STC9037-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9037-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02282-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Alianza Fiduciaria S.A. contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior de Cartagena; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Tercero Civil del Circuito de El Carmen de Bol\u00edvar y los intervinientes en el juicio n\u00ba 2018-00135. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de mandatario judicial, la actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho al debido proceso, el cual estima trasgredido con la sentencia de 29 de septiembre de 2020, mediante la cual la magistratura convocada acogi\u00f3 la demanda de restituci\u00f3n formulada en su contra, sin reconocerle compensaci\u00f3n econ\u00f3mica alguna, pese a su condici\u00f3n de tercera de buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 que se deje sin efectos el fallo objeto de censura y que, en su lugar, se resuelva nuevamente el asunto conforme al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Procurador 16 Judicial II en Restituci\u00f3n de Tierras manifest\u00f3 que aunque la solicitud de amparo satisface los presupuestos de subsidiariedad e inmediatez que la informan, no debe concederse el resguardo en consideraci\u00f3n a que la sentencia materia de censura no involucra v\u00eda de hecho alguna. <\/p>\n
2. La Unidad Administrativa Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas; la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas y la Agencia Nacional de Hidrocarburos dijeron carecer de legitimaci\u00f3n en la causa al no haber tenido ninguna injerencia en el proferimiento del fallo fustigado. <\/p>\n
3. La magistratura accionada enfatiz\u00f3 que los planteamientos en los que ahora insiste la convocante fueron cabalmente estudiados y desestimados en la sentencia de restituci\u00f3n, mediante una motivaci\u00f3n seria y concienzuda que, por lo mismo, no deber\u00eda motivar la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
4. El Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga hizo un recuento de lo acontecido en el juicio de restituci\u00f3n de tierras que ac\u00e1 interesa, y enfatiz\u00f3 que la providencia objeto de censura no provino de ese despacho. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la magistratura encartada lesion\u00f3 la garant\u00eda invocada en el libelo introductor, al acoger la demanda de restituci\u00f3n de tierras que se formul\u00f3 en contra de quien aqu\u00ed acciona. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones de naturaleza judicial, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el tribunal convocado neg\u00f3 la condici\u00f3n de tercera de buena fe a quien aqu\u00ed acciona, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado, en raz\u00f3n a que tal determinaci\u00f3n obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas y la jurisprudencia que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, la magistratura inici\u00f3 destacando que, \u00abdebe entenderse que la buena fe calificada o exenta de culpa \u201cexige dos elementos: el subjetivo, consistente en tener la conciencia de que se obra con lealtad, el objetivo que implica el haber llegado a la certeza, mediante la realizaci\u00f3n de una serie de averiguaciones, de que se est\u00e1 obrando conforme a la ley o que realmente existe el derecho de que se trata (…) pues tiene como finalidad el corroborar el sustento objetivo de su creencia, reafirmar el propio convencimiento, lograr un grado tal de certidumbre que le permita ampararse en el reconocimiento de un derecho que a pesar de no existir realmente tiene tal apariencia de certeza que hace que el error en que se incurre sea predicable de cualquier persona en las mismas circunstancias, raz\u00f3n por la que la ley le otorga una protecci\u00f3n suma, de ah\u00ed su denominaci\u00f3n de creadora de derecho\u201d, conceptos que se han interpretado desde la posibilidad de establecer la existencia de negligencia; y atendiendo, como lo explica la doctrina, que la buena fe subjetiva excluye el dolo y la culpa grave, admitiendo s\u00f3lo la posibilidad de la culpa leve, pues concluir cosa diferente seria considerar la tesis que alguien pudiera actuar de buena fe aun cuando su intenci\u00f3n hubiere sido el fraude o la intenci\u00f3n de da\u00f1ar, o la de aprovecharse o la de ejecutar el negocio a sabiendas que estaba viciado\u00bb. <\/p>\n
