STC9036-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9036-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02279-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiuno de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Am\u00e9rico El\u00edas Wehbe contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, obrando por conducto de apoderado, acude al presente mecanismo buscando la protecci\u00f3n del derecho fundamental \u00abal debido proceso en sus componentes de derecho a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarqu\u00eda superior o el derecho de la doble instancia\u2026 a la defensa\u2026 acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la tutela judicial efectiva\u00bb. <\/p>\n
2. De la extensa demanda, se puede extraer que Am\u00e9rico El\u00edas Wehbe promovi\u00f3 \u00abdemanda de inexistencia, ineficacia, nulidad absoluta, exclusi\u00f3n de socios e indemnizaci\u00f3n de perjuicios\u00bb contra Francisco Javier Uejbe Jaramillo y otros, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena (2017-00013). <\/p>\n
Admitida la demanda con auto de 17 de abril de 2017, por el tr\u00e1mite del proceso verbal sumario como fue formulada, y luego de su notificaci\u00f3n a los convocados, a finales del a\u00f1o 2019 el promotor solicit\u00f3 a la c\u00e9lula judicial \u00abmedida cautelar de inscripci\u00f3n de la demanda\u00bb, la que fue negada mediante auto de 16 de enero de 2020. <\/p>\n
Contra tal providencia el interesado interpuso los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n. <\/p>\n
El primero fue resuelto por el despacho cognoscente el 11 de mayo de aquel a\u00f1o manteni\u00e9ndose en lo decidido, en tanto que la alzada fue declarada inadmisible por un magistrado de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena el 30 de septiembre siguiente, por tratarse de un asunto de \u00fanica instancia. <\/p>\n
Promovi\u00f3 entonces el convocante recurso de s\u00faplica, decidido por el magistrado en turno siguiente el pasado 27 de mayo, en el sentido de declararla improcedente bajo similar l\u00ednea argumentativa que su hom\u00f3logo. <\/p>\n
3. El gestor estima que las decisiones del tribunal adolecen de \u00abdefecto procedimental absoluto\u2026 material o sustantivo, decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n [y] desconocimiento del precedente\u00bb comoquiera que realizan una interpretaci\u00f3n equivocada del art\u00edculo 233 de la Ley 222 de 1995, de cara a lo normado por el art\u00edculo 20 del C\u00f3digo General del Proceso, al darle al proceso objeto de escrutinio, el tratamiento de un asunto verbal sumario, esto es, de \u00fanica instancia, por entender que el origen del mismo era un tema relacionado con una sociedad actualmente inexistente. <\/p>\n
4. Solicita, en consecuencia, \u00abdejar sin efectos las decisiones\u2026 para que el magistrado sustanciador profiera una nueva\u2026 que se ajuste a los c\u00e1nones constitucionales que el fallo de tutela le imponga\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS <\/p>\n
Hasta el momento de discutir el asunto en Sala, no se hab\u00eda recibido informe alguno. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte dilucidar si, como dice Am\u00e9rico El\u00edas Wehbe, el Tribunal Superior de Cartagena, desconoci\u00f3 sus derechos fundamentales por, supuestamente, interpretar equivocadamente los art\u00edculos 233 de la Ley 222 de 1995 y 20 del C\u00f3digo General del Proceso, al darle al proceso que promovi\u00f3 contra Francisco Javier Uejbe Jaramillo y otros (2017-00013) la connotaci\u00f3n de un asunto verbal sumario. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
Realizado el estudio pertinente del libelo inicial, de cara al material probatorio recopilado, se advierte la improcedencia del resguardo, comoquiera que las determinaciones en los que se finc\u00f3 la presente queja constitucional, lejos de ser arbitrarias, fueron el resultado de una hermen\u00e9utica razonable del contexto f\u00e1ctico y jur\u00eddico, as\u00ed como de las normas llamadas a gobernar la materia. <\/p>\n
