STC9042-2021<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9042-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-02318-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiuno de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Fredy Alexander Gonz\u00e1lez Panche contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y el Juzgado de Familia de Funza, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el asunto radicado n\u00ba 2019-00877. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad, defensa y contradicci\u00f3n, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Expone que, en el Juzgado de Familia de Funza, curs\u00f3 el proceso de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio religioso con su ex c\u00f3nyuge Luz Marina Gonz\u00e1lez Fraile, all\u00ed, el despacho le concedi\u00f3 el amparo de pobreza y le fue designada la apoderada Donna Evelyn Duque Rinc\u00f3n como representante judicial; sin embargo, afirma, dicha representaci\u00f3n se le otorg\u00f3 \u00fanicamente para ese tr\u00e1mite, por tanto, al finalizar, qued\u00f3 \u00absin apoderado judicial\u00bb. <\/p>\n
Relata que, prosigui\u00f3 a continuaci\u00f3n la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, asunto promovido por su ex c\u00f3nyuge, cuya admisi\u00f3n se dio el 7 de noviembre de 2019; sin embargo, aduce, como ya no contaba con abogado que lo asistiera, no se enter\u00f3 del inicio de ese juicio y este continu\u00f3 sin su participaci\u00f3n \u00aby por ende, [sin] oposici\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
La causa se vio interrumpida posteriormente por la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos judiciales decretada con motivo de la emergencia sanitaria, y se reactiv\u00f3 el 15 de julio de 2020 cuando el juzgado fij\u00f3 el 21 de septiembre de ese mismo a\u00f1o la realizaci\u00f3n de la audiencia de inventarios y aval\u00faos; en esta \u00faltima calenda, recibi\u00f3 una llamada telef\u00f3nica de un empleado del juzgado que lo enter\u00f3 de la actuaci\u00f3n, por lo tanto, elev\u00f3 petici\u00f3n solicitando aplazamiento de la diligencia e inform\u00f3 que se encontraba en dificultades econ\u00f3micas por la pandemia y que no contaba con abogado que lo representara. El juzgado accedi\u00f3 al aplazamiento de la audiencia y fij\u00f3 el 3 de noviembre de 2020 para llevarla a cabo y lo inst\u00f3 a comparecer con apoderado o que se acercara \u00aba la personer\u00eda municipal a efectos que all\u00ed le brinden asesor\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1ala que, la referida audiencia se cumpli\u00f3 sin su presencia, pues no fue notificado, en ella la abogada de la contraparte present\u00f3 los inventarios y aval\u00faos en los que incluy\u00f3 un inmueble que \u00abno hace parte de la sociedad\u00bb, situaci\u00f3n que no pudo controvertir. <\/p>\n
Indica que posteriormente pudo contratar a un profesional del derecho, quien pidi\u00f3 tener acceso al expediente, empero, el ingreso al cuaderno digital no fue posible por \u00aberrores\u00bb de la p\u00e1gina web de la Rama Judicial pese a que lo intent\u00f3 en diversas ocasiones. <\/p>\n
Por todo lo anterior, present\u00f3 incidente de nulidad de lo actuado, con fundamento en el art\u00edculo 133 numeral 8\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, por indebida notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda. Tambi\u00e9n denunci\u00f3 en el incidente que el tr\u00e1mite se adelant\u00f3 sin tener en cuenta que carec\u00eda de representaci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Destaca que, la agencia judicial, mediante auto del 10 de febrero de 2021 neg\u00f3 la nulidad deprecada (en la misma calenda profiri\u00f3 la sentencia que finiquit\u00f3 el litigio), ratificando su postura el 15 de marzo de 2021 al resolver la reposici\u00f3n; finalmente, el Tribunal Superior de Cundinamarca en prove\u00eddo del 7 de mayo pasado, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo, entre otras razones porque, \u00abel demandado es consciente de que esa irregularidad que denunci\u00f3 [\u2026] no se configur\u00f3, es decir, que el auto por el cual se abri\u00f3 a tr\u00e1mite la fase liquidatoria que sobreviene en este tipo de proceso, no ten\u00eda porqu\u00e9 notific\u00e1rsele de otra manera a la que se hizo, es decir, por estado\u00bb. <\/p>\n
En suma, cuestiona las determinaciones que negaron la nulidad, insistiendo en que se surti\u00f3 el tr\u00e1mite sin notificarlo en debida forma. Alega que desconoc\u00eda que a continuaci\u00f3n del divorcio segu\u00eda la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, y que no fue valorado el hecho de que se encontraba sin defensa t\u00e9cnica, ni se tuvo en cuenta las dificultades para acceder al link del expediente digital y, finalmente, que tampoco fue citado para la audiencia de inventarios y aval\u00faos efectuada el 3 de noviembre de 2020. <\/p>\n
