STC9010-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9010-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2021-00143-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia dictada el 4 de junio de 2021, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la tutela instaurada por Jos\u00e9 Hermilo Cuero contra el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito y la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, ambos de la citada capital, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201cpertenencia\u201d promovido por Aldemar \u00c1lvarez a Nubia Sanclemente Pineda y otros. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso y petici\u00f3n, presuntamente violentadas por los accionados. <\/p>\n
2. Del confuso escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
En el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Cali, se tramita el litigio objeto de esta salvaguarda, asunto en el cual se declar\u00f3 pr\u00f3spera la reconvenci\u00f3n incoada por el extremo pasivo, orden\u00e1ndosele, al all\u00ed demandante, reivindicar a sus propietarios el predio en disputa. <\/p>\n
Dentro de la diligencia de entrega del inmueble inmiscuido, Jos\u00e9 Hermilo Cuero \u2013 aqu\u00ed tutelante \u2013 present\u00f3 oposici\u00f3n, inadmitida el 20 de septiembre de 2019. <\/p>\n
Afirma el actor que, ante el despacho fustigado, solicit\u00f3 la nulidad del comentado decurso \u201ca partir de la muerte de cada una de las personas que aspiran a reivindicar\u201d, pues, en su sentir, el poder otorgado por aqu\u00e9llas se encuentra \u201cfenecido\u201d; sin embargo, el convocado \u201cno se ha pronunciado al respecto\u201d. <\/p>\n
Asegura haber anexado al referido requerimiento \u201cun estudio de t\u00edtulos del predio\u201d objeto de litis, al cual se le debe dar \u201cun necesario valor probatorio\u201d, pues, con aquel se demuestra que el predio pretendido en reivindicaci\u00f3n es distinto al bien detentado por \u00e9l, en posesi\u00f3n. <\/p>\n
Sostiene que el estrado convocado no ha resuelto un \u201crecurso de queja a una petici\u00f3n que le hizo el d\u00eda 10 de febrero 2021, ni la ha subido a la p\u00e1gina web de la rama judicial\u201d, vulner\u00e1ndose as\u00ed sus derechos supralegales. <\/p>\n
Manifiesta que el 25 de abril pasado elev\u00f3 ante la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cali, un \u201cderecho de petici\u00f3n\u201d, requiriendo la informaci\u00f3n sobre \u201cel n\u00famero inmobiliario matriz de la parcelaci\u00f3n las camelias\u201d; sin obtener ninguna respuesta al respecto. <\/p>\n
3. Solicita, en concreto, \u201ci) ordenar la nulidad de todo lo actuado en el proceso [sublite] desde la muerte de Amalia San Clemente Pineda (\u2026); ii) suspender el proceso si no se da la nulidad hasta tanto se decida v\u00eda judicial a quien le van a reivindicar materialmente el predio; y iii) tutelar [su] derecho de petici\u00f3n (\u2026)\u201d <\/p>\n
1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
1. El Juzgado criticado explic\u00f3 que la nulidad aducida por el censor fue resuelta mediante auto de 7 de octubre de 2020, decisi\u00f3n apelada por el interesado, alzada que se encuentra surtiendo su tr\u00e1mite ante el ad quem. <\/p>\n
Adujo que el recurso de queja impetrado por el quejoso dentro del caso bajo estudio fue rechazado por improcedente el 13 de mayo de 2021. <\/p>\n
2. La Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cali manifest\u00f3 que el 27 de mayo pasado, remiti\u00f3 al correo electr\u00f3nico suministrado por el petente, la respuesta de fondo al requerimiento elevado por aqu\u00e9l ante esa entidad. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda, tras advertir: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [N]o se evidencia vulneraci\u00f3n alguna proveniente del despacho judicial endilgado, en relaci\u00f3n a \u201cNO haber resuelto la solicitud de recurso de queja de la aclaraci\u00f3n que formul\u00f3 (\u2026) en el proceso (\u2026), ni la hab\u00eda subido a la p\u00e1gina web de la rama judicial\u201d (sic), toda vez que de la elemental revisi\u00f3n del expediente digital allegado para su inspecci\u00f3n (\u2026), diferente a lo dicho por el accionante, se evidencia que mediante prove\u00eddo de 13 de mayo \u00faltimo, se resolvi\u00f3 \u201c[r]echazar in limine el recurso de reposici\u00f3n y negar por improcedente el de queja (\u2026), habi\u00e9ndose surtido su notificaci\u00f3n a trav\u00e9s de su publicaci\u00f3n en lista de estados electr\u00f3nicos del 18 de mayo siguiente, conforme lo evidencia el resultado de Consulta de Procesos de la p\u00e1gina web de la Rama Judicial (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed mismo, aparece igualmente inviable el amparo deprecado respecto a las pretensiones del querellante, encaminadas a ordenar la nulidad de todo lo actuado en el proceso desde la muerte de Amalia San Clemente Pineda (\u2026), as\u00ed como suspender el proceso si no se da la nulidad (\u2026), pues lo cierto es que aquel asunto se encuentra pendiente de definir, en segunda instancia, por parte de este Tribunal\u201d. <\/p>\n
\u201cFinalmente, (\u2026) los anexos arrimados con la contestaci\u00f3n remitida por la oficina reprochada permiten establecer que estando en tr\u00e1mite esta acci\u00f3n, dicha entidad profiri\u00f3 la comunicaci\u00f3n No. 370201EE03494 de 27 de mayo de 2021, en la cual se pronunci\u00f3 sobre la informaci\u00f3n pedida [por el tutelante]\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
