>\n
Se\u00f1ala la gestora que convivi\u00f3 con Pablo con quien tuvo dos hijos, Valentina y Mart\u00edn. <\/p>\n
Refiere que, una vez se separaron, tuvo que afrontar varios problemas con sus descendientes, por cuanto \u00e9stos \u201cno quer\u00edan atender a [su] autoridad\u201d, pues frecuentaban a su padre, quien \u201ces muy permisivo\u201d. <\/p>\n
Se\u00f1ala que Valentina \u201cdecidi\u00f3 irse de la casa a formar hogar con su pareja\u201d y, tras ese evento, Mart\u00edn \u201centr\u00f3 en una rebeld\u00eda y altaner\u00eda total\u201d, al punto de no poder exigirle nada porque la amenazaba con irse de la casa. <\/p>\n
Por dicha situaci\u00f3n, el 25 de octubre de 2019, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le impuso, de oficio, medida de protecci\u00f3n en su contra y a favor de su hijo Mart\u00edn, por, supuestamente, incurrir en actos de violencia intrafamiliar, aun cuando, seg\u00fan afirma la accionante, ello nunca se prob\u00f3 en el decurso. <\/p>\n
El 25 de octubre del a\u00f1o 2020, la Comisaria D\u00e9cima de Familia de Engativ\u00e1 promovi\u00f3 incidente de incumplimiento a la aludida medida de protecci\u00f3n en el cual se sancion\u00f3 a la tutelante con multa equivalente a dos salarios m\u00ednimos mensuales vigentes, se orden\u00f3 a su costa un proceso psicoterap\u00e9utico en su EPS y se otorg\u00f3 la custodia provisional de Mart\u00edn a su progenitor; determinaci\u00f3n confirmada por el juez accionado, el 14 de abril de 2021. <\/p>\n
A su parecer, la imposici\u00f3n de dicha penalidad es contradictoria, pues el comisario reconoci\u00f3 que Mart\u00edn \u201c(\u2026) era manipulador, mentiroso, rebelde, grosero y que [l]e contestaba de mala manera (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La actora afirma que, el 19 de abril siguiente, solicit\u00f3 la conversi\u00f3n de la sanci\u00f3n, pues no posee los recursos econ\u00f3micos para pagar la multa; no obstante, en prove\u00eddo de 6 de mayo pasado, se neg\u00f3 dicho requerimiento. <\/p>\n
Agrega que present\u00f3 constancia de citas pedidas \u201cpara atenci\u00f3n m\u00e9dica mental\u201d a su EPS, pero no le fueron tenidas en cuenta. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, declarar la ilegalidad de la actuaci\u00f3n censurada. <\/p>\n
1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n
El estrado confutado se opuso a la prosperidad del ruego, defendiendo la legalidad de su proceder. <\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 el resguardo, tras descartar la vulneraci\u00f3n alegada. Sobre el particular, anot\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [R]evisado el acontecer procesal, se observa que las autoridades accionadas obraron conforme a las directrices contenidas en la Ley 294 de 1996 y sus modificatorias, dando oportunidad a las partes para ejercer su defensa y controvertir las pruebas aportadas al expediente, como aconteci\u00f3 tanto en la medida de protecci\u00f3n, como en el incidente de incumplimiento promovido de manera oficiosa por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en contra de la se\u00f1ora Mar\u00eda, sin que sea de recibo para la Sala el argumento seg\u00fan el cual no se le permiti\u00f3 defenderse ni se prob\u00f3 violencia alguna en contra de su hijo, pues fue debidamente notificada y asisti\u00f3 a la audiencia, donde respecto a los hechos denunciados por el ICBF, afirm\u00f3 \u201c[\u2026] en ning\u00fan momento he maltratado al ni\u00f1o, no le he pegado, fue una discusi\u00f3n con el ni\u00f1o, el ni\u00f1o se quer\u00eda ir con la hermana, porque ella influye mucho con \u00e9l, finalmente el ni\u00f1o sale y se va, terrible esos alcances, se queda uno totalmente aterrado, el ni\u00f1o se va para donde la hermana, la discusi\u00f3n fue alterada, si le grit\u00e9, pero no le pegu\u00e9, yo le grit\u00e9 al ni\u00f1o que no se fuera [\u2026]\u201d. <\/p>\n
