STC9045-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9045-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-02006-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintiuno de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cA\u201d contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio y el Juzgado Tercero de Familia de la misma localidad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, familia, educaci\u00f3n y salud, supuestamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que siendo de nacionalidad colombiana se cas\u00f3 con \u201cB\u201d (brasile\u00f1o y brit\u00e1nico), y establecieron su residencia en Londres, uni\u00f3n de la cual nacieron los menores \u201cC\u201d y \u201cD\u201d. Sin embargo, a causa de varios episodios de violencia intrafamiliar que \u201cB\u201d habr\u00eda perpetrado contra ella, se inici\u00f3 una causa penal contra aquel, con fundamento en la cual se dict\u00f3 \u00aborden de restricci\u00f3n\u00bb, pero \u00abel acoso y la violencia no cesaron\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n relat\u00f3 que \u00abde acuerdo con el historial de atenci\u00f3n de la oficina de servicios sociales de Londres, los menores estuvieron expuestos a violencia dom\u00e9stica al tener que presenciar como su \u201cC\u201d agredi\u00f3 en repetidas ocasiones a su madre, incluso, la menor \u201cC\u201d, relat\u00f3 a servicios sociales que sent\u00eda que \u201cdeb\u00eda ser fuerte\u201d para proteger a su mam\u00e1 y que en una ocasi\u00f3n mordi\u00f3 a su padre, en medio de actos de agresi\u00f3n de este contra la se\u00f1ora \u201cA\u201d, para que no agrediera m\u00e1s a su mam\u00e1\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que en el a\u00f1o 2019, realiz\u00f3 un viaje a Colombia en compa\u00f1\u00eda de los ni\u00f1os y no regres\u00f3 a ese pa\u00eds, por lo que \u201cB\u201d present\u00f3 solicitud de restituci\u00f3n internacional de menores mediante la autoridad central de Reino Unido, quien contact\u00f3 al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el efecto, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero de Familia de Villavicencio, quien decidi\u00f3 negar la solicitud, teniendo en cuenta el inter\u00e9s superior de aquellos y en consideraci\u00f3n \u00abal riesgo que se somet\u00eda a los menores al ser entregados a su padre, dados sus antecedentes de violencia\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, la apoderada del progenitor de los menores apel\u00f3 esa determinaci\u00f3n, por lo que la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad la revoc\u00f3 y, en su lugar, dispuso su restituci\u00f3n inmediata, \u00absin tener en cuenta el riesgo al que ser\u00edan sometidos teniendo en cuenta los antecedentes de violencia del padre y consumo de alucin\u00f3genos, as\u00ed como la exposici\u00f3n a material pornogr\u00e1fico de los menores, hechos comprobados dentro del proceso\u00bb. Lo anterior, porque \u00aba pesar de las evidencias de violencia intrafamiliar y del comportamiento sexualizado de la menor IN, no existen evidencias de secuelas en los menores\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, expuso que \u00abtanto el juzgado de primera instancia como el Tribunal (\u2026) incurrieron en violaci\u00f3n al debido proceso al negar la pr\u00e1ctica de pruebas solicitadas por la madre de los menores, las cuales eran fundamentales para demostrar la situaci\u00f3n de riesgo a la que podr\u00edan enfrentarse los menores al retornar al Reino Unido\u00bb y \u00abel argumento para negar las pruebas consisti\u00f3 en que no se adelant\u00f3, previo a la solicitud de pruebas, la petici\u00f3n de las mismas de manera directa a las entidades p\u00fablicas del Reino Unido. Desconociendo, adem\u00e1s, de esta manera, el hecho de que la se\u00f1ora \u201cA\u201d, se encuentra protegida por amparo de pobreza y que el requerir directamente estas pruebas al Reino Unido requerir\u00eda de incurrir en costos adicionales\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, enfatiz\u00f3 en que \u00abactualmente los actos de violencia contra la madre y los menores, por parte del se\u00f1or \u201cB\u201d, no ha cesado, ejerce violencia verbal contra la madre, trat\u00e1ndola con t\u00e9rminos despectivos y peyorativos degrad\u00e1ndola en su condici\u00f3n de mujer, ejerce violencia econ\u00f3mica el negarle a sus hijos los medios m\u00ednimos de subsistencia y usar el dinero como medio de coerci\u00f3n contra su hija Isabella Nery, as\u00ed como violencia sicol\u00f3gica al decirle a la menor que quiere m\u00e1s a su hija reci\u00e9n nacida que a ella\u00bb. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidi\u00f3 \u00abrevocar el fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral, dentro del proceso de restituci\u00f3n internacional de menores identificado con el n\u00famero (\u2026) y en su lugar se mantenga el fallo proferido por el Juzgado 3 de Familia del Circuito de Villavicencio\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero de Familia de Villavicencio relat\u00f3 las actuaciones del proceso y manifest\u00f3 que \u00abde manera alguna, la falta de decreto de esas pruebas, influy\u00f3 de manera adversa a las pretensiones de la demandada, ya que una de las causas para determinar en la sentencia del 12 de noviembre de 2020, negar la restituci\u00f3n de los menores al Reino Unido Londres, fue precisamente la evidencia de que los menores fueron expuestos a evidentes riesgos al presenciar la violencia dom\u00e9stica, frecuentemente presentada entre sus progenitores que era lo que quer\u00eda demostrar la demandada con la prueba que solicitaba; por lo que no puede invocar una violaci\u00f3n al debido proceso por negaci\u00f3n de decretar prueba documental; cuando por un lado no demostr\u00f3 haberla solicitado como derecho de petici\u00f3n, tal y como lo reclama la norma y que las entidades se la hubieren negado por ser documentos oficiales; y por el otro, que el fallo de este juzgado fue a su favor\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, mencion\u00f3 que \u00abno resultan v\u00e1lidas las exculpaciones del apoderado de la accionante para plantear violaci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso por parte de este Juzgado; como quiera que el fundamento jur\u00eddico para no devolver los NNA al lado de su padre, dados los problemas comportamentales de ira, sumado al consumo de cannabis\u00bb. <\/p>\n
