STC9006-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9006-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00676-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo pronunciado el 4 de mayo de 2021, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. E.S.P. -Acuavalle SA ESP, contra el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cali y la Sala Penal del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la acci\u00f3n constitucional a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La empresa gestora del resguardo a trav\u00e9s de su director jur\u00eddico, reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional de segundo grado convocada, con la sentencia proferida en tr\u00e1mite de la impugnaci\u00f3n presentada en el marco de la salvaguarda que adelant\u00f3 en su contra el se\u00f1or Juli\u00e1n Orobio Jurado, con radicado No. 2021-00004-01. <\/p>\n
En consecuencia, exige para la protecci\u00f3n de la citada prerrogativa, concretamente, que se invalide el fallo constitucional de segunda instancia proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali el 26 de marzo hoga\u00f1o, y que en consecuencia, se ordene al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de esa urbe, \u00abproceda a notificar[la] del auto que concede la impugnaci\u00f3n con el respectivo escrito\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto aduce en lo esencial, que en desarrollo de la acci\u00f3n de tutela que en contra de Acuavalle SA ESP interpuso el se\u00f1or Juli\u00e1n Orobio Jurado, el citado Juzgado Penal del Circuito desestim\u00f3 la salvaguarda rogada mediante prove\u00eddo del 12 de febrero del a\u00f1o en curso, por no haberse probado el perjuicio irremediable alegado por el accionante, con ocasi\u00f3n de su despido, ni que \u00e9ste estuviera bajo ninguna circunstancia de estabilidad laboral reforzada, decisi\u00f3n que fue notificada a la empresa d\u00eda siguiente, mediante correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
Comenta que aunque nunca fue la compa\u00f1\u00eda enterada de la impugnaci\u00f3n propuesta por el gestor del amparo, ni del auto de su concesi\u00f3n, el Tribunal Superior criticado resolvi\u00f3 \u00abREVOCAR la sentencia de Tutela No. 06 del 2 de febrero de 2021, proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cali, y en su lugar TUTELAR los derechos fundamentales al m\u00ednimo vital, a la salud, a la seguridad social y a la estabilidad laboral reforzada del se\u00f1or Juli\u00e1n Davis Orobio Jurado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia\u00bb, para entonces, \u00abORDENAR a la Gerencia de la Sociedad de Acueductos y Alcantarillado del Valle del Cauca \u201cACUAVALLE\u201d S.A. E.S.P. que dentro del t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n del presente fallo, proceda a reintegrar al se\u00f1or Juli\u00e1n Davis Orobio Jurado, a un cargo de iguales o mejores condiciones que aqu\u00e9l que desempe\u00f1aba al momento de la finalizaci\u00f3n del v\u00ednculo laboral (12 de enero de 2021)\u00bb. <\/p>\n
Alega que en vista de las anteriores circunstancias acude a la presente v\u00eda excepcional, pues la decisi\u00f3n que le fue adversa se sustent\u00f3 en \u00abhechos que no fueron objeto de discusi\u00f3n en primera instancia\u00bb, motivo por el cual, no cont\u00f3 con la oportunidad para controvertirlos, m\u00e1xime cuando, reitera, no fue notificado del auto que concedi\u00f3 la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
b. Por su parte, el titular del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cali, luego de narrar de manera sucinta el tr\u00e1mite que en primer grado surti\u00f3 al interior del amparo aqu\u00ed analizado, hizo \u00e9nfasis en que \u00abmediante auto de sustanciaci\u00f3n de fecha quince (15) de febrero de dos mil veintiuno (2021) dispuso conceder la alzada propuesta ante el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Penal, en el efecto devolutivo, de conformidad con el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Se desprende de lo anterior, respetado Magistrado, que el actuar de esta Judicatura ha sido apegada, estrictamente, a las disposiciones del Decreto 2591 de 1991, en particular, en lo que ata\u00f1e al tr\u00e1mite dado a la impugnaci\u00f3n y que hoy es motivo de disenso por parte del apoderado judicial de la compa\u00f1\u00eda ACUAVALLE S.A. E.S.P., pues una vez conocida de la inconformidad del se\u00f1or OROBIO JURADO se procedi\u00f3 a remitir la totalidad de piezas procesales que componen la actuaci\u00f3n ante nuestro superior jer\u00e1rquico, que para el caso es la Sala Penal del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali\u00bb. <\/p>\n