El promotor impugn\u00f3 insistiendo en la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas fundamentales, pues ha hecho \u201cpeticiones claras sobre la identificaci\u00f3n del predio que pretende reivindicar\u201d; sin embargo, la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cali no ha atendido debidamente sus requerimientos. <\/p>\n
Se\u00f1ala haber informado al tribunal constitucional a quo, en el transcurso del tr\u00e1mite de este auxilio, que la respuesta otorgada por la referida entidad no resolv\u00eda de fondo su exigencia; empero, ese aspecto no fue resuelto en el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
Asegura que la sentencia proferida en el comentado decurso, \u201cno se podr\u00e1 ejecutar porque hubo muchas irregularidades en su tr\u00e1mite\u201d, m\u00e1s a\u00fan cuando, el predio inmiscuido \u201cnunca fue secuestrado\u201d. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Circunscrita esta Sala a la impugnaci\u00f3n, se estudiar\u00e1, \u00fanicamente, el tema referente a la presunta ausencia de respuesta a la petici\u00f3n elevada por el actor el 25 de abril de 2021, ante la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cali, pues, en primer lugar, el punto relativo a la forma como el tribunal a quo abord\u00f3 la aducida tardanza atribuida al juzgado confutado en resolver la queja y la nulidad impetradas por aqu\u00e9l, dentro del litigio subex\u00e1mine, no fue materia de inconformidad. <\/p>\n
Frente a ese \u00faltimo t\u00f3pico, esta Corporaci\u00f3n ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]s cierto que, en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026). Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
2. Aclarado lo anterior, se resalta, la prerrogativa contemplada en la norma 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, se se concreta en la posibilidad de presentar solicitudes respetuosas a las autoridades para obtener respuestas oportunas, completas y adecuadas. \u00c9stas deben corresponder a lo exigido y notificarse en los puntuales plazos establecidos por la Ley2; sin que ello implique, el acogimiento del fondo del asunto, por cuanto el ordenamiento constitucional no demanda acceder en forma positiva a lo peticionado, pero s\u00ed responder tempestiva, clara, precisa y congruentemente lo impetrado. <\/p>\n
En lo atinente al alcance de la garant\u00eda supralegal mencionada, esta Sala ha anotado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [i] El derecho de petici\u00f3n es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la informaci\u00f3n, a la participaci\u00f3n pol\u00edtica y a la libertad de expresi\u00f3n; (ii) el n\u00facleo esencial del derecho de petici\u00f3n reside en la resoluci\u00f3n pronta y oportuna de la cuesti\u00f3n; (iii) la petici\u00f3n debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo m\u00e1s corto posible; (v) la respuesta no implica aceptaci\u00f3n de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares; (vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la v\u00eda gubernativa y acceder a la v\u00eda judicial, no satisface el derecho fundamental de petici\u00f3n pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petici\u00f3n; (viii) el derecho de petici\u00f3n tambi\u00e9n es aplicable en la v\u00eda gubernativa; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder; y (x) ante la presentaci\u00f3n de una petici\u00f3n, la entidad p\u00fablica debe notificar su respuesta al interesado (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la enunciada prerrogativa, se relieva, el art\u00edculo 13 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, suscrita el 22 de noviembre de 1969 en San Jos\u00e9 -Costa Rica- y aprobada por Colombia mediante la Ley 16 de 1972, consagra: <\/p>\n
\u201c(\u2026) 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresi\u00f3n. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda \u00edndole, sin consideraci\u00f3n de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o art\u00edstica, o por cualquier otro procedimiento de su elecci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: <\/p>\n
\u201ca) el respeto a los derechos o a la reputaci\u00f3n de los dem\u00e1s, o \u201cb) la protecci\u00f3n de la seguridad nacional, el orden p\u00fablico o la salud o la moral p\u00fablicas. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
En torno al canon citado, la Corte Interamericana ha dicho que al estipularse expresamente <\/p>\n
\u201c(\u2026) los derechos a \u2018buscar\u2019 y a \u2018recibir informaciones\u2019, [se] protege el derecho que tiene toda persona a acceder a la informaci\u00f3n bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el estricto r\u00e9gimen de restricciones establecido en [el anotado] instrumento (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
3. El gestor censura la falta de respuesta de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cali a su requerimiento de 25 de abril de 2021, el cual se present\u00f3 en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u201c[H]ice una petici\u00f3n para encontrar el n\u00famero inmobiliario del predio que poseo y lo quiero prescribir por adquisici\u00f3n extraordinaria de dominio, se me contest\u00f3 que ten\u00eda que hacerlo personalmente por lo que acud\u00ed y ped\u00ed el certificado especial que me fue resuelto el d\u00eda 15 de septiembre 2020 (\u2026). A ra\u00edz de esta solicitud empec\u00e9 a investigar para ver que m\u00e1s informaci\u00f3n daba para encontrar el n\u00famero inmobiliario al cual debo dirigir la demanda de prescripci\u00f3n adquisitiva, llegando a la siguiente informaci\u00f3n que transcribo para que la oficina de registro me indique cu\u00e1l es el n\u00famero inmobiliario de mayor extensi\u00f3n con que se hizo el proindiviso, como me han dicho los abogados que han analizado estos 12 certificados de tradici\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Si observamos los n\u00fameros que se segregaron de los anteriores (hoja final de cada certificado) observamos que las anotaciones 20, 23, 35 NO aparecen con numero inmobiliario adjudicado cuando se inscribi\u00f3 en este folio las respectivas escrituras inscritas en estos t\u00edtulos\u201d. <\/p>\n