2. La Directora Regional del Meta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar coadyuv\u00f3 la solicitud de amparo, toda vez que \u00abse prob[\u00f3] dentro del proceso de Restituci\u00f3n Internacional (\u2026) que el se\u00f1or \u201cB\u201d adem\u00e1s de la Violencia psicol\u00f3gica que ejerci\u00f3 en Reino Unido, contin[\u00fa]a con el ejercicio de Violencia econ\u00f3mica contra la se\u00f1ora \u201cA\u201d, pues desde que se encuentra en Colombia se ha abstenido de contribuir con los gastos de manutenci\u00f3n de los \u201cC y \u201cD\u201d, conociendo que actualmente la progenitora no tiene un empleo en Colombia que le permita sufragar los gastos de sus hijos y presion\u00e1ndola para que regrese a Reino Unido. Manifestaci\u00f3n que no fue desvirtuada por el se\u00f1or \u201cB\u201d con los documentos aportados\u00bb. <\/p>\n
En id\u00e9ntico sentido, precis\u00f3 que \u00abel Convenio de La Haya de 1980 prev\u00e9 en sus art\u00edculos 12 y 13 varias situaciones que permiten a las cuales las autoridades judiciales en su decisi\u00f3n, no ordenar la restituci\u00f3n internacional de un menor, cuando: a. Pese al traslado o retenci\u00f3n il\u00edcita y el tr\u00e1mite se inici\u00f3 pasado ya un a\u00f1o desde esos eventos, el menor ha quedado integrado en su nuevo ambiente. (art. 12). b. Si se logra demostrar por la persona que se opone a restituir a los menores, que existe un grave riesgo de que la restituci\u00f3n del menor lo exponga a un peligro grave f\u00edsico o ps\u00edquico o que de cualquier otra manera no lo coloque en una situaci\u00f3n intolerable\u00bb y \u00aben este caso los ni\u00f1os \u201cC\u201d. y \u201cD\u201d ingresaron a territorio colombiano desde el mes de mayo de 2019, es decir que llevan m\u00e1s de 24 meses desde que se encuentran en Colombia\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n agreg\u00f3 que \u00aben el mismo sentido, la Honorable Corte Suprema de Justicia una reciente decisi\u00f3n STC 49[7]0 de 2020 donde se reclamaba la restituci\u00f3n de menores, sustra\u00eddos o retenidos por su progenitora huyendo de la violencia intrafamiliar del que era objeto por el progenitor de los mismos, la sala de casaci\u00f3n civil en sede de tutela se\u00f1al\u00f3 la improcedencia de la Restituci\u00f3n Internacional cuando esta afecta a la madre, puede considerarse que su afectaci\u00f3n repercute tambi\u00e9n en su hija, as\u00ed esta \u00faltima, no haya sido v\u00edctima directa de la Violencia. Por ello, considera la suscrita Defensora que la decisi\u00f3n del Juez de Primera Instancia fue acertada, y se ajusta a la garant\u00eda del inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os \u201cC\u201d y \u201cD\u201d.\u00bb. <\/p>\n
3. La apoderada judicial de \u201cB\u201d arguy\u00f3 que \u00abla se\u00f1ora \u201cA\u201d a\u00fan no ha permitido que el se\u00f1or \u201cB\u201d tenga contacto con sus hijos. Tanto es as\u00ed que se pas[\u00f3] un memorial al Juzgado Tercero de Familia de Villavicencio donde se lleva el proceso para que esta indique el medio por el cual se va a comunicar con sus hijos\u00bb. Tambi\u00e9n reliev\u00f3 que \u00ab\u201dA\u201d a trav\u00e9s de medios judiciales persigue al se\u00f1or \u201cB\u201d (\u2026) y denunci\u00f3 este a\u00f1o (2021) al se\u00f1or \u201cB\u201d en Inglaterra presuntamente por violencia, cuando este no ha tenido contacto con ella ni con sus hijos\u00bb, aunado a que \u00abla polic\u00eda de Inglaterra le solicito al se\u00f1or \u201cB\u201d ir el d\u00eda 29 de mayo de 2021 a las 3 de la tarde para una entrevista debido a la denuncia interpuesta por la se\u00f1ora \u201cA\u201d. Esta entrevista indico que no exist\u00eda ning\u00fan tipo de violencia ejercida por el se\u00f1or \u201cB\u201d a la se\u00f1ora \u201cA\u201d y fue archivada\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con los hechos narrados en la tutela, subray\u00f3 que \u00abno es cierto que el [trabajador social extranjero] haya indicado que inmediatamente los ni\u00f1os lleguen a suelo ingl\u00e9s ser\u00e1n puestos a disposici\u00f3n de su padre, sino que evaluaran las circunstancias actuales del se\u00f1or \u201cB\u201d para que a este le sea entregada la custodia de sus hijos. Tal cual como se indica en la sentencia tutela (sic)\u00bb y que \u00abel [trabajador social extranjero] que el se\u00f1or \u201cB\u201d ha logrado manejar sus problemas de ira. Ahora bien, respecto al consumo de marihuana mi representado ya no lo realiza. Debo manifestar que en Colombia el uso recreacional de marihuana es un tab\u00fa mientras que en Inglaterra no lo es\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, refiri\u00f3 que, \u00abreferente a la conducta sexualizada de la ni\u00f1a \u201cC\u201d no se estableci\u00f3 en ning\u00fan momento del proceso que haya sido atribuible a su padre, adem\u00e1s que esta fue corregida por su madre. Si bien es cierto, la madre indic\u00f3 en su interrogatorio de parte que ella mir\u00f3 al se\u00f1or \u201cB\u201d consumiendo videos pornogr\u00e1ficos, pongo en duda esta afirmaci\u00f3n pues no se encuentra en ning\u00fan registro oficial de la entidad encargada de servicios sociales para ni\u00f1os (an\u00e1loga al Bienestar Familiar) y considera esta apoderada, que solamente son dichos de ella para evitar que sus hijos sean entregados al padre de sus hijos. Esto lo concluyo por las siguientes razones: 1) Extrajo de suelo ingl\u00e9s a sus hijos, 2) No acata [\u00f3]rdenes judiciales en ninguno de los dos pa\u00edses, 3) No permite que el padre de sus hijos los vea, 4) Lo denuncia est\u00e1n[do] en Colombia por conductas t\u00edpicas inexistentes\u00bb. <\/p>\n
4. Una defensora de familia del ICBF \u2013\u00abdesignada provisionalmente para los diferentes Juzgados de Familia de Villavicencio\u00bb\u2013 tambi\u00e9n acompa\u00f1\u00f3 el petitum de la tutela, precisando la necesidad de proteger el inter\u00e9s superior de los menores involucrados en la controversia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso de restituci\u00f3n internacional de menores que inici\u00f3 el progenitor de \u201cC\u201d y \u201cD\u201d, por acceder al petitum de la demanda, presuntamente en desmedro de las prerrogativas de los ni\u00f1os y del inter\u00e9s superior que les asiste. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
2.1. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
No obstante, en los precisos casos en los cuales los funcionarios respectivos incurran en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
2.2. Si bien los falladores ordinarios tienen libertad discreta y razonable para interpretar y aplicar el ordenamiento jur\u00eddico, los jueces constitucionales pueden intervenir en esa funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u00ab[e]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada en STC4269-2015, 16 abr. 2015). <\/p>\n
3. De la restituci\u00f3n internacional de menores. <\/p>\n