Continu\u00f3 precisando que, \u00ab[e]n el marco del proceso de restituci\u00f3n de tierras es la misma ley 1448 la que consagra la carga al opositor de acreditar su buena fe, en los siguientes t\u00e9rminos: \u201cArt\u00edculo 88: Las oposiciones se deber\u00e1n presentar ante el juez dentro de los quince (15) d\u00edas siguientes a la solicitud. Las oposiciones a la solicitud efectuadas por particulares se presentar\u00e1n bajo la gravedad del juramento y se admitir\u00e1n, si son pertinentes. Las oposiciones que presente la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, cuando la solicitud no haya sido tramitada con su intervenci\u00f3n deber\u00e1 ser valorada y tenida en cuenta por el Juez o Magistrado. (\u2026)\u201d. As\u00ed las cosas, tenemos que el derecho protege la leg\u00edtima creencia de haber obrado conforme a derecho, pero en casos especiales se\u00f1alados por el legislador como en el escenario de la Justicia Transicional que propone la ley 1448, esa creencia debe ser leg\u00edtima ignorancia, esto es, que una normal diligencia no hubiera podido superarla\u00bb. <\/p>\n
Luego de citar jurisprudencia sobre la misma cuesti\u00f3n y de verificar los presupuestos de la acci\u00f3n de restituci\u00f3n, anot\u00f3 que, \u00ab[l]a empresa Alianza Fiduciaria S.A. en calidad de vocera del Patrimonio Aut\u00f3nomo Fideicomiso 732-1249 argument\u00f3 que no intervino en el negocio jur\u00eddico en virtud del cual la sociedad TIERRAS DE PROMISI\u00d3N S.A. \u201cEn liquidaci\u00f3n\u201d, adquiri\u00f3 el derecho real de dominio sobre el fundo solicitado, siendo que Alianza Fiduciaria solo medi\u00f3 en el negocio jur\u00eddico en el que TIERRAS DE PROMISI\u00d3N S.A., constituy\u00f3 en favor del Fideicomiso 732-1249 el derecho de usufructo sobre dicho inmueble. Que obr\u00f3 con buena fe exenta de culpa en el negocio jur\u00eddico de constituci\u00f3n del derecho de usufructo pues no de otra forma hubiera celebrado negocios con la empresa propietaria del fundo solicitado en restituci\u00f3n. En este punto debe iterar esta Colegiatura que la parte opositora ejerce sobre el predio Parcela 9 el derecho real de usufructo que le fuera constituido mediante escritura p\u00fablica 3086 de 15 de diciembre de 2009 por parte de la empresa Tierras de Promisi\u00f3n S.A. En virtud de lo anterior encuentra la Sala que el patrimonio aut\u00f3nomo Fideicomiso 732-1249 aunque ejerce sobre el predio solicitado el derecho real de usufructo, ello implica que tiene la calidad de mero tenedor del predio, pues reconoce en todo momento que el propietario del fundo es la empresa Tierras de Promisi\u00f3n S.A. quien en ultimas es quien ejerce la posesi\u00f3n del predio a trav\u00e9s del usufructuario\u00bb. <\/p>\n
Y, finalmente, se\u00f1al\u00f3 que, \u00abpara la Sala el patrimonio aut\u00f3nomo Fideicomiso 732-1249 no puede ser acreedora de la compensaci\u00f3n ordenada en el art\u00edculo 98 ib\u00eddem pues la misma solo va dirigida a los opositores que hayan demostrado la buena fe exenta de culpa en la adquisici\u00f3n de la ocupaci\u00f3n, posesi\u00f3n o propiedad del fundo restituido, siendo que la empresa opositora no tiene ninguna de estas calidades respecto del fundo que hoy es objeto de estudio. En este punto, es importante resaltar si bien existi\u00f3 un proceso gestado por el Gobierno para el a\u00f1o 2008 que invitaba a invertir en la zona de ubicaci\u00f3n del fundo en aras de generar progreso a la comunidad y como un acto de consolidaci\u00f3n de la paz, es innegable que la violencia existi\u00f3 y que llev\u00f3 a un cambio en la din\u00e1mica de las compraventas masivas de fundos que otrora fueron de propiedad de personas v\u00edctimas de desplazamiento forzado y que se encontraba bajo el r\u00e9gimen de Unidad Agr\u00edcola Familiar establecida en la ley 160 de 1994 lo que hac\u00eda suponer aun a los m\u00e1s desprevenidos de los contratantes una muy alta probabilidad de que los acuerdos realizados sobre estos inmuebles podr\u00edan estar afectados de acuerdo de las normas civiles vigentes y de derecho internacional humanitario. Frente a lo anterior, considera esta Corporaci\u00f3n Judicial, que no es factible mantener indemne el usufructo constituido en favor del Fideicomiso 732-1249, pues este negocio jur\u00eddico fue desarrollado como anteriormente se dijo estando los solicitantes en situaci\u00f3n de desplazamiento forzado y con posterioridad a la venta del predio Parcela 9, a la que se vieron obligados los se\u00f1ores Martha Hamburger y Luis Ter\u00e1n, lo que lleva a declarar la nulidad del contrato de usufructo, con base en el art. 77 de la ley 1448 como ya fue estudiado en p\u00e1rrafos antecedentes. Adem\u00e1s, el art\u00edculo 91 literal n que impone como deber del Administrador de Justicia en la sentencia: \u201cLa orden de cancelar la inscripci\u00f3n de cualquier derecho real que tuviera un tercero sobre el inmueble objeto de restituci\u00f3n, en virtud de cualesquiera obligaciones civiles, comerciales, administrativas o tributaria contra\u00eddas, de conformidad con lo debatido en el proceso\u201d\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una simple resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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