\u201cEn la decisi\u00f3n se tuvo en cuenta el concepto social seg\u00fan el cual \u201cteniendo en cuenta lo observado en la visita domiciliaria: se evidencia v\u00ednculo afectivo estrecho entre MART\u00cdN, su padre y hermana, con su madre el v\u00ednculo afectivo distante y hostil\u201d y la medida decretada fue abstenerse de realizar cualquier acto de violencia f\u00edsica, verbal, psicol\u00f3gica, amenazas, agravio, agresi\u00f3n, ultraje, insultos, hostigamiento, molestia, ofensa o provocaci\u00f3n, contra el menor. Sobre la sanci\u00f3n interpuesta, el art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 575 de 2000 que modific\u00f3 el art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 294 de 1996 dispone \u00abEl incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n dar\u00e1 lugar a las siguientes sanciones\u2026 b) Si el incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n se repitiere en el plazo de dos (2) a\u00f1os, la sanci\u00f3n ser\u00e1 de arresto entre treinta (30) y cuarenta y cinco (45) d\u00edas\u00bb, de all\u00ed que la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n impuesta por la Comisaria accionada en decisi\u00f3n del 25 de octubre de 2020, confirmada por el Juez accionado el 14 de abril de 2021, se encuentra ajustada a derecho (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 la gestora insistiendo en los argumentos expuestos en el escrito inicial. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De manera reiterada, esta Corte ha censurado toda forma de violencia ejercida contra los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, al ser sujetos de especial protecci\u00f3n, llamando la atenci\u00f3n a los padres de familia, al sistema educativo, judicial, legislativo, ejecutivo y dem\u00e1s organismos de control, a fin de multiplicar esfuerzos parar prevenir y contrarrestar, oportunamente, toda expresi\u00f3n de crueldad y de agresi\u00f3n f\u00edsica o psicol\u00f3gica en contra de aqu\u00e9llos, adelantando acciones conducentes para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. <\/p>\n
La prevalencia de sus prerrogativas, inserta en la Constituci\u00f3n de 1991 y en normas posteriores, proviene de su reconocimiento como sujetos vulnerables que reclaman de la familia, la sociedad y el Estado un trato diferenciado, pues, de anta\u00f1o, se les consider\u00f3 personas de menor categor\u00eda y, por esa v\u00eda, se justific\u00f3 su maltrato2. <\/p>\n
Esta colegiatura, en cuanto a la prevalencia del inter\u00e9s superior del menor, ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Frente a los derechos de los menores de edad, se torna necesario recordar que aqu\u00e9llos reconocidos por el art\u00edculo 44 del texto constitucional est\u00e1n llamados a su protecci\u00f3n por la familia, la sociedad y el Estado, \u00abpara garantizar su desarrollo arm\u00f3nico e intelectual\u00bb, de ah\u00ed que cualquier persona pueda reclamar de la autoridad competente \u00absu cumplimiento y la sanci\u00f3n de los infractores\u00bb (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cHa previsto el art\u00edculo 9\u00b0 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia que \u00aben todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos\u00bb. Adem\u00e1s, en raz\u00f3n del inter\u00e9s superior del menor, todas las personas se encuentran obligadas a garantizar su \u00absatisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea\u00bb (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
La Corte Constitucional, al realizar el respectivo control de convencionalidad en un asunto donde se discut\u00edan las garant\u00edas sustanciales de los infantes, expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l principio del inter\u00e9s superior del menor opera como el criterio orientador de la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de las normas de protecci\u00f3n de la infancia que hacen parte del bloque de constitucionalidad y del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia. Tambi\u00e9n lo ha reconocido as\u00ed la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al afirmar: \u201c[e]ste principio regulador de la normativa de los derechos del ni\u00f1o se funda en la dignidad misma del ser humano, en las caracter\u00edsticas propias de los ni\u00f1os, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de \u00e9stos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades, as\u00ed como en la naturaleza y alcances de la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o4 (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