Seg\u00fan el Convenio sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Ni\u00f1os, suscrito en La Haya el 25 de octubre de 1980 e incorporado al ordenamiento jur\u00eddico colombiano a trav\u00e9s de la Ley 173 de 1994, la figura jur\u00eddica en comento corresponde al mecanismo para que los Estados contratantes faciliten el regreso de los ni\u00f1os a su residencia habitual, cuando, a ra\u00edz de conflictos familiares, hayan sido trasladado o retenido il\u00edcitamente por uno de sus padres o parientes. <\/p>\n
Dicha normativa fue declarada exequible por la Corte Constitucional con sentencia C-402 de 1995, precisando: <\/p>\n
\u00abEl Convenio sobre aspectos civiles del secuestro internacional de ni\u00f1os hace parte de un conjunto mayor de tratados internacionales que procuran la restituci\u00f3n inmediata del menor al lugar de su residencia habitual, cuando \u00e9ste ha sido trasladado o retenido il\u00edcitamente por uno de sus padres o parientes a ra\u00edz de conflictos familiares. Igualmente impone a los Estados Contratantes el respeto de los derechos de visita y de custodia que cualquiera de ellos haya reconocido a alguno de los padres o acudientes del menor, de acuerdo con las leyes internas de cada pa\u00eds. <\/p>\n
(\u2026) Con ello se busca proteger los intereses del menor sobre cualesquier otros, dando aplicaci\u00f3n al principio del derecho internacional que consagra la prevalencia de los derechos de los ni\u00f1os, el cual es reconocido tambi\u00e9n en nuestra Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
(\u2026) El art\u00edculo cuarto determina la aplicabilidad del Convenio a todo ni\u00f1o menor de 16 a\u00f1os residente en alguno de los Estados contratantes, limite que se estima apropiado, pues despu\u00e9s de esa edad el menor adquiere la madurez suficiente para autodeterminarse y, por tanto, decidir lo que considere m\u00e1s conveniente para s\u00ed mismo\u00bb. <\/p>\n
Al tenor del art\u00edculo 1.\u00ba del referido Convenio, sus objetivos son \u00abasegurar el regreso inmediato de ni\u00f1os il\u00edcitamente trasladados o retenidos en cualquier Estado contratante\u00bb, y \u00abhacer respetar efectivamente en los otros Estados Contratantes los derechos de guarda [enti\u00e9ndase custodia] y de visita existentes en un Estado Contratante\u00bb. El canon 3.\u00ba se\u00f1ala que se considera il\u00edcito el traslado o no regreso: \u00aba) Cuando ha habido una violaci\u00f3n del derecho de [custodia] asignado ya sea a una persona, una instituci\u00f3n o cualquier otro organismo, ya sea solo o conjuntamente, por la legislaci\u00f3n del Estado en el cual el ni\u00f1o resid\u00eda habitualmente antes de su traslado o no regreso; b) Que este derecho era ejercido de manera efectiva s\u00f3lo o conjuntamente en el momento del traslado o no regreso o lo habr\u00edan sido si tales hechos no se hubieran producido. El derecho de [custodia] se\u00f1alado en el inciso a) podr\u00e1 resultar en especial por ministerio de la ley de pleno derecho o de una decisi\u00f3n judicial o administrativa o de un acuerdo en vigor en virtud de la legislaci\u00f3n de dicho Estado\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, el precepto 12 contempla que: <\/p>\n
\u00abCuando un ni\u00f1o hubiere sido il\u00edcitamente trasladado o retenido en el sentido del art\u00edculo 3o. y que hubiere transcurrido un per\u00edodo de un a\u00f1o por lo menos a partir del traslado o no regreso antes de la iniciaci\u00f3n de la demanda ante la autoridad administrativa o judicial del Estado Contratante donde se hallare el ni\u00f1o, la autoridad interesada ordenar\u00e1 su regreso inmediato. <\/p>\n
La autoridad judicial o administrativa incluso si estuviere enterada despu\u00e9s del vencimiento del per\u00edodo de un a\u00f1o previsto en el inciso anterior, deber\u00e1 tambi\u00e9n ordenar el regreso del ni\u00f1o a menos que estuviere demostrado que el ni\u00f1o se ha integrado a su nuevo medio. <\/p>\n
Cuando la autoridad administrativa o judicial del Estado requerido tuviere motivos para creer que el ni\u00f1o ha sido llevado a otro Estado, podr\u00e1 suspender el procedimiento o rechazar la solicitud de regreso del ni\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
Empero, el precepto 13 prev\u00e9 que, no obstante las anteriores disposiciones, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la autoridad judicial o administrativa no estar\u00e1 obligada a ordenar el regreso del ni\u00f1o cuando la persona, instituci\u00f3n u organismo que se opusiere a su regreso probare: <\/p>\n
a) Que la persona, instituci\u00f3n u organismo que cuidaba de la persona del ni\u00f1o no ejerc\u00eda efectivamente el derecho de guarda en el momento del traslado o no regreso o hab\u00eda consentido o asentido posteriormente a ese traslado o no regreso; <\/p>\n
b) Que existe un grave riesgo que el regreso del ni\u00f1o no lo someta a un peligro f\u00edsico o ps\u00edquico o de cualquier otra manera no lo coloque en una situaci\u00f3n intolerable. <\/p>\n
La autoridad judicial o administrativa podr\u00e1 tambi\u00e9n negarse a ordenar el regreso del ni\u00f1o si constatare que \u00e9ste se opone a su regreso y que hubiere alcanzado una edad y madurez en donde mostrare que es conveniente tener en cuenta esta opini\u00f3n. <\/p>\n
En la apreciaci\u00f3n de las circunstancias se\u00f1aladas en el presente art\u00edculo, las autoridades judiciales o administrativas deber\u00e1n tener en cuenta las informaciones suministradas por la Autoridad Central o cualquier otra autoridad competente del Estado donde el ni\u00f1o residiere habitualmente acerca de su situaci\u00f3n social\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo descrito, en el proceso de restituci\u00f3n internacional de menores de edad, al juez de conocimiento le corresponde valorar: \u00ab(i) que el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente retenido tenga menos de diecis\u00e9is a\u00f1os de edad (art. 4); (ii) que exista un ejercicio individual o compartido del derecho de custodia sobre el menor de edad (art. 3); (iii) que la residencia habitual del menor retenido sea la del pa\u00eds requirente (art. 4); (iv) que el menor retenido se encuentre efectivamente en el pa\u00eds requerido (art. 1); (v) que la Autoridad Central del pa\u00eds donde se encuentra el menor retenido agote la etapa de restituci\u00f3n voluntaria (art. 10); (vi) que la solicitud de restituci\u00f3n del menor se haya presentado dentro del a\u00f1o siguiente a la retenci\u00f3n (art. 12); y; (vii) que no se configure ninguna de las causales de excepci\u00f3n previstas en el Convenio (art. 13)\u00bb. (CC T-202\/18). Subrayado fuera de texto. <\/p>\n
