STC9033-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
STC9033-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02211-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Eliecer Fern\u00e1ndez de Castro Dangond contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar y el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma localidad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el ejecutivo n\u00ba 2014-00118. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, el actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho al debido proceso, el cual estima trasgredido con los autos \u2013de primera y segunda instancia- de 5 de septiembre de 2019 y 7 de julio de 2020 que rechazaron de plano la solicitud de nulidad que \u00e9l formul\u00f3, con miras a que se dejara sin efecto el prove\u00eddo de 10 de mayo de 2019, con el cual el fallador a quo revivi\u00f3 el coercitivo iniciado en su contra, pese a que el mismo se hab\u00eda declarado terminado desde el 17 de octubre de 2018. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 que se \u00abdeclare sin valor ni efecto la actuaci\u00f3n surtida a partir del auto proferido el 10 de mayo de 2019, que revivi\u00f3 el proceso ejecutivo singular rese\u00f1ado\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar defendi\u00f3 la legalidad de la providencia materia de censura. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si lo hechos descritos en el libelo introductor involucran la trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda fundamental all\u00ed invocada de manera que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Ausencia de inmediatez respecto al auto de 10 de mayo de 2019. <\/p>\n
En raz\u00f3n del mencionado principio, no es factible entrar a analizar la legalidad del prove\u00eddo del 10 de mayo de 2019 (mediante el cual se dej\u00f3 sin efecto la providencia que dio por terminado el cobro incoado en contra del aqu\u00ed accionante), puesto que esa determinaci\u00f3n se adopt\u00f3 m\u00e1s de dos a\u00f1os antes de la fecha en que se radic\u00f3 la solicitud de amparo en estudio (6 de julio de 2021). <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha precisado, <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez (\u2026), que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
4. Razonabilidad del auto de segunda instancia de 7 de julio de 20201. <\/p>\n
Preliminarmente debe advertirse que si bien el reclamo tambi\u00e9n involucr\u00f3 la providencia del juez a quo, fue la dictada por su superior jer\u00e1rquico funcional la que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
Ahora bien, al revisar la aludida determinaci\u00f3n de segunda instancia, mediante la cual la magistratura encartada confirm\u00f3 la desestimaci\u00f3n \u2013de plano- de la solicitud de nulidad procesal elevada por quien aqu\u00ed acciona, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental invocada, en raz\u00f3n a que tal providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, la fustigada corporaci\u00f3n inici\u00f3 precisando que \u00abla situaci\u00f3n bajo estudio tiene como antecedente que el ejecutado JORGE ELIECER FERNANDEZ DE CASTRO, interpone recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n contra el auto del 10 de mayo de 2019 que dej\u00f3 sin efecto la decisi\u00f3n adoptada en auto del 17 de octubre de 2018, ordenando a su vez continuar el proceso seg\u00fan lo previsto en providencia del 12 de junio de 2018, esto es, \u00fanicamente contra el aqu\u00ed apelante, decisi\u00f3n contra la cual interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio el de apelaci\u00f3n, fundamentados en la existencia de una causal de nulidad consistente en revivir un proceso legalmente concluido, de conformidad a lo se\u00f1alado en el numeral 2 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n record\u00f3 que \u00abdicho pedimento fue resuelto por medio de auto del 04 de julio de 2019, en donde claramente el juzgado se pronuncia sobre la nulidad declarando su no procedencia, ya que en su sentir, la terminaci\u00f3n del proceso no fue decretada en legal forma, y por tanto dicha providencia no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada \u201cpuesto que para esa clase de providencia no se ha otorgado el efecto del art\u00edculo 303 del C\u00f3digo General del Proceso\u201d, esto es, el de cosa juzgada; de igual manera en dicha actuaci\u00f3n se neg\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n propuesto. De igual manera se tiene que contra la referida decisi\u00f3n se interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio el que queja, en donde nuevamente se pronunci\u00f3 el juzgado respecto de la nulidad invocada, considerando que \u201csi se ha dicho que la decisi\u00f3n del 17 de octubre del 2018 adolec\u00eda de un defecto que la tornar\u00eda ilegal, aunque el proceso hubiese quedado virtualmente concluido, no podr\u00eda darse el supuesto de haberlo estado \u201clegalmente\u201d, es m\u00e1s, se explic\u00f3 que el auto estuvo desconectado del decurso procesal y que no observ\u00f3 el derecho sustancial perseguido con la demanda.\u201d\u00bb. <\/p>\n
Efectuado el anterior recuento, anot\u00f3 que \u00abel demandado JORGE ELIECER FERNANDEZ DE CASTRO, insiste en proponer una nueva nulidad cimentada en los mismos hechos y causal de la ya resuelta, frente a lo cual el juzgado se pronunci\u00f3 en los siguientes t\u00e9rminos \u201cRecibida por segunda vez solicitud de nulidad por la causal 2\u00aa del art\u00edculo 133 del C.G.P., se est\u00e1 el Juzgado a lo resuelto en autos del 4 de julio y 8 de agosto de 2019, que la resolvi\u00f3\u201d, auto \u00e9ste que es objeto de estudio en esta instancia\u00bb. <\/p>\n
Con base en esa contextualizaci\u00f3n, indic\u00f3 que \u00abel art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso, de manera taxativa enlista los autos que son susceptibles de apelaci\u00f3n, as\u00ed: \u201cART\u00cdCULO 321. PROCEDENCIA. Son apelables las sentencias de primera instancia, salvo las que se dicten en equidad. Tambi\u00e9n son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia: (\u2026) 6. El que niegue el tr\u00e1mite de una nulidad procesal y el que la resuelva. (\u2026)\u201d. Ahora bien, con la resoluci\u00f3n que tom\u00f3 la juez de instancia, esto es de no volver a resolver sobre un asunto que ya fue objeto de estudio y decisi\u00f3n, observa la Sala que no se presenta comportamiento alguno contrario al querer del legislador que no es otro que imprimirle celeridad a las actuaciones (\u2026), puesto que no es dable que bajo el querer de una parte, se abran discusiones indefinidamente sobre un tema litigioso, puesto dicho comportamiento pugnar\u00eda contra la seguridad jur\u00eddica, y se insiste, contra el principio de celeridad que debe gobernar toda actuaci\u00f3n procesal\u00bb. <\/p>\n
Y, finalmente, adicion\u00f3 que \u00abel ejecutado ya hab\u00eda alegado dicha nulidad con anterioridad, mediante memorial allegado al proceso el 15 de mayo de 2019, y del cual se recalca, ya hubo pronunciamiento por parte de la administraci\u00f3n de justicia, mediante autos del 04 de julio de 2019 y del 08 de agosto de 2019, \u00e9ste \u00faltimo emitido para resolver el recurso interpuesto por el ejecutado JORGE ELIECER FERNANDEZ DE CASTRO, por lo que se concluir\u00e1 que como este ya hizo uso de la oportunidad que pose\u00eda para proponer la nulidad que ahora recaba, o que pretende sea resuelta nuevamente pese a la identidad de hechos y supuestos normativos, esa decisi\u00f3n querida no es posible, al no ser procedente la proposici\u00f3n de varios incidentes fundamentados en los mismos hechos y supuestos normativos, eso por lo cual acert\u00f3 el juez de primera instancia cuando as\u00ed lo declar\u00f3, y entonces su decisi\u00f3n ser\u00e1 confirmada\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una simple resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por el querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Frente al cual el hoy accionante elev\u00f3 una solicitud de adici\u00f3n que se deneg\u00f3 el pasado 17 de junio. <\/p>\n
<\/p>\n
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