Por otro lado, debe destacarse que el C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia tiene como finalidad, \u201c(\u2026) garantizar a los ni\u00f1os, a las ni\u00f1as y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensi\u00f3n. Prevalecer\u00e1 el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminaci\u00f3n alguna (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Ahora, el principio de corresponsabilidad, cobra especial importancia en escenarios de familias disfuncionales caracterizados por una violencia intrafamiliar sistem\u00e1tica, en donde nuestros ni\u00f1os, ni\u00f1as, y adolescentes, al encontrarse en condiciones de debilidad manifiesta, son sometidos a diferentes tipos de maltrato que causan graves afectaciones en su desarrollo psicoafectivo, todo lo cual, sin la intervenci\u00f3n oportuna de la sociedad y el Estado en el restablecimiento de sus derechos, abona el terreno para la descomposici\u00f3n familiar y social. <\/p>\n
Seg\u00fan la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud – OMS, el maltrato infantil incluye la violencia f\u00edsica y emocional, el abuso sexual, la desatenci\u00f3n y el tratamiento negligente de los ni\u00f1os, as\u00ed como su explotaci\u00f3n con fines comerciales o de otro tipo6. <\/p>\n
El castigo f\u00edsico a nuestros ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes es a todas luces inaceptable y nada lo justifica. Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia C-371 de 1994 declar\u00f3 exequibles las expresiones <\/p>\n
\u2018(\u2026) sancionarlos moderadamente (\u2026)\u2019, contenidas en el art\u00edculo 262 del C\u00f3digo Civil, tal como qued\u00f3 redactado seg\u00fan el art\u00edculo 21 del Decreto 2820 de 1974, pero de las sanciones que apliquen los padres y las personas encargadas del cuidado personal de los hijos estar\u00e1 exclu\u00edda toda forma de violencia f\u00edsica o moral, de conformidad con lo dispuesto en los art\u00edculos 12, 42 y 44 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En torno a lo discurrido, el Alto Tribunal Constitucional, en la mencionada sentencia, expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l concepto de sanci\u00f3n (\u2026) no se puede confundir con el maltrato f\u00edsico ni con el da\u00f1o sicol\u00f3gico o moral del sancionado. La sanci\u00f3n es un g\u00e9nero que incluye las diversas formas de reproche a una conducta; la violencia f\u00edsica o moral constituye apenas una de sus especies, totalmente rechazada por nuestro Ordenamiento constitucional. Otras, en cambio, en cuanto est\u00e1n enderezadas a la correcci\u00f3n de comportamientos y, en el caso de los ni\u00f1os y j\u00f3venes, a su sana formaci\u00f3n, sin apelar a la tortura ni a la violencia, se avienen a la preceptiva constitucional, pues no implican la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del sujeto pasivo del acto (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Para reprender al ni\u00f1o no es necesario causarle da\u00f1o en su cuerpo o en su alma. Es suficiente muchas veces asumir frente a \u00e9l una actitud severa despojada de violencia; reconvenirlo con prudente energ\u00eda; privarlo temporalmente de cierta diversi\u00f3n; abstenerse de otorgarle determinado premio o distinci\u00f3n; hacerle ver los efectos negativos de la falta cometida. La eficacia de la sanci\u00f3n no estriba en la mayor intensidad del dolor que pueda causar sino en la inteligencia y en la firmeza con que se aplique, as\u00ed como en la certidumbre que ofrezca sobre la real transmisi\u00f3n del mensaje impl\u00edcito en la reprensi\u00f3n. En tal sentido, no se trata de ocasionar sufrimiento o de sacrificar al sujeto pasivo de la sanci\u00f3n sino de reconvenirlo civilizadamente en aras de la adecuaci\u00f3n de sus posteriores respuestas a los est\u00edmulos educativos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) El