En la regulaci\u00f3n interna, el art\u00edculo 112 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia prev\u00e9 que los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes \u00abindebidamente retenidos por uno de sus padres, o por personas encargadas de su cuidado o por cualquier otro organismo en el exterior o en Colombia, ser\u00e1n protegidos por el Estado Colombiano contra todo traslado il\u00edcito u obst\u00e1culo indebido para regresar al pa\u00eds. Para tales efectos se dar\u00e1 aplicaci\u00f3n a la Ley 173 de 1994 aprobatoria del Convenio sobre aspectos civiles del secuestro internacional de ni\u00f1os, suscrito en La Haya el 25 de octubre de 1980, a la Ley 620 de 2000 aprobatoria de la Convenci\u00f3n Interamericana sobre restituci\u00f3n internacional de menores, suscrita en Montevideo el 15 de julio de 1989, y a las dem\u00e1s normas que regulen la materia\u00bb, y que \u00abpara los efectos de este art\u00edculo actuar\u00e1 como autoridad central el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La Autoridad Central por intermedio del Defensor de Familia adelantar\u00e1 las actuaciones tendientes a la restituci\u00f3n voluntaria del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente y decretar\u00e1 las medidas de restablecimiento de derechos a que haya lugar\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, cabe resaltar que, las discrepancias surgidas de lo previsto en el canon 119 ib\u00eddem y en el inciso 3.\u00ba del precepto 1.\u00ba de la Ley 1008 de 2006 fueron zanjadas por el C\u00f3digo General del Proceso al determinar que en la definici\u00f3n de dicho asunto se garantiza el principio de la doble instancia (numeral 23 del art\u00edculo 22). <\/p>\n
4. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la queja constitucional, con observancia en las piezas procesales y la normativa aplicable al asunto objeto de reproche, la Sala establece que habr\u00e1 de concederse la protecci\u00f3n deprecada, toda vez que la decisi\u00f3n que se censura mediante esta acci\u00f3n constitucional incurri\u00f3 en causales espec\u00edficas de procedencia del amparo (defectos f\u00e1ctico y sustantivo), con la fuerza suficiente para quebrantarla, como pasa a explicarse. <\/p>\n
4.1. En efecto, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por la apoderada judicial del extremo convocante en esa causa, frente al fallo del Juzgado Tercero de Familia de Villavicencio \u2013que desestim\u00f3 la solicitud de restituci\u00f3n internacional de los menores por encontrar acreditada la excepci\u00f3n prevista en el literal b) del art\u00edculo 13 del Convenio de la Haya de 1980\u2013, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad hizo precisiones puntuales sobre la valoraci\u00f3n probatoria que, en su criterio, fue realizada de forma errada por parte del a quo, para lo cual ofreci\u00f3 la argumentaci\u00f3n que a continuaci\u00f3n se compendia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) est\u00e1 fuera de toda discusi\u00f3n que en el sub examine, se presenta un t\u00edpico caso de retenci\u00f3n ilegal de los menores \u201cC\u201d y \u201cD\u201d al tenor del art\u00edculo 3\u00b0 del Convenio, toda vez que expirado el lapso de 28 d\u00edas, plazo m\u00e1ximo con que contaba la madre para retirarlos de su pa\u00eds de origen, lo cual ocurri\u00f3 el 10 de mayo de 2019, los mismos nunca fueron retornados por su progenitora quien fue la persona que los sustrajo, y comoquiera que el padre de aquellos formul\u00f3 la respectiva solicitud dentro del mes siguiente ante la Autoridad Central del Reino Unido, siendo esta a su vez remitida a la Autoridad Central de Colombia (ICBF) el 02 de julio de 2019, es evidente que, en principio, se cumplen los requisitos objetivos para ordenar la restituci\u00f3n inmediata, tal y como lo determin\u00f3 la a quo, y fue as\u00ed resaltado por esta Corporaci\u00f3n en el p\u00e1rrafo 1.14 de los antecedentes de esta providencia a cuyo contenido se hace remisi\u00f3n. No Obstante, comoquiera que en todo caso, para la fecha en que el asunto fue sometido a control judicial ya hab\u00edan trascurrido m\u00e1s de 12 meses, desde la llegada de los menores a Colombia, y en atenci\u00f3n a que su progenitora invoc\u00f3 las excepciones previstas en el Convenio de La Haya, es necesario verificar la ocurrencia de estas, conforme al problema jur\u00eddico planteado\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, tras indicar que los elementos de convicci\u00f3n adosados al expediente se analizar\u00edan de forma conjunta, con especial \u00e9nfasis en \u00ablos que dan cuenta de la situaci\u00f3n socio-familiar que ten\u00edan los menores en su pa\u00eds de origen\u00bb, concluy\u00f3 que \u00abla restituci\u00f3n de los menores no representa para los mismos un riesgo que pueda ser catalogado como grave, y que los exponga a peligros f\u00edsicos o ps\u00edquicos, o que de cualquier otra manera los ubique en una situaci\u00f3n intolerable, en los t\u00e9rminos del literal b) del art\u00edculo 13 del Convenio de La Haya\u00bb, toda vez que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) era necesario escudri\u00f1ar a partir del material probatorio recaudado, cu\u00e1l era la din\u00e1mica o situaci\u00f3n socio-familiar que estaban viviendo los menores para la \u00e9poca en que fueron sustra\u00eddos del Reino Unido por su progenitora, pues en criterio de la Sala, establecer tales circunstancias despeja notablemente la duda que se ciernen sobre la restituci\u00f3n pedida, toda vez que al ser revelado el statu quo en que aquellos se encontraban junto con sus progenitores, determina a su vez si hay graves peligros con su retorno al medio del que fueron sacados. <\/p>\n
Y es que, como se avizor\u00f3 en precedencia, los medios de convicci\u00f3n lo que dicen sobre el particular es que para la \u00e9poca de la sustracci\u00f3n i) ni el se\u00f1or \u201cB\u201d ni la se\u00f1ora \u201cA\u201d, viv\u00edan juntos, ii) que incluso exist\u00eda orden de alejamiento para que el primero no tuviera ning\u00fan contacto con la segunda; iii) la custodia efectiva estaba siendo ejercida por la progenitora y as\u00ed hab\u00eda sido recomendado por los servicios sociales de Wandsworth, con visitas vigiladas del padre a los ni\u00f1os, iv) lo cual fue acogido por autoridad judicial y as\u00ed expresamente ordenado por esta, v) y ante el conflicto denunciado por violencia dom\u00e9stica y comportamientos sexualizados de la ni\u00f1a \u201cC\u201d, dichos menores estaban siendo intervenidos por el \u00e1rea de trabajo social de la mencionada localidad en un plan de menores en situaci\u00f3n en riesgo, siendo lo anterior, se reitera, el statu quo de la situaci\u00f3n socio-familiar de los menores para el momento en que fueron sacados del Reino Unido, lo cual fue confesado por la se\u00f1ora \u201cA\u201d cuando contest\u00f3 interrogatorio en audiencia y confirm\u00f3 expresamente que esa era la situaci\u00f3n en los \u00faltimo 8 meses, anteriores al viaje a Colombia. <\/p>\n
