STC8999-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8999-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2021-00310-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de julio de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 24 de junio de la anualidad que avanza por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Yomar G\u00f3mez Mart\u00ednez contra los Juzgados Tercero Civil Municipal, S\u00e9ptimo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, y, Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, todos de la misma urbe, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la mentada ciudad, as\u00ed como los se\u00f1ores Henry Gonzalo Ruiz Urdaneta y Jos\u00e9 Antonio G\u00f3mez Mart\u00ednez, las partes e intervinientes del proceso coercitivo objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor de la salvaguarda reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por las autoridades accionadas, con las providencias dictadas el 1\u00b0 de febrero y 22 de marzo de 2019, 5 de octubre de 2020, 25 de enero y 31 de mayo de 2021, en marco del juicio coercitivo singular que Henry Gonzalo Ru\u00edz Urdaneta inici\u00f3 en su contra, identificado con el consecutivo No. 2018-00861-00. <\/p>\n
Por lo anterior, solicita de manera concreta que se dejen sin valor ni efecto las mentadas determinaciones, y en consecuencia, se invalide todo lo actuado al interior del litigio en comento, por haber sido calificado como \u00abinv\u00e1lido\u00bb el t\u00edtulo venero de la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo, y luego de hacer una descripci\u00f3n copiosa de los hechos que dieron origen al contrato de transacci\u00f3n que se present\u00f3 como base del recaudo dentro del citado decurso, as\u00ed como del tr\u00e1mite surtido, adujo que el 1\u00b0 de febrero de 2019, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Bucaramanga libr\u00f3 mandamiento de pago en su contra por los valores solicitados por el ejecutante; que en auto del 22 de marzo siguiente, orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, luego de haberlo tenido notificado por aviso, aun cuando, asegura, las respectivas comunicaciones libradas para tal fin no le fueron entregadas, lo que le impidi\u00f3 comparecer al proceso y ejercer su derecho de defensa y contradicci\u00f3n. <\/p>\n
Refiere que as\u00ed las cosas, acudi\u00f3 a la contienda a trav\u00e9s de su abogado de confianza, quien present\u00f3 incidente de nulidad para que se invalidara toda la actuaci\u00f3n surtida a partir de la orden de apremio, inclusive, por tener como \u00aborigen un t\u00edtulo (\u2026) calificado como NO V\u00c1LIDO que, como tal, no puede ser fuente v\u00e1lida de derechos\u00bb, pedimento desestimado en auto del 20 de octubre de 2020, determinaci\u00f3n que apelada, fue mantenida inc\u00f3lume por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga en prove\u00eddo del 31 de mayo de la presente anualidad, \u00ablo cual, no solo acrecienta el error del juez de primera instancia, sino, lo m\u00e1s grave, lesiona de manera protuberante los derechos fundamentales invocados y que son objeto de protecci\u00f3n por esta v\u00eda\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga, luego de hacer una breve referencia a la providencia que pronunci\u00f3 en sede de alzada, puso de presente que la jurisprudencia ha establecido que la acci\u00f3n de amparo \u00abno podr\u00e1 convertirse en una instancia adicional, ni tampoco resolver discusiones propias del proceso, como la interpretaci\u00f3n simple de la ley o valoraci\u00f3n de pruebas, porque ello no es un problema constitucional de vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales. Siguiendo esa l\u00ednea, es claro que la presente acci\u00f3n de tutela es improcedente, como quiera que mediante la referida providencia adiada 13 de mayo de 2021 se ofrecieron al aqu\u00ed accionante las razones por las cuales se arrib\u00f3 a la decisi\u00f3n all\u00ed adoptada, bajo los Principios de Legalidad y Autonom\u00eda judicial. As\u00ed las cosas, este Juzgado se remite a las razones expuestas en aquella oportunidad, para que en esta sede de tutela se valore que la decisi\u00f3n no es caprichosa, descabellada ni arbitraria, por lo que se reitera la solicitud de que DENIEGUE el amparo invocado\u00bb. <\/p>\n
b. Por su parte, el apoderado judicial del se\u00f1or Henry Gonzalo Ru\u00edz Urdaneta, quien fue vinculado a la presente acci\u00f3n en calidad de ejecutante, expuso en s\u00edntesis, que lo que busca el aqu\u00ed interesado es convertir el presente remedio excepcional en una instancia m\u00e1s del proceso compulsivo objeto de revisi\u00f3n. <\/p>\n
c. Finalmente, la titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga coment\u00f3, que \u00aben es[e] Juzgado se adelant\u00f3 tr\u00e1mite de solicitud de prueba extraprocesal \u2014Interrogatorio de Parte- radicado bajo el No. 680013103002 2017-297-00, iniciado a solicitud (\u2026) de HENRY GONZALO RUIZ URDANETA en contra del se\u00f1or YOMAR GOMEZ MART\u00cdNEZ; dentro del cual se fij\u00f3 fecha para la audiencia de interrogatorio de parte a que se contra\u00eda el objeto de dicho tr\u00e1mite, se\u00f1alando al efecto el 14\/9\/2018, oportunidad en la que se levant\u00f3 el acta respectiva\u00bb, el que se \u00abadelant\u00f3 en debida forma, (\u2026) dando aplicaci\u00f3n a la ley procesal y sustancial, sin que con las actuaciones surtidas se hayan vulnerado los derechos fundamentales invocados por el accionante en tutela\u00bb, motivos por los cuales solicita denegar la protecci\u00f3n inquirida. <\/p>\n