Como se dijo, el promotor del resguardo, por conducto de su apoderado, solicit\u00f3, al interior del proceso declarativo 2017-00013, el decreto de una medida cautelar consistente en la inscripci\u00f3n de la demanda, petici\u00f3n denegada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena con auto de 16 de enero de 2020. <\/p>\n
Contra tal determinaci\u00f3n interpuso el recurso vertical de apelaci\u00f3n, respecto del cual un magistrado de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de aquella ciudad dijo que resultaba improcedente por las siguientes razones: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En la demanda\u2026 se pidi\u00f3 que: <\/p>\n
a. Se declarara que le asiste el derecho preferente de adquirir las cuotas que en vida le correspond\u00edan a su padre El\u00edas Uejbe Kuman\u2026 como socio de la \u201cInmobiliaria El\u00edas Uejbe y C\u00eda. Ltda. en liquidaci\u00f3n\u201d <\/p>\n
b. \u201cSe les pague\u201d a los demandados \u201cel valor de sus cuotas o partes de inter\u00e9s social al valor comercial que ten\u00edan al momento del fallecimiento\u201d de El\u00edas Uejbe Kuman\u2026 <\/p>\n
c. En caso de oposici\u00f3n se condene a los demandados a pagar \u201cperjuicios (da\u00f1o emergente y lucro cesante) costas y agencias en derecho\u201d. <\/p>\n
(\u2026) por auto de 17 de abril de 2017, el a quo admiti\u00f3 la \u201cdemanda\u201d, orden\u00f3 darle el tr\u00e1mite del proceso \u201cverbal sumario\u201d y, en consecuencia, otorg\u00f3 a los demandados el t\u00e9rmino de 10 d\u00edas para que ejercieran su derecho de defensa. <\/p>\n
(\u2026) hay que decir que el art\u00edculo 390 del C. G. del P. prev\u00e9 que \u201cse tramitar\u00e1n por el procedimiento verbal sumario los asuntos contenciosos de m\u00ednima cuant\u00eda y los siguientes asuntos en consideraci\u00f3n a su naturaleza\u2026 9. Los que en leyes especiales se ordene tramitar por el proceso verbal sumario. <\/p>\n
Par\u00e1grafo 1\u00ba. Los procesos verbales sumarios ser\u00e1n de \u00fanica instancia\u2026\u201d <\/p>\n
A su turno, el art\u00edculo 233 de la Ley 222 de 1995, dispone que \u201clos conflictos que tengan origen en el contrato social o en la ley que lo rige, cuando no se hayan sometido a pacto arbitral o amigable composici\u00f3n, se sujetar\u00e1n al tr\u00e1mite del proceso verbal sumario salvo disposici\u00f3n en contrario\u201d <\/p>\n
(\u2026) en ese orden de ideas, de acuerdo con la anterior normatividad, se advierte que el asunto sometido a control judicial\u2026 tiene como fundamento el contrato social del que da cuenta la escritura p\u00fablica No. 1326 del 22 de noviembre de 1972, comoquiera que se discute la presunta violaci\u00f3n del derecho de preferencia en la negociaci\u00f3n de las cuotas sociales consignadas en los estatutos de \u201cInmobiliaria El\u00edas Uejbe y C\u00eda. Ltda. en liquidaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
En tal sentido, es claro que por tramitarse como un proceso verbal sumario, incluso por as\u00ed haberse fijado desde un inicio en el auto admisorio, no ser\u00eda posible acudir a la segunda instancia para controvertir las decisiones del a quo. <\/p>\n
Siendo ello as\u00ed, aunque la decisi\u00f3n adoptada\u2026 en el auto\u2026 de 16 de enero de 2020 concuerda con la hip\u00f3tesis del numeral 8\u00ba del art\u00edculo 321 del C. G. del P. lo cierto es que en este asunto, al ser un proceso de \u00fanica instancia, la alzada formulada\u2026 resultaba improcedente (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Enterado de esta decisi\u00f3n, el interesado promovi\u00f3 recurso de s\u00faplica, aduciendo que si bien es cierto \u00abal tiempo de formular la demanda\u2026 lo hicimos sobre la base de constituirse en que dar\u00eda lugar a un proceso verbal sumario\u00bb siendo as\u00ed admitida a tr\u00e1mite, \u00aben ese entonces me encontraba equivocado con relaci\u00f3n al tipo de proceso que daba lugar la clase de controversia\u2026 pero ya hoy por hoy est\u00e1 mejor decantada la doctrina y la jurisprudencia\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que el