STC9007-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9007-2021 <\/p>\n
(Se acumul\u00f3 la tutela 2021-01209-00) <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 23 de junio de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por C\u00e9sar Hernando Figueredo Morales e Ibette Roc\u00edo Valencia Godoy, contra los Juzgados Treinta y Cuatro Civil del Circuito y Veintiocho de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple, ambos de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 al Banco Colpatria Multibanca Colpatria SA, a las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito de amparo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes, en solicitudes separadas acumuladas por el a quo constitucional, reclaman la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la vivienda digna, a la \u00abbuena fe\u00bb y a la \u00abpublicidad\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades convocadas, con ocasi\u00f3n de la diligencia de entrega del inmueble ordenada en el marco del proceso verbal de restituci\u00f3n de tenencia que el Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A. promovi\u00f3 contra Julia Katherine Herrera y Guillermo Augusto Figueredo Morales, identificado con el radicado No. 2017-00043-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretenden que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, ordenando \u00abdecretar la cautela de la suspensi\u00f3n provisional de toda actuaci\u00f3n judicial o administrativa promovida por los juzgados accionados, en aplicaci\u00f3n de la excepci\u00f3n de convencionalidad e inconstitucionalidad\u00bb, para que, puntualmente, no se realice la diligencia de entrega programada dentro del decurso antes individualizado. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aducen en compendio, que desde hace \u00abm\u00e1s de 10 a\u00f1os\u00bb poseen de buena fe y de manera ininterrumpida y tranquila, el inmueble ubicado en \u00abla Calle 126 # 48 \u2013 48 de Bogot\u00e1, Apto 503\u00bb, ejerciendo actos de dominio; no obstante, el 10 de junio del presente a\u00f1o \u00abde manera inexplicable\u00bb, les dejaron un aviso en la porter\u00eda del edificio informando sobre la entrega del bien a realizarse el 11 de junio siguiente por el Juzgado Veintiocho de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1, por comisi\u00f3n realizada por el Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de la misma localidad dentro del referido proceso, asunto al cual, dicen, no han sido vinculados como terceros, pese a tener \u00abpleno inter\u00e9s en cualquier contienda judicial o administrativa que involucre al inmueble\u00bb, situaci\u00f3n que, aseguran, hace necesaria la intervenci\u00f3n del juez constitucional a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a.) El Banco Scotiabank Colpatria S.A. inform\u00f3, que el referido proceso inici\u00f3 por la mora en el pago de las cuotas del leasing habitacional adquirido por Julia Katherine Herrera y Guillermo Augusto Figueredo, por lo que el 23 de agosto de 2018 se emiti\u00f3 sentencia en que se declar\u00f3 terminado el contrato y se orden\u00f3 la restituci\u00f3n del bien objeto del mismo, aplaz\u00e1ndose la entrega que hab\u00eda sido programada para el 11 de junio hoga\u00f1o, para el 11 de julio siguiente, para que los demandados puedan cumplir el acuerdo de pago aprobado por la entidad. <\/p>\n
Precis\u00f3, que seg\u00fan la escritura de venta, el inmueble a restituir fue entregado materialmente a los locatarios en el a\u00f1o 2014, por lo que \u00absorprende\u00bb que los actores aseguren poseerlo desde hace m\u00e1s de diez a\u00f1os, m\u00e1s aun cuando en dicho negocio el aqu\u00ed accionante Carlos Hernando Figueredo Morales actu\u00f3 como apoderado del vendedor del bien. <\/p>\n
b.) El Juzgado Veintiocho de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3, que no solo el amparo es improcedente, sino que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, ya que fue comisionado por el Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de la misma ciudad para la diligencia de entrega, sin que pueda exceder la competencia que tienen dentro de la misma. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada por incumplir con el requisito de la subsidiariedad, toda vez que \u00abno se han agotado los mecanismos ordinarios de defensa que ostentan [los accionantes], como poseedores que afirman ser, en el art\u00edculo 309 del C\u00f3digo General del Proceso, medio de defensa que se activa en la pr\u00e1ctica de la diligencia de entrega y que le permite a los convocantes oponerse efectivamente al desalojo aportando prueba sumaria de su posesi\u00f3n, siendo entonces evidente que las acciones de amparo instauradas no superan el examen de procedibilidad en cuanto al requisito de subsidiariedad\u00bb; as\u00ed mismo, \u00aben el sub judice, se tiene que la entrega se encuentra supeditada al no cumplimiento de los demandados dentro del proceso verbal de restituci\u00f3n del inmueble arrendado Julia Katherine Herrera y Guillermo Augusto Figueredo Morales, raz\u00f3n por la cual, primariamente, el Banco solicit\u00f3 el aplazamiento de la diligencia con el fin que los arrendatarios pudiesen dar cumplimiento al acuerdo de pago aprobado y suscrito con la entidad financiera\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la accionante Ibette Roc\u00edo, insistiendo en que debe concederse la salvaguarda invocada ante la inminencia de perder la posesi\u00f3n del bien objeto de la entrega, lo que, dice, le generar\u00eda un perjuicio irremediable. