STC9051-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9051-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 1001-22-03-000-2021-01178-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de julio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Mery Yolanda Campos Castro frente a la sentencia del 21 de junio de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela que la recurrente le instaur\u00f3 al Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de esa ciudad, extensiva a los intervinientes en el proceso declarativo con radicado n\u00b0 110013103032-2020-00313-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora pidi\u00f3 que se revoque \u00abel auto de fecha 21 de enero de 2021 (\u2026) como quiera que la contestaci\u00f3n de la demanda no cumple los requisitos establecidos [en la Ley] (\u2026) [y] se present\u00f3 extempor\u00e1neamente\u00bb. <\/p>\n
En sustento, adujo que demand\u00f3 a Seguros Generales Suramericana S.A. y Crew Garage S.A.S. para obtener \u00abel cumplimiento del contrato de seguro de veh\u00edculos Plan Auto Global No. 900000153526\u00bb y que, una vez contestada la demanda, el juzgado accionado requiri\u00f3 (21 ene. 2021) al mandatario de la pasiva para que allegara el poder especial con la nota de presentaci\u00f3n personal requerida en el art\u00edculo 74 del C\u00f3digo General del Proceso o, en su defecto, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 5 del Decreto Legislativo 806 de 2020, labor que se llev\u00f3 a cabo cinco d\u00edas despu\u00e9s de que feneciera el t\u00e9rmino otorgado por el despacho. <\/p>\n
Relat\u00f3 que, a pesar de la tard\u00eda subsanaci\u00f3n (5 feb. 2021), el encartado reconoci\u00f3 personer\u00eda judicial al mandatario de la demandada y predic\u00f3 la acogida de su contestaci\u00f3n (16 mar. 2021), por lo que interpuso reposici\u00f3n (23 mar. 2021) que fue despachada desfavorablemente (22 abr. 2021). <\/p>\n
En consecuencia, impetr\u00f3 el resguardo porque, a su juicio, el mandato fue aportado extempor\u00e1neamente y no proviene de la direcci\u00f3n electr\u00f3nica de notificaciones judiciales registrada en el respectivo certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la aseguradora, por lo que, a su juicio, debe tenerse por no contestado el l\u00edbelo introductor. <\/p>\n
2. El despacho querellado defendi\u00f3 la legalidad de sus actos y arguy\u00f3 que la contestaci\u00f3n de la demanda fue presentada oportunamente, raz\u00f3n por la cual, lo intempestivo de la subsanaci\u00f3n no es suficiente para opacar el derecho de defensa de la demandada. <\/p>\n
La representante legal de la aseguradora inform\u00f3 que \u00abel poder allegado con la contestaci\u00f3n, cont\u00f3 con firma digital \u201cverificable\u201d colmando los requisitos de validez y autenticidad, conforme a las disposiciones de la Ley 527 de 1999\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que, a pesar de ello, ratific\u00f3 tal mandato mediante mensaje de datos. <\/p>\n
3. La primera instancia constitucional deneg\u00f3 el amparo tras considerar que la providencia cuestionada resultaba razonable. Expuso que \u00abla interpretaci\u00f3n del actor, constituye un exceso ritual manifiesto, pues la integraci\u00f3n sistem\u00e1tica de las normas adjetivas permite concebir un proceso civil m\u00e1s d\u00factil y favorable a la aplicaci\u00f3n de las normas sustanciales, m\u00e1xime si se considera que, en el subjudice, los medios exceptivos fueron propuestos dentro del t\u00e9rmino de traslado, quedando \u00fanicamente sujeto a ratificaci\u00f3n el acto de apoderamiento\u00bb. <\/p>\n