Cit\u00f3 jurisprudencia de esta Corte, que en sede de tutela protegi\u00f3 el derecho al debido proceso de una persona que, por carecer de recursos econ\u00f3micos, no cont\u00f3 con una defensa t\u00e9cnica adecuada en el juicio, quedando hu\u00e9rfana del derecho de postulaci\u00f3n. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide se dejen sin efecto las providencias que negaron la nulidad propuesta, y \u00abse le reconozca el derecho al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez de Familia de Funza relacion\u00f3 lo acontecido en los dos tr\u00e1mites referidos, el de cesaci\u00f3n de los efectos civiles de matrimonio religioso y el de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal. Precis\u00f3 que admiti\u00f3 el tr\u00e1mite liquidatorio y lo notific\u00f3 por estado \u00abconforme lo estable el ordenamiento jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
Aclar\u00f3 que, el despacho se comunic\u00f3 telef\u00f3nicamente con el se\u00f1or Gonz\u00e1lez Panche, a fin de verificar su comparecencia a la audiencia de inventarios y aval\u00faos, \u00abpero esto no quiere decir que el demandado no estuviere notificado en legal forma, ni mucho menos indicar que no ha tenido acceso al expediente, pues n\u00f3tese que, hasta antes del 16 de marzo de 2020, fecha en que se suspendieron los t\u00e9rminos debido a la emergencia sanitaria, el demandado quien se encontraba notificado [\u2026] pudo ver el expediente en la forma y t\u00e9rminos que se ven\u00eda manejando en el juzgado ante de la emergencia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. En similar sentido, se pronunci\u00f3 la procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia, familia y mujeres de Bogot\u00e1, al indicar que la actuaci\u00f3n del juzgado accionado tuvo apeg\u00f3 a los lineamientos procesales previstos para el tr\u00e1mite del proceso, al respecto, sostuvo que la demanda de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal fue presentada dentro de los 30 d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la sentencia de divorcio, y una vez admitida \u00abse notifica al demandado por estado y se le corre traslado por 10 d\u00edas; ante el silencio del encausado sigue la audiencia de inventarios y aval\u00faos [\u2026] en el caso estudiado, el juzgado se atuvo a las prescripciones normativas que rigen la materia\u00bb. <\/p>\n
3. Sin pronunciarse sobre la queja constitucional, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, alleg\u00f3 la providencia que cuestiona el actor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas vulneraron las prerrogativas fundamentales denunciadas dentro del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal radicado n\u00ba 2019-00877, al denegar la nulidad deprecada por el actor (providencias de 10 de febrero y 7 de mayo de 2021, esta \u00faltima del Tribunal Superior de Cundinamarca, Sala Civil Familia, que confirm\u00f3 el del juez a quo), incurriendo en v\u00eda de hecho, supuestamente, por desconocer que no fue notificado en debida forma del inicio del tr\u00e1mite ni de la audiencia de inventarios y aval\u00faos, que careci\u00f3 de defensa t\u00e9cnica y que no tuvo posibilidad de acceder al expediente digital del proceso. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que el amparo no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo tambi\u00e9n se formula contra el auto proferido por el Juzgado de Familia de Funza el 10 de febrero de 2021 que deneg\u00f3 el incidente de nulidad propuesto por el ac\u00e1 actor, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al prove\u00eddo del 7 de mayo de este a\u00f1o dictado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, confirmatorio del anterior, en tanto que, fue el pronunciamiento que en \u00faltimas defini\u00f3 la controversia. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
4. La providencia atacada. <\/p>\n
En el supuesto que analiza la Sala, no logra advertirse que la confirmaci\u00f3n de la determinaci\u00f3n adoptada en primer grado dentro del juicio cuestionado que deneg\u00f3 la nulidad solicitada por la defensa de Gonz\u00e1lez Panche, se traduzca en la vulneraci\u00f3n a los derechos invocados, toda vez que esa decisi\u00f3n fue el resultado de una razonada hermen\u00e9utica del contexto procesal. Al respecto, al abordar la controversia, el tribunal puntualiz\u00f3 que: \u00ab(\u2026) aunque la nulidad se propuso con estribo en la causal anotada, lo que advierte el tribunal [\u2026] es que el demandado es consciente de que esa irregularidad que denunci\u00f3 como fuente de aqu\u00e9lla, no se configur\u00f3, es decir, que el auto por el cual se abri\u00f3 a tr\u00e1mite la fase liquidatoria que sobreviene en este tipo de procesos, no ten\u00eda por qu\u00e9 notific\u00e1rsele de otra manera a la que se hizo, es decir, por estado, pues as\u00ed lo dispone el art\u00edculo 523 [C\u00f3digo General del Proceso]\u00bb. <\/p>\n