EL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bucaramanga, sala Civil Familia, neg\u00f3 la salvaguarda instada, luego de concluir al efecto, que \u00abque la petici\u00f3n tuitiva del actor frente al Juzgado Tercero Civil Municipal de Bucaramanga, no puede estudiarse de fondo, pues no se elev\u00f3 en un t\u00e9rmino razonable; es decir, no cumpli\u00f3 con la inmediatez que esta clase de remedio judicial demanda. Y es que el hecho que se enrostra, esto es, la orden ejecutiva en su contra, viene del 1\u00ba de febrero de 2019 y la orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, data del 22 de marzo de 2019. Transcurrieron m\u00e1s de dos a\u00f1os entre la supuesta vulneraci\u00f3n y el reclamo constitucional; tiempo que asoma al rompe exagerado. Al margen de lo anterior, esta tutela tampoco es subsidiaria, pues ciertamente, el ejecutado no esgrimi\u00f3 las defensas que ahora invoca en esta sede, que es, en realidad de verdad, excepcional\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, y acerca de las quejas esgrimidas frente a las providencias que resolvieron sobre el incidente de nulidad propuesto, dijo que \u00ab[a]uscultado el expediente respectivo en el marco de las decisiones adoptadas por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal y el Juzgado Segundo Civil del Circuito, ambos de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, en autos del 5 de octubre de 2020, 25 de enero de 2021, y 13 de mayo de 2021; no se atisba ninguno de los defectos denunciados. <\/p>\n
Raz\u00f3n le asiste al primero cuando afirm\u00f3 que no es factible alegar la nulidad en esta etapa procesal, teniendo en cuenta que fue notificado por aviso en el tr\u00e1mite del ejecutivo y guard\u00f3 silencio; ergo, la oportunidad que all\u00ed le feneci\u00f3 no puede revivirse a trav\u00e9s de este mecanismo judicial. Y si bien afirm\u00f3 el actor que nunca fue enterado de la existencia del proceso, lo cierto es que esa afirmaci\u00f3n hu\u00e9rfana de prueba qued\u00f3, am\u00e9n de que no soporta en ella la nulidad que s\u00faplica; sino en un aspecto netamente sustancial, la inexistencia de t\u00edtulo ejecutivo, circunstancia que s\u00f3lo pod\u00eda ventilar a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n contra la orden de apremio o las excepciones de m\u00e9rito. <\/p>\n
Huelga anotar que como la supuesta causal de invalidez no ocurri\u00f3 en la sentencia, el ejecutado con la nulidad invocada, otrora en el proceso ejecutivo y, ahora ac\u00e1; est\u00e1 disfrazando el argumento que debi\u00f3 exponer en las oportunidades se\u00f1aladas, consistente en la carencia de documento con fuerza ejecutiva; cosa que no puede abrirse paso ni en el tr\u00e1mite censurado ni en esta v\u00eda constitucional; seg\u00fan las voces del legislador de 2012 que inform\u00f3: \u201cLas nulidades podr\u00e1n alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia o con posterioridad a esta, si ocurrieren en ella.\u201d (art. 134 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
Luce diamantino, no hay nulidad alguna en el rito procesal, la ausencia de t\u00edtulo ejecutivo es un asunto netamente sustancial; pero en gracia de discusi\u00f3n, la situaci\u00f3n tuvo origen mucho antes de la sentencia y no en ella, corolario, el plazo para invocarla hab\u00eda expirado mucho antes de la interposici\u00f3n. Siendo as\u00ed como en efecto lo es, los jueces cuestionados no incurrieron en v\u00eda de hecho ninguna. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La plante\u00f3 el accionante, luego de insistir en los argumentos esbozados en el libelo inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo excepcional establecido en la Carta Pol\u00edtica de 1991, para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Ahora, conforme a la jurisprudencia constitucional, los pronunciamientos jurisdiccionales son, por regla general, ajenos al examen propio de esta especie de acci\u00f3n, a menos que resulten ostensiblemente arbitrarios, esto es, producto del mero capricho, a tal punto que configuren una \u00abcausal espec\u00edfica de procedencia del amparo\u00bb, y bajo los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a \u00e9sta y no se tengan ni hayan desaprovechado otros caminos para conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n
2. En el presente caso, el se\u00f1or G\u00f3mez Mart\u00ednez cuestiona, en \u00faltimas, las providencias por medio de las cuales, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Bucaramanga dict\u00f3 orden de apremio en su contra, y orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n; el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal del Ejecuci\u00f3n de Sentencias la misma ciudad, desestim\u00f3 el incidente de nulidad propuesto, y mantuvo en sede horizontal lo determinado; y, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma localidad confirm\u00f3 en sede de alzada la declaratoria de improcedencia del mentado incidente. <\/p>\n