Dicho de otro modo, la din\u00e1mica del n\u00facleo familiar era la de padres separados, en donde los hijos quedaron bajo la custodia exclusiva de la progenitora por disposici\u00f3n de autoridad judicial; un padre que solo ten\u00eda contacto con sus hijos mediante visitas vigiladas tambi\u00e9n dispuestas as\u00ed por mandato judicial, las cuales se adelantaban en lo que se puede definir como una \u201czona neutral\u201d, ya que se ejecutaban en las instalaciones del Departamento del Servicio Social de Wandsworth con vigilancia y mediaci\u00f3n del Trabajador Social, con lo cual se hace evidente la intervenci\u00f3n del Estado en el conflicto familiar, de ah\u00ed que se considere una falacia sugerir que no hubo o que no habr\u00e1 en el Reino Unido, ning\u00fan apoyo para los menores \u201cC\u201d y \u201cB\u201d, cuando incluso, la madre de estos tambi\u00e9n estaba siendo intervenida por los servicios sociales, quienes, ante sus problemas de ansiedad y de estr\u00e9s postraum\u00e1tico que la llevaron a no manejar adecuadamente sus finanzas, se encargaron de suministrarle dinero para garantizarles hogar y alimentaci\u00f3n, tal y como lo precis\u00f3 el Trabajador Social asignado a la familia, y al que la Sala da total credibilidad comoquiera que le consta de primera mano la situaci\u00f3n en que viv\u00eda la familia objeto de este proceso en los \u00faltimos 18 meses anteriores a la sustracci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, cuestion\u00f3 que \u00abtodos los profesionales que valoraron a la ni\u00f1a \u201cC\u201d, vale decir, el trabajador social del Reino Unido, la psic\u00f3loga del ICBF y el Asistente Social del Juzgado de conocimiento, no encontraron en esta traumas o secuelas por violencia dom\u00e9stica, lo que puede indicar que los episodios de tal violencia, no son de la envergadura insinuada por la progenitora de los menores, m\u00e1xime cuando, adem\u00e1s de los reportes de violencia referidos por la madre, y que por ello se encuentran relacionados en los comit\u00e9s celebrados por el servicio social de Wandsworth, no existe en el paginario documentos que den cuenta de c\u00f3mo se desarroll\u00f3 tal conflicto, a guisa de ejemplo, dict\u00e1menes de medicina legal o sentencia condenatoria por agresi\u00f3n en contra del se\u00f1or \u201cB\u201d\u00bb. <\/p>\n
De ese modo, en su criterio, \u00abno se desconoce que los ni\u00f1os \u201cC\u201d y \u201cD\u201d, hacen parte de un hogar disfuncional, marcado por la violencia entre sus padres, lo cual los puso en condiciones dif\u00edciles, pero, lo que debe destacarse de todo ello, es que los mismos, en raz\u00f3n de lo anterior se encontraban en planes de protecci\u00f3n del Estado y as\u00ed se habr\u00edan mantenido, de no ser sustra\u00eddos de su contexto natural; adem\u00e1s, tal intervenci\u00f3n estatal estaba dando sus frutos y de ello da fe tanto la declaraci\u00f3n del Trabajador Social asignado a la familia, como los resultados encontrados por el grupo interdisciplinario del Departamento de Servicios Sociales de Wandsworth\u00bb, por lo que dicho raciocinio llev\u00f3 a la autoridad enjuiciada a relievar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la se\u00f1ora \u201cA\u201d interrumpi\u00f3 de manera intempestiva el plan de apoyo e intervenci\u00f3n sociofamiliar que sobre su n\u00facleo familiar estaban adelantado las autoridades locales del lugar de residencia habitual de los menores, el cual se reitera, estaba dando resultados positivos, as\u00ed como el procedimiento judicial en el que se estaba discutiendo un convenio regulador de los menores, y en que vale reiterar, ya se hab\u00eda reconocido a la madre de estos su custodia efectiva, y en el que adem\u00e1s, el 24 de mayo de 2019, se le dio orden expresa de retornarlos al Reino Unido. <\/p>\n
Tal parece que a la se\u00f1ora \u201cA\u201d tiene dificultades para cumplir \u00f3rdenes emanadas por autoridad competente, pues, adem\u00e1s de desacatar al Juzgado Central de Familia de Londres, lo hizo tambi\u00e9n con el Juzgado de conocimiento, cuando pese a existir orden de facilitar contacto con el progenitor de los menores a trav\u00e9s de medios tecnol\u00f3gicos, impidi\u00f3 tal acercamiento so pretexto de que el padre utilizaba lenguaje inapropiado en las conversaciones, circunstancia que no encontr\u00f3 demostraci\u00f3n en otros medios de prueba, y que resulta dif\u00edcil de aceptar pues se evidencia contradicci\u00f3n en su dicho, cuando primero afirm\u00f3 que no pod\u00eda siquiera escuchar la voz del se\u00f1or \u201cB\u201d, porque eso la hace entrar en estado de ansiedad, pero luego dijo que este \u00faltimo utiliza lenguaje inapropiado al charlar con la ni\u00f1a \u201cC\u201d, lo que supone que si deb\u00eda estar al tanto de las conversaciones en cuesti\u00f3n, quedando en duda entonces, si es cierto lo del lenguaje obsceno del padre, pues, si la se\u00f1ora \u201cA\u201d no puede tolerar escuchar a su ex pareja, como es que si lo hace para vigilar las conversaciones que este tiene con los ni\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, se\u00f1al\u00f3 que \u00abasiste raz\u00f3n a la apoderada apelante cuando refiere que, si por su comportamiento la se\u00f1ora \u201cA\u201d debe ser juzgada en el Reino Unido, ello es una situaci\u00f3n que la misma debe asumir. Para la Sala no es aceptable que se haya recriminado al se\u00f1or \u201cB\u201d por no mostrarse preocupado por las consecuencias penales que pueda sufrir la madre de sus hijos, y que adem\u00e1s esto se utilice como argumento para negar la restituci\u00f3n pedida, cuando la citada se\u00f1ora fue prevenida por el Juzgado de Familia de Londres, sobre su eventual incursi\u00f3n en el delito de secuestro bajo las leyes del Reino Unido, por lo que se le orden\u00f3 la restituci\u00f3n de los menores, as\u00ed las cosas, parafraseando a la apelante, en l\u00ednea de principio, nadie puede sacar ventaja de su propia culpa\u00bb. <\/p>\n
Ahora, en relaci\u00f3n con la integraci\u00f3n de los menores a su nuevo entorno familiar y social, la colegiatura querellada dijo que \u00abel mismo asistente social del Juzgado cognoscente se\u00f1al\u00f3 de manera expresa luego de efectuar valoraci\u00f3n socio-familiar a los menores y a su progenitora que, la estad\u00eda de los estos en Londres no es significativa para los mismos, pero que tampoco muestran experiencias de vida indicadores de su arraigo e integraci\u00f3n en este pa\u00eds, teniendo en cuenta que no est\u00e1n escolarizados y no cuentan con seguridad social en salud; que adem\u00e1s de la cuarentena, durante su estancia en Colombia, no han tenido vivencias necesarias y suficientes que favorezcan su integraci\u00f3n social\u00bb, y recrimin\u00f3 el concepto del ICBF porque \u00abse limit\u00f3 a decir que observaba en los ni\u00f1os capacidad para adaptarse a un nuevo medio y que son emocionalmente estables, lo cual no parece suficiente para tener por demostrado que estos est\u00e1n plenamente integrados a la vida en este pa\u00eds\u00bb. <\/p>\n