uso de la fuerza bruta para sancionar a un ni\u00f1o constituye grave atentado contra su dignidad, ataque a su integridad corporal y da\u00f1o, muchas veces irremediable, a su estabilidad emocional y afectiva. Genera en el menor reacciones sicol\u00f3gicas contra quien le aplica el castigo y contra la sociedad. Ocasiona invariablemente el progresivo endurecimiento de su esp\u00edritu, la p\u00e9rdida paulatina de sus m\u00e1s nobles sentimientos y la b\u00fasqueda -consciente o inconsciente- de retaliaci\u00f3n posterior, de la cual muy seguramente har\u00e1 v\u00edctimas a sus propios hijos, dando lugar a un interminable proceso de violencia que necesariamente altera la pac\u00edfica convivencia social (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) De lo dicho se concluye que la funci\u00f3n educativa a cargo de los padres y de las personas a quienes corresponda el cuidado del menor demanda una justa y razonable s\u00edntesis entre la importancia persuasiva de la sanci\u00f3n y el necesario respeto a la dignidad del ni\u00f1o, a su integridad f\u00edsica y moral y a su estabilidad y adecuado desarrollo sicol\u00f3gico (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Desde otro punto de vista, para que la sanci\u00f3n cumpla los objetivos que se propone, seg\u00fan lo expuesto, es necesario que se aplique sobre la base de motivos ciertos y probados, es decir, que sea justa. De lo contrario, producir\u00e1 en el ni\u00f1o confusi\u00f3n y le causar\u00e1 temor infundado en relaci\u00f3n con conductas que de su parte fueron correctas, perdi\u00e9ndose \u00edntegramente cualquier utilidad educativa (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) As\u00ed mismo, la sanci\u00f3n ha de ser proporcional a la falta cometida, es decir, debe guardar relaci\u00f3n con su gravedad y caracter\u00edsticas. Por tanto, resulta injusto el castigo impuesto con exceso (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) La sanci\u00f3n tiene que ser oportuna, esto es, el tiempo transcurrido entre la conducta sancionable y el castigo no puede ser tan amplio que el menor pierda la noci\u00f3n exacta acerca del motivo por el cual se lo sanciona (\u2026)\u201d7. <\/p>\n
Esta Sala, en reciente oportunidad, censur\u00f3 tanto el maltrato f\u00edsico como el psicol\u00f3gico del que hab\u00eda sido v\u00edctima una menor, se\u00f1alando: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [A]l examinar los elementos probatorios adosados al plenario, se advierte que (\u2026) Escobar Mater\u00f3n, admite que en alguna ocasi\u00f3n si abofete\u00f3 a [su hija] y la grit\u00f3 con el \u00e1nimo de disciplinar su comportamiento, infiriendo que por tratarse de un hecho aislado y de ninguna gravedad en la integridad f\u00edsica de la menor, ello no la convierte en autora del delito de violencia intrafamiliar (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Al respecto, la Corte ha de puntualizar que si bien los padres gozan de un poder correctivo hacia sus hijos, el prop\u00f3sito fundamental de esa potestad es y debe ser la educaci\u00f3n del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente; es decir, contribuir positivamente a su desarrollo como ser humano, lo cual excluye, de plano, el acudir a cualquier tipo de maltrato f\u00edsico o psicol\u00f3gico (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) As\u00ed, aunque la Sala destaca la importancia de que los padres acompa\u00f1en activamente la crianza de sus hijos, para lo cual, deben ser consistentes a la hora de reprobar aquellos comportamientos que consideren reprensibles, ello no abre la posibilidad para que \u00e9stos recurran a agresiones como gritos, golpes, manipulaciones o cualquier forma de amedrentamiento, que aun cuando no sean apreciados socialmente como graves, causan una afectaci\u00f3n indeleble a nivel psico-afectivo en nuestros ni\u00f1os (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) De esta manera, el poder correccional no debe ser entendido como un salvoconducto de los progenitores o de quienes ejercen la custodia o gozan de la patria potestad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, para lesionarlos en su integridad f\u00edsica y moral, con la excusa de adiestrar su comportamiento; sino m\u00e1s bien como la potestad que le ha sido otorgada por la ley de intervenir libremente, desde el amor y el respeto, en la formaci\u00f3n moral de sus hijos para favorecer su adecuado desarrollo humano (\u2026)\u201d8. <\/p>\n