3. Sin embargo, de la revisi\u00f3n de las documentales digitales allegadas, la Sala advierte la improcedencia de lo reclamado, teniendo en cuenta que, en lo que respecta a las providencias mediante las cuales se libr\u00f3 mandamiento ejecutivo y se dispuso seguir con el cobro coercitivo adelantado frente al gestor del amparo, el resguardo solicitado incumple con el presupuesto de procedibilidad general de la prontitud, dado que la \u00faltima de las citadas decisiones fue pronunciada el 22 de marzo de 2019, como se anot\u00f3 en el ac\u00e1pite de antecedentes, mientras que la presente demanda constitucional se radic\u00f3 s\u00f3lo hasta el 15 de junio pasado, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Al punto es suficientemente conocido que, pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
La Corte, en la materia, ha se\u00f1alado que <\/p>\n
\u00aba pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada. <\/p>\n
Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC1403-2021). <\/p>\n
4. Ahora, en lo que tiene que ver con el incidente de nulidad propuesto por el ejecutado, aqu\u00ed tutelante, y la \u00faltima de las determinaciones que zanj\u00f3 esa particular tem\u00e1tica, esta es, la pronunciada el 31 de mayo de los corrientes por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga, basta con se\u00f1alar que, las razones por las cuales se mantuvo inc\u00f3lume en sede vertical la determinaci\u00f3n de no dar tr\u00e1mite al mismo, lejos est\u00e1n de poder ser calificadas como subjetivas o carente de fundamento legal, pues en \u00faltimas, trat\u00e1ndose del r\u00e9gimen de resoluci\u00f3n de nulidades procesales en materia civil, entendidas las mismas como la sanci\u00f3n que impone el legislador a un \u00abacto procesal\u00bb que ha conculcado las \u00abgarant\u00edas judiciales\u00bb de los extremos procesales, \u00e9stas se rigen por los par\u00e1metros de taxatividad, trascendencia, protecci\u00f3n o salvaci\u00f3n del acto, convalidaci\u00f3n o saneamiento, legitimaci\u00f3n y preclusi\u00f3n, siendo el primero de los requisitos, que es el que nos ocupa destacar en el sub judice, el que predica que \u00fanicamente podr\u00e1 nulitarse el proceso en los espec\u00edficos eventos contemplados por la ley, es decir, los contemplados en el canon 133 del C\u00f3digo General del Proceso, de suerte que los acontecimientos que no hayan sido previamente tipificados por el legislador no pueden ser atendidos por el Juzgador; adem\u00e1s, en la causal \u00absupralegal\u00bb de que trata el canon 29 de la Carta Pol\u00edtica, y que s\u00f3lo guarda relaci\u00f3n con la prueba obtenida con violaci\u00f3n al debido proceso. <\/p>\n
4.1. As\u00ed las cosas, como el obligado, aqu\u00ed inconforme, fund\u00f3 la invalidez alegada dentro del proceso, en la supuesta inexistencia del t\u00edtulo base de la ejecuci\u00f3n, y esa circunstancia no se encuentra contemplada como causal de nulidad, ni en el precepto 29 de la Constituci\u00f3n, el cual invoc\u00f3, y tampoco en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, lo que proced\u00eda, sin m\u00e1s, era su \u00abrechazo de plano\u00bb, seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 135 ejusdem, cuesti\u00f3n que impide sostener, entonces, que en la actividad judicial reprochada se hubiera incurrido en alguna de las causales de procedencia del amparo invocadas, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le abre paso al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo, pues, la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela. <\/p>\n
4.2. Puestas de ese modo las cosas, queda claro que lo pretendido por el querellante es anteponer su propio criterio al de las autoridades accionadas y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que considera desatinada, finalidad que resulta ajena a la tutela, la cual no fue establecida para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n
4.3. Sobre el presente t\u00f3pico, reiteradamente se ha pregonado que, \u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC1403-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
5. Corolario de lo expuesto, las anteriores razones se estiman suficientes para la ratificaci\u00f3n del fallo confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el asunto a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC8999-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC8999-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2021-00310-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de julio de dos mil veintiuno). Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintiuno (2021).- Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 24 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55689","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55689","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55689"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55689\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55689"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55689"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55689"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}