De esa manera, dispuso revocar la sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Familia de Villavicencio, para, en su lugar, ordenar la restituci\u00f3n inmediata de los menores involucrados; argumentos que, aunque respetables, no se acompasan con la necesidad de analizar \u2013con el detenimiento que estos asuntos ameritan\u2013 las especiales circunstancias de orden f\u00e1ctico que rodearon la problem\u00e1tica puesta a su consideraci\u00f3n, de tal forma que se diera prevalencia al inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os y se otorgara una protecci\u00f3n efectiva tanto a ellos, como a su progenitora, como incluso resaltaron la Procuradora Delegada y la Defensora de Familia del ICBF en sus respectivos informes. <\/p>\n
En ese sentido, n\u00f3tese que el razonamiento que le permiti\u00f3 al ad quem establecer que no se encontraba acreditada la plurimencionada excepci\u00f3n prevista en el literal b) del art\u00edculo 13 del Convenio de la Haya no tuvo en cuenta la especial preponderancia que los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes tiene para la resoluci\u00f3n de cualquier caso que involucre sus prerrogativas, pues en sus aseveraciones se pretermiti\u00f3 el estudio integral del eventual riesgo que acarrear\u00eda para aquellos su regreso al hogar paterno, teniendo en cuenta los antecedentes de violencia intrafamiliar y de exposici\u00f3n injustificada a otras situaciones catalogadas como vulneradoras de sus intereses. <\/p>\n
4.2. En apoyo a lo anterior, la Sala considera necesario recordar algunos de los recientes casos en los que, sin apartarse del marco normativo de orden supralegal, la Corte ha protegido los derechos superiores de sus connacionales, negando la restituci\u00f3n internacional como medidas de prevenci\u00f3n a favor de los ni\u00f1os y ni\u00f1as como sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional, atendiendo las excepciones previstas en el cuerpo de dicho ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
En efecto, en sentencia del 15 de junio de 2007, esta Corporaci\u00f3n desat\u00f3 una tutela en la que, luego de analizar la excepci\u00f3n propuesta por la demandada, encontr\u00f3 que esta deb\u00eda prosperar dado el inter\u00e9s superior del menor por quien se centr\u00f3 el debate judicial, dejando sentado que: <\/p>\n
\u00abEn la aplicaci\u00f3n del Convenio de la Haya, desde luego, debe propenderse por proteger los derechos de los menores sobre cualquiera otros, en aplicaci\u00f3n del principio de derecho internacional que consagra la primac\u00eda de los derechos de los ni\u00f1os. Como se se\u00f1al\u00f3 al revisarse la constitucionalidad de la ley y del tratado, ese instrumento \u201cguarda plena concordancia con los principios constitucionales y los preceptos de la Carta Pol\u00edtica que establecen la protecci\u00f3n especial del menor y la primac\u00eda de sus derechos\u201d, en cuanto desarrolla el art\u00edculo 44, \u201cpues se encamina a garantizar que todo menor residente en un pa\u00eds miembro del Convenio reciba de sus padres la protecci\u00f3n y el amor necesarios para un desarrollo arm\u00f3nico, as\u00ed los intereses de los padres en una situaci\u00f3n de disoluci\u00f3n de la familia queden relegados ante el inter\u00e9s superior y prevalente de los menores\u201d. <\/p>\n
Por esto, en coherencia, el art\u00edculo 13 del Convenio establece que la autoridad administrativa o judicial no estar\u00e1 obligada a ordenar el reingreso del menor cuando la persona, instituci\u00f3n u organismo que se opusiere probare, bien \u201cQue la persona, instituci\u00f3n u organismo que cuidaba de la persona del ni\u00f1o no ejerc\u00eda efectivamente el derecho de guarda en el momento del traslado o no regreso o hab\u00eda consentido o asentido posteriormente a ese traslado o no regreso\u201d, ora \u201cQue existe un grave riesgo que el regreso del ni\u00f1o no lo someta a un peligro f\u00edsico o s\u00edquico o de cualquier otra manera no lo coloque en una situaci\u00f3n intolerable\u201d. <\/p>\n
(\u2026) Con todo, aceptando en gracia de discusi\u00f3n que el padre de los menores, conjuntamente con su progenitora, ejerc\u00eda efectivamente la guarda, lo que aunado a la sustracci\u00f3n de sus hijos del lugar de residencia habitual a otro pa\u00eds, configuraba la ilicitud, se observa que el Tribunal soslay\u00f3, incurriendo en yerros calificados, esta vez s\u00ed con incidencia en el plano constitucional, el an\u00e1lisis probatorio sobre si el regreso de los menores aseguraba la integridad f\u00edsica y ps\u00edquica de los mismos, o no iban a ser sometidos a una situaci\u00f3n de intolerancia, entendiendo, por supuesto, que el da\u00f1o o peligro no debe considerarse en el lugar de retorno, sino que tambi\u00e9n se puede ocasionar por el hecho de sustraerlo del lado de su madre o del entorno al cual se han adaptado nuevamente\u00bb (CSJ STC, 15 jun. 2007, rad. 00673-00). <\/p>\n
Posteriormente, en la sentencia STC13269-2016, esta Corte dijo que si bien el Convenio establece que en tales juicios los jueces deben verificar si el traslado o la retenci\u00f3n son il\u00edcitos, \u00ablo antelado no significa que, ante la comprobaci\u00f3n de una de las situaciones antes descritas el juez deba, sin mayores consideraciones, disponer la devoluci\u00f3n del infante al pa\u00eds extranjero, por cuanto, antes es indispensable analizar si en el caso converge alguna de las eventualidades contenidas en la regla 13 ib\u00eddem\u00bb. Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
Por ello, seguidamente indic\u00f3 que pese a estar \u00abacreditados\u00bb los supuestos \u00abque permiten afirmar que la menor (\u2026) se encuentra retenida il\u00edcitamente en Colombia (\u2026), porque la se\u00f1ora (\u2026) estaba violando el r\u00e9gimen de custodia aplicable en el Estado de residencia del n\u00facleo familiar\u00bb, deb\u00eda apartarse de ello y otorgar el amparo, \u00abporque el Tribunal omiti\u00f3 estudiar a cabalidad si en ese asunto converg\u00eda alguna de las eventualidades para negar el regreso de la menor a Espa\u00f1a, estipuladas en la regla 13 del aludido Tratado\u00bb, dado que \u00abexisten pruebas que permiten avizorar un eventual riesgo para la infante en caso de regresar a Espa\u00f1a, as\u00ed lo deja entrever el \u201cInforme de Verificaci\u00f3n Domiciliaria, Informe Social en Familia Biol\u00f3gica Materna\u201d realizado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (\u2026), [seg\u00fan el cual], el se\u00f1or (\u2026) adem\u00e1s de tener dificultades laborales, padece de \u201cbipolaridad, con crisis de ansiedad y depresi\u00f3n\u201d\u00bb (CSJ STC13269-2016, 19 sep. 2016, rad. 02434-00). <\/p>\n