4. Con su impugnaci\u00f3n, la actora reiter\u00f3 sus argumentos iniciales y enfatiz\u00f3 en que el poder no provino de \u00abla direcci\u00f3n electr\u00f3nica inscrita para recibir notificaciones judiciales\u00bb de la demandada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Circunscrita la Corte a la pretensi\u00f3n formulada, pronto se avizora la confirmaci\u00f3n del desenlace de primer grado, aunque por razones diferentes a las predicadas por el a quo; ello porque la promotora no agot\u00f3 los recursos con que contaba en el proceso para ventilar su inconformidad en contra del prove\u00eddo que espec\u00edficamente pretende invalidar. <\/p>\n
Revisado el petitum de la tutela se observa que el anhelo de la gestora consiste en dejar sin efectos el auto proferido por el encartado el \u00ab21 de enero de 2021\u00bb en el cual se dispuso: <\/p>\n
(\u2026) 1. Revisadas las gestiones de notificaci\u00f3n allegadas por el apoderado de la parte actora, respecto de los demandados Crew Garage S.A.S. y Seguros Generales Suramericana S.A., se aprecia el cumplimiento de las exigencias del art\u00edculo 8.\u00b0 del Decreto 806 de 2020, por lo que se les reconoce efectos jur\u00eddicos. <\/p>\n
2. No se accede a la solicitud presentada por el apoderado del accionado Crew Garage S.A.S., atinente a notificarlo en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 301 del C\u00f3digo General del Proceso, al advertirse su enteramiento personal, en los t\u00e9rminos del citado Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
3. Reconocer personer\u00eda al abogado Michael Adolfo Mar\u00edn Calder\u00f3n, como apoderado del demandado Crew Garage S.A.S., seg\u00fan el poder especial otorgado. <\/p>\n
4. Examinado el poder conferido al abogado Jaime Alonso V\u00e9lez V\u00e9lez, se observa que no se realiz\u00f3 mediante mensaje de datos, sino a trav\u00e9s de escrito. Por lo tanto, debe realizarse presentaci\u00f3n personal de dicho documento por parte de la representante legal de la aseguradora demandada, o formalizarlo como lo autoriza el Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
Ante dicha circunstancia, se requiere al citado profesional del derecho para que en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, subsane la referida falencia (\u2026) <\/p>\n
Sin embargo, estudiado el expediente del proceso cuestionado se extra\u00f1a que dicho prove\u00eddo haya sido reprochado ante el juez natural, dentro de la oportunidad que el legislador le otorg\u00f3 para ello, de lo que se colige la incuria de la actora quien nada protest\u00f3 contra las decisiones tomadas en la providencia que pretende sea revocada, por lo que se hace ostensible el desconocimiento del car\u00e1cter subsidiario y excepcional que caracteriza a este tipo de tr\u00e1mite constitucional. Sobre la desidia que se pone de presente, ha reiterado esta Sala que: <\/p>\n
Es decir, cont\u00f3 con la oportunidad de exponerle al juzgado acusado las razones de su inconformidad y reclamarle en pro de sus intereses y no lo hizo; por el contrario, dej\u00f3 fenecer el t\u00e9rmino procesal que le fuera otorgado para que pudiera rebatir tal resoluci\u00f3n y as\u00ed le fuera revisado su descontento, sin que este camino pueda convertirse en un medio alternativo para revivir las oportunidades desaprovechadas, cuesti\u00f3n que cercenar\u00eda los principios nodales que edifican este mecanismo constitucional. Por tanto, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad el reproche expresado, dado el car\u00e1cter residual de este resguardo, que impone el agotamiento previo de los instrumentos de defensa previstos al interior del tr\u00e1mite; de otra manera, se convertir\u00eda en una ruta para renacer las etapas clausuradas, cuesti\u00f3n que se contrapone a la acci\u00f3n de amparo. (Sentencia STC7560-2018). Subrayas resaltadas. <\/p>\n
En definitiva, como quiera que ante el juez de la causa no se propuso oportunamente el recurso de reposici\u00f3n contra la decisi\u00f3n que se pretende anular no queda alternativa diferente a la de desestimar el auxilio. <\/p>\n