Adicionalmente, con la expedici\u00f3n de la Ley 2081 de 2021, qued\u00f3 proscrita toda forma de castigo f\u00edsico, tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como m\u00e9todo de correcci\u00f3n hacia los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes. <\/p>\n
Los progenitores, entonces, deben dise\u00f1ar pautas de crianza que no lesionen la integridad de los menores y, en cambio, favorezcan su desarrollo integral. <\/p>\n
2. La actora cuestiona el prove\u00eddo de 14 de abril de 20219 a trav\u00e9s del cual el estrado accionado confirm\u00f3, en sede de consulta, la resoluci\u00f3n de 25 de octubre de 2020 que la sancion\u00f3 con multa equivalente a dos salarios m\u00ednimos mensuales vigentes, por incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar otorgada en favor de su menor hijo Mart\u00edn, el 25 de octubre de 2019. <\/p>\n
Adem\u00e1s, reprocha que el juzgado convocado no haya accedido a la conversi\u00f3n de la sanci\u00f3n econ\u00f3mica referida, por cuanto, afirma, no cuenta con recursos econ\u00f3micos para sufragarla. <\/p>\n
3. De entrada, ha de anunciarse que el an\u00e1lisis constitucional se circunscribir\u00e1 a la decisi\u00f3n emitida en sede de consulta porque con ella se zanj\u00f3 la controversia y, en \u00faltimas, ese es el criterio que se impone jur\u00eddicamente mientras no sea revocado o infirmado. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, revisada la decisi\u00f3n censurada, no se advierte arbitrariedad alguna por parte del juzgador accionado que amerite la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
N\u00f3tese, el juez confutado confirm\u00f3 integralmente la resoluci\u00f3n de la Comisar\u00eda tras referir que, aun cuando la incidentada solo acept\u00f3 parcialmente su responsabilidad en los hechos a ella endilgados, pues manifest\u00f3 haberle gritado a su hijo, pero no agredirlo f\u00edsicamente, dicho comportamiento era suficiente para verificar su desacato a la medida de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [A]unque no se evidencia prueba que acredite que la agresi\u00f3n hubiere sido f\u00edsica, la medida de protecci\u00f3n declarada inobservada la conmin\u00f3 para que cesara \u201c\u2026cualquier acto de violencia\u2026verbal, psicol\u00f3gica, amenazas\u2026insulto, hostigamiento\u2026\u201d, circunstancias que se armonizan con lo ocurrido en el hogar del ni\u00f1o Mart\u00edn Smith Cely Sastre, quien presumiblemente fue expulsado por su madre, raz\u00f3n por la que se dirigi\u00f3 a la casa donde conviven su progenitor y su hermana\u201d. <\/p>\n
\u201cTal situaci\u00f3n fue corroborada igualmente por el se\u00f1or Alfonso Cely Ojeda quien indic\u00f3 \u201c(\u20269 el ni\u00f1o dijo fue que la mam\u00e1 y \u00e9l discutieron y la mam\u00e1 le tir\u00f3 las llaves y le dijo v\u00e1yase para donde su hermana (\u2026)\u201d (folio 134 ib\u00eddem), expresi\u00f3n que resulta cre\u00edble si se tiene en cuenta adem\u00e1s el informe de visita domiciliaria y caracterizaci\u00f3n de familia, en el que la Trabajadora Social concluy\u00f3 que el v\u00ednculo afectivo del ni\u00f1o con su madre es \u201cdistante y hostil\u201d (folio 114 ib\u00eddem). <\/p>\n
\u201cFinalmente, no se puede perder de vista que la incidentada tampoco acat\u00f3 la orden de tomar un proceso terap\u00e9utico para el manejo de su ira e impulsos, de donde se desprende un evidente incumplimiento a la medida impuesta (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Las conclusiones adoptadas son l\u00f3gicas, de su lectura, prima facie, no se advierte v\u00eda de hecho. El juez accionado analiz\u00f3 integralmente las pruebas obrantes en el plenario, de donde coligi\u00f3 que la aqu\u00ed actora continuaba perpetrando actos de maltrato verbal y psicol\u00f3gico a su menor hijo, raz\u00f3n por la cual hall\u00f3 justificado convalidar la sanci\u00f3n a ella impuesta. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la gestora no acredit\u00f3 haber cumplido la orden de asistir a terapia psicol\u00f3gica, pues el solo reporte de la solicitud o cancelaci\u00f3n de citas no es demostrativo de que, efectivamente, haya recibido tratamiento profesional en dicha especialidad, de forma constante. <\/p>\n