En otro relevante caso, de contornos similares al ac\u00e1 analizado, la Corte desestim\u00f3 la restituci\u00f3n internacional deprecada por encontrar demostrados actos de violencia en el entorno familiar de la menor, al sostener que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) desde el punto de vista formal sin duda alguna se cumplen los presupuestos para ordenar la restituci\u00f3n de XX a su lugar de origen (Quilmes-Argentina) comoquiera que existi\u00f3 por parte de la quejosa una retenci\u00f3n ilegal de su hija, respecto de quien ten\u00eda la custodia compartida con el progenitor, cuando decidi\u00f3 no regresar al lugar de origen en el tiempo que feneci\u00f3 la autorizaci\u00f3n otorgada por el padre. <\/p>\n
Empero, dicha normatividad tambi\u00e9n consagra unas excepciones, entre ellas, la regulada en el literal b del canon 13 ib\u00eddem \u00ab[\u2026] la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido no est\u00e1 obligado a ordenar la restituci\u00f3n del menor si la persona, instituci\u00f3n u otro organismo que se opone a su restituci\u00f3n demuestre que: [\u2026] existe un grave riesgo de que la restituci\u00f3n del menor lo exponga a un peligro grave f\u00edsico o ps\u00edquico o que de cualquier otra manera ponga al menor en una situaci\u00f3n intolerable [\u2026]\u00bb, defensa que fue utilizada por la progenitora de XX. <\/p>\n
Lo anterior significa que en el debate objeto de revisi\u00f3n constitucional se encuentran enfrentadas la regla general de \u00abrestituci\u00f3n inmediata\u00bb y la rese\u00f1ada exceptiva, y, es precisamente en direcci\u00f3n de la satisfacci\u00f3n o no de esta \u00faltima que debe girar el an\u00e1lisis, puesto que de este depende el fracaso o no de la restituci\u00f3n pretendida; pues, si bien es cierto, el fin de la Convenci\u00f3n de la Haya es el retorno inmediato del menor a su lugar de origen cuando ha sido trasladado o retenido il\u00edcitamente, tambi\u00e9n lo es, que ello no es absoluto, a tal punto que el mismo cuerpo normativo consagra la posibilidad contraria, de cumplirse los referentes expuestos en el literal de la excepci\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) Y, es en dicho labor\u00edo que encuentra la Sala que el tribunal encartado incurri\u00f3 en una inadecuada apreciaci\u00f3n de medios probatorios, pues omiti\u00f3 analizar si el retorno inmediato de XX la expon\u00eda a un \u00abpeligro grave f\u00edsico o ps\u00edquico o una situaci\u00f3n intolerable\u00bb, teniendo en cuenta que: <\/p>\n
a) La supuesta agresi\u00f3n relatada y en principio visibilizada del padre hacia la madre implica la posibilidad latente de maltratos, situaci\u00f3n que debe sopesarse con el debido cuidado en este asunto, pues pensar que tal comportamiento es una amenaza solo para la pareja y que no afecta a la hija, desdibuja el concepto de violencia psicol\u00f3gica y no permiti\u00f3 al tribunal analizar con mejor detenimiento la existencia o no de un riesgo grave y\/o la violencia domestica que se percibe dentro de la relaci\u00f3n de pareja. <\/p>\n
No debe olvidarse que un ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente que crece en un entorno de violencia como pueden ser, entre otros, los actos de poder del progenitor, es factible verse afectada indirectamente en su normal desarrollo o inclusive existe la eventualidad extrema, pero posible, que termine siendo la menor v\u00edctima del o los agresores de esa violencia. <\/p>\n
En ese orden, la presencia de un ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente ante un acto o actos de violencia en la humanidad o en la psiquis de su progenitora y\/o del presunto agresor, le genera, a su vez, miedo, angustia, inestabilidad y\/o inseguridad, am\u00e9n que altera la esfera ps\u00edquica de aquel o aquella; sin que pueda aceptarse como argumento v\u00e1lido y suficiente lo se\u00f1alado por el ad-quem que si la menor no ha sido v\u00edctima directa de violencia no se percibe afectaci\u00f3n grave para ella. <\/p>\n
(\u2026) Lo anterior, permite concluir que en los casos de la especie analizada, lo que prevalece son los superiores intereses del menor, aun por encima de los del padre y madre de este, habida cuenta que todo el aparato judicial ha de enderezarse a fin de que a aquel, no se le menoscaben sus derechos fundamentales, procurando una ponderaci\u00f3n especial de la realidad f\u00e1ctica de XX, vista en su totalidad en aras de establecer las condiciones que mejor satisfacen el inter\u00e9s superior de la ni\u00f1a en esta situaciones concreta\u00bb (CSJ STC9528-2017, 5 jul., 2017, rad. 01395-00 y 01469-00). <\/p>\n
En similar sentido, la Sala tambi\u00e9n se pronunci\u00f3 en la sentencia STC4727-2019 del 11 de abril de 2019, rad. 2018-04078-00, destacando que, en la resoluci\u00f3n de esta clase de asuntos, la pretensi\u00f3n del padre no puede concederse sin ponderar previamente la conveniencia y utilidad que ello puede representar para los menores, porque aunada a la calificaci\u00f3n que en nuestro medio se le ha dado como sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, dicho principio est\u00e1 incorporado en los tratados internacionales ratificados por Colombia, incluyendo el de la Haya que se invoca para el procedimiento en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
De acuerdo con los citados precedentes, en el caso materia de estudio, la violencia intrafamiliar, aunque en principio no involucre directamente a los menores relacionados en la restituci\u00f3n deprecada, puede tenerse como motivo relevante para edificar la excepci\u00f3n encaminada a no autorizar el regreso al pa\u00eds donde habitualmente ten\u00edan residencia, todo ello al estar de por medio la protecci\u00f3n superior de los intereses de los ni\u00f1os, tal como se indic\u00f3 en la sentencia STC4970-2020. <\/p>\n
4.3. Por consiguiente, es menester que la Corte reitere que, cuando se est\u00e1 ante un proceso judicial en el que se involucran los derechos superiores de los ni\u00f1os, el juez debe ser m\u00e1s acucioso al realizar el abordaje de cualquiera de los temas que puedan llegar a afectarlos, en tanto el reconocimiento de sus intereses debe verse desde un contexto m\u00e1s amplio. <\/p>\n
