STC9035-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9035-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02255-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiuno de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel \u00c1ngel Esterilla Reascos contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pasto y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tumaco. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, obrando por conducto de apoderado, acude al presente mecanismo buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00aba la dignidad humana\u2026 debido proceso\u2026 igualdad ante la ley\u2026 [y] acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
2. De la demanda se puede extraer que Miguel \u00c1ngel Esterilla Reascos promovi\u00f3 proceso de impugnaci\u00f3n de las decisiones adoptadas por la Asamblea Extraordinaria de la Empresa Generadora de Energ\u00eda El\u00e9ctrica de El Charco S.A. – E.S.P. (EGERCHAR), contenidas en el acta n\u00b0. 1 de 28 de abril de 2020. <\/p>\n
Dicha actuaci\u00f3n correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Tumaco, despacho que, mediante auto de 22 de octubre de 2020 la rechaz\u00f3 por haber operado el fen\u00f3meno jur\u00eddico de la caducidad. <\/p>\n
Contra tal providencia el promotor interpuso los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n. <\/p>\n
El primero fue resuelto por la c\u00e9lula judicial cognoscente el 10 de diciembre de aquel a\u00f1o manteni\u00e9ndose en lo decidido, en tanto que el de apelaci\u00f3n lo desat\u00f3 la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pasto el pasado 22 de abril en el sentido de confirmar la determinaci\u00f3n censurada. <\/p>\n
3. El gestor considera que los falladores \u00abincurrieron en error de existencia por falta de aplicaci\u00f3n y falencia de interpretar err\u00f3neamente las normas excepcionales de pandemia y la jurisprudencia invocada v\u00e1lida para tiempos normales, jam\u00e1s para estos tiempos de excepci\u00f3n\u00bb comoquiera que \u00abhacen del art\u00edculo 382 del C\u00f3digo General del Proceso una interpretaci\u00f3n err\u00e1tica porque la norma est\u00e1 contemplando situaciones normales, sin pandemia\u00bb. <\/p>\n
Aduce que \u00abla demanda de impugnaci\u00f3n fue radicada el 9 de octubre de 2020, una vez se reabri\u00f3 el despacho de manera digital y electr\u00f3nica. Los t\u00e9rminos fueron suspendidos para todos los despachos judiciales, entre ellos el de caducidad, como lo dispuso el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 546 de 2020\u2026 De conformidad con lo anterior, para el d\u00eda de suspensi\u00f3n decretada por efectos de la crisis sanitaria, originada por el Covid-19, hab\u00eda transcurrido desde el 11 de mayo de 2020, un mes y diecinueve (19) d\u00edas, corriendo nuevamente los t\u00e9rminos para radicar la demanda desde el 1\u00ba de julio de 2020\u00bb. <\/p>\n
4. Solicita, en consecuencia, \u00abdisponer los ordenamientos de rigor para que el apelante\u2026 tenga derecho a que su demanda sea admitida, bajo un razonable entendimiento de las normas de pandemia\u2026 ordenando que [se] decida nuevamente el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada ponente de la decisi\u00f3n de segunda instancia cuestionada indic\u00f3 que en la misma \u00abse encuentran plasmadas la valoraci\u00f3n probatoria y las consideraciones de orden legal y jur\u00eddico que condujeron a confirmar el auto proferido el 22 de octubre de 2020\u2026 [las cuales] no son fruto de un actuar caprichoso que repudie la normatividad que gobierna la materia\u00bb m\u00e1xime cuando se resolvieron los puntos objeto de censura, por lo que solicit\u00f3 declarar la improcedencia del resguardo. <\/p>\n
2. El municipio de El Charco, por conducto de apoderado judicial, se opuso a la prosperidad del resguardo habida consideraci\u00f3n que la demanda que da origen al mismo \u00abse present\u00f3 por fuera del t\u00e9rmino establecido por la norma\u00bb de all\u00ed que la tutela se torne improcedente por cuanto \u00abno fue instituida para revivir oportunidades procesales vencidas por negligencia o incuria de las partes\u00bb <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte dilucidar si el Tribunal Superior de Pasto vulner\u00f3 las garant\u00edas invocadas por Miguel \u00c1ngel Esterilla Reascos al confirmar el auto por medio del cual, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tumaco rechaz\u00f3 la demanda de impugnaci\u00f3n de actas de asamblea que aquel promovi\u00f3 contra EGERCHAR S.A. \u2013 E.S.P., al haber operado el fen\u00f3meno de la caducidad, supuestamente por \u00abinterpretar err\u00f3neamente la normativa expedida con motivo de la pandemia\u00bb. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