2. Ahora, teniendo en cuenta que la demanda de tutela expone quejas puntuales contra el prove\u00eddo del 16 de marzo hoga\u00f1o que reconoci\u00f3 personer\u00eda judicial al abogado de la aseguradora y que tuvo por contestada la demanda, y a pesar de que no se expuso pretensi\u00f3n tutelar al respecto, basta decir que no se advierte que dicha providencia redunde en perjuicio de la censora de manera tal que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, como se pasa a exponer. <\/p>\n
2.1. En primer lugar, en lo que respecta a que el poder especial de la demandada no haya sido remitido desde la direcci\u00f3n electr\u00f3nica registrada en el correspondiente certificado de existencia y representaci\u00f3n legal, se otea que dicha inconformidad no fue planteada en el recurso de reposici\u00f3n que se interpuso en contra del prove\u00eddo censurado, de lo cual refulge la falta de subsidiariedad frente a ese particular t\u00f3pico que fue planteado de manera directa en la tutela y reiterado en la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior se colige del propio dicho de la gestora quien a trav\u00e9s de su apoderado enfoc\u00f3 la censura ordinaria de cara a la alegada extemporaneidad del poder y no frente a la satisfacci\u00f3n del se\u00f1alado requisito formal, al punto que en el escrito de reposici\u00f3n consider\u00f3 que el mandato allegado cumpl\u00eda con las exigencias correspondientes al se\u00f1alar que: <\/p>\n
(\u2026) [E]l Dr. Jaime Alonso V\u00e9lez V\u00e9lez est\u00e1 facultado para representar a Seguros Generales Suram\u00e9rica SA desde el 5 de febrero de 2021, fecha en la que se confiri\u00f3 poder cumpliendo los requisitos del Decreto 806 de 2020 (\u2026) <\/p>\n
En tal sentido, el reclamo resulta novedoso en la acci\u00f3n de tutela sin que haya sido sometido de manera espec\u00edfica ante el fallador del asunto. De all\u00ed que resulten pertinentes las consideraciones precedentes sobre el mentado requisito de procedibilidad. <\/p>\n
2.2. Por otra parte, no se avizora que la alegada \u00abextemporaneidad\u00bb de la ratificaci\u00f3n del poder especial tenga la virtud de conceder la sanci\u00f3n que sugiere la accionante, esto es, tener por no contestada la demanda. En efecto, ese tipo de consecuencias de naturaleza sancionatoria requieren expresa disposici\u00f3n normativa por lo que se haya vedada la extensi\u00f3n hermen\u00e9utica a fin de aplicarlas a casos no previstos por el legislador, no en vano esta Corporaci\u00f3n ha sentado que: <\/p>\n
(\u2026) las normas sancionatorias son de interpretaci\u00f3n restrictiva y no es posible extender su \u00e1mbito de acci\u00f3n a hip\u00f3tesis diferentes de las situaciones y circunstancias que el legislador consider\u00f3 ameritaban esa consecuencia desfavorable, ni tampoco es admisible desconocer el principio de legalidad de las sanciones consagrado en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, que hace parte del n\u00facleo esencial del derecho fundamental al debido proceso aplicable a \u00abtodas las actuaciones judiciales y administrativas\u00bb, conforme al cual no puede existir pena o sanci\u00f3n sin ley que la establezca y precise la infracci\u00f3n o comportamiento merecedor de la misma. (CSJ STC13605-2017 reiterado en STC010-2018). (Resaltado de ahora). <\/p>\n
Sobre la particular sanci\u00f3n, ha coincidido esta Corte con su hom\u00f3loga constitucional al predicar que: <\/p>\n
(\u2026) se ha concluido que tener por no contestada la demanda por una deficiencia netamente procesal, significa un sacrificio desproporcional para el derecho de contradicci\u00f3n y para la primac\u00eda del derecho sustancial sobre las formas (C.P. arts. 29 y 228), que compromete la igualdad procesal reconocida en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (C.P. art. 13). (T-1098 de 2005 reiterada en STC5708-2020). <\/p>\n