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo excepcional establecido en la Carta Pol\u00edtica de 1991, para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Ahora, conforme a la jurisprudencia constitucional, los pronunciamientos jurisdiccionales son, por regla general, ajenos al examen propio de esta especie de acci\u00f3n, a menos que resulten ostensiblemente arbitrarios, esto es, producto del capricho, a tal punto que configuren una \u00abcausal espec\u00edfica de procedencia del amparo\u00bb, y bajo los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a \u00e9sta y no se tengan ni hayan desaprovechado los mecanismos para conjurar la lesi\u00f3n, puesto que, en el supuesto de haber contado o de contar con ellos, el mecanismo constitucional no tiene cabida, ya que tales formas ordinarias de defensa vienen a constituir el sendero por medio del cual debe obtenerse protecci\u00f3n o el restablecimiento de los derechos superiores amenazados o efectivamente conculcados por los jueces. <\/p>\n
2. En el presente caso, los ciudadanos Figueredo Morales y Valencia Godoy cuestionan, puntualmente, la diligencia de entrega del inmueble ubicado en \u00abla Calle 126 # 48 \u2013 48 de Bogot\u00e1, Apto 503\u00bb, a ser realizada por el Juzgado Veintiocho de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de esta capital, por comisi\u00f3n realizada por el Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de la misma urbe, dentro del proceso verbal de restituci\u00f3n de tenencia que el Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A. promovi\u00f3 contra Julia Katherine Herrera y Guillermo Augusto Figueredo Morales, pues en su criterio, son poseedores del bien desde hace m\u00e1s de 10 a\u00f1os. <\/p>\n
3. No obstante, de la revisi\u00f3n del escrito inicial y sus anexos, anticipa la Sala que la protecci\u00f3n solicitada por la accionante Ibette Roc\u00edo Valencia Godoy en la impugnaci\u00f3n habr\u00e1 de negarse, por constatarse incumplido el requisito de la subsidiariedad, ya que a\u00fan cuenta con otro medio de defensa id\u00f3neo y eficaz para obtener la defensa de las prerrogativas que aduce vulneradas, ello en raz\u00f3n a que si su descontento radica en que la anotada diligencia es improcedente, por ser poseedora del inmueble objeto de la misma, para ese prop\u00f3sito a\u00fan cuenta con la posibilidad de oponerse a la entrega alegando dicha condici\u00f3n, conforme lo permite el art\u00edculo 309 del C\u00f3digo General del Proceso, oportunidad en la cual podr\u00e1 exponer ante el comisionado lo narrado en este escenario, acompa\u00f1ando las pruebas que pretenda hacer valer. <\/p>\n
Por consiguiente, si la inconforme no ha agotado todos los medios procesales que les brinda el ordenamiento para obtener lo que aqu\u00ed reclama, no puede pretender a trav\u00e9s de esta herramienta especial\u00edsima que se provea la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir al juez natural a trav\u00e9s del mecanismo correspondiente, pues \u00abla acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC2451-2021). <\/p>\n
4. Ahora, no es posible acceder al amparo de manera transitoria, pues, no se aprecia en este caso la concurrencia de los presupuestos establecidos por la doctrina constitucional para la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable, esto es, la gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del juez constitucional, al no estar probado que el tiempo que tarde la impugnante en realizar la anotada oposici\u00f3n, implique per se, la consumaci\u00f3n de un da\u00f1o de tal naturaleza, m\u00e1xime cuando la realizaci\u00f3n de la entrega es en este momento incierta, al depender del cumplimiento de un acuerdo de pago celebrado entre los extremos del juicio de restituci\u00f3n de tenencia, tal como lo inform\u00f3 la entidad financiera demandante al intervenir en este tr\u00e1mite especial. <\/p>\n
Sobre la viabilidad de conceder el auxilio para evitar la entrega de un predio, so pretexto del acaecimiento de un perjuicio irremediable, la Sala de tiempo atr\u00e1s ha precisado, que el amparo \u00abno se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales (\u2026). Tampoco es posible acceder al resguardo solicitado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, como quiera que seg\u00fan ha advertido esta Corte, \u2018en principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia (\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales y, adem\u00e1s, tampoco impide al afectado procurarse otra vivienda para s\u00ed y su familia. De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u2019 (sentencia de tutela de 29 de noviembre de 2006, Exp. No. 8001-2213-000-2006-00079-01)\u00bb (CSJ STC791-2021). <\/p>\n
5. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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