Al respecto, a partir de la Convenci\u00f3n sobre Derechos del Ni\u00f1o, se ha venido recordando que son principios b\u00e1sicos que orientan la doctrina de protecci\u00f3n integral a los ni\u00f1os y adolescentes: (i) la igualdad y no discriminaci\u00f3n; (ii) el inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os; (iii) la efectividad y prioridad absoluta; y (iv) la participaci\u00f3n solidaria. <\/p>\n
En consonancia con los postulados internacionales, el legislador de 1989, a trav\u00e9s del Decreto 2737, estatuido como C\u00f3digo del Menor, previno a las personas y las entidades, tanto p\u00fablicas como privadas para que al desarrollar programas y al momento de asumir responsabilidades en asuntos de menores, tuvieran en cuenta sobre toda otra consideraci\u00f3n, el inter\u00e9s superior de estos. Por su parte, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 establece en su art\u00edculo 44 que \u00ablos derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s\u00bb, anotando luego que \u00abla familia, la sociedad y el Estado tienen la obligaci\u00f3n de asistir y proteger al ni\u00f1o para garantizar su desarrollo arm\u00f3nico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanci\u00f3n de los infractores\u00bb. <\/p>\n
Armonizado con lo anterior, el C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia – Ley 1098 de 2006, prev\u00e9 en su art\u00edculo 8.\u00ba que \u00abse entiende por inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes\u00bb, precis\u00e1ndose en el canon 9.\u00ba de dicha normativa especial que \u00ab[e]n todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona\u00bb, y que \u00ab[e]n caso de conflicto entre dos o m\u00e1s disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicar\u00e1 la norma m\u00e1s favorable al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente\u00bb. <\/p>\n
Acerca del tema, el precedente constitucional ha sido prol\u00edfico, constante y reiterativo al ense\u00f1ar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el inter\u00e9s superior del menor no constituye una cl\u00e1usula vac\u00eda susceptible de amparar cualquier decisi\u00f3n. Por el contrario, para que una determinada decisi\u00f3n pueda justificarse en nombre del mencionado principio, es necesario que se re\u00fanan, al menos, cuatro condiciones b\u00e1sicas: (1) en primer lugar, el inter\u00e9s del menor en cuya defensa se act\u00faa debe ser real, es decir, debe hacer relaci\u00f3n a sus particulares necesidades y a sus especiales aptitudes f\u00edsicas y sicol\u00f3gicas; (2) en segundo t\u00e9rmino, debe ser independiente del criterio arbitrario de los dem\u00e1s y, por tanto, su existencia y protecci\u00f3n no dependen de la voluntad o capricho de los padres o de los funcionarios p\u00fablicos encargados de protegerlo; (3) en tercer lugar, se trata de un concepto relacional, pues la garant\u00eda de su protecci\u00f3n se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderaci\u00f3n debe ser guiado por la protecci\u00f3n de este principio; (4) por \u00faltimo, debe demostrarse que dicho inter\u00e9s tiende a lograr un beneficio jur\u00eddico supremo consistente en el pleno y arm\u00f3nico desarrollo de la personalidad del menor\u00bb (CC T-587\/98). <\/p>\n
Luego, en sentencia T-1021 de 2010, indic\u00f3 que el referido principio \u00abcomporta que los ni\u00f1os sean destinatarios de un trato preferente, en raz\u00f3n a su car\u00e1cter jur\u00eddico de sujetos de especial protecci\u00f3n, y, por lo tanto, sus derechos deben ser valorados de acuerdo con las circunstancias espec\u00edficas del caso. Es decir, que el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o tiene un contenido de naturaleza real y relacional, aspecto que demanda una verificaci\u00f3n y una especial atenci\u00f3n de los elementos concretos y espec\u00edficos que identifican a los ni\u00f1os, a sus familias, y en donde inciden aspectos emotivos, culturales, creencias y sentimientos importantes socialmente\u00bb. <\/p>\n
Ac\u00f3tese que frente a la interpretaci\u00f3n de la ley procesal, el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso se\u00f1ala que \u00abel juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, y que las posibles dudas que surjan \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb. <\/p>\n
4.4. Seg\u00fan lo que acaba de verse, la motivaci\u00f3n planteada por la corporaci\u00f3n convocada para acceder a la restituci\u00f3n internacional de los menores cuya situaci\u00f3n se analiz\u00f3, configura una actuaci\u00f3n defectuosa susceptible de enmendarse mediante este instrumento excepcional, en tanto realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n normativa y probatoria alejada de las especiales exigencias del caso, de modo que se abre paso el resguardo para que la autoridad encartada renueve la actuaci\u00f3n que se invalidar\u00e1, con observancia en la normativa aplicable y los precedentes de esta Corporaci\u00f3n que, por su pertinencia, deben ser ponderados. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme con lo expuesto, esta Colegiatura considera que, con la expedici\u00f3n de la sentencia cuestionada, se soslayaron las garant\u00edas fundamentales de las partes, especialmente el inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, pauta que, por su trascendencia, no pod\u00eda ser pretermitida por el fallador de segundo grado, por lo que se hace necesario otorgar la protecci\u00f3n requerida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales de \u201cA\u201d, en nombre propio y en representaci\u00f3n de los menores \u201cC\u201d y \u201cD\u201d. <\/p>\n
SEGUNDO: DEJAR sin valor ni efecto el fallo dictado por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, el 14 de mayo de 2021. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR a la precitada corporaci\u00f3n judicial que, en el t\u00e9rmino de veinte (20) d\u00edas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, proceda a dictar la providencia a que haya lugar en dicha causa, en atenci\u00f3n a las consideraciones plasmadas en parte motiva de esta sentencia. <\/p>\n
CUARTO: COMUNICAR lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, remitir las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC9045-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC9045-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-02006-00 (Aprobado en Sala de veintiuno de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cA\u201d contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55715","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55715","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55715"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55715\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55715"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55715"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55715"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}