2.3. Finalmente, la decisi\u00f3n del juzgado que resolvi\u00f3 la cr\u00edtica de la impulsora en relaci\u00f3n al reconocimiento de personer\u00eda jur\u00eddica obedeci\u00f3 a los siguientes argumentos: <\/p>\n
(\u2026) el 12 de diciembre de 2020 la accionada Seguros Generales Suramericana S.A., contest\u00f3 la demanda interpuesta en su contra, habi\u00e9ndosele requerido en auto del 21 de enero de la presente anualidad, para adecuar el poder conferido al abogado que la iba a representar a las previsiones del Decreto 806 de 2020 o efectuara la presentaci\u00f3n personal correspondiente, para lo cual se le otorg\u00f3 el plazo de cinco d\u00edas. <\/p>\n
El 5 de febrero de este a\u00f1o, la aseguradora convocada radic\u00f3 un nuevo poder, adecu\u00e1ndolo a las previsiones del citado Decreto y plante\u00f3 que el mandato inicialmente allegado cumpl\u00eda las exigencias legales, pues en el costado superior del documento se encontraba un c\u00f3digo de verificaci\u00f3n \u201c[\u2026] dando cuenta del canal de origen de la comunicaci\u00f3n y que no ha sido modificado desde su creaci\u00f3n; las propiedades de la firma registran la fecha y hora de firma del documento y da acceso a la vigencia del certificado del firmante\u201d. <\/p>\n
3. Examinada la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y los elementos de juicio incorporados relativos al tema del recurso, no se advierte error en la providencia cuestionada, pues no concurren circunstancias legales que impidan tener en cuenta la contestaci\u00f3n de la aseguradora demandada, la cual se alleg\u00f3 en tiempo, esto es, dentro de los veinte d\u00edas siguientes a su notificaci\u00f3n y, si bien la falencia advertida en el poder se subsan\u00f3 por fuera del plazo se\u00f1alado en la providencia del 21 de enero de 2021, tal circunstancia no tiene la potencialidad de hacerle perder sus efectos, porque al relacionarse ese acto con el derecho de defensa, debe hallarse expresamente se\u00f1alado por el legislador el motivo que as\u00ed lo autorice (\u2026). (Resaltado propio) <\/p>\n
N\u00f3tese, entonces, que la decisi\u00f3n fustigada se encuentra soportada en la interpretaci\u00f3n razonable que el encartado desarroll\u00f3 sobre la situaci\u00f3n f\u00e1ctica sometida a su consideraci\u00f3n de cara a las pruebas que le adosaron, lo que lo llev\u00f3 a concluir que, para el caso concreto, no se hallaban presentes los presupuestos para tener por no contestada la demanda, lo que pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada. <\/p>\n
Queda claro pues, que el anhelo de la censora se reduce a exponer su inconformidad con el auto atacado e imponer su opini\u00f3n sobre la forma en que considera se debi\u00f3 dirimir el asunto, sin que ello, por s\u00ed, deje al descubierto un desatino may\u00fasculo ni constitutivo de la lesi\u00f3n que endilga, situaci\u00f3n que desconoce c\u00f3mo este mecanismo no tiene la finalidad de contrastar las posiciones de la parte y el juzgador a fin de precisar cu\u00e1l de ellas ostenta mayor asidero, pues como bien lo ha dicho esta Sala: <\/p>\n
(\u2026) no se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes (STC1981-2018). <\/p>\n
3. En suma, como quiera que la actora i) no recurri\u00f3 el auto cuya invalidaci\u00f3n pretende, ii) no expuso inconformidad oportuna ante el juez natural sobre el reclamo enarbolado contra el poder especial admitido, iii) ni manifest\u00f3 circunstancia que justificara su incuria, la improcedencia del auxilio no se hace esperar. Aunado a que como las dem\u00e1s decisiones fustigadas no se hallan caprichosas, antojadizas o abiertamente contrarias al ordenamiento jur\u00eddico, frente a ellas tambi\u00e9n se impone la frustraci\u00f3n del amparo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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