Por lo que, en suma, \u00abde haberse incurrido en alguna irregularidad, la Sala Penal encargada de conocer del tr\u00e1mite en segunda instancia hubiese advertido de esa anomal\u00eda, lo cual no ocurri\u00f3, pues dentro del t\u00e9rmino de Ley procedi\u00f3 a resolver de fondo la impugnaci\u00f3n, tambi\u00e9n, atemper\u00e1ndose a las disposiciones que para dichos efectos contempla el canon 32 del Decreto 2591 de 1991\u00bb. <\/p>\n
c. A su turno, el se\u00f1or Juli\u00e1n Orobio Jurado, vinculado al presente asunto en calidad de promotor en el tr\u00e1mite excepcional cuestionado, expres\u00f3 que la acci\u00f3n de amparo que hoy intenta Acuavalle S.A. E.S.P. es improcedente, comoquiera que lo pretendido es controvertir un asunto de la misma naturaleza, m\u00e1xime cuando la decisi\u00f3n de segundo grado confutada, tuvo como fundamento la jurisprudencia constitucional existente sobre la materia, y que pese a lo ordenado por el Tribunal de Cali, a la fecha no se ha dado cumplimiento al reintegro, motivo por el cual promovi\u00f3 el respectivo incidente de desacato. <\/p>\n
d. Finalmente, el apoderado judicial de la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar del Valle del Cauca \u2013 Comfamiliar Andi, solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de la sociedad que representa, pues ninguna injerencia tiene en los hechos y pretensiones que originaron la presente petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, luego de hacer una rese\u00f1a de los requisitos generales y espec\u00edficos de procedencia del amparo contra providencias judiciales, as\u00ed como los establecidos jurisprudencialmente cuando se trata de un fallo de tutela, desestim\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, por cuanto \u00aben el presente asunto, se observa que la demandante ataca los fallos emitidos dentro de la acci\u00f3n de tutela 2021- 00004, sin se\u00f1alar circunstancia alguna, conforme a la jurisprudencia anteriormente citada, que justifique la intervenci\u00f3n en sede de tutela. <\/p>\n
En efecto, los reparos a la decisi\u00f3n se limitan a exponer un desacuerdo con el criterio jur\u00eddico acogido por la Sala de Decisi\u00f3n Constitucional del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, quien a su juicio, bas\u00f3 su pronunciamiento en nuevos hechos alegados por el se\u00f1or Orobio Jurado, los cuales no fueron objeto de estudio por el a quo, e incidi\u00f3 en la decisi\u00f3n emitida en segunda instancia; esto es, el hecho que el accionante dentro de la acci\u00f3n de tutela 2021-00004, es una persona que padece de la enfermedad de inmunodeficiencia adquirida -VIH-, por lo que es sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
El aspecto antes expuesto, indudablemente, busca atacar el fondo de la providencia. Recu\u00e9rdese que si bien, de forma excepcional, se ha admitido la posibilidad de interponer acciones contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso, de las adelantadas por los jueces de tutela, esa excepci\u00f3n est\u00e1 circunscrita a asuntos en los que se debate un error de procedimiento en el curso del tr\u00e1mite constitucional. Se aclara que la acci\u00f3n de tutela no es constitutiva de instancia adicional y menos puede converger a manera de instrumento paralelo o alternativo, desquiciador de los procedimientos ordinarios y extraordinarios. Bajo las condiciones expuestas y como no se avizora alguna vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del accionante, se impone confirmar la decisi\u00f3n impugnada en el sentido de declarar improcedente el amparo invocado\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El tutelante se mostr\u00f3 inconforme frente a lo resuelto, insistiendo en que \u00abla acci\u00f3n de tutela se interpuso con el fin de lograr la salvaguarda del derecho al debido proceso y defensa y contradicci\u00f3n de la accionante, en tanto una vez se emite sentencia de primera instancia dentro de la acci\u00f3n de tutela bajo radicado 2021-0004, el accionante interpuso recurso de apelaci\u00f3n y el auto por medio del cual se concede la alzada no fue notificado a ACUAVALLE S.A E.S.P como accionado, para \u00e9ste haber solicitado el escrito de impugnaci\u00f3n y poder ejercer [su] derecho de defensa y contradicci\u00f3n frente a los argumentos expuestos en dicho recurso. <\/p>\n
Dicha falta de notificaci\u00f3n, fue el punto toral del acci\u00f3n de tutela que hoy nos convoca en sede de impugnaci\u00f3n, de hecho la \u00fanica pretensi\u00f3n dentro de la presente demanda constitucional fue la de anular el tr\u00e1mite de segunda instancia (\u2026) para que el juzgado de primera instancia procediera a notificar de la alzada que se interpuso en dicho tr\u00e1mite, no se solicit\u00f3 nada m\u00e1s, lo que causa extra\u00f1eza es que frente a dicha pretensi\u00f3n la Sala de Decisi\u00f3n de Acciones de Tutela No. 1 a trav\u00e9s del M.P Jos\u00e9 Francisco Acu\u00f1a Vizcaya no hizo pronunciamiento alguno, guard\u00f3 absoluto silencio frente a ello\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en una medida a\u00fan mayor, cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, de manera sumamente excepcional, la Corte ha admitido la intervenci\u00f3n de un segundo juez de amparo cuando en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado del respetivo tr\u00e1mite. <\/p>\n