numeral 4 del art\u00edculo 20 del C\u00f3digo General del Proceso atribuye la competencia para conocer de asuntos como el que se ventila en esta oportunidad, a los jueces civiles del circuito \u00aben primera instancia\u00bb de all\u00ed que el art\u00edculo 233 de la Ley 222 de 1995 sea una \u00abnorma derogada t\u00e1citamente\u00bb; adicionalmente se\u00f1al\u00f3 que la persona jur\u00eddica en cuesti\u00f3n \u00abhoy por hoy est\u00e1 completamente liquidada\u00bb por lo que no es \u00abun tema que le competa a la sociedad en s\u00ed misma considerada\u00bb y solicit\u00f3, adem\u00e1s de admitir la alzada, \u00abdeterminarse que el tr\u00e1mite del proceso no es el adecuado y debe ordenar recomponerse\u00bb. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en esta ocasi\u00f3n, durante el t\u00e9rmino de ejecutoria, concretamente dentro de los tres d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del auto que declar\u00f3 la inadmisibilidad del recurso frente al auto en cuesti\u00f3n, fue incoada la s\u00faplica contra la decisi\u00f3n del honorable magistrado\u2026 providencia que no es de aquellas abatibles por apelaci\u00f3n, teniendo en cuenta que el proceso que se suscita es un proceso verbal sumario de \u00fanica instancia, es decir, no se puede apelar, tal como lo establece el art\u00edculo 390 del C. G. del P. en su numeral 9\u00ba y en el par\u00e1grafo 1\u00ba. <\/p>\n
(\u2026) el marco conceptual expuesto en precedencia, resulta incuestionable lo dicho por el honorable magistrado\u2026 En ese orden de ideas, la providencia del 30 de septiembre del 2020 [se] declara inadmisible el recurso, teniendo en cuenta lo establecido en el C\u00f3digo General del Proceso en su art\u00edculo 390 y el art\u00edculo 233 de la Ley 222 de 1995. <\/p>\n
No es necesario que\u2026 examine argumentos adicionales ni tampoco entrar a estudios de interpretaciones anal\u00f3gicas o hacer efectivos otros principios procesales, teniendo en cuenta que las razones se\u00f1aladas obligan a considerar que fue pertinente lo dicho en raz\u00f3n del recurso de alzada (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Las anteriores determinaciones se encuentran debidamente sustentadas y contienen un criterio razonable, en tanto que en ellas se expusieron los fundamentos jur\u00eddicos que sirvieron de soporte para declarar inadmisible el recurso de apelaci\u00f3n formulado por el quejoso contra el auto en que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena no accedi\u00f3 a decretar la medida cautelar solicitada, comoquiera que el asunto en el que se emiti\u00f3 tal decisi\u00f3n, es un proceso verbal sumario y por tal efecto, de \u00fanica instancia. <\/p>\n
Adicionalmente, se observa que las discrepancias planteadas en esta oportunidad son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues lo que se busca es anteponer la propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica y hermen\u00e9utica por encima de la autoridad jurisdiccional, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela pues no puede ser utilizada como una instancia adicional a las consagradas en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
En el presente asunto, aun cuando el gestor del resguardo se\u00f1ala lo que, en su sentir, son \u00aberrores\u00bb en la interpretaci\u00f3n de la normativa llamada a gobernar el asunto, lo que en realidad hace es insistir en puntos que fueron estudiados y resueltos al interior del mismo por los funcionarios competentes, con apoyo en los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales pues la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo discurrido, se impone negar el amparo porque las providencias cuestionadas no constituyen desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda y lo pretendido por el demandante es desconocer la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional, al buscar imponer su particular comprensi\u00f3n jur\u00eddica, sustituyendo a los funcionarios de instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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