3.1. Si bien Miguel \u00c1ngel Esterilla Reascos extiende el reclamo a cuestionar las decisiones adoptadas en ambas instancias, el examen que har\u00e1 la Corte se circunscribir\u00e1 exclusivamente al auto de segundo grado proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pasto el pasado 22 de abril, por cuanto fue el que defini\u00f3, en sede ordinaria, la cuesti\u00f3n planteada por el quejoso, habida cuenta que, tal como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, se torna inane detenerse en el escrutinio de la providencia de primer nivel pues: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
3.2. Aclarado lo anterior, se advierte la improcedencia del resguardo, comoquiera que la determinaci\u00f3n proferida por la colegiatura reprochada, lejos de ser arbitraria, fue el resultado de una hermen\u00e9utica razonable del contexto f\u00e1ctico y jur\u00eddico, as\u00ed como de los medios de convicci\u00f3n aducidos para el estudio de la admisi\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
En efecto, el tribunal luego de un breve recuento procesal identific\u00f3 el motivo de disenso as\u00ed: \u00ab(\u2026) el demandante present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n, con fundamento en que el t\u00e9rmino al que refiere el art\u00edculo 382 del C\u00f3digo General del proceso dentro del presente asunto no debe contabilizarse desde la inscripci\u00f3n del acto, sino desde que qued\u00f3 en firme la decisi\u00f3n de inscripci\u00f3n en la C\u00e1mara de Comercio, por lo que no ha fenecido la oportunidad para impetrar la acci\u00f3n judicial (\u2026)\u00bb <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, rememor\u00f3 la referida disposici\u00f3n legal y lo se\u00f1alado por el art\u00edculo 90 del Estatuto Procedimental respecto de la facultad de rechazo de la demanda \u00abcuando est\u00e9 vencido el t\u00e9rmino de caducidad para instaurarla\u00bb. <\/p>\n
Sobre la configuraci\u00f3n de dicho fen\u00f3meno jur\u00eddico en el caso particular dijo que el acta de asamblea demandada \u00abes de fecha 28 de abril de 2020, registrada ante la C\u00e1mara de Comercio de Tumaco el 11 de mayo de la misma anualidad, mientras que el escrito de demanda con el que se inici\u00f3 este asunto se present\u00f3 ante la Oficina Judicial de Reparto, el 9 de octubre siguiente\u00bb. <\/p>\n
Para la colegiatura ad quem el planteamiento del censor, relativo a que el conteo del t\u00e9rmino de caducidad deb\u00eda comenzar a partir de la fecha en que la C\u00e1mara de Comercio resolvi\u00f3 los recursos de la v\u00eda administrativa formulados contra el acto de registro, no era de recibo por cuanto \u00abla interposici\u00f3n de recursos\u2026 contra el registro del acto reprochado no ampl\u00eda el t\u00e9rmino que expresamente refiere la norma procesal\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, con apoyo en el precedente jurisprudencial de esta Corporaci\u00f3n, concretamente de la sentencia STC825-2020, se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En el caso estudiado, de conformidad con el certificado de existencia y representaci\u00f3n de la demanda aportado con el libelo de postulaci\u00f3n, donde se indica que por acta No. 01 de 28 de abril de 2020 en asamblea extraordinaria de accionantes se design\u00f3 un nuevo representante legal, registrado el 11 de mayo de 2020. <\/p>\n
Este despacho no puede tener por justificada la tard\u00eda presentaci\u00f3n de la demanda, ni prohijar el argumento relativo a que el lapso de caducidad debe contarse a partir de la firmeza de la inscripci\u00f3n, por cuanto el legislador no previ\u00f3 tal eventualidad para la determinaci\u00f3n del t\u00e9rmino que impide adelantar la acci\u00f3n y, por el contrario, espec\u00edficamente determin\u00f3 que contaba desde la fecha de la inscripci\u00f3n del acta. <\/p>\n