Y, seguidamente, indic\u00f3 la colegiatura que el peticionario convalid\u00f3 la circunstancia alegada como causal de invalidez, en tal sentido sostuvo que, \u00ab(\u2026) convalidar comporta uno de los m\u00e1s representativos postulados que informan el r\u00e9gimen procesal de las nulidades; implica, en breve, que \u2013 excepci\u00f3n hecha de las nulidades insaneables \u2013 ya expresa, ora t\u00e1citamente, la actuaci\u00f3n viciada pueda ratificarse, cual lo establece el art\u00edculo 136 del C\u00f3digo General del Proceso, de cuyo texto se desprende, que la actuaci\u00f3n se refrenda si el vicio no es alegado como tal por el interesado tan pronto le nace la ocasi\u00f3n para hacerlo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Y tras citar jurisprudencia pertinente sobre el saneamiento de las causales de nulidad, precis\u00f3 que, \u00ab(\u2026) al margen de la discusi\u00f3n que podr\u00eda alentarse acerca de las medidas que debi\u00f3 adoptar el juzgador en punto del amparo de pobreza, es muy de notar que nada de eso esgrimi\u00f3 el inconforme al momento de promover la solicitud de nulidad, por lo que cualquier irregularidad que pudiera aquejar dicho tr\u00e1mite, obviamente distinta a la expl\u00edcitamente expuesta en el libelo de la nulidad, qued\u00f3 convalidada cuando el demandado, a sabiendas de que exist\u00eda un tr\u00e1mite posterior al del proceso de divorcio, en curso, pues reconoci\u00f3 que recibi\u00f3 la llamada para la audiencia de 21 de septiembre de 2020 de un empleado de juzgado y que deb\u00eda estar representado de un apoderado judicial, prefiri\u00f3 callar antes que acudir prontamente al proceso a exhibir su inconformidad <\/p>\n
Claro, d\u00edcese ahora que todo eso aconteci\u00f3 por la imposibilidad de acceder al expediente f\u00edsico, lo que le impidi\u00f3 conocer las actuaciones, argumento que, debe decirse, no puede tener buena acogida; y no solo porque de no haber tenido la posibilidad de verlo, no habr\u00eda podido determinar cu\u00e1l fue la direcci\u00f3n que para su notificaci\u00f3n hab\u00eda indicado la actora, sino porque, independientemente de los traumatismos que la virtualidad ha tra\u00eddo consigo, algo que jam\u00e1s osar\u00eda poner en duda el tribunal, lo cierto es que si el tr\u00e1mite liquidatorio fue admitido en auto de 17 de noviembre de 2019 y la emergencia sanitaria inici\u00f3 a mediados de marzo de 2020, es claro que en esos m\u00e1s de cuatro meses bien pudo el demandado discutir ante el juzgado esa irregularidad, con el fin de que las cosas se enmendaran; pero, como no lo hizo, la \u00fanica conclusi\u00f3n posible es la de que esta acab\u00f3 siendo saneada (\u2026) pues si en el afectado \u201cse descubre un aquietamiento que traducir la convalidaci\u00f3n pudiera\u201d por \u201chaber tolerado el saneamiento\u201d, no puede con posterioridad alegar exitosamente la nulidad (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Y agreg\u00f3 el accionado, respecto de la inercia que destac\u00f3 en el actor frente al proceso que, \u00abAquietamiento que, adem\u00e1s, se descubre en lo que respecta a esas decisiones que ahora tacha de lesivas de sus derechos por haberse reconocido una compensaci\u00f3n en favor de la demandante, pues a pesar de tener conocimiento de que la diligencia de inventarios y aval\u00faos se llevar\u00eda a cabo el 3 de noviembre, se abstuvo de concurrir a ella, am\u00e9n de que habiendo formulado la solicitud de nulidad enmudeci\u00f3 frente al trabajo partitivo, no obstante que el t\u00e9rmino para que el partidos lo presentara todav\u00eda estaba corriendo, a\u00f1adiendo a su silencio ese que se nota relativamente a la sentencia que lo aprob\u00f3, a tal punto que por ello no puede pretender ahora, con esos argumentos que exhibe a destiempo, retrotraer todo un tr\u00e1mite que, finalmente, con su abandono, termin\u00f3 aceptando\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, bajo el contexto que viene de verse, m\u00e1s all\u00e1 de que la Corte comparta o no la determinaci\u00f3n adoptada, como aqu\u00e9lla se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la arbitrariedad, resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al juzgador una espec\u00edfica interpretaci\u00f3n o enfoque de la normativa que coincida plenamente con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
A ese respecto, se ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n (\u2026) m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, CSJ STC10726-2015, STC1496-2016). <\/p>\n
Ahora, el que el querellante disienta del soporte de las posturas que ataca, no por ello se abre camino la prosperidad del reclamo constitucional; no es suficiente una decisi\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que \u00e9sta se encuentre afectada por defectos superlativos y carentes de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que por supuesto no ocurre en el sublite. <\/p>\n
En ese sentido, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Los razonamientos contenidos en las decisiones criticadas hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial e inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en el asunto imponiendo una determinada tesis sustituy\u00e9ndolo, como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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