2. Acerca de esta especial tem\u00e1tica, la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 adiada 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios dispuestos desde el a\u00f1o 2001 acerca de los casos en los cuales, de manera excepcional, resulta procedente la acci\u00f3n de tutela frente a una controversia suscitada con ocasi\u00f3n de un tr\u00e1mite de igual naturaleza, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab4.6. Unificaci\u00f3n jurisprudencial respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia. <\/p>\n
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb. <\/p>\n
3. Aqu\u00ed, tras realizarse el correspondiente escrutinio a la demanda de resguardo constitucional presentada por la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. E.S.P., se revela sin asomo de duda que la misma debe desestimarse, habida cuenta que, como arriba se dej\u00f3 establecido, su objetivo es atacar el fallo de segundo grado emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, al interior de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 en su contra uno de sus trabajadores, y que le result\u00f3 desfavorable, tras dejar sin valor ni efecto la decisi\u00f3n desestimatoria del juez cognoscente, para as\u00ed conceder la salvaguarda rogada y ordenar el reintegro del se\u00f1or Juli\u00e1n Orobio Jurado, cuesti\u00f3n que comporta se\u00f1alar, sin duda, desemboca en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, pues, por dem\u00e1s, no se evidencia la ocurrencia de las hip\u00f3tesis previstas en el punto 4.6.2.2. y 4.6.3.2. de la providencia citada l\u00edneas atr\u00e1s. <\/p>\n
Ello, pues no se demostr\u00f3 el \u00abfen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta\u00bb, trat\u00e1ndose de las quejas relativas a la sentencia de segundo grado, como tampoco, en caso de que la queja relacionada con una actuaci\u00f3n acaecida con posterioridad a \u00e9sta, que el yerro guarde directa relaci\u00f3n con \u00abel tr\u00e1mite del incidente de desacato\u00bb, pues de lo que se duele aqu\u00ed Acuavalle SA ESP, es de la supuesta indebida notificaci\u00f3n del auto que concedi\u00f3 la impugnaci\u00f3n, para que de manera excepcional\u00edsima se autorice la intervenci\u00f3n de un segundo juez de tutela. <\/p>\n
En este sentido, la Sala ha se\u00f1alado que proceder de esta manera \u00abevita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CSJ 2255-2021). <\/p>\n
4. T\u00e9ngase en cuenta adem\u00e1s, que la jurisprudencia ha insistido en que ante una ocasional falta o desafuero en que puedan incurrir los jueces de tutela al ocuparse de las decisiones con las que se resuelva sobre el se\u00f1alado mecanismo excepcional, su impugnaci\u00f3n o la etapa del incidente de desacato, no es un nuevo instrumento de la misma naturaleza el adecuado para contrarrestar el supuesto quebranto, toda vez que con ese fin el legislador dise\u00f1\u00f3 la revisi\u00f3n eventual ante la Corte Constitucional, escenario donde la parte interesada puedo acudir al recurso de insistencia previsto en el art\u00edculo 33 del citado decreto1, para pedir a dicha Corporaci\u00f3n su escogencia, \u00fanico mecanismo procesal que deb\u00eda interponerse o solicitarse ante el funcionario habilitado para el efecto, pues seg\u00fan la consulta efectuada el pasado 15 de julio de los corrientes en la p\u00e1gina web de la mentada Corporaci\u00f3n, el caso objeto de la queja, a\u00fan no ha sido exclu\u00eddo de tal tr\u00e1mite2. <\/p>\n
Sobre la citada herramienta ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (CSJ STC8012-2021). <\/p>\n
De este modo, la posibilidad de acudir al mencionado mecanismo ante el alto Tribunal Constitucional, al ser la v\u00eda id\u00f3nea para plantear la inconformidad expuesta en este escenario, impide la intromisi\u00f3n en el asunto por parte de un segundo juez de tutela, pues, este remedio \u00abes un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC437-2021). <\/p>\n
5. Corolario de lo anterior, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Reglamentado en el Acuerdo No 05 de 1992, emanado de la Corte Constitucional. <\/p>\n
2\u0002https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/consultat\/consulta.php?campo=rad_actor&date3=2019-01-01&date4=2021-07-15&radi=Radicados&palabra=orobio+jurado&radi=radicados&todos=%25 <\/p>\n
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