(\u2026) Por ello, el agotamiento de la v\u00eda gubernativa [sic] respecto del acto de inscripci\u00f3n del acta de asamblea resulta inane de cara a su impugnaci\u00f3n a nivel judicial, en tanto que el t\u00e9rmino para el control de legalidad ante el juez est\u00e1 claramente se\u00f1alado en la normatividad [sic] no referido a su firmeza, sino a la posibilidad de su puesta en conocimiento a terceros mediante el acto de inscripci\u00f3n (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Por \u00faltimo, se refiri\u00f3 a la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos judiciales dispuestas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasi\u00f3n de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Al margen de lo dicho, derivado de la emergencia sanitaria del Covid-19, se expidi\u00f3 el Acuerdo PCSJA20-11517 por el Consejo Superior de la Judicatura, por medio del cual se suspendieron los t\u00e9rminos judiciales en todo el territorio nacional desde el 16 de marzo de 2020 y los mismos se reanudaron el 1\u00ba de julio del mismo a\u00f1o, por mandato del Acuerdo PCSJA20-11567. De igual forma, si bien el Decreto Legislativo 564 de 15 de abril de 2020 refiri\u00f3 en el inciso segundo de su numeral primero que el conteo de los t\u00e9rminos de caducidad y prescripci\u00f3n pod\u00eda ampliarse por un mes desde la reanudaci\u00f3n de la actividad judicial, tal precepto no es aplicable dentro del caso en estudio por cuanto se condicion\u00f3 aquella circunstancia a que el lapso para que ocurriera la caducidad de la acci\u00f3n fuera inferior a treinta d\u00edas lo que aqu\u00ed no ocurri\u00f3 porque la totalidad del t\u00e9rmino se cont\u00f3 desde el momento en que se reanud\u00f3 la actividad judicial en pleno, es decir desde el primero de julio del 2020. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el juez de primer grado, contabilizando los t\u00e9rminos legales de caducidad de la presente acci\u00f3n estim\u00f3 que los mismos fenecieron el 1\u00ba de septiembre de 2020 y dado que la demanda se instaur\u00f3 de forma ulterior, no hab\u00eda lugar a dar tr\u00e1mite al asunto, dando lugar a su rechazo de plano (\u2026)\u00bb <\/p>\n
3.3. La anterior determinaci\u00f3n se encuentra debidamente sustentada y contiene un criterio razonable, en tanto que en ella se expusieron los fundamentos jur\u00eddicos que sirvieron de soporte para rechazar la demanda por inobservancia del presupuesto de la tempestividad consagrado en el art\u00edculo 382 del C\u00f3digo General del Proceso, comoquiera que fue instaurada por fuera del t\u00e9rmino all\u00ed establecido. <\/p>\n
Adicionalmente, las posturas sobre el conteo del lapso propuestas por el censor, as\u00ed como las elucubraciones acerca de la suspensi\u00f3n del mismo por virtud de la emergencia sanitaria, fueron desestimadas con suficiencia argumentativa, observ\u00e1ndose que las discrepancias planteadas en esta oportunidad son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues lo que se busca es anteponer la propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica y hermen\u00e9utica por encima de la autoridad jurisdiccional, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela pues no puede ser utilizada como una instancia adicional a las consagradas en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
En el presente asunto, aun cuando el gestor del resguardo se\u00f1ala lo que, en su sentir, son \u00aberrores\u00bb en la interpretaci\u00f3n de la normativa llamada a gobernar el asunto, lo que en realidad hace es insistir en puntos que fueron estudiados y resueltos al interior del mismo por los funcionarios competentes, con apoyo en los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales pues la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
Por lo discurrido, se impone negar el amparo porque la providencia cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda y lo pretendido por el demandante es desconocer la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional, al buscar imponer su particular comprensi\u00f3n jur\u00eddica, sustituyendo a los funcionarios de instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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