De esta manera, la providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d10. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
5. En lo concerniente a la queja frente a la negativa del juez confutado a convertir la sanci\u00f3n de \u201cmulta a trabajo social\u201d, el ruego no sale avante, pues, tal como aqu\u00e9l lo advirti\u00f3 en el prove\u00eddo de 6 de mayo de 2021, ya hab\u00eda agotado su competencia para conocer de dicho tr\u00e1mite; raz\u00f3n por la cual corresponde a la actora elevar dicha solicitud directamente a la comisaria accionada. <\/p>\n
En estas condiciones, la salvaguarda desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia contenida en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, por cuanto el interesado anhela un pronunciamiento de esta especial jurisdicci\u00f3n, frente a particularidades que deben ser conocidas y solucionadas por el funcionario competente; las cuales no hallan asidero en esta v\u00eda residual. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d11. <\/p>\n
6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En sentido an\u00e1logo, la regla 93 ej\u00fasdem, indica: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 196912, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d13, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio14. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia15, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales16; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas17. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
7. Conforme a los argumentos expuestos, se ratificar\u00e1 la providencia impugnada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante telegrama o por mensaje de datos a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Antes de entrar al estudio de fondo del asunto, esta Sala considera necesario tomar oficiosamente medidas para proteger la intimidad de los ni\u00f1os en pro de quienes se inco\u00f3 esta acci\u00f3n, de manera que ser\u00e1n elaborados dos textos de esta sentencia, de id\u00e9ntico tenor, solo que, en uno de ellos, el cual ser\u00e1 divulgado y consultado libremente, ser\u00e1n cambiados sus nombres y cualquier otro dato que pudiere conducir a la identificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Corte Constitucional, sentencia C-371 de 1994, Salvamento de Voto: \u201c(\u2026) [E]l Constituyente del 91, tom\u00f3 en consideraci\u00f3n un problema que estaba clamando por respuestas urgentes que se hab\u00edan diferido injustificadamente durante mucho tiempo; los ni\u00f1os como sujetos pasivos (particularmente indefensos) no s\u00f3lo de la violencia generalizada que viene agobiando a Colombia, sino de una particularizada y especialmente peligrosa: la originada en la propia familia. Es justo reconocer que normas anteriores de rango legislativo entre las cuales es preciso destacar el Decreto 2737 de 1989 (C\u00f3digo del Menor), se hab\u00edan ocupado en detalle de regular la protecci\u00f3n del ni\u00f1o. Pero era necesario que la preocupaci\u00f3n pasara a primer plano, y el propio constituyente sentara pautas inequ\u00edvocas acerca de la manera particularmente considerada como debe tratarse a la poblaci\u00f3n infantil, no s\u00f3lo por su d\u00e9bil condici\u00f3n sino por el hecho incontrovertible de que de su suerte pende la suerte del pa\u00eds (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. STC7597 de 9 de junio de 2016, exp. 08001-22-13-000-2016-00020-01. <\/p>\n
4\u0002 Corte Interamericana de Derechos Humanos, opini\u00f3n consultiva OC-17\/2002, p\u00e1rr. 56. <\/p>\n
5\u0002 Corte Constitucional. Sentencia T-557 de 2011. <\/p>\n