\u201cPor lo que con la anterior informaci\u00f3n necesito se me indique el numero inmobiliario del predio de mayor extensi\u00f3n de donde salieron todas estas matr\u00edculas inmobiliarias, ya que en el respectivo certificado no aparecen. Para indicarle al respectivo juzgado de reparto a qu\u00e9 n\u00famero inmobiliario vamos a atacar (\u2026)\u201d. <\/p>\n
De las pruebas obrantes en estas diligencias se evidencia que el ente acusado, mediante oficio N\u00b0 3702021EE03494 de 27 de mayo de 2021, remitido a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica josehermilocuero@gmail.com, contest\u00f3 el aludido pedimento, inform\u00e1ndole al interesado lo siguiente: <\/p>\n
\u201cLe informo que, cada uno del folio de matr\u00edcula inmobiliaria citados en el escrito de petici\u00f3n, corresponden a la matr\u00edcula de mayor extensi\u00f3n del predio all\u00ed matriculado, en el cual figuran inscritas ventas parciales, donde a cada lote vendido, se le asign\u00f3 matr\u00edcula inmobiliaria individual\u201d. <\/p>\n
Adicionalmente, le indic\u00f3 cu\u00e1les eran los requisitos que deb\u00eda reunir la solicitud para obtener el certificado especial con destino a procesos de pertenencia. <\/p>\n
Aun cuando la informaci\u00f3n suministrada por la querellada no es exacta, en relaci\u00f3n con el requerimiento elevado por el promotor, aqu\u00e9lla permite tener por atendido lo demandado, pues el ente convocado, sin dar un n\u00famero espec\u00edfico, explic\u00f3 al quejoso que las matr\u00edculas relacionadas en la respectiva solicitud de informaci\u00f3n, correspond\u00edan al predio de mayor extensi\u00f3n registrado ante esa oficina, sobre el cual se realizaron ventas parciales asign\u00e1ndoseles una identificaci\u00f3n diferente a cada uno de los bienes all\u00ed segregados. <\/p>\n
4. Bajo esa tesitura, ante eventos como el narrado, donde la respuesta se present\u00f3 en el decurso de esta salvaguarda, la Corte ha adoctrinado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l hecho superado (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe (\u2026), en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado (\u2026) ha sido totalmente [satisfecha], pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos6 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En sentido an\u00e1logo, la regla 93 ej\u00fasdem, indica: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19697, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d8, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio9. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia10, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales11; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas12. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. Conforme a los argumentos expuestos, se ratificar\u00e1 la providencia impugnada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante telegrama o por mensaje de datos a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. STC de 10 de mayo de 2011, exp. 00416-01. <\/p>\n
2\u0002 Como la sentencia C-818 de 2011 declar\u00f3 inexequibles los art\u00edculos 13 a 33 de la Ley 1437 de 2011 relativos al derecho de petici\u00f3n, transitoriamente se aplicaron las normas pertinentes del extinto Decreto Ley 01 de 1984, sin embargo, sobre la materia se promulg\u00f3 la Ley 1755 de 2015, cuyo art\u00edculo 1\u00b0 y ss. regulan los pertinentes plazos para contestar los requerimientos. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. STC. 19 de marzo. 2014, rad. 08001-22-13-000-2014-00053-01 <\/p>\n
4\u0002 Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, p\u00e1rrs. 76 y 78. Ver tambi\u00e9n: Corte I.D.H., Caso L\u00f3pez \u00c1lvarez Vs. Honduras. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, p\u00e1rr. 77; y Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, p\u00e1rr. 108. <\/p>\n
5\u0002 CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada en fallo de 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01. <\/p>\n
6\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
7\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
8\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
12\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
9 <\/p>\n
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STC9010-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC9010-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2021-00143-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia dictada el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55698","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55698","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55698"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55698\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55